En Ameca la vida de un policía no vale nada. El alcalde Salvador Sigala se niega a afiliar a los efectivos de la corporación municipal en el IMSS pese a los riesgos que corren diariamente. Y cuando un grupo de inconformes le insistió en que esta carencia afecta su trabajo, muy ejecutivo les dijo que prefiere correrlos… Por atreverse a exigir seguridad social, 33 policías de Ameca están en riesgo de quedarse sin empleo.
Los uniformados sostuvieron varias pláticas con el presidente municipal Salvador Sigala Quintero para solicitarle que los afiliara al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Al principio sólo obtuvieron evasivas, pero cuando le advirtieron que buscarían otras opciones, el funcionario amenazó con despedirlos.
Los policías decidieron presentar una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) contra la autoridad de Ameca por violentar su derecho. En el documento, los 33 firmantes apuntan que tienen más de un año laborando para el ayuntamiento y que ninguno de los 300 elementos de la Dirección de Seguridad Pública está afiliado al IMSS.
Señalan que en las pláticas Sigala les aseguraba que ya le había dado instrucciones al síndico, Francisco Lozano Montes de Oca, y al oficial mayor, Martín Sánchez, de que los afiliaran al IMSS de inmediato. Pero cuando los policías les preguntaban a esos funcionarios cómo iba el trámite, respondían que no tenían ninguna orden al respecto.
Ahora saben que Sigala no quiere afiliarlos porque dice que el presupuesto no alcanza y argumenta que en las instalaciones de la Dirección de Seguridad se les otorga atención médica “de mejor calidad”. No obstante, los policías comentan que se les atiende en un cuarto de seis metros cuadrados y si requieren medicinas, dicen, “nos obligan a pagarlas de nuestro bolsillo”.
Los policías afirman en su queja que el hecho de no contar con seguridad social, “además de violentar nuestros derechos humanos, nos deja en un grave estado de vulnerabilidad ante la posibilidad de sufrir algún accidente o algunos de nuestros familiares, a los que el IMSS les reconoce el carácter de beneficiarios del servicio por ser nuestros parientes”.
En el escrito, que presentaron el pasado 29 de agosto ante la CEDHJ, mencionan que al avisarle al presidente municipal que recurrirían al organismo autónomo, los amenazó: “Nos dijo que para él era muy fácil saber quién la presentó (la queja) y de inmediato darnos de baja argumentando la pérdida de confianza, o incluso (hacer) que no aprobáramos el examen de confianza que están a punto de realizarnos, o que nos hostigaría laboralmente hasta que renunciáramos”.
Sigala casi ni se tomó la molestia. El visitador adjunto de la Tercera Visitaduría General de la comisión, Gaudelio Eduardo García Félix, se demoró en admitir la querella y se puso del lado de la autoridad, dice el abogado de los policías, Óscar Pérez de Lara, integrante de la Unión de Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. Para él, esta es una muestra de que la CDHJ “no sirve para nada”.
Y uno de los afectados relata: el visitador, en una reunión que mantuvo con ellos hace tres meses en la presidencia municipal, admitió que es amigo del alcalde y les “informó” que no tenían ningún derecho a exigir la afiliación al Seguro Social y les “sugirió” que se desistieran de la queja porque efectivamente los podían despedir, lo que disuadió a algunos inconformes.
Asegura que además del visitador esa vez acudieron 20 policías y el secretario del síndico, Gerardo Aguayo.
La vida por nada
Por falta de afiliación, varios elementos de la Dirección de Seguridad municipal no gozan de pensión tras resultar heridos en cumplimiento de su deber.
A decir de los denunciantes, hace ochos años dos de sus compañeros participaron en un tiroteo con delincuentes atrás de la comandancia; uno falleció y el otro quedó gravemente herido. La familia del policía muerto quedó desprotegida, mientras que a su compañero “lo operaron y tiene una malla que le contiene los órganos; no le ha cicatrizado la herida y aún sigue trabajando”.
También recuerdan que otro agente “en una persecución se fracturó la pierna y estuvo a punto de que se la amputaran; se la salvaron, pero cojea. Otro compañero estuvo cuidando los restos de un mamut y respiró una bacteria que le dañó un ojo y está a punto de perder la vista en los dos”.
Por lo pronto, ninguno del grupo inconforme se ha podido pensionar ni jubilar. Los mandaron a vigilar la Casa de la Cultura porque ya no pueden andar en servicio. “Por eso es necesario que tengamos seguridad social”, dice uno.
Además, ya ha sucedido que dan de baja a quienes exigen su pensión o jubilación, y todavía laboran en la corporación municipal elementos hasta con 30 años de servicio y sin prestaciones.
Asimismo, su turno es de 24 horas de trabajo por un lapso igual de descanso, cuando en otros ayuntamientos “el horario es de 24 por 48 horas”, y no se les dota de uniformes debidamente: “por ley deben ser dos por año, pero en esta administración sólo nos han dado uno por cada año”.
El colmo es que, sin disfrutar del seguro, van a combatir a los criminales sin el equipo adecuado. Describen su armamento como “deficiente, arcaico. Tenemos un revólver 38 especial. ¿Usted cree que nos vamos a poder enfrentar a la delincuencia organizada que trae cuernos de chivo, armas muy modernas? Mientras ellos disparan en automático, nosotros tenemos que recargar el cilindro. Hay ocasiones que mejor no llegamos a los servicios. La gente dice que somos cobardes, pero la realidad es que no podemos arriesgar la vida a lo tonto”.
