Defensores de los derechos humanos de América Latina en cuyos países se han aplicado o se pretende aplicar disposiciones legales de carácter excepcional para combatir la delincuencia y el crimen organizado, como las que se planea adoptar en México, evalúan los resultados que han tenido o pueden tener este tipo de medidas, “típicas de Estados totalitarios”.
Cuestionan, de entrada, que gobiernos supuestamente democráticos recurran a la violencia y la coerción para resolver un problema que tiene su origen en aspectos económicos, sociales, políticos y culturales.
Entrevistados por separado, durante la cumbre iberoamericana de los ombudsman que se desarrolló la semana pasada en Juriquilla, Querétaro, Jaime Córdoba Treviño, de Colombia; Victoria Marina Velázquez de Avilés, de El Salvador; Leo Valladares Lanza, de Honduras, e Isaac M. Hochman, de Venezuela, cuentan a Proceso las experiencias de sus respectivos países con las leyes o disposiciones anticrimen.
Córdoba Treviño establece que Colombia es el mejor ejemplo de lo que sucede cuando las autoridades combaten a la delincuencia organizada con herramientas “de carácter peligroso y ofensivo para los derechos humanos”.
Nadie discute que el delito debe ser combatido con fuerza, pero tampoco nadie puede valerse de métodos que restringen derechos fundamentales, que trastocan garantías procesales consagradas en la Constitución y en tratados internacionales, y que ponen en riesgo “la fisonomía democrática del país”.
Según el ombudsman colombiano, la legislación contra el crimen organizado, cuya aplicación provocó, igual que ahora en México, rechazo popular, faculta a la policía para allanar domicilios, detener personas sin orden judicial, interceptar teléfonos y violar correspondencia privada, y durante la época del estado de sitio, concedió a los militares la atribución de desempeñarse como policía judicial. Con todo esto, “se cometieron verdaderos crímenes de lesa humanidad”.
Y es que, dice, lo que comienza con una detención arbitraria o con una intercepción telefónica no autorizada, suele terminar en un acto de tortura o, peor aún, en una desaparición forzada.
“La experiencia de Colombia –considerado ahora junto con Guatemala como uno de los países más violentos–, debe servir de ejemplo de cómo, con el pretexto de luchar contra el crimen, los gobiernos pueden adoptar medidas típicas de los Estados de excepción o de anormalidad.”
Defensor del pueblo colombiano desde 1991, con rango constitucional, Córdoba Treviño recuerda que después de que entraron en vigor las disposiciones contra el crimen, las violaciones a los derechos humanos tuvieron un explosivo crecimiento.
Este hecho motivó, incluso, que la Corte Constitucional de Colombia declarara inconstitucionales las medidas adoptadas por el gobierno, y aún así, algunas prevalecen.
El pasado 15 de marzo, el gobierno salvadoreño puso en vigor una ley de emergencia contra la delincuencia y el crimen organizado, pese a la férrea oposición de la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos.
Velázquez de Avilés recuerda que cuando conocieron la iniciativa, la reprobaron, porque se violaban derechos constitucionales y humanos, así como convenios internacionales, no obstante que éstos últimos adquieren rango de ley en su país.
Considera aberrante el hecho de que haya desaparecido la presunción de inocencia de la legislación penal, y que ahora se dé trato igual a adultos y a menores infractores.
Uno de los máximos orgullos en El Salvador, refiere, es la legislación para menores porque está ajustada totalmente a los principios emanados de la Convención de los Derechos del Niño.
Otros derechos conculcados están relacionados con la libertad de prensa y el principio de retroactividad.
“Como Procuraduría, entendemos a la delincuencia como un flagelo. Pero esta ley enfoca el problema en la delincuencia juvenil, no en el crimen organizado.”
Titular de la institución creada el 20 de febrero de 1992, como resultado de los acuerdos de paz, Velázquez de Avilés denuncia que la nueva legislación otorga facultades discrecionales a la policía, lo que, en su opinión, desvirtúa su trabajo, además de desgastar su imagen ante la población.
Dice que la ley por sí sola no va a resolver el problema de la criminalidad en El Salvador, y sostiene que debe aplicarse sin privilegios ni discriminación, pero que no había necesidad de endurecerla coartando garantías individuales.
Ante tal situación, adelanta que en los próximos días promoverá un recurso de inconstitucionalidad en la Corte de su país para tratar de derogar las reformas.
Sin llegar aún a los extremos, el gobierno hondureño comienza a pulsar la posibilidad de aplicar medidas más drásticas en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia.
Valladares Lanza, comisionado nacional de los Derechos Humanos de Honduras, dice que, ante el incremento de delitos como el narcotráfico, el robo de vehículos y el tráfico de ilegales, las autoridades de su país pretenden endurecer la legislación penal.
El primer paso está dado con las reformas al Código Penal hondureño, cuyo espíritu contraviene los derechos humanos. “Esto va a dar oportunidad para que los que han abusado siempre del poder, tengan más elementos para hacerlo”, advierte.
Desconcertado por las señales de autoritarismo que empiezan a darse en varios países latinoamericanos, dice: “Tal parece que los gobiernos piensan que si no vuelven a un Estado autoritario, no se va a lograr el orden. Están en un tremendo error quienes piensen que no pueden coexistir libertad con seguridad”.
Férreo opositor a que las fuerzas militares asuman tareas de seguridad, el ombudsman hondureño dice que enfrentan la fuerte resistencia del ejército a soltar al poder civil la fuerza de seguridad (policías comunes), que es uno de los cuatro grupos en que está dividida la guardia nacional.
“No caigamos en la trampa de decir que, como la gente quiere seguridad, hay que darle seguridad aun a costa de restringir las libertades. Me asusta oír eso. Legalizar acciones contrarias a la ley es como darle una puñalada al proceso democratizador.”
Hochman, secretario general del Instituto Latinoamericano del Ombudsman-Defensor del Pueblo, con sede en Caracas, Venezuela, ve con recelo las medidas adoptadas por algunos países en materia de seguridad, cuando el verdadero enemigo es la pobreza de los pueblos.
Como ejemplo cita el caso de Bolivia, cuya legislación penaliza vagancia y malvivencia. El ejército está facultado, además, para intervenir en casos de “desorden extremo”. Ese tipo de actitudes redunda en violaciones a los derechos humanos, por lo que juzga imprescindible que los gobiernos adopten políticas económicas que mejoren la calidad de vida.
Mientras tanto, sigue la polémica sobre las reformas constitucionales que dan marco legal al combate de la delincuencia organizada en México. El lunes 15, la diputación priísta se entrampó en el debate interno, y preveía una discusión que duraría toda la semana.
Por lo pronto, el diputado Eduardo Escobedo declaró ante 200 jóvenes priístas que “hemos observado fallas” en el contenido de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, y prometió que ésta no será aprobada en el periodo de sesiones que termina este 30 de abril. Ahí, el legislador se pronunció en contra de la reducción penal de 18 a 16 años.
En el PAN arreció el cabildeo, pero el diputado Alejandro Zapata Perogordo no descartó la posibilidad de que su fracción vote en contra y se regrese la minuta al Senado, pues “es necesario hacer precisiones o establecer candados para evitar abusos de autoridad”.
No obstante, el martes 16, los panistas apretaron la disciplina interna, y se anunció que sus 119 diputados votarán a favor de las reformas constitucionales, tal como las aprobó el Senado, según el coordinador de la fracción, Ricardo García Cervantes, aunque no descartó que algunos de los diputados de su partido voten en contra o se abstengan.
Es el caso de Fernando Pérez Noriega, presidente de la Comisión de Justicia, quien ese mismo día confirmó su desacuerdo con la redacción de la reforma al artículo 16 constitucional, “porque deja abiertas muchas interpretaciones”, y se pronunció por que las precisiones que se requieran sean hechas directamente en el texto constitucional.
El PRI dio por hecho la aprobación, y el diputado José Castelazo sostuvo que, con esto, “se ha evitado una crisis política”, y aunque reconoció no estar convencido de que se permita la intervención de las comunicaciones privadas, dijo que regresar la minuta hubiera significado una batalla entre cámaras con “alto costo político”.
“Nuestro sistema político todavía no está maduro para asimilar las funciones constitucionales”, aseguró.
Con todo, el debate interno en el PRI no ha terminado, y hay varios diputados que podrían votar en contra, como Jaime Martínez Veloz (Baja California), María Elena Irízar (San Luis Potosí) y Alejandro Rojas (Distrito Federal).
El priísta Oscar Levín Coppel reiteró que está en contra de una reforma que “implica reglamentar la impunidad y la arbitrariedad de los cuerpos policiacos”, lo que significaría que el Estado “renuncia a su responsabilidad de garantizar la seguridad ciudadana”.
Pero luego se contradijo, y se manifestó de acuerdo en que la minuta no sea regresada, que se apruebe tal como está, aunque “condicionó” su voto en favor a que el dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia incluya los “candados” necesarios sobre la ley secundaria.
El dictamen estará listo la próxima semana, se prevé, lo que significa que la discusión en el pleno de la Cámara de Diputados tendrá que darse en un periodo extraordinario de sesiones o en el próximo periodo ordinario.
El miércoles 17, Martínez Veloz insistió en que varios diputados de su partido podrían votar en contra, e incluso se pronunció por devolverla a la Cámara de origen y revisarla en un periodo extraordinario.
Jueves y viernes siguieron los amarres, pero no se habían concretado hasta hacer posible la reunión de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados, para elaborar un dictamen.
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