El diálogo nacional para la Reforma del Estado se da de muchas maneras. En los distintos foros, mesas y centros de discusión intervienen variados interlocutores. En la mesa de Barcelona surgió un proyecto de recomendaciones producto de los dirigentes de tres partidos políticos, PRI, PRD, PT, y la Secretaría de Gobernación. El PAN no participó como protesta por el despojo electoral que dice haber sufrido en Huejotzingo.
Los dirigentes de los tres partidos que estuvieron en la casona de Barcelona condenaron la actitud del PAN –sin razón, a mi juicio– y aplicaron a su dirección duros adjetivos por su ausencia en la mesa. A su vez, la dirección del PAN ha expresado su desacuerdo con el proyecto surgido de la calle de Barcelona y el presidente del partido, Felipe Calderón, ha dicho que no se trata de una reforma política sino sólo de “puntos de acercamiento”, algunos de ellos “confusos”.
Mientras los tres partidos se reunían con el secretario de Gobernación, el PAN elaboró un proyecto de ley para la reforma política, mismo que ha presentado a la Cámara de Diputados provocando el enojo de los legisladores del PRI, quienes tildaron de madruguete la acción panista, a pesar de que nadie puede negar con base en algún precepto constitucional el derecho que tiene el PAN para proponer modificaciones a la ley por ese camino.
La discusión sobre la reforma política no se da sólo en la Secretaría de Gobernación y en el Congreso de la Unión. También en otros foros se discuten los términos de una reforma que abarque no sólo cambios a la legislación electoral sino también a la política económica, a los derechos indígenas, de la mujer y de los jóvenes.
En San Cristóbal de las Casas hubo en la primera quincena de marzo una mesa de discusión entre el EZLN y el gobierno de acuerdo con la Ley de Concordia y Pacificación para Chiapas del 11 de marzo de 1995, sobre Democracia y Justicia Social, en la que participaron distinguidos intelectuales como invitados y asesores del EZLN, pero ninguno del gobierno.
La Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) tuvo el papel de coordinadora de un diálogo que no se dio y por ello sólo pudo realizar una síntesis indicativa de las intervenciones de los invitados y asesores del EZLN, así como una relatoría general. El problema de la democracia en México, como está de acuerdo prácticamente todo el mundo, no es solamente de carácter electoral. Es decir, se puede avanzar, como se hizo, en la Secretaría de Gobernación con los tres partidos que acudieron a las pláticas, y también en la Cámara de Diputados, con los proyectos de reforma que lleva el PAN, en el aspecto electoral, pero los grandes problemas de la nación no son electorales solamente.
Lastiman más a la población los problemas económicos, sociales. Las manifestaciones de malestar campesino estuvieron a la vista en las conmemoraciones del asesinato de Emiliano Zapata. No fueron pacíficas, todas tuvieron grandes ingredientes de violencia. A unos kilómetros del presidente de la República se produjeron enfrentamientos en Morelos, que causaron una muerte, pero que pudieron producir muchas más.
Los campesinos están desesperados y no parecen ya dispuestos a conformarse con promesas. Las reformas de Miguel de la Madrid y de Carlos Salinas a la Constitución en los artículos 25, 26 y 27 han dejado sin armas legales, pacíficas, a los campesinos; la Secretaría de la Reforma Agraria es un cascarón inútil para resolver cualquier problema agrario. La Secretaría de Gobernación está supliendo a la SRA pero sin los técnicos agrarios que existían en aquella dependencia. La violencia en el campo crece día con día.
Ahí la reforma política no sirve para nada. Los campesinos no quieren votar, quieren sembrar, quieren cosechar y para lograrlo necesitan tierra, agua y crédito, cosas que el actual gobierno está por completo incapacitado de otorgarles. Los obreros van a manifestarse el primero de mayo pésele a quien le pese. Puede el anciano capataz de la clase obrera Fidel Velázquez proclamar prohibiciones mil contra quienes desfilen ese día pero los trabajadores acudirán a manifestar su descontento contra el gobierno.
No hay salarios remunerativos; los que perciben ahora los trabajadores no alcanzan ni para satisfacer las necesidades alimentarias de las familias obreras. No tienen manera esos millones de trabajadores de luchar legalmente por un salario justo porque el gobierno destruyó a sus sindicatos al hacerlos instrumentos de su manipulación, al quitarles su independencia. Ahora los trabajadores no tienen más armas que la protesta, igual que los empleados al servicio del Estado.
Los ciudadanos tratan de resolver sus más ingentes necesidades de alguna manera. Cuando entienden que las vías legales no sirven, acuden a la manifestación, la marcha, el mitin, para tratar de que la autoridad correspondiente les atienda. Cuando estos recursos no funcionan, como es el caso, los ciudadanos acuden a la violencia. Es lo que ha pasado en muchos lugares en el campo. El gobernador de Morelos dice que los tepoztecos iban armados. Después de más de un año de luchar inútilmente con estudios, razones, argumentos, plantones, marchas, mítines, ¿no es natural que se les ocurra emplear armas?
Entiéndase: son millones los mexicanos y mexicanas inconformes. Los “barzones” claman por el derecho a pagar lo justo de sus adeudos. Nadie les hace caso. Así, campesinos, petroleros, electricistas, barrenderos, policías, obreros de la construcción, cañeros, deudores, amas de casa sin servicios, choferes, taxistas, estudiantes, profesores que demandan se respeten sus derechos constitucionales, se lanzan a las calles a manifestar y se topan en ellas, en las plazas, unos con otros. Dios los cría y ellos se juntan, dice el dicho.
Primero son voces altas, después insultos. Ahora vivimos la agresión permanente de unos contra otros en la prensa, la radio, la televisión, la calle. Ya se da el mitin frente al Senado de la República de “barzones” apoyados por diputados y senadores que en la tribuna improvisada se contagian de los manifestantes que vociferan e injurian. Hay protestas de senadores que reclaman el respeto de sus colegas legisladores. El fuero legislativo no implica la impunidad para delinquir. Injuriar, difamar, son delitos no permitidos a nadie. Las cosas suben de tono, se calientan. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? La autoridad tiene la palabra. Toca a ella poner el límite. Si no atiende los problemas por la vía legal, los ciudadanos reclamarán en la calle por la vía de las manifestaciones, las marchas, los mítines. Los ánimos caldeados en una multitud no son fáciles de controlar. Las cosas pueden estallar en violencia. Las armas pueden salir a relucir. Si se desaloja a campesinos que toman las tierras que les han prometido desde hace 40 años o las que debieron haber sido entregadas hace diez, los campesinos pueden responder con violencia. Y violencia llama violencia. Un caso aislado es controlable. La multiplicación de casos ya no.
La reforma política no es suficiente para calmar al país, la gente no sólo quiere elegir, que su voto se respete, quiere comer, tener trabajo y un hogar digno, seguridad en las calles, caminos transitables, ríos, lagos y costas limpias donde pescar para ganarse la vida, quiere conservar las empresas que la Revolución Mexicana hizo propiedad de la nación, no quiere ver cada día una dependencia mayor del extranjero, rechaza la discriminación del gringo contra nuestros nacionales, le duele la preferencia del gobierno sobre los extranjeros en perjuicio de los connacionales.
Para tener elecciones limpias, los ciudadanos quieren partidos independientes del gobierno, no partidos de Estado, paraestatales, partidos farsa. La radio, la televisión y la prensa son cada vez más independientes del gobierno pero algunos medios no y expresan, además, dependencia del extranjero. Desde 1968 en especial, en sus diversas tribunas se levantan voces dignas que critican a los poderosos, al presidente, a los secretarios de Estado y a los gobernadores. Estupendo que así sea. Pero a últimas fechas en algunos medios abundan los insultos en vez de razones, como en las marchas y en los mítines; algunos periodistas creen, como los legisladores que insultaron a los senadores, que la libertad de expresión permite injuriar, calumniar y difamar impunemente. No es así.
El gobierno debe respetar los derechos constitucionales, comprender que la represión incita al pueblo a la violencia, que no se puede seguir negando el derecho a la tierra, al trabajo, a la salud, que no se puede seguir desalojando campesinos, que no se puede seguir haciendo promesas, que ya nadie les cree. Es necesario recapacitar, que recapacitemos; el país puede incendiarse; la violencia popular está a la vista.
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