Señor director:
Como vasco residente en México, me gustaría hacer unos comentarios acerca del artículo sobre el final de ETA publicado en Proceso 1836. Creo que el artículo es parcial y no refleja la realidad de lo sucedido en el País Vasco durante los últimos 50 años. A mi juicio, sólo se reflejan opiniones de personas amenazadas por ETA (opiniones absolutamente respetables), y no las de nacionalistas vascos (opción mayoritaria en el País Vasco) ni de víctimas de la violencia ejercida por el Estado español o por grupos españolistas.
El problema es muy complejo y tiene muchos detalles, pero quisiera centrarme en dos aspectos de importancia. El primero es la existencia misma del conflicto vasco, y el segundo la existencia de otros grupos terroristas.
Según la opinión de un encuestado en el artículo, en el País Vasco no existe conflicto político (como decía anteriormente, respeto su opinión aunque no la comparto). El País Vasco vive desde hace decenios en un conflicto político permanente, y la principal prueba de ello es la continua demanda de mayor autonomía por parte de los partidos políticos nacionalistas vascos (PNV y Bildu-Amaiur), así como el continuo rechazo de dichas demandas por los partidos españolistas que han gobernado en España (PSOE y PP).
Otra prueba de ello es la declaración de ilegalidad de la consulta solicitada en 2008 por el anterior Lehendakari (presidente del Gobierno Vasco). En dicha consulta se pedía la opinión de los ciudadanos vascos para obtener un nuevo estatus de mayor autonomía con respecto a España. Fue convocada por el Lehendakari Juan José Ibarretxe, aprobada por el Parlamento Vasco (es decir, recibió apoyo de los principales organismos democráticos del País Vasco) y declarada ilegal por el Tribunal Constitucional.
El segundo aspecto es el referente a la culpabilidad y el perdón. Al leer el artículo pareciera que ETA ha sido la única generadora de violencia en el País Vasco. Al respecto hay que recordar que hubo otros grupos terroristas (Batallón Vasco-Español, Guerrilleros de Cristo Rey, GAL) que también ocasionaron muertes, y todos ellos estaban relacionados con organismos de seguridad del Estado Español.
Es de especial trascendencia el caso de los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación). Rafael Vera, secretario de Estado para la Seguridad, fue condenado por su colaboración con los GAL a 10 años de cárcel y 12 de inhabilitación. Apenas cinco meses después, fue parcialmente indultado por el gobierno del PP (Partido Popular), y su pena reducida a tres años. José Barrionuevo, ministro del Interior (equivalente al secretario de Gobernación), fue también condenado a 10 años de cárcel y 12 de inhabilitación. Gracias a un indulto parcial otorgado por el Gobierno del PP, sólo pasó tres meses en prisión. Es decir, el PP, que indultó a los principales encausados de los GAL, se niega, no ya a indultar a los presos de ETA (hecho que generaría gran oposición social), sino a concederles beneficios penitenciarios como recluirlos en cárceles cercanas al País Vasco. La diferencia de trato es más que obvia.
Espero que esta carta sirva para aportar otro punto de vista acerca del final de ETA.
Atentamente
Jose Maria Matias Maruri
