A un año de que la iniciativa presidencial sobre Derechos y Cultura Indígenas se mantiene congelada en el Congreso de la Unión, Emilio Rabasa Gamboa, coordinador para el Diálogo y la Negociación en Chiapas, asegura que existe una expectativa realista de lograr la reforma constitucional antes de que finalice el sexenio.
Pero aclara que el proyecto de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) jamás será aceptado por el gobierno porque es contrario a la Constitución, se aparta de los Acuerdos de San Andrés y, de prosperar, establecería condiciones desestabilizadoras para el país.
Dice también que al gobierno en nada le preocupa la próxima consulta sobre el tema a que convocó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), pues considera que a final de cuentas la sociedad va a apreciar que se trata “sólo de una burla más”.
La entrevista se realizó el viernes 12, horas antes de que los 5 mil delegados zapatistas comenzaran a dispersarse por todos los municipios del país.
Dice Rabasa: “¿De qué manera el EZ manda obedeciendo si no cumplió con lo que la población dispuso en la consulta de septiembre de 1995, respecto a que debería abandonar las armas y convertirse en una agrupación política?”.
Rechaza que la consulta que se realizará el próximo domingo vaya a dañar la imagen de México en el extranjero. “Por el contrario, la fortalece, porque acredita ante el mundo que no obstante ser una consulta organizada por un grupo armado, es una muestra de la libertad que se respira en este país y eso será en beneficio”.
También rebate lo dicho a Proceso (número 1166) por el senador del PRI, Pablo Salazar Mendiguchía, exintegrante de la Cocopa, en el sentido de que el gobierno traicionó los Acuerdos de San Andrés al incumplir su compromiso de reconocer el derecho a la autonomía de los pueblos indios.
“Estimo que el senador se queda exclusivamente anclado en el pasado y no entra al fondo del problema. No le voy a rebatir hechos en los cuales no participé o no me consta, pero definitivamente no estoy de acuerdo en cuanto a que el proyecto de la Cocopa sí fue aceptado por el gobierno. Desde un principio se formularon observaciones. Sin embargo, el punto de fondo no es tanto lo que sucedió sino lo que contiene el documento mismo.”
Y reitera los argumentos que siempre ha expuesto el gobierno para no aceptar el proyecto de ley elaborado por la Cocopa: que subordina al municipio al reconocimiento de los pueblos indígenas, estableciendo una figura que no está en el artículo 115 constitucional.
Agrega que en los Acuerdos de San Andrés “lo que se estableció era que aquellos municipios con población mayoritariamente indígena tendrían la facultad de asociarse, que es algo muy diferente”.
Además, en ese proyecto se establece que la única forma de tenencia será la colectiva, para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales donde habitan las comunidades indígenas, pero “eso no se dice en los documentos de San Andrés; reconocen la forma colectiva, pero no exclusivamente, ya que se aceptan la propiedad privada, ejidal y comunal, establecidas por el 27 de la Constitución”.
A su juicio, lo que sucedió es que hubo una “interpretación equivocada de la Cocopa” y que se separó de los Acuerdos, aunque advierte que esto se da sólo en una tercera parte de su proyecto, ya que el resto está incorporado en la iniciativa presidencial, que este 15 de marzo cumple un año de haber sido enviada a la Cámara de Senadores.
Por lo tanto, acepta que si la Cocopa reconsidera podría aligerarse el conflicto, pues “nosotros nunca hemos negado la validez de los mismos, es una flagrante mentira decir que el gobierno no cumplió con lo de San Andrés”.
Y agrega: “Ahora compete al Congreso de la Unión, en función de las iniciativas que tiene –la presidencial, una del Partido Acción Nacional (PAN) y otra del Partido del Trabajo (PT) – y si se le presenta algunas otras, decidir finalmente cuál es la interpretación adecuada de los Acuerdos de San Andrés al emitir el dictamen sobre la reforma indígena”.
Además considera que el gobierno ha buscado mejorar la situación de los indígenas y explica que el avance del gasto social en Chiapas se dará a conocer la próxima semana.
–¿No es para contrarrestar la consulta nacional indígena?
–No, y desde luego rechazo también que ese dinero –110 millones de pesos– haya sido utilizado para la configuración de los llamados grupos paramilitares, como asegura el PRD.
“Además, a nosotros no nos preocupa para nada la consulta zapatista. Tan es así que el gobierno no la va a impedir, pese a las solicitudes de algunos sectores en el sentido de que no debía permitirse, en virtud de que la propia ley para el diálogo solamente prevé el libre tránsito en términos de la existencia del diálogo.”
La única condición, advierte, es que los 5 mil delegados del EZLN respeten las leyes, no porten armas ni inviten a extranjeros. “Fuera de eso, lo que sí preocuparía es que el evento pudiera ser utilizado por algunos grupos o personas para crear algún tipo de problemas muy focalizados. Cualquier acción desestabilizadora, ya sea por parte de los representantes zapatistas o de otro grupo en contra de los primeros, se enfrentará con la aplicación irrestricta de la ley”.
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