Un viejo sueño, una diferida exigencia, está a punto de realizarse: los habitantes de esta inmensa concentración humana llamada el Distrito Federal podremos elegir a las autoridades que nos gobiernen. Nueve millones de mexicanos hemos sido privados durante siglos del derecho a escoger, entre diversas opciones, a los hombres que con rectitud, honradez, buena fe y eficacia den respuesta oportuna e inteligente a los complejos problemas que abruman la vida cotidiana: crecimiento ordenado, contaminación ambiental, violencia, transporte, seguridad, espacios abiertos, trámites administrativos, discusión real de presupuestos de ingresos y egresos, en fin, derechos y obligaciones que se otorgan a minúsculos municipios que apenas si agrupan un millar de habitantes y se niegan a 10% de la población nacional hacinada en la ciudad capital.
Intentos y promesas se han acumulado sobre el tiempo y todos han desenlazado en prejuicios centenarios sobre la imposibilidad práctica de que puedan convivir en armonía poderes federales y municipales. En la trampa, en el engaño, en los miedos apoyados en prejuicios ancestrales, se ha optado por un sistema tutelar aplicable a menores de edad incapaces de construir su destino en la convivencia libre, ordenada y democrática.
Así, se otorga al presidente de la República la facultad irrestricta para designar a un jefe o regente que gobierne al Distrito Federal. Forma parte del gabinete legal, reporta al titular del Poder Ejecutivo y su relación con los gobernados es mucho más de ordeno y mando que de diálogo institucional. Al negarse al ciudadano la facultad soportada en el derecho natural para elegir, otorgar o cancelar el poder a través del voto depositado en las urnas, se tipifica un poder dictatorial, autoritario, ajeno al pueblo, sólo atemperado por la buena voluntad del padrecito Presidente que tutela derechos o conduce rebaños, millones de hombres de carne y hueso, hacia tierras prometidas.
Se han hecho intentos para atemperar este sistema patriarcal que huele a Edad Media o a bíblicos edenes. Se ha dado forma a una Asamblea de Representantes cuyas funciones legislativas quedan terriblemente limitadas por la dependencia real, legal y moral del regente frente al Presidente de la República. Ha sido, hasta hoy, foro para el debate inteligente aniquilado por el voto de una mayoría sometida al poder presidencial.
Hoy parece que la reforma va en serio, que el propósito de la iniciativa de ley es la reparación del daño centenario, contenido en la mutilación del derecho ciudadano para elegir las autoridades de la ciudad. Hay en la redacción del proyecto certidumbres promisorias de reintegrar en vigencia plena el derecho conculcado para elegir y ser elegido, de otorgar a los partidos políticos la función esencial que sólo a los partidos corresponde de dar forma y cauce a programas de gobierno que en las urnas los habitantes de la ciudad apoyan o rechazan para determinar en la voluntad y la sabiduría del sufragio la aceptación mayoritaria. En resumen, el regreso esperanzador a la democracia como sistema de gobierno para el Distrito Federal.
Ya lo afirma la sabiduría popular: nunca es tarde el bien cuando llega. Es evidente que en la raíz de los enormes y complejos problemas que han convertido al Distrito Federal en ciudad ingobernable, está el intento idílico, del patriarcado presidencial como forma de gobierno, de la mutilación salvaje y monstruosa, cruel y perversa, del derecho que asiste a nueve millones de mexicanos a buscar en la urna, en el voto, en las instituciones democráticas, en el diálogo iluminante, en los frenos y en los contrapesos, los caminos que conducen al consenso, los foros para dirimir en paz y en orden las discrepancias, los cauces para dar forma y expresión a las mayorías silenciosas.
La iniciativa de ley ya inició el proceso legal para discusión y aprobación en su caso, en el Congreso de la Unión. Es deseable que se le dé a su trámite espacios en el tiempo, oportunidades en el diálogo entre partidos e instituciones intermedias, caja de resonancia en la tribuna parlamentaria, para perfeccionarla, enriquecerla y asegurar en el encuentro de consensos la eficacia en su aplicación.
Corresponde a los habitantes del Distrito Federal, pueblo, ciudadanía, seguir con vigilante interés e intensa participación el debate sobre esta iniciativa de ley para saturarse de su contenido, de su proyección, participar a través de los diputados y senadores en su perfeccionamiento, conocer desde hoy su alcance, y prepararse para darle en sus tiempos vigencia plena mediante el voto razonado.
Para los ciudadanos la reintegración del derecho conculcado conlleva la responsabilidad irrenunciable de participar a través de las instituciones que la ley consagre en la edificación cotidiana del destino de la ciudad.
Frente al bien que llega, conviene recordar principios esenciales que dan fortaleza y consistencia a la vida democrática. La ley no es letra muerta para el manoseo inmoral, la interpretación torcida que la desvirtúa, la aplicación hipócrita que la transforma en trampa y engaño para el pueblo o lo que es peor, maquillaje de utilería para el disfraz de una democracia inexistente o de una dictadura mentirosa y perversa.
La iniciativa de ley, ya en el Congreso, debe ser respuesta honrada y veraz a los anhelos democráticos largamente acariciados por nueve millones de mexicanos residentes en el Distrito Federal que hoy se gozan en la posibilidad cercana y real de participar mediante el voto en el gobierno de la ciudad capital.
Corresponde al presidente de la República que en este caso ejercita su derecho de iniciativa, cumplirla y hacerla cumplir a partir de su aprobación por el Congreso, sin regateos, sin reservas, nutrido en el propósito generoso de convertir la letra en espíritu ardiente que la vivifique, en cauce ordenado y tranquilo que conduzca en orden y en paz el amor a la ciudad largamente escondida en los corazones de sus habitantes, en aglutinante entre la autoridad que ostente en legítimo orgullo la inobjetable certidumbre de la legitimidad de origen y las primicias de aportación al bien del Distrito Federal.
En fin, en resumen, la posibilidad real de afirmar, en su tiempo, en la prueba de la honradez moral y del recto ejercicio de la autoridad, la centenaria frase matizada por sueños promisorios: Qué gran pueblo cuando tiene gran señor.
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