Además de que son explotados laboralmente y les escatiman prestaciones, los policías municipales de Guadalajara tienen que callar cuando se enteran de las anomalías cometidas por sus jefes, por ejemplo cuando alguno de éstos brinda protección a la delincuencia organizada.
Un grupo de policías que acudió a las oficinas de Proceso Jalisco con su representante legal, el abogado Óscar Pérez de Lara, de la Unión de Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios (USPEJM), asegura que además la corporación padece nepotismo, así como hostigamiento y maltrato laboral.
Indican que a principio de diciembre de 2011, el ayuntamiento obtuvo la certificación CALEA (Commission on Accreditation for Law Enforcement Agencies), uno de cuyos lineamientos es que los elementos policiacos deben remitir personalmente a las personas que ellos detengan. Sin embargo, afirman los policías, los comandantes o encargados les ordenan a sus subordinados que se hagan cargo de la remisión.
Esto sucede, dice el abogado, sobre todo cuando los detenidos han sido golpeados “y la irregularidad cae en el elemento que los remite y no en quien los lesionó. Si el subordinado se niega a cumplir la orden, toman represalias que van desde el arresto hasta el acoso laboral”.
Lo respalda uno de los policías: “Si protestas porque no quieres remitir (al detenido) ya que viene golpeado, te bajan a patrullar y te ponen a caminar por zonas peligrosas, como El Sauz, Polanco, El Fresno. En este lugar, por las calles de Pino y Mezquite, hay un módulo de salud y lo dejan a uno afuera”, lo que es arriesgado. “Otro lugar adonde te mandan es la Zona 8 de Huentitán, por Santa Elena Alcalde; ahí hay asaltos a mano armada y se roban de dos a cinco carros por día. Si en patrullas es peligroso, a pie y desarmado es peor”.
De todas formas, los policías de Guadalajara ya no saben cómo actuar, puesto que a unos los castigan por negarse a remitir a detenidos que están golpeados, pero a otros los sancionan por encarcelar delincuentes:
“A unos compañeros –afirma uno de los denunciantes– los suspendieron por haber remitido a cinco personas con armas largas y granadas de fragmentación, pero en lugar de reconocerles su labor les abrieron un proceso porque supuestamente se metieron al domicilio. Al final los señalamientos contra los policías no se comprobaron, pero de todas formas los suspendieron 45 días sin goce de sueldo.”
De acuerdo con los policías de línea, el director operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, Marco Antonio Castañeda Águila, identificado en la jerarquía policiaca como “el 03”, está coludido con el Cártel de Jalisco Nueva Generación: “Cuando agarraban resistoles, el mismo ‘03’ se bajaba y les ponía unas madrinas. En Polanco y en El Fresno quien maneja todas las narcotienditas es ‘el 03’, incluso los vendedores te dicen que ellos son de la plaza”.
Otro elemento municipal agrega: “De hecho, llega el comandante de la zona y te dice que los dejes ir porque son órdenes de arriba”.
El 18 de noviembre un comando de al menos 10 personas intentó ejecutar a Castañeda Águila afuera de su domicilio, en la colonia Lagos del Country. El funcionario resultó ileso gracias a que su camioneta es blindada, pero tres de sus escoltas quedaron lesionados y uno de los atacantes falleció.
De acuerdo con periódicos locales, después de la balacera se encontró un narcomensaje contra las autoridades tapatías en un Chevy blanco incautado, pero el contenido completo no fue revelado por la procuraduría del estado.
El abogado Pérez de Lara relata que, como litigante, Castañeda Águila tenía de cliente a Carlos González Rocha, a quien se le señala como autor de robos con violencia de camiones de traslado de valores. Cuando el ahora funcionario estatal “le cobró un caso del que no lo sacó bien, se toparon en un estacionamiento y se tiraron de balazos. Uno de los disparos le dio en la boca a Castañeda”. Añade que Castañeda Águila fue director de robos en la procuraduría estatal.
Los inconformes mencionan también a un comandante Aréchiga: “Tienes que pedir entrevista para poder remitir al detenido; si es de su gente no lo remite porque son los que le están pagando plaza. Él protege a todo el que le da dinero”.
Asimismo, comentan, el supervisor de la policía de Guadalajara, José Ángel Campa Molina (“el 04”), ha sido señalado por los propios narcos. Muestran una fotografía donde aparece una cartulina con el texto: “Si no sueltas al bigotes van a rodar cabezas y la primera va a ser la tuya y luego sigues tu Campa, por eso es que pagamos atentamente resistencia Z” (sic).
E informan que Jorge Hernández Rodríguez, El Bigotes, controlaba bares como La Gruta y El Tamborazo de Don Juan. “Ahí cobraba plaza Campa Molina”, sostienen. El Bigotes fue detenido el 30 de octubre pasado con otro sujeto y confesaron haber cometido varios homicidios y dedicarse a vender estupefacientes.
Parientes y consentidos
Para no tener conflictos con sus jefes, los policías se resignan: “Ya mejor les decimos a nuestros superiores que si vamos a afectar sus intereses, que nos digan para no movernos –dice uno de ellos–. Si agarras a tipos con armas o con droga te ordenan que los sueltes. Si no lo haces, aparte de que te van a traer en jaque, te dicen que tú los remites. El detalle está en que ellos obtienen tus datos, saben tu nombre, dónde vives, qué carro tienes, y te matan”.
Los elementos de la corporación tapatía no sólo tienen que lidiar con los “intereses” de sus superiores, sino también con su nepotismo.
Como ejemplo indican que la hija de Campa Molina, Ángeles Stephanie Campa Rodríguez, ha sido favorecida en su sueldo. De acuerdo con la página de Transparencia del ayuntamiento, ella cobró su primer cheque el 31 de enero de 2011 como oficial de policía por 25 mil 740 pesos.
La siguiente quincena, el 15 de febrero, su cheque fue de 10 mil 73 pesos. Después varió entre 5 mil 36 pesos y 9 mil 429 pesos. En octubre su quincena se elevó a 25 mil 740 pesos y en diciembre fue de 18 mil 212 pesos.
Otra irregularidad, señalan, es que la hija de Campa Molina ascendió al grado de capitán a los seis meses de servicio. En cambio, “hay compañeros que tienen 15 años en la corporación y siguen siendo policías de línea”.
Agregan que los jefes policiacos tapatíos otorgan ventajas a algunos de sus subordinados que, para ganarse “la simpatía de los altos mandos, les entregan partidas especiales”. Entre ellos nombran a Juan Maturano Romero, Martín Nicolás Vázquez de la Rosa y Roberto Carlos Álvarez Alvarado.
Según la página de Transparencia municipal, el 31 de marzo de 2010 Maturano Romero cobró su primer cheque (28 mil 301 pesos). Ese mismo año cobró cantidades distintas por quincena: desde 4 mil 176 hasta 9 mil 852 pesos.
Además, el 30 de abril de 2010 cobró 14 mil 921 pesos; el 30 de junio, 17 mil 193; el 30 de septiembre, 17 mil 258, y el 16 de diciembre, 21 mil 781 pesos.
El 15 de febrero del siguiente año le dieron a Maturano un cheque por 27 mil 575 pesos; el 15 de marzo, 13 mil 888; el 31 de mayo, 14 mil 142, y el 16 de diciembre, 27 mil 771 pesos. En 2011 el sueldo de Maturano fue de 5 mil 36 pesos a 8 mil 543 pesos por quincena.
En cuanto a Vázquez de la Rosa, quien ingresó a la nómina en enero de 2006, cobró sus cheques quincenales por casi la misma cantidad durante las dos últimas administraciones panistas; los pagos más altos fueron en diciembre, por más de 15 mil pesos. Sin embargo, en 2011, con el gobierno priista, sus percepciones variaron de 6 mil a 8 mil 700 pesos, y el 20 de octubre le dieron un cheque por 25 mil 740 pesos, aparte de su salario.
Esta tendencia se repite con Álvarez Tostado, quien también recibió su primer cheque en enero de 2006. Al igual que Vázquez, el 20 de octubre le dieron un cheque por 25 mil 740 pesos, más su sueldo, que fue de 7 mil 227 pesos.
La preferencia también se expresa de otras formas. Los denunciantes afirman que sólo “les dieron un bono del Subsemun (subsidio federal para la seguridad pública de los municipios) a 817 elementos, de los 3 mil 800 que somos. A algunos les llegó de mil 800 pesos para que no dijeran nada y a otros de 29 mil pesos, que es supuestamente retroactivo al salario”.
A esto le suman que en 2012 no han recibido el cheque que cada año se les entrega el 2 de enero por el Día del Policía.
A decir de su abogado, Pérez de Lara, “quieren despedir a todos los compañeros que tienen algún tipo de incapacidad parcial permanente, sin considerar que la mayoría fueron lesionados en servicio”. Agrega que “la calidad de incapacitado parcial permanente y la de expolicía les crearían dificultades para conseguir empleo en cualquier parte”.
Como consecuencia, trabajan con temor: “Cuando escucho reporte de que hay detonación de armas de fuego o un asalto en proceso, o personas que traen armas largas, lo pienso para llegar. ¿Te imaginas? Si me va bien puedo quedar lisiado y después pueden decir (que) ya no sirvo y correrme. Lo peor es que me maten. La verdad es que muchos compañeros, cuando oyen un reporte así, mejor van despacito”.
Abusos laborales
El grupo de policías inconformes expone ante este semanario que en la corporación tapatía no se les pagan las horas extras, si dañan una patrulla tienen que pagar su reparación, carecen de un área de descanso cuando están arrestados y no reciben los dos uniformes estipulados en el contrato.
El abogado puntualiza: “El horario de trabajo no es el legalmente establecido para los servidores públicos en el estado. En la tarde inician a las 18:00 horas y salen a las 7:00; son 13 horas de trabajo y el reglamento dice que quien trabaje por la noche debe hacerlo máximo siete horas. Y si por necesidades del servicio se necesita trabajar más, no deberán de exceder de tres horas ni más de tres veces por semana”.
La práctica es muy diferente. Según el testimonio de un policía, “si entramos en la tarde es a las seis y se supone que debemos salir a las siete de la mañana, pero nunca salimos a esa hora porque tenemos que esperar a que el comandante haga el relevo. Y no podemos irnos antes porque lo toman como abandono de servicio”.
En caso de que el comandante ordene que el policía no se retire aunque haya cumplido su horario, lo mejor es obedecer. “Si no te quedas, te hacen una boleta de arresto, y si no la firmas te hacen una segunda por negarte a firmar la primera. Y si te niegas a firmar la segunda te abren un procedimiento administrativo y te corren”.
No es todo. Dicen que los hacen trabajar “horas imaginarias” que se cubren obligatoriamente después de terminar sus 13 horas de labores. “Por ejemplo, en los Juegos Panamericanos trabajaron con horarios de 24 por 48 horas y trabajaron 12 horas extras el día de su descanso. De igual forma, en diciembre los elementos trabajaron con horarios de 12 por 24 horas, y el día de descanso se les obligó a trabajar ocho horas extras sin pago”, enfatiza el abogado.
Algunas veces los envían a cubrir hasta cuatro horas más “con ropa de civil, cuidando bancos y como escoltas de funcionarios. Incluso se les obliga a acudir a servicios extraordinarios como partidos de futbol y funciones de lucha libre”.
No se trata sólo de contingencias. “Los acuartelamientos del 12 de octubre, 16 de septiembre y demás fechas conmemorativas se fijan indiscriminadamente y sin soporte legal. Al salir de servicio no se les permite retirarse a su casa, y si es el día de descanso del elemento se le obliga a ir sin goce de sueldo. Si no va, se le arresta 36 horas”, refiere el abogado. Es decir, “los arrestan, no les pagan y aparte los hacen trabajar”.
Al respecto dice un inconforme: “En tu día de franquicia te obligan a hacer ejercicio; si les dices que ya cumpliste tu horario, se molestan y al rato pagas las consecuencias. Te buscan cualquier detalle para arrestarte; por ejemplo, si llegas dos minutos tarde a trabajar o no vienes bien boleado. A los únicos que no les aplican las reglas son los consentidos”.
Para el abogado Pérez de Lara, la Secretaría de Seguridad de Guadalajara incumple su propio reglamento, ya que al policía se le obliga a cumplirlo en el edificio de la Calzada Independencia, cuando debería hacerlo en el cuartel de la zona o grupo al que pertenece. Lo peor es que el lugar donde quedan arrestados no es digno:
“Cuando detienen a un ciudadano tiene el derecho a hacer una llamada o a pagar una fianza, pero nosotros no –dice un policía–; estamos totalmente incomunicados y nos tienen durmiendo en el suelo, junto a los mingitorios que están en el baño del personal de cabina… Dicen que tenemos las mejores instalaciones; invirtieron casi 2 millones de pesos en cámaras y equipo de cómputo y vigilancia, pero ni siquiera tenemos un colchón en donde dormir.”
El policía que lo narra muestra un video donde se ve claramente a policías acostados en cartones junto a los baños.
Consideran injusto, asimismo, que si dañan una patrulla por atender una llamada de urgencia, los obliguen a pagar el daño y el deducible del seguro, pese a que sea un accidente en el cumplimiento del deber.
Eso le pasó a uno de ellos, a quien le hablaron de la Dirección Jurídica para exigirle el pago de los daños de la unidad y el deducible. “Si no pagas te hacen un proceso administrativo por pérdida de confianza o por rebeldía. Les decimos que aparte de que están aseguradas las patrullas, el ayuntamiento tiene una partida para ese tipo de situaciones, pero eso no les importa y te obligan a pagar”.
Ni siquiera se les ha dotado de uniforme a la mayoría de los efectivos de la corporación, y quienes ya lo recibieron se quejan de su mala calidad porque “se despintan a la primera lavada”. Ni siquiera pueden protestar por esto, ya que los mandan llamar para preguntarles su talla y les piden que firmen una hoja, “supuestamente de que estás enterado, pero en realidad ahí aceptas que te dieron el uniforme”, dice uno de los uniformados.
