Cuando Felipe Calderón envió al Senado su iniciativa contra el lavado de dinero en agosto de 2010 todo iba bien, pues los legisladores la avalaron de manera casi íntegra, desoyendo aun a la Asociación Nacional del Notariado Mexicano, que pedía excluir a sus agremiados… Pero todo cambió en la Cámara de Diputados, donde los priistas de la Comisión de Justicia simplemente modificaron la minuta para beneficiar a un sector de los 4 mil 500 notarios nacionales. Los panistas de la otra comisión revisora, la de Hacienda, alegaron albazo y empantanaron las discusiones.
Después de varios años de su guerra declarada al crimen organizado, el 20 de agosto de 2010, Felipe Calderón envió al Congreso una iniciativa contra el lavado de dinero para desmantelar las estructuras financieras de los grupos delictivos. Sin embargo su propio partido, el PAN, frenó la propuesta en la Cámara de Diputados al año siguiente.
La iniciativa llegó primero al Senado donde fue aprobada el 28 de abril de 2011. De ahí se envió como minuta a la Cámara de Diputados donde los panistas la detuvieron tras detectar los cambios de última hora introducidos por la fracción priista, en especial los relacionados con las actividades de notarios y corredores públicos, quienes cabildearon para que sus operaciones quedaran libres de sanciones penales.
El documento del Ejecutivo propone establecer un nuevo “régimen de identificación y reporte de ciertos actos u operaciones vinculados a actividades que pueden ser vulnerables a ser utilizadas por el crimen organizado para sus procesos de lavado de dinero, o bien los financiamientos al terrorismo”.
En lo relativo a los “nuevos actores económicos”, insiste en que se reglamenten sus actividades por considerar que son susceptibles de ser utilizadas para el blanqueo de dinero. Y menciona las principales: la construcción o renta de bienes inmuebles, tarjetas de servicios o de crédito no bancarias, cheques de viajero, comercialización de metales o piedras preciosas, joyas o relojes, obras de arte, vehículos nuevos o usados, servicios de blindaje, traslado de custodia de valores.
La iniciativa también menciona los umbrales o montos de dinero de las operaciones de ese tipo de ilícitos, y tras advertir sobre la vulnerabilidad de los notarios y corredores públicos ante las bandas del crimen organizado; establece tres actividades de estos profesionales y propone someterlos a monitoreo.
Y aun cuando el Senado aprobó el documento, durante las discusiones –que se prolongaron un año– la Asociación Nacional del Notariado Mexicano pidió al presidente de la Comisión de Gobernación, el priista Jesús Murillo Karam, hacer algunos ajustes con base en “derecho comparado y consistente con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales”.
Los legisladores escucharon el planteamiento del titular del organismo, Juan José Pastrana, pero no introdujeron ningún cambio. Pero las cosas cambiaron cuando la minuta llegó a la Cámara de Diputados, donde debían discutirla y aprobarla, en ese orden, la Comisión de Hacienda, la de Justicia y las comisiones unidas. Los priistas hicieron algunas enmiendas al texto, lo que los panistas consideraron que era un albazo y frenaron la discusión.
En San Lázaro los integrantes de la Comisión de Hacienda llevaban meses enfrascados en el tema. De hecho habían aprobado por consenso el documento el 16 de agosto de 2011 con cambios sustanciales que incluían a “nuevos actores sujetos de revisión”: los donativos.
El diputado petista Mario Di Costanzo propuso incluir donativos a sindicatos, partidos políticos e iglesias. Los panistas y priistas de la Comisión de Hacienda aceptaron la petición, a diferencia de sus pares en el Senado, que no le dieron cabida.
Los diputados de esa comisión determinaron incluir como actividades vulnerables o actividades sujetas a supervisión: “La recepción de donativos, por parte de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro, por un valor igual o superior al equivalente a mil 671 veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal”. Incluso convinieron en notificar a la Secretaría de Hacienda cuando la donación rebasara 3 mil 344 veces el salario mínimo general.
El “albazo” de Benítez Treviño
Los integrantes de la Comisión de Hacienda en San Lázaro ampliaron las actividades en las que notarios públicos y corredores pueden ser observados e incluso tener la obligación de dar “aviso” a la Secretaría de Hacienda, a través de su colegio o una asociación, para proteger al notario en particular cuando el acto del que dieran fe fuera igual o superior a los 500 mil pesos.
Según el artículo 17, fracción XII, del dictamen avalado por consenso el 16 de agosto de 2011, entre las actividades de los notarios públicos se incluyen la transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles, salvo las garantías que se constituyan en favor de instituciones del sistema financiero u organismos públicos de vivienda.
E indica: “El otorgamiento de poderes para actos de administración o dominio otorgados con carácter irrevocable; la constitución de toda clase de personas morales, su modificación patrimonial derivada del aumento o disminución de capital social, fusión o escisión, así como la compra-venta de acciones y partes sociales de toda clase de personas morales; la constitución, modificación o cesión de derechos de fideicomisos, y el otorgamiento de contratos de crédito, con o sin garantía, en los que el acreedor no forme parte del sistema financiero o no sea un organismo público de vivienda”.
Por lo que atañe a los corredores públicos, la Comisión de Hacienda especificó que serían sujetos a revisión actos como: “la realización de avalúos sobre bienes con valor igual o superior a 500 mil pesos; la constitución de personas morales mercantiles, su modificación patrimonial derivada de aumento o disminución de capital social, fusión o escisión, así como la compraventa de acciones y partes sociales de personas morales mercantiles.”
Además de “la constitución, modificación o cesión de derechos de fideicomiso, en los que de acuerdo con la legislación aplicable puedan actuar, y en el otorgamiento de contratos de mutuo mercantil o créditos mercantiles en los que de acuerdo con la legislación aplicable puedan actuar y en los que el acreedor no forme parte del sistema financiero”.
En el documento consensuado, los legisladores de esa comisión incluyeron a los servidores públicos que, según la ley, pueden dar fe pública cuando se trate de entidades financieras, como las uniones de crédito y el Sistema de Ahorro para el Retiro, entre otras.
Respecto a los fedatarios públicos, el presidente de la Comisión de Justicia, el priista mexiquense Humberto Benítez Treviño, eliminó el rubro de un plumazo, con lo que avaló la petición que la Asociación de Notarios había hecho, sin éxito, el 5 de diciembre de 2010 a los senadores.
La noche del 9 de noviembre de 2011 –tres meses después de que las fracciones del PRI y del PAN en San Lázaro aprobaran por “consenso” las especificaciones a los fedatarios tanto particulares como de gobierno–, los priistas de la Comisión de Justicia presentaron un documento totalmente distinto en el que modificaron incluso los montos fijados para que los involucrados dieran aviso a las autoridades hacendarias.
En su convocatoria, los integrantes de la comisión que preside Benítez Treviño adelantaban que la discusión sería “positiva”; aun así los nueve lugares de los diputados del PAN estuvieron vacíos, excepto el que ocupó María Antonieta Pérez, quien durante más de dos horas argumentó en contra. No obstante circuló un oficio firmado por el panista Mario Alberto Becerra Pocoroba, presidente de la Comisión de Hacienda, en el que anunciaba su rechazo al nuevo dictamen.
Respaldado por su coordinador parlamentario Francisco Ramírez Acuña, Becerra Pocoroba intentó dar línea a sus compañeros panistas. Según él no se trataba del dictamen aprobado tres meses antes por la Comisión de Hacienda. Incluso dijo a sus correligionarios que el correo electrónico que habían recibido horas antes era falso:
“Ese documento (aprobado por consenso por los integrantes de la Comisión de Hacienda) sigue siendo la postura oficial… no ha habido discusiones subsecuentes en relación al tema en el seno de dicha comisión. Por ello –agregó– el dictamen que hoy se someterá a la consideración de la Comisión de Justicia no ha sido consensuado con los miembros de la comisión que me honro en presidir.”
Y añadía: “El día de hoy por la mañana se envió un correo electrónico a los miembros de esta comisión integrantes del Grupo Parlamentario del PAN en el que se afirmaba que sus correligionarios miembros de la Comisión de Hacienda tienen conocimiento y han consentido las modificaciones que el proyecto a discusión tiene. Lo anterior es un hecho alejado de la realidad, ya que el proyecto no se ha consensado entre los miembros de este grupo parlamentario, así es que es preciso aclarar la falsedad del contenido del correo respectivo”.
Becerra Pocoroba también informaba a sus compañeros que su coordinador parlamentario le pedía la aclaración. La diputada María Antonieta Pérez pidió que no se votara el dictamen. En entrevista expuso que “se elimina la responsabilidad que tendrían los notarios públicos para dar a conocer ante las autoridades un posible lavado de dinero”.
Finalmente, en el texto que presentó Benítez Treviño a los diputados que integran la comisión que él preside, hay cambios en la fracción XII del artículo 17 en la que las actividades sujetas a revisión y las especificaciones de ciertos actos de los fedatarios se redujeron a dos renglones: “La prestación de servicios de fe pública, en términos de lo dispuesto por la legislación federal y local aplicable a la materia”.
Documento a modo
Por lo que atañe a los donativos que reciban las iglesias, partidos políticos o sindicatos, la Comisión de Justicia aumentó el monto, lo cual, según el petista Mario Di Costanzo, integrante de la Comisión de Hacienda y autor de la propuesta, hace menos probable su indagación o aviso ante las autoridades hacendarias.
Así, en el dictamen de la Comisión de Justicia los montos de los donativos fijados por la Comisión de Hacienda en 100 mil pesos, pasaron a ser de mil 671 veces el salario mínimo general. Con respecto a “dar aviso a las autoridades hacendarias”, mientras los integrantes de la Comisión de Hacienda establecieron un monto de 200 mil pesos, la de Justicia lo fijó en 3 mil 343 veces el salario mínimo en el Distrito Federal; es decir, 208 mil 369 pesos con 19 centavos.
“Hicieron cambios arbitrarios, los umbrales de montos los aumentaron y eliminaron lo de los notarios”, reclamó la diputada Pérez. Di Costanzo también se manifestó contra la eliminación de las especificaciones hacia los notarios y corredores públicos, así como de los fedatarios púbicos que el gobierno faculte como tal para entidades financieras.
“La ley ahora es ambigua, lo cual abre la posibilidad a que un notario recurra a un amparo, pues no se fijan ni montos ni actos en específico”, dice Di Costanzo; “además, sujetan a los notarios a las leyes locales cuando esta es una ley federal. Ello sin contar que cada estado tiene reglas distintas sobre este tipo de actividades”.
Añade que dicha ambigüedad abre una rendija para que todos los fedetarios que pudieran estar involucrados con el crimen organizado se escabullan de la justicia, pues mientras ocurre un juicio de amparo se pueden modificar los montos y los documentos de los que hayan dado fe.
Luego del albazo de la Comisión de Justicia, su par de Hacienda, presidida por el panista Becerra Pocoroba, se ha negado a convocar a sus integrantes a una reunión para destrabar el asunto de los fedatarios.
Antes de que el dictamen se someta al pleno de la Cámara de Diputados ambas instancias legislativas deben avalar el dictamen. Por lo que se ve hasta ahora, los priistas –quienes cuentan con 32 de los 62 diputados con derecho a voto– pueden sacar adelante el documento aprobado por la Comisión de Justicia.
Por lo pronto, mientras la comisión que preside el priista Benítez Treviño ofrece privilegios a los aproximadamente 4 mil 500 notarios nacionales, su correligionario jalisciense Arturo Zamora presentó el pasado 21 de diciembre una iniciativa en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en la que propone fijar responsabilidades a las empresas y no sólo a las personas físicas que participen en actividades relacionadas con el lavado de dinero.
En su documento Zamora puntualiza que las sanciones deben incluir a los accionistas, dueños o gerentes de empresas con multas, suspensión de actividades, decomiso y hasta disolución de la sociedad anónima o de capital variable.
Dice que si alguna empresa o persona moral se fusiona o elimina durante la indagatoria, pero la indagatoria determina que está implicado en alguna operación del lavado de dinero, eso “no será obstáculo para aplicar las sanciones a la nueva persona moral o a la persona moral escindida”.
Y mientras los diputados del PRI eximen de culpas a los notarios que pudieran dar fe de un acto relacionado con el delito de lavado de dinero o terrorismo y proponen nuevas leyes contra las empresas o personas morales, como las que, dicen, se aplican en España, Dinamarca, Noruega y Suecia, las fracciones del PAN y del PT aún no convocan a sus huestes para que reactiven el debate.
La propuesta de Zamora, en el caso de las empresas, incluye parte de las recomendaciones del reporte contra la corrupción difundido por la OCDE el pasado 14 de octubre. En él se mencionan el alto grado de corrupción en México y que el delito del lavado de dinero esta íntimamente ligado con el de la corrupción.
