El proceso de licitación del complejo petroquímico de Cosoleacaque dio origen a una serie de dudas e inquietudes de los posibles compradores extranjeros respecto de la constitucionalidad de la operación y la postura del gobierno.
En carta enviada a Antonio Sacristán Roy, coordinador de la Unidad de Planeación Corporativa de Petróleos Mexicanos (Pemex), las empresas estadunidenses Farmland Industries Inc. y Terra Industries Inc. lamentan la falta de respuesta del gobierno a los cuestionamientos de diversos sectores de la sociedad con respecto al proceso de privatización de las plantas petroquímicas.
Precisamente por dudas e inquietudes expresadas por cuatro empresas que obtuvieron su registro para participar en la licitación –dos estadunidenses, Terra y Farmland; la mexicana Agromex, y la noruega Norsk Hydro–, la Secretaría de Energía anunció el 11 de abril que el proceso se difería un mes, pues necesitaba tiempo para responder.
DUDAS E INQUIETUDES
En seis páginas a renglón cerrado, Farmland Industries Inc. y Terra Industries, Inc., por conducto de sus asesores financieros, pidieron a Sacristán Roy, el pasado 25 de marzo, responder “ciertas preguntas y aclarar y comentar sobre ciertas dudas en relación con el procedimiento de licitación” de Cosoleacaque.
“Ha sido notoria la fuerte controversia respecto de la constitucionalidad y legalidad de la venta de Cosoleacaque. Todos nos hemos enterado de la fuerte oposición a la venta de las empresas petroquímicas de la opinión pública en general, y en particular de ciertos diputados y senadores federales. Del mismo modo, nos hemos enterado de las declaraciones impugnando la constitucionalidad y legalidad del proceso de desincorporación y de la licitación específicamente.
“Estamos muy preocupados por dicha oposición y sobre todo un tanto confusos acerca de si en realidad existen bases legales para afirmar que la venta de las petroquímicas es inconstitucional o ilegal, debido a errores cometidos en ciertos requisitos legales, o si por el contrario, sólo se trata de una maniobra política orquestada en contra de la decisión de vender y privatizar las plantas petroquímicas secundarias.”
Señalan que su preocupación es mayor porque “no nos es posible el entender plenamente la estrategia del gobierno mexicano sobre las medidas correctivas a tomar a fin de terminar con las impugnaciones arriba comentadas y asegurar definitivamente la legalidad y legitimidad de la licitación. Una respuesta del gobierno en este sentido, aliviaría la preocupación de las partes registradas a verse inmersas en medio de una disputa constitucional en el momento en que están preparando sus propuestas económicas para la compra de Cosoleacaque”.
Piden que les informe sobre los planes y el calendario de Pemex para corregir los errores legales cometidos hasta ahora. Mencionan uno:
“Existe un error en la Convocatoria, en relación con la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación del Decreto que crea la Comisión Intersecretarial de Desincorporación, teniendo en cuenta que, según nos han explicado, este tecnicismo puede ser importante debido al ya conocido e inherente formalismo del sistema jurídico mexicano. Un error como el antes mencionado, puede poner en riesgo la validez de todo el procedimiento de licitación.
“Del mismo modo, las partes registradas quisieran saber si es posible que las impugnaciones que se han levantado en contra de la licitación pueden ser llevadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de ser así, cuál sería el impacto que esto tendría en el calendario de la licitación.”
También se refieren a otro decreto que debió emitir la Presidencia de la República para que las plantas petroquímicas dejen de ser bienes nacionales y puedan ser vendidas. Consideran que la Ley General de Bienes Nacionales no especifica en qué momento dicho decreto debe ser publicado, pero consideran positivo que se publique “lo antes posible”.
Piden que el gobierno cumpla con el requisito de informar a la Secretaría de la Contraloría, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, su decisión de vender Cosoleacaque.
Más adelante, solicitan que les confirmen las versiones periodísticas de que la Comisión de Energéticos de la Cámara de Diputados solicitó formalmente la cancelación de la licitación de Cosoleacaque: “De ser así, cuál será la respuesta del gobierno mexicano al respecto”.
Y mencionan “algunas declaraciones políticas un tanto problemáticas”. Entre ellas, la del secretario de Energía, Jesús Reyes Heroles González Garza, respecto de que se utilizará la reserva incluida en el Tratado de Libre Comercio, en el sentido de dar preferencia a empresas mayoritariamente mexicanas, excepto en el caso de Cosoleacaque. Y recuerdan que el Wall Street Journal informó que la excepción se debía a las empresas que ya habían presentado su respectiva postura económica. “Sin embargo, como es de su conocimiento, ninguna de las partes registradas ha presentado todavía su propuesta de compra, por lo que nos preocupa que el gobierno mexicano, debido a presiones políticas, decida aplicar la reserva antes mencionada también en el caso de Cosoleacaque, antes de que la presentación de propuestas se lleve a cabo”.
Por ello, solicitan que el gobierno confirme por escrito que no hará uso de la reserva del TLC.
Explican que necesitan “sentirse seguras de que el compromiso del gobierno mexicano en la venta de Cosoleacaque es tal, que todos los obstáculos previsibles, tanto políticos como legales, serán removidos a fin de garantizar un procedimiento de licitación y una transición inimpugnable”.
Otra de sus preocupaciones es la relación con los trabajadores de Pemex:
“No hemos sido debidamente informados ni hemos tenido acceso a ningún documento en relación con la situación laboral de Cosoleacaque y el futuro de la misma. Nos hemos enterado por un lado de la fuerte oposición del STPRM a la venta de las plantas petroquímicas, así como, por otro lado, de diferentes manifestaciones de trabajadores en contra de la venta de Cosoleacaque. Hasta ahora, no hemos recibido ningún tipo de información o documentos que nos permitan entender el estado que guardan las negociaciones. Esta situación nos preocupa, ya que consideramos que presiones políticas de este tipo si no son debidamente manejadas, pueden hacer que el gobierno mexicano dé marcha atrás en la decisión de desincorporar las plantas petroquímicas.
“A este respecto, las Bases de Licitación establecen que ya existen o están por concretarse arreglos con el sindicato a fin de que Pemex Petroquímica pueda transferir a los trabajadores de Cosoleacaque a la nueva empresa que adquirirá este complejo. Sin embargo, hasta este momento no hemos sido parte de estas negociaciones, ni hemos sido informados acerca del estado de las mismas o de los planes que tienen para que dicha transferencia de trabajadores se lleve a cabo. Llamamos su atención de que ni siquiera hemos tenido acceso al Contrato Colectivo de Trabajo de Cosoleacaque en vigor. Asumimos que las negociaciones con el sindicato están encaminadas a permitir que el nuevo dueño de Cosoleacaque pueda negociar con el sindicato un nuevo Contrato Colectivo de Trabajo, con nuevos términos y condiciones aplicables, así como a que el nuevo dueño pueda recontratar total o parcialmente la fuerza laboral liquidada por Pemex Petroquímica. Por lo anterior, es de suma importancia para nosotros tener, por lo menos, conocimiento del estado que guardan las negociaciones a este respecto y de los tiempos y lineamientos de cualquier arreglo a ser propuesto por Pemex, a fin de que estemos en posibilidad de evaluar y calcular el riesgo e impacto en materia laboral, así como las perspectivas de Cosoleacaque a este respecto, ya que se trata de un asunto de suma importancia.”
La situación ambiental de las plantas también provoca desconfianza a los compradores:
“No hemos podido determinar el alcance de las obligaciones a ser asumidas por el adquirente del complejo (de Cosoleacaque). Lo anterior, debido a que, por un lado, consideramos que los documentos disponibles en el Centro de Información no son suficientes y, por otro lado, todavía no nos han proporcionado los documentos que solicitamos a fin de completar nuestra auditoría ambiental del complejo. Hemos podido determinar cierto patrón de incumplimiento en materia ambiental, sin embargo, en realidad las partes registradas no están preocupadas por los aspectos que hemos podido determinar, sino por aquéllos que hasta ahora desconocemos.
“Este patrón de incumplimiento de Pemex en materia ecológica, nos hace pensar que hay muchas cuestiones, documentación o información que hasta ahora no nos ha sido proporcionada o a la cual no hemos tenido acceso y que la misma tendría serias y graves repercusiones en la operación a futuro de la planta. Adicionalmente, en el texto de los documentos incluidos en las Bases de Licitación se establece que serán transferidas al adquirente de Cosoleacaque, prácticamente todas las responsabilidades en materia ambiental, y hasta ahora nos ha sido imposible determinar con toda claridad los riesgos que esta asunción de responsabilidades implica. Las partes registradas desean tener la oportunidad de determinar plenamente la situación ambiental del complejo, por lo que solicitan la cooperación total e incondicional de Pemex en esta materia.”
Asimismo, solicitan la documentación sobre los activos de Cosoleacaque, ya que está incompleta y con los documentos disponibles no han podido determinar su situación legal. “Agradeceríamos la cooperación de Pemex en este respecto a fin de poder completar nuestra auditoría legal sobre los activos de Cosoleacaque”.
Finalmente, piden que se responda a todas sus preguntas y proponen una reunión con sus abogados y los de Pemex: “Con esto, podremos estar en posición de determinar claramente los riegos y potencialidades de este proyecto y poder disipar cualquier inquietud antes de presentar nuestra propuesta para la compra del complejo”.
CAMBIO DE CRITERIO
Al llegar Jesús Reyes Heroles González Garza a la Secretaría de Energía, se dio un cambio de criterio en el proceso de desincorporación de los complejos petroquímicos. Originalmente, en las licitaciones se darían las mismas oportunidades a las empresas extranjeras y mexicanas. Sin embargo, Reyes Heroles informó que el gobierno mexicano aplicaría una “reserva” incluida en el Tratado de Libre Comercio, para dar prioridad a las empresas mexicanas.
Raúl Millares, presidente de la Asociación Nacional de la Industria Química, en entrevista, explica que “la Secretaría de Energía estudia cómo incorporar esa reserva, para permitir que el proceso sea transparente y congruente, y no caigamos otra vez en una serie de complejidades, como en el intento anterior”.
–¿No hay improvisación, titubeos en el gobierno?
–Más que titubeos, yo creo que la incorporación de la reserva dará oportunidad a las empresas mexicanas de crecer en este sector. Esta reserva ya se sabía que existía desde que se negoció el TLC. A raíz de la llegada de Reyes Heroles, surgió la idea de aplicarla. Obviamente, es mejor para las empresas mexicanas, porque nos da la oportunidad de integrar nuestros negocios y generar una industria con escala y competitividad. De no existir esta posibilidad, las empresas extranjeras pudieran haber generado algunos problemas en este esquema de integración que se está buscando. Por ejemplo, en los derivados del etileno, y en general en las materias primas intermedias, donde se depende de estos productos. Muchos productores integrados internacionalmente pudieran venir acá y formar una estructura integrada como la que tienen allá, lo cual dificultaría el desarrollo de las industrias mexicanas.
El miércoles 17, doña Amalia Solórzano, viuda del general Lázaro Cárdenas, donó un brazalete de oro de 18 kilates, que le regaló su mamá, para la colecta que diversas organizaciones llevan a cabo en todo el país, mediante la cual se pretende comprar las plantas petroquímicas, para que sigan perteneciendo a la nación.
En un estuche negro, el brazalete iba acompañado por una tarjeta que decía: “Con los atentos saludos de Amalia Solórzano de Cárdenas”.
–Parece irónico, si no es que trágico, que usted tenga que desprenderse de sus pertenencias para ese fin.
Doña Amalia sólo respondió: “Nos han obligado a hacer un acto de esta naturaleza, porque claro que éramos dueños y ahora queremos y deseamos comprar, rescatar. Es una ironía si lo quieres llamar así. Pagar tu traje nuevamente”.
