Rubén Figueroa mintió, y su declaración ministerial sobre la matanza de Aguas Blancas, así como las actuaciones de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero y de la Fiscalía Especial, evidencian que la averiguación previa fue “manipulada en todos sus aspectos”, concluyen los ministros Humberto Román Palacios y Juventino Castro y Castro en el informe solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el presidente Ernesto Zedillo.
De acuerdo con las investigaciones realizadas por los ministros durante más de un mes –mismas que esta semana analizará en público el pleno de la Suprema Corte–, Figueroa “sí dio una orden, que ejecutaron los elementos de la policía del estado”, para detener “a como diera lugar” a los miembros de la Organización Campesina Sierra del Sur (OCSS), que el 28 de julio de 1995 se dirigían al municipio de Atoyac de Alvarez.
Para llegar a tales conclusiones, los ministros analizaron la declaración testimonial que Figueroa rindió por escrito ante la Fiscalía Especial el pasado 23 de enero, en la que dice que el retén policiaco establecido en el vado de Aguas Blancas, en realidad perseguía impedir que los integrantes de la OCSS acudieran a la manifestación de Atoyac de Alvarez, donde pretendían tomar el palacio municipal. (Proceso 1009.)
Las declaraciones de Figueroa provienen de las trece preguntas formuladas por el fiscal Alejandro Varela Vidales, quien en marzo pasado exoneró al mandatario. Al respecto, los ministros señalan:
“(El gobernador) contradice las declaraciones del primer subprocurador Rodolfo Sotomayor Espino, y del mayor Manuel Moreno González, así como de otros funcionarios del gobierno del estado que sostienen que el retén que se efectuó por elementos de la policía motorizada del estado en el Vado de Aguas Blancas era rutinario y para la prevención de otros delitos, ya que, según la declaración del gobernador, en realidad era para evitar que los campesinos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur llevara a cabo su manifestación en Atoyac de Alvarez y supuestamente tomarían la presidencia municipal de ese lugar.
“Asimismo, la orden de dialogar con los campesinos que supuestamente le dio a los funcionarios de su gobierno para convencer a los campesinos, no se aprecia franca y sincera, es decir, apegada a la verdad, puesto que se advierte una orden subyacente de que debían impedir el mitin utilizando todos los recursos a su alcance, como él mismo lo señala en sus respuestas 2 y 3, que equivale a la expresión ‘a como diera lugar’, que dice no utilizó. Esta conclusión se refuerza porque el mismo gobernador dice que se trata de una organización sumamente violenta, y el hecho de que sus funcionarios menores trataran de ocultar que la orden había partido del gobernador manipulando la averiguación previa, permite concluir que sí dio una orden que ejecutaron los elementos de la policía del estado.”
BORRAR LAS HUELLAS
En el informe, que será entregado al presidente Ernesto Zedillo una vez que el pleno de la Suprema Corte emita su resolución, los ministros revelan que, desde su integración, la averiguación previa iniciada por autoridades judiciales del estado fue manipulada en todos sus aspectos.
Hubo declaraciones falsas rendidas por elementos policiacos que participaron en la matanza; peritos que, deliberadamente, desaparecieron prendas de vestir de los campesinos acribillados con la intención de borrar las evidencias de que, en muchos casos, los disparos fueron hechos a corta distancia.
En estas acciones, los ministros encuentran responsabilidad directa del procurador general de Justicia, Gustavo Olea Godoy, quien no obstante que negó haber participado, siempre estuvo pendiente de la averiguación previa, al grado de que sugirió y ordenó manipular actuaciones en el proceso.
La investigación de los ministros también encontró responsabilidad de encubrimiento por parte del fiscal especial Alejandro Varela Vidales. El fiscal, dicen los magistrados, desestimó pruebas incriminatorias durante la inspección ocular que él mismo efectuó en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) en Acapulco, en cuyo estacionamiento observó un tendedero de prendas de vestir con manchas de sangre, mientras que en el piso había restos de incineración.
El documento, en poder de Proceso, señala que fueron sustraídas del edificio del Semefo e incineradas “prendas de vestir que pudieran tener pruebas sobre la posición y distancia de los disparos en contra de los campesinos que perdieron la vida”.
Las declaraciones rendidas el pasado 16 de enero por Oscar Rivera Cisneros, agente del Ministerio Público, ayudaron a los ministros a descubrir la manipulación de las actuaciones.
Según Rivera Cisneros, el día de los hechos su jefe, Javier Reyes Grande, le solicitó cerrar la declaración rendida por el chofer Saulo Luna, sin que éste hubiera estado presente durante las actuaciones y simulando la presencia de la secretaria Alba Flores como testigo de asistencia.
Rivera Cisneros declaró que firmó las actuaciones porque así se lo había solicitado Javier Reyes, pero puso al descubierto que no conoció al declarante ni tuvo a la vista la ropa y las armas de los occisos, ni se percató de la intervención de los peritos.
Este “es un indicio importante de que la averiguación previa fue manipulada en todos sus aspectos”, advierten los ministros.
También recogen la declaración del primer fiscal especial del caso, Adrián Vega Cornejo, quien afirmó que, desde que Figueroa le encomendó directamente el asunto, ya había grandes irregularidades. Dijo Vega Cornejo:
“que cuando tuvo conocimiento de la indagatoria, ya estaban entregados todos los cadáveres; asimismo, se percató de que faltaba solicitar peritos químicos para tomar las muestras de sangre de los cadáveres (…); que se estimaron como débiles las pruebas para consignar a los policías que admitieron haber disparado en defensa de sus vidas, como la prueba de Harrison Gilroy, que les salió negativa (…); que el doctor Ricart, encargado de los servicios periciales, levantó un acta en relación con la pérdida de la ropa de los occisos, misma que entregó al licenciado Elías Reachi Sandoval, agente titular del MP; que no solicitó el peritaje de posición víctima-victimario, porque cuando tomó conocimiento de la averiguación, todos los cadáveres ya habían sido inhumados, y el desglose de la averiguación previa se hizo para realizar todas las diligencias que fueran necesarias para el esclarecimiento de los hechos…”
Estas declaraciones llevan a los ministros a concluir:
“Es una prueba contundente para demostrar que la averiguación previa fue manipulada directamente por el procurador general de Justicia del Estado, al admitir todas las omisiones de la averiguación previa y tratar de justificarlas diciendo que todo ello se subsanaría en el desglose.”
NO PORTABAN ARMAS
Los magistrados obtuvieron, además, elementos indicadores de que los campesinos acribillados no portaban armas y de que muchos de ellos ni siquiera iban al mitin ni mantenían relación con la Organización Campesina Sierra del Sur.
El dictamen pericial en materia de balística realizado por funcionarios de la Procuraduría fue para los magistrados prueba de que los campesinos no pudieron disparar las armas supuestamente decomisadas, porque ninguna de las que fueron sometidas a peritaje funcionaba.
Este, dicen, es un indicio importante para demostrar que “los campesinos no podían haber traído un arma que no funcionaba”.
Los magistrados, quienes encontraron contradicciones de varios funcionarios de la Procuraduría del Estado sobre la presencia del helicóptero en el que presuntamente viajó el secretario general de Gobierno el día de la matanza, pusieron en tela de juicio la versión sobre el agente de la Dirección General de Gobernación Estatal, el fugitivo Armando Nieto, que presuntamente reprodujo el video editado que presentó el gobierno de Guerrero, pues no se encontró su expediente en la dependencia en virtud de que ingresó “como agente confidencial eventual”. Así, pues, dicen los ministros, “por el momento (esta versión) sólo es apta para presumir la existencia de dicho individuo y su participación en los hechos”.
Apoyado en este informe, el pleno del máximo tribunal del Poder Judicial deberá emitir su resolución sobre las implicaciones de la investigación y las garantías individuales que fueron violadas, con el fin de que el Poder Ejecutivo determine las sanciones correspondientes.
