Cansadas “de tanta violencia e impunidad”, una treintena de organizaciones cívicas, empresariales, de profesionales, de servicio, defensoras de los derechos humanos religiosas y sociales, y diputados federales del PAN y PRD del estado de Morelos, convocaron a “la marcha del silencio” para decir “ya basta” y exigir al gobierno estatal poner fin a la inseguridad pública.
De acuerdo con los organizadores de la marcha –programada para las 17 horas de este lunes 22 en la ciudad de Cuernavaca–, esta es la primera vez que en Morelos hay tan amplia convergencia ciudadana para enfrentar algún problema público y demandar su solución.
“A mi vecino lo secuestraron, a mi amigo lo mataron, a mi mamá la asaltaron, a mi hermana la violaron. ¿Ahora quién sigue?”, dicen los volantes en los que se invita a la “demostración ciudadana contra la inseguridad pública”, y en el que se pide llevar una flor o una prenda de vestir blancas.
De acuerdo con los organizadores, esta marcha es parte de un proceso iniciado en Cuautla, a raíz del incremento de secuestros en esa zona, por lo que diversas organizaciones de esa ciudad comenzaron su lucha y con los testimonios que recogieron pudieron saber que muchos secuestros eran realizados por el grupo de antisecuestros de la Policía Judicial Estatal y que también estaban en connivencia con otros secuestradores. Esta situación provocó que muchos empresarios y comerciantes se retiraran de Cuautla por temor.
El año pasado, en Morelos hubo alrededor de 150 secuestros, conocidos de manera oficial, y la comisión de este delito se ha extendido a todo el estado.
La intención de los organizadores de la manifestación –que saldrá de El Calvario y terminará en el Zócalo de Cuernavaca– es entregar al gobernador Jorge Carrillo Olea un pliego petitorio, que incluirá entre otras demandas consensadas ya: la destitución del procurador de Justicia, del subprocurador y los directores de las policías Judicial y Preventiva del estado; que se acepte la integración y colaboración de un Consejo Ciudadano para la Seguridad en Morelos; que se instauren los policías de barrio, colonia y municipio, un banco de datos con un censo de los miembros de las policías Judicial y Preventiva, para tener un control de no antecedentes penales, y que todos los miembros del Sistema Judicial morelense tengan por lo menos cinco años de arraigo en la entidad antes de tomar posesión de su cargo.
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