Una vez más el duopolio televisivo se impone a las instancias de regulación. Logró que en la Cofetel se empantanara la votación a favor de una tercera cadena de televisión, mientras que en la Cofeco impuso su fuerza para que la decisión de este organismo en torno a la alianza Iusacell-Televisa se diera a conocer “a más tardar el próximo 7 de febrero”. De nueva cuenta se advierte que este emporio de la comunicación le muestra el músculo a los poderes del Estado.
Pese a que desde hace 10 años hay 62 solicitudes para adquirir frecuencias en televisión abierta a nivel nacional o regional, e interés de 13 grupos de inversionistas por el nuevo proyecto de una tercera cadena dae televisión abierta, cuatro de los cinco comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) decidieron postergar una vez más la votación a favor del programa de concesionamiento de frecuencias.
La decisión de Ernesto Gil Elorduy, Gonzalo Martínez Pous, Alexis Milo Caraza y José Luis Peralta Higuera generó una nueva disputa dentro del órgano regulador, ya que acusaron a su presidente, Mony de Swaan –en un comunicado distribuido extraoficialmente–, de haber “falseado” el contenido del pleno del miércoles 25.
Sin embargo reiteraron que es necesario tomar esta decisión en acciones coordinadas tanto en la Cofetel como con “otros poderes de la Unión”, sin especificar cuál es su posición frente al programa de licitación ni el tiempo en que debe tomarse esta medida.
El comunicado oficial de la Cofetel afirma que el pleno del organismo decidió “aplazar la votación del proyecto y que el mismo no sea integrado en la agenda de futuras sesiones del pleno, hasta considerar que han quedado atendidos elementos que están fuera del ámbito de competencia de esta comisión”.
Ni el boletín oficial ni la posición de los cuatro comisionados que votaron en contra aclaran cuáles son los “elementos fuera del ámbito” de competencia del órgano regulador.
En entrevista con Proceso Mony de Swaan admite que existen “presiones” contra la Cofetel y específicamente señala a Javier Tejado Dondé, director de Información de Grupo Televisa, como artífice de las acusaciones en su contra por presunta corrupción al haber entregado dos contratos por 90 mil y 120 mil dólares para beneficiar a sus amigos Pablo Héctor Ojeda y Peter Bauer.
“No importa cuántas veces Javier Tejado me llame corrupto sin tener ninguna prueba en la mano y si no hay ningún tribunal que lo haya determinado.”
–¿Identifica usted a Tejado como principal artífice de las presiones?
–Acaba de acusarme de corrupto. Ahora resulta que ya no sólo es representante de un regulado, sino que es juez.
–¿Forma parte de las presiones que ha recibido el órgano regulador?
–Tejado sí, por supuesto.
–¿Es por el tema de la tercera cadena de televisión?
–Hay una curiosa coincidencia entre las acusaciones en mi contra y el proyecto de aprobar la tercera cadena de televisión.
–¿Explícitamente alguna de las dos televisoras privadas le han dicho que tienen problemas con la licitación de una tercera cadena?
–Al contrario. En una reunión con el secretario de Comunicaciones y Transportes (Dionisio Pérez Jácome), uno de los representantes de esos dos grupos dijo que no tenía problema con esa licitación. En privado han dicho que no tienen problema alguno.
“Ahora poco me importaría lo que dijeran. No guío mi decisión en base a lo que digan los regulados. Los escucho, eso es cierto, pero no guío mis decisiones. Como ha mencionado Eduardo Pérez Motta (presidente de la Comisión Federal de Competencia), las presiones se sienten siempre en todo”, abundó De Swaan.
“Impasse”
La suspensión del Programa de Concesionamiento de Frecuencias para Servicios de Televisión Abierta en la Cofetel coincidió con el impasse que se produjo a partir del martes 24 en la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), el otro órgano regulador, cuyo presidente, Eduardo Pérez Motta, también ha estado bajo la presión de representantes de las dos televisoras.
Los cinco integrantes de la Cofeco resolvieron la solicitud de concentración entre Grupo Iusacell y Grupo Televisa, pero decidieron dar a conocer el resultado de esta decisión 15 días después, “a más tardar el 7 de febrero”, argumentando el contenido del artículo 31-bis de la Ley Federal de Competencia.
“Por mandato del último párrafo del artículo 31-bis… la Comisión y todos sus funcionarios están imposibilitados de pronunciarse públicamente sobre el expediente hasta que la resolución del pleno se notifique a los agentes económicos involucrados”, advirtió el comunicado de prensa.
La ausencia de una versión oficial sobre el resultado del voto en torno a la concentración generó dos versiones encontradas: por un lado, que se rechazó por tres votos contra dos la operación por un monto de poco más de mil 600 millones de dólares que convertiría a Grupo Televisa en propietario de 50% de Grupo Iusacell, propiedad de Grupo Salinas, accionista de TV Azteca; por otro lado, se ventiló la versión de que se aceptaría la fusión siempre y cuando se cumplan varias condiciones que garanticen la competencia en los mercados de la televisión abierta y del triple y cuádruple play; es decir, los servicios convergentes de audio, video y telefonía móvil y fija.
Según una versión difundida por The Wall Street Journal, “un alto ejecutivo de Televisa” señaló que una decisión de la Cofeco contra la alianza “podría amenazar el futuro de Iusacell, que tiene sólo 4% del mercado de telefonía móvil y necesitaría de la inyección de los mil 600 millones de dólares ofrecidos por Televisa para sobrevivir y hacer competitivo el sector de telefonía móvil”.
Por lo pronto la incertidumbre provocó que en los tres días siguientes a la decisión del 25 de enero las acciones de Grupo Televisa en la Bolsa Mexicana de Valores cayeran 8%.
Analistas financieros consultados por Proceso advirtieron que esta disminución en el valor de las acciones es resultado de que la decisión de la Cofeco, en cualquiera de los dos escenarios, implica condicionamientos, a pesar de las presiones ejercidas por las televisoras para que se aprobara sin afectación para sus intereses en los mercados de distribución de contenidos, de publicidad o de su dominio en televisión restringida.
Para el analista Jorge Fernando Negrete, director de Mediatelecom, el argumento más débil a favor de la operación es que generaría competencia en telefonía móvil, y que no tendría relación alguna con otros segmentos donde Televisa y TV Azteca participan, como la televisión.
“Nadie se opone a que Televisa incursione en la telefonía móvil y complete su convergencia tecnológica. Sin embargo, por elemental concentración no sólo no puede sino que debiera prohibirse la alianza con el único competidor en televisión digital. De autorizarse la operación, México sería el único país del mundo en el cual dos empresas de contenido audiovisual, que además concentran 88% de las concesiones de televisión abierta, se articularían”, afirmó en un análisis previo a la sesión del martes 24 en el pleno de la Cofeco.
Calderón y su única cadena
Para ninguno de los integrantes de los organismos reguladores (Cofeco y Cofetel) pasó inadvertido que en vísperas de las dos decisiones más importantes en este sector, durante este sexenio, Felipe Calderón visitara las instalaciones de Televisa San Ángel, el miércoles 18.
Un escueto boletín de la Presidencia confirmó que Calderón y Azcárraga “intercambiaron puntos de vista sobre la situación nacional” y que el mandatario fue acompañado por la coordinadora de Comunicación Social de la Presidencia de la República y vocera del gobierno federal, Alejandra Sota.
Ni Calderón ni Sota han externado ninguna posición frente a las presiones recibidas por los dos organismos reguladores ni ante la decisión de licitar o no una tercera cadena de televisión abierta.
A lo largo del sexenio calderonista se ventilaron varias posibilidades, pero ninguna se concretó. El esfuerzo más visible fue el de la trasnacional estadunidense General Electric, propietaria del holding de medios NBC-Universal-Telemundo, que anunció en 2006 su sociedad con el empresario mexicano Isaac Saba para formar la empresa Palmas 26.
El 15 de diciembre de ese año, una campaña de linchamiento en las pantallas de Televisa y de TV Azteca contra Isaac Saba y sus empresas de distribución farmacéutica impidió que este empresario continuara su proyecto.
En marzo de 2008 los empresarios de Telemundo decidieron aliarse a Televisa. Firmaron un acuerdo para transmitir, desde abril de ese año, 19 horas de programación en el Canal 9, propiedad también de Azcárraga Jean.
En febrero de 2008 Alejandro Burillo Azcárraga, primo del presidente de Televisa, solicitó ante la Cofetel la posibilidad de tener una frecuencia de televisión abierta a través de Grupo Pegaso.
En enero de 2011 Proceso dio a conocer en su edición 1783 que existía un proyecto para licitar este año dos cadenas de televisión abierta, en tecnología digital, que alcanzarían a cubrir 95% y 80% de la población nacional.
“Es congruente con lo dicho por el presidente Calderón el pasado 2 de septiembre cuando se publicó el decreto de Televisión Digital Terrestre, pero también con lo anunciado por la propia Cofetel, el 14 de julio de 2010, cuando presentamos nuestra agenda de trabajo”, afirmó De Swaan.
El entonces comisionado de la Cofetel, Rafael del Villar, pronosticó que en agosto de 2011 se darían a conocer los detalles de la licitación. El comisionado Gonzalo Martínez Pous afirmó que le parecía “aventurado” hablar de dos cadenas nacionales.
El 5 de octubre de 2011 la Cofetel presentó el estudio de capacidad espectral para la licitación de una tercera cadena. A sugerencia del comisionado Martínez Pous se aprueba y se realiza una consulta pública sobre esta posibilidad, en diciembre del mismo año. La consulta, no vinculante, arroja una mayoría de 90% de consultados a favor de la licitación de una tercera cadena.
El miércoles 11 el pleno de la Cofetel conoció informalmente el Programa de Concesionamiento de Frecuencias para servicios de Televisión Abierta y el miércoles 18 fue enlistado para su discusión. En esa sesión se incorporaron comentarios de forma, no de fondo, de dos comisionados. El único que expresó abiertamente su oposición fue José Luis Peralta. El comisionado Alexis Milo Caraza expresó dudas de si se trataría de una cadena nacional o regional.
En la sesión del miércoles 25, la mayoría de los comisionados estuvo de acuerdo en aplazar la aprobación del proyecto de concesión de una tercera cadena por “razones ajenas a la Cofetel”.
Hasta ahora se desconocen cuáles son exactamente esas “razones ajenas”.
