Aun cuando el ayuntamiento de Tlajomulco insiste en que la permuta de un predio con una desarrolladora urbana para edificar su nueva Unidad Administrativa es legal, enfrenta varios litigios con los propietarios originales de la superficie que recibió. El enredo también implica a la empresa Soic de México, con la que el ayuntamiento hizo una primera transacción que, según el abogado Antonio Manzano Uribe, carece de validez.
Para hacerse del predio donde construyó su Unidad Administrativa, el ayuntamiento de Tlajomulco hizo válidas supuestas solicitudes de desarrolladores de vivienda para recibir dinero en lugar de terrenos que, por ley, los fraccionadores deben entregar al municipio para dotar al entorno de servicios públicos.
Así, la administración tlajomulquense cedió a la empresa Bienes Raíces Jardín Real, S.A. de C.V., del empresario y político priista Raymundo Gómez Flores y hermanos, cerca de una hectárea (9 mil 100 metros cuadrados) donde debían erigirse escuelas, parques o jardines.
A cambio, la desarrolladora se convirtió en deudora solidaria del ayuntamiento por la suma de 9.9 millones de pesos con los que, a su vez, pagó a la compañía fantasma Soic de México, S.A. de C.V., la diferencia por la permuta del predio de 2.5 hectáreas donde se encuentra el nuevo edificio, en la cabecera municipal.
La transacción se efectuó en agosto de 2010. La comuna dio a cambio un terreno de 2.8 hectáreas en Santa Cruz de las Flores, en el entronque de la avenida de acceso a la población Parra Centeno y López Mateos (Proceso Jalisco 375).
El ayuntamiento de Tlajomulco sostiene que fue una operación “perfectamente legal” basada en solicitudes presentadas entre 2006 y 2007 que obligaron a las autoridades a concretar el canje conforme a la ley anterior, y no a la actual. El Código Urbano del estado de Jalisco, reformado en diciembre de 2008, prohíbe negociar por dinero las áreas de donación.
Antonio Manzano Uribe, experto en derecho administrativo y constitucional, rechaza que se tenga que aplicar el beneficio de la retroactividad de la ley si el solicitante no acudió al tribunal a tramitar la afirmativa ficta –a falta de respuesta oficial–, especialmente si no hay constancia de que haya formalizado la petición y si la norma vigente condena estas autorizaciones.
Este semanario solicitó al ayuntamiento copia de las solicitudes a las que se hace referencia en el dictamen de las comisiones de Patrimonio y Desarrollo Urbano del 4 de mayo de 2010.
En el documento se autoriza “contar con un terreno en condiciones favorables para la construcción de una Unidad Administrativa moderna dentro de la cabecera municipal”. Hasta el cierre de esta edición, la comuna no había atendido la petición.
Erick Tapia, asesor jurídico de la secretaría general del ayuntamiento de Tlajomulco, argumenta que todos los actos de autoridad realizados para contar con la Unidad Administrativa están firmes y apegados a derecho. “Incluso –dice–, si las solicitudes mencionadas no existieran ni estuvieran anexadas a la iniciativa (de las comisiones edilicias en el dictamen señalado) porque sus licencias de construcción corresponden a la antigua ley y les asiste el derecho”.
Los 9 mil 100 metros cuadrados de cesión permutados o vendidos a la empresa Bienes Raíces Jardín Real están en distintos fraccionamientos: 4 mil pertenecen al desarrollo conocido como Monte Verde etapas I, II y III, ubicado en el kilómetro 23 de la carretera a Guadalajara; 2 mil 550 metros son parte del fraccionamiento Casa Fuerte la Fortaleza, y 2 mil 550 más pertenecen a Casa Fuerte Coto El Bastión, estos últimos ubicados en la delegación de San Agustín.
El asesor municipal acota que Bienes Raíces Jardín Real, quien fungió como deudor solidario del ayuntamiento para el pago de las áreas de cesión y entregó directamente los 9.9 millones de pesos a Soic, dice que desconoce detalles de la transacción, entre ellos la fecha y el nombre de quien recibió el cheque o la transferencia del dinero.
La suma pagada a Soic –cuyo domicilio no ha sido posible ubicar– corresponde a la diferencia entre los avalúos comerciales respecto del predio donde se edificó la unidad municipal y la superficie de 2.8 hectáreas de Santa Cruz de las Flores que entregó la comuna.
Los peritajes establecieron que el valor de metro cuadrado del predio que ahora ocupa la Unidad administrativa es de 900 pesos, por lo que las poco más de tres hectáreas se permutaron a razón de 27.1 millones de pesos.
En cambio, el metro cuadrado del predio de Santa Cruz de las Flores, ubicado a un costado del fraccionamiento Banus, fue tasado en sólo 613 pesos, por lo que su valor estimado era de 17.2 millones de pesos. Esto es, “se compró caro y vendió barato”, asegura un desarrollador que pidió omitir su nombre porque tiene intereses en el ayuntamiento.
Tras estos movimientos, Soic y su apoderado legal, Arnoldo Trinidad Barba Orozco, un personaje de oscuro historial en el medio –fue acusado penalmente por autoridades federales por defraudar al menos a 400 familias jaliscienses–, subdividieron el 5 de abril del año pasado las 2.8 hectáreas que recibieron del municipio para urbanizarlo, según el expediente 097-008/S-11-I, radicado en la Dirección General de Ordenamiento Territorial de Tlajomulco, a cargo del arquitecto Jorge Gustavo García Juárez.
Proveedor heredado
Alberto Uribe Camacho, presidente municipal interino de Tlajomulco, descarta que la comuna pueda ser afectada por los juicios promovidos por dos particulares que alegan derechos sobre el predio donde se asienta el nuevo edificio administrativo y por la injerencia de Barba Orozco, quien está detrás de este negocio.
Uribe se deslinda de cualquier clase de irregularidad y trato con Barba Orozco, aun cuando éste aparece en el padrón de proveedores del ayuntamiento.
Dice incluso que el ayuntamiento no le ha expedido un solo cheque ni le ha hecho compra de producto o servicio alguno desde enero de 2010, cuando arrancó la administración de Enrique Alfaro –quien pidió licencia en diciembre pasado–, pese a que el desarrollador urbano ya aparecía en el padrón de proveedores.
A su vez, el asesor Erick Tapia apunta que Barba Orozco “ingresó como proveedor desde 2009”, sin precisar el día puesto que “el sistema sólo indica el año”, como constructor de obra pública y mantenimiento.
Consultado sobre ese caso, el abogado Antonio Manzano, exdirector jurídico del ayuntamiento de Chapala, comenta que cuando se suscribe algún contrato de compraventa o permuta con alguien que carece de personalidad jurídica, la operación no tiene validez.
Arguye que los “actos de simulación” son característicos de las operaciones fraudulentas: es sospechoso que un comprador que a la postre venda un terreno que pasa por varias manos mantenga injerencia en el mismo, como ocurre en el caso de Barba Orozco.
Dentro del juicio de amparo número 1995/2011, promovido por Ildefonso Márquez Ortega para que se cancele el registro de la excedencia del terreno donde se levantó el edificio del ayuntamiento, el quejoso alega derechos sobre 3 mil metros cuadrados en los que, dice, no están localizables los involucrados en las compraventas y la permuta.
En el juicio, el ayuntamiento tlajomulquense aparece como tercer perjudicado, al igual que César J. González Becerra y Martha Angélica Corona, el matrimonio que vendió a la empresa y con el que el cabildo celebró la transacción.
Y aun cuando el actuario José Manuel Barba giró notificaciones a Soic de México, así como a su antigua administradora, Noemí Alejandra Hernández, y al apoderado Arnoldo Trinidad Barba Orozco para que comparezcan, no los ha podido emplazar debido a que desde hace un año la empresa no se encuentra en Cumbres 201-A, municipio de Zapopan, domicilio registrado por Barba Orozco.
Según Hacienda, el domicilio de la empresa es Privada Araucaria 101, en Tlaquepaque, aunque nadie atiende en ese lugar. Los vecinos aseguran que sólo ocasionalmente llega alguien a deshoras de la noche. A ello se debe que el 8 de octubre de 2011 el actuario César Armando Vela, del Juzgado Cuarto de Distrito, no haya podido emplazar y notificar a los terceros perjudicados.
Erick Tapia sostiene que el abogado Leobardo Magaña, quien lleva el juicio de Ildefonso Márquez, pretende alargar el trámite. No hace nada por acortarlo mediante la publicación de edictos para emplazar a los involucrados; no lo hace porque, dice, “no quiere invertir 3 mil pesos”.
E insiste en que la operación del ayuntamiento es legal, ya que se formalizó antes de que se publicitara dicha acta al inscribirla ante el Registro Público de la Propiedad.
Pero el abogado Antonio Manzano insiste en que la serie de actos jurídicos huelen a fraude, y el ayuntamiento de Tlajomulco puede tener problemas porque hay vicios que “afectan de nulidad” la permuta: “Ni se celebra la permuta con quien el cabildo ordena ni se firma con quien tenía representación por parte de la empresa”.
Tapia reitera que será una autoridad judicial la que resuelva el litigio. Y aunque admite que el camino es largo, el ayuntamiento se prepara para estrenar su inmueble, incluso cuando no tienen el consentimiento del dueño del predio colindante, el cual, según las normas, debe construirse un colector para evitar inundaciones en temporada de lluvias.
El propietario del terreno es familiar de quienes se dicen despojados. Frente a esa contingencia, el alcalde interino asegura que tiene un plan B que incluye la expropiación, aunque “resulte más cara”.
