Señor director:
El 11 y 12 de julio de 1989 fuimos secuestrados tres funcionarios de la delegación de Profeco en el Estado de México: el delegado, Gabriel Garduño Calderón; el secretario arbitral, Efraín Hernández Padilla, y el jefe de oficina Rafael Jaimes Núñez.
Este ilícito fue planeado por elementos de la PGR y la Secretaría de la Contraloría, en contubernio con Benito Trejo Soria, quien se prestó para acudir a la delegación y arrojar dinero sobre el escritorio del secretario arbitral. En ese momento entraron agentes de la Policía Judicial Federal, detuvieron al secretario, lo trasladaron a los separos de la PGR en la calle López 12 del Distrito Federal, y después de torturarlo, lo obligaron a firmar una confesión donde aceptaba que parte del dinero sería para el delegado Gabriel Garduño y el jefe de oficina Rafael Jaimes, quienes, al día siguiente, fuimos secuestrados e incomunicados durante tres días.
No obstante las confesiones arrancadas por tortura, demostramos nuestra inocencia y, además, probamos la confabulación, por lo que fuimos absueltos en febrero de 1992. Sin embargo, fuimos destituidos e inhabilitados por tres años para desempeñar cargos en el servicio público.
Inconformes con esta decisión, promovimos juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación, y fueron declaradas nulas la suspensión, destitución e inhabilitación decretada en contra de Gabriel Garduño Calderón y Rafael Jaimes Núñez (Efraín Hernández no formó parte del juicio).
En 1994, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito confirmó este fallo, mas como fue incumplido por el procurador federal del Consumidor, promovimos un juicio de amparo por incumplimiento. Fue otorgado y confirmado en nuestro favor.
Pese a ello, el titular de Profeco continuó con su desacato, y motivó que interpusiéramos un recurso de queja. El 14 de diciembre de 1995, el juzgado ordenó al procurador federal del Consumidor atendernos en forma directa y no por conducto de subalternos; restituirnos en nuestros cargos, y pagar en el mismo acto de la restitución los salarios dejados de percibir, correspondientes a casi siete años.
A la fecha no se ha cumplido esta disposición, ya que el pasado 22 de enero se nos restituyó en niveles muy inferiores a los que nos corresponden, tratando de engañar al Poder Judicial Federal.
Por este motivo, denunciamos al procurador federal del Consumidor por abuso de autoridad ante la Procuraduría General de la República (A.P: 9538/95, FESPLE, Mesa XXVIII).
Por este medio, queremos preguntar públicamente al presidente Zedillo si el procurador federal del Consumidor tiene autorización para ponerse por encima de la ley, y qué más debe hacerse para que obedezca las decisiones del Poder Judicial, aunque sean en su contra.
Finalmente, responsabilizamos al denunciado de cualquier agresión a nuestra integridad, a nuestras familias o a nuestros bienes. (Carta resumida.)
Atentamente
Gabriel Garduño Calderón y Rafael Jaimes Núñez
Torcuato Tasso 335-602
Colonia Chapultepec Morales.
