Próximas a inaugurarse, las instalaciones de la Unidad Administrativa Municipal de Tlajomulco pueden causarle innumerables problemas al ayuntamiento que preside interinamente Alberto Uribe Camacho, luego de que Enrique Alfaro pidió licencia para lanzarse como candidato del PRD a la gubernatura, ya que el inmueble se construyó en un predio que permutó el ayuntamiento en 2010 con una empresa que sólo existe en papel.
El ayuntamiento de Tlajomulco es el último eslabón de una cadena de actos fraudulentos orquestados por un desarrollador de vivienda que al parecer actuó en complicidad con funcionarios municipales para que la comuna permutara el terreno en el cual se erigió la Unidad Administrativa Municipal.
Y aun cuando la inauguración del inmueble está anunciada para febrero próximo, el proyecto se tambalea a causa de procesos judiciales promovidos por particulares que arguyen tener derechos sobre esa superficie; además, está latente la posibilidad de que una autoridad judicial declare nula la permuta u ordene restituir el terreno a sus genuinos propietarios.
La magna obra de la administración de Enrique Alfaro se construyó en un terreno de tres hectáreas mal habido después de una serie de movimientos de compraventa en los que participó Soic de México, S.A. de C.V., que “sólo existe en el papel”. Asimismo, el representante legal de la empresa, Arnoldo Trinidad Barba Orozco, tiene en su haber una acusación por fraude por más de 12 millones de pesos en perjuicio de 400 familias.
Para la transacción con la empresa, el ayuntamiento tlajomulquense dio a cambio un terreno de su propiedad de 2.8 hectáreas ubicado al sur del municipio, en la confluencia de la antigua carretera a Morelia y el acceso a la cabecera municipal, por otro de 2.5 hectáreas situado cerca del centro. Además, tuvo que pagar, según avalúos que se consideran exagerados, una diferencia de 9.9 millones de pesos.
A cambio, recibió de la contraparte –la compañía Soic– 5 mil metros adicionales de terreno de “excedencias”, que incorporó al predio donde se construyó el edificio administrativo. No obstante, las 2.5 hectáreas que recibió el ayuntamiento pertenecían a Rosa Márquez Bobadilla –fallecida el 5 de marzo de 2010–, quien en febrero de 2007 había celebrado un contrato de compraventa con Barba Orozco, mediante el cual el adquiriente se comprometió a pagarle 10.5 millones de pesos en un plazo de cinco años.
Sin embargo, Arnoldo Trinidad sólo entregó 500 mil pesos, parte en especie y parte en efectivo, sostiene María de Lourdes Macías Márquez, heredera de doña Rosa Márquez.
En la transacción firmó como testigo José Víctor Lamas López, quien, con base en un poder notarial que le otorgó doña Rosa el 8 de enero de 2007, revendió el mismo predio a su socio Barba Orozco el 25 de febrero del año siguiente, por lo que doña Rosa los denunció penalmente a los dos.
En otro eslabón de esta cadena de enredosas compraventas, el 10 de junio de 2009, Barba Orozco vendió el predio a los esposos César J. González Becerra y Martha Angélica Corona. Tres meses después, el 10 de septiembre, extrañamente la pareja otorgó un poder notarial amplio a su mismo vendedor (Arnoldo Trinidad).
Más tarde los tres hipotecaron la propiedad; aunque cancelaron la hipoteca el 8 de julio de 2010, al enterarse de que el ayuntamiento compraría un terreno para erigir ahí su unidad administrativa.
De manera simultánea, el mismo 8 de julio de 2010, la administradora de Soic, Noemí Alejandra Hernández, otorgó un poder amplio a Arnoldo Trinidad, quien invariablemente aparece como pivote en toda la trama: primero como comprador, luego como vendedor y finalmente como apoderado de la misteriosa empresa con la cual el ayuntamiento de Tlajomulco hizo la permuta.
Barba Orozco está implicado en un fraude cometido por Construcciones y Edificaciones Andha, de la que también fue apoderado. La empresa esfumó, en complicidad con funcionarios, al menos 12 millones de pesos del programa federal “Esta es tu casa”, destinados a la construcción de vivienda en nueve municipios, que apoyaba la Comisión Nacional de Vivienda (Proceso Jalisco 274). En junio de 2010 la Procuraduría Federal del Consumidor presentó las denuncias civil y penal correspondientes.
Documento dudoso
La operación mediante la cual el ayuntamiento de Tlajomulco permutó su predio de tres hectáreas por otra superficie está plagada de irregularidades, aseguran los afectados, quienes promovieron incluso juicios de amparo, civiles y uno penal.
El de amparo fue solicitado el 18 de agosto pasado por Ildefonso Márquez Ortega, albacea de la sucesión de sus padres Justino Márquez Herrera y Julia Ortega Ureña. Él acudió a la justicia federal para que se ordenara la cancelación del registro de la excedencia de los 3 mil metros que, asegura, le pertenecen. Los hechos quedaron registrados en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el estado (expediente 1955/2011).
En la permuta, el ayuntamiento firmó el contrato con Noemí Alejandra Hernández, quien se ostentó como administradora general de la empresa Soic aun cuando ya no tenía ese cargo, pues había vendido sus acciones y su nombramiento había sido revocado el 30 de junio de 2010, un mes antes de la transacción. Además, de manera misteriosa la protocolización de la asamblea del cambio de dueños no se hizo sino hasta el 30 de junio de 2011, un año después.
Sin embargo, en el acta de asamblea firmada el 30 de junio de 2011, el notario 66 de Guadalajara, Alberto Rosas Benítez, dio cuenta de que la asamblea general extraordinaria de socios de Soic de México, en que hubo cambio de dueños y de administrador, se había efectuado un año antes, con Julio César Cerda Jaramillo como delegado especial.
Según la escritura 20120, expedida por el mismo Rosas Benítez, tanto Noemí Hernández Molina como Raúl de la Cruz Portillo vendieron sus acciones en Soic –45 mil y 5 mil, respectivamente– a Josué Ramírez Palau y a Carlos García Guerrero; en esa asamblea también fue revocado el nombramiento de Hernández Molina como administradora, cargo que ocupó Ramírez Palau.
Los juicios contra Barba Orozco y Lamas López los inició la antigua dueña de las 2.5 hectáreas, Rosa Márquez. Al fallecer, los continuó su hija y heredera María de Lourdes Macías Márquez, quien arguye:
“Arnoldo (Trinidad Barba) y (José Víctor) Lamas son socios; se dedican a la compra de terrenos y tienen muchos problemas en varias partes con otras tierras. Ellos suelen envolver a la gente, como a mi mamá, que murió el 5 de marzo de 2010 de un derrame… Ella supo que abusaron de su confianza y por eso empezó los juicios.
“Yo sólo pido que me devuelvan lo que es mío; también quiero que todos se enteren de la forma en que operan estos defraudadores de terrenos. Ellos nos lavaron el cerebro y son socios. Les dimos el poder porque nos daban cheques y abonos, pero nunca nos pagaron lo que quedaron.”
Según la escritura que elaboró Lamas López a favor de Barba Orozco, fechada el 25 de febrero de 2008 y firmada por Juan Carlos Vázquez, notario 87 de Guadalajara, el monto de la transacción fue por 4 millones 125 mil pesos “que el vendedor declara haber recibido a su entera satisfacción”.
El 15 de diciembre de 2009, meses antes de su muerte, doña Rosa tramitó un juicio sumario (expediente 1853/09) ante el Juzgado Noveno Civil contra Víctor Lamas para que rindiera cuentas como apoderado –atribución que ella le otorgó el 8 de enero de 2007 sobre el predio de 2.5 hectáreas– y exigió que se le obligara a entregarle los documentos y el dinero recibido. El juicio, que hoy sigue su heredera, está en desahogo de pruebas.
Asimismo, doña Rosa presentó una denuncia penal en la agencia ministerial de Tlajomulco contra Barba Orozco y Lamas López, así como contra quienes resulten responsables por fraude.
Otro juicio civil se tramitó el 4 de febrero de 2009 en el Juzgado Mixto del mismo municipio (expediente 451/2009). En éste, doña Rosa demandó a Barba Orozco la rescisión del contrato celebrado con él por incumplimiento; también solicitó la cancelación de la inscripción de la escritura, la restitución, devolución y entrega de la posesión física y jurídica del predio y el pago de 3 millones 150 mil pesos por daños y perjuicios.
Las inconsistencias
En octubre de 2011 desapareció el expediente 451/2009, por lo que Lourdes Macías fue al juzgado a pedir su reposición. Su abogado, Leobardo Magaña Cuéllar, quien también defiende a Ildefonso Márquez, sostiene que el personaje central del fraude es Arnoldo Trinidad Barba en contubernio con funcionarios municipales.
El litigante asegura que el ayuntamiento “compró problemas” y puso en riesgo el patrimonio de los tlajomulquenses al desincorporar un predio que les pertenecía y dice que duda de “la ingenuidad o inocencia” de quienes participaron en la operación.
¿Quién cometió el fraude?, le pregunta la reportera a Magaña Cuéllar.
“En el ayuntamiento nada más hay dos personas que hacen negocios: Enrique Alfaro Ramírez (quien recientemente pidió licencia) y Quirino Velázquez Buenrostro, coordinador de administración. Ellos dos son los que manejan políticamente todo y están enterados completamente de todo.
“(La repercusión) es la inexistencia del contrato porque hay carencia de voluntad sobre quién debe firmar y, en este caso, representar a la empresa (Soic). El problema es que construyeron sobre tierra ajena, y los funcionarios involucrados no tuvieron el cuidado de analizar los antecedentes de la propiedad; si los tuvieron y lo hicieron con conocimiento de causa, es peor”, responde el abogado.
Dice que entre las irregularidades más graves están que haya firmado la permuta “quien no podía hacerlo y que el señor Arnoldo (Trinidad Barba) no deja el asunto en ningún momento”.
Cuando los regidores redactaron la iniciativa para aprobar la adquisición del terreno, que en ese momento estaba hipotecado, tampoco analizaron los papeles; luego, cuando se escrituró, compareció una empresa con la que no había instrucción de permutar, asevera Magaña.
El acta de cabildo en que se aprobó la permuta señala que ésta debe hacerse con los esposos González Becerra. Y precisa que para que el contrato tenga sustento debe hacerse con quien se ordena, “pero el ayuntamiento no se apegó al documento, lo que es otra causal de nulidad”, indica el abogado
La permuta fue protocolizada por el notario 20 de Guadalajara, Adalberto Ortega Solís, en cumplimiento del acuerdo de cabildo del 7 de mayo de 2010 en que se aprobó la adquisición de las 2.5 hectáreas a cambio de varios terrenos municipales y una suma adicional acordada por las partes.
En la escritura 40148 del contrato de permuta, el notario hace constar que “los comparecientes declaran que (…) César Jesús González Becerra y Martha Angélica Corona Benavides eran propietarios del inmueble que se permuta a favor del ayuntamiento cuando ésta fue aprobada, y estos transmitieron dicho inmueble a la sociedad denominada Soic de México, la presente permuta se hace entre la sociedad, actual propietaria del inmueble, y el ayuntamiento de Tlajomulco…”.
Magaña sostiene que el mecanismo empleado para pasar el terreno de unas manos a otras, sin que dejara de tener injerencia Arnoldo Trinidad, pone en evidencia la maquinación del fraude y tiene especial relevancia que éste haya vendido a los esposos González Becerra, según la escritura protocolizada por Miguel Arturo Ramírez Díaz, notario de San Gabriel (escritura 413).
No obstante, de manera conjunta con el matrimonio, él hipotecó el terreno tres meses después y tramitó la cancelación cuando el ayuntamiento ya cocinaba la compra. Finalmente, el 30 de julio de 2010, la pareja, representada por el propio Arnoldo Trinidad, vendió el terreno a Soic en 4.4 millones de pesos.
El documento relativo a la permuta firmado con la empresa Soic lo firmaron, por el ayuntamiento, Enrique Alfaro, en su calidad de alcalde; el secretario general Ismael del Toro Castro; el síndico Alberto Uribe Camacho, y el tesorero Juan Partida Morales, según la escritura 40148, tomo 183 cuya copia obtuvo este semanario.
En diciembre pasado Enrique Alfaro pidió licencia para buscar la candidatura a gobernador, por lo que Uribe asumió como presidente interino en una apresurada sesión extraordinaria celebrada el día 31, en la que obtuvo nueve votos contra siete y una ausencia.
