Inconforme con la destitución de Víctor García Lizama y la aprobación de la nueva ley que regula sus actividades en la capital, la Asociación Mexicana de Instituciones de Asistencia Privada (AMIAP), apoyada en el principal organismo del sector, el Nacional Monte de Piedad (NMP), desafía al gobierno del Distrito Federal con la promoción masiva de amparos y el desconocimiento de la actual directiva de la Junta de Asistencia Privada (JAP).
Además, cerca de 150 instituciones suspendieron sus aportaciones obligatorias a la JAP, y protestaron porque consideran que se les impuso al nuevo presidente del organismo, Alejandro Ainslie de Font Rèaulx.
Con el respaldo financiero de la institución fundada en 1775 por Pedro Romero de Terreros, Conde de Regla, la AMIAP se ha constituido, de hecho, en un órgano paralelo a la JAP. José Ignacio Avalos, presidente del Consejo Directivo de la Asociación, informa que de las 450 instituciones reconocidas por la JAP, 286 se han asociado también al organismo que nació en abril de 1998, con una aportación inicial de 2 millones de pesos del NMP.
A dos meses de haberse iniciado el problema, después de que el jefe de Gobierno del DF, Cuauhtémoc Cárdenas, pidió la renuncia a García Lizama como presidente de la JAP –cargo que ostentaba desde 1991–, se empiezan a sentir las consecuencias:
El 11 de febrero, el director jurídico de la JAP, Fausto Enrique Vallado Miguel, dirigió una carta al patrono presidente del NMP, Alan de la Torre Lobera, cuyas contribuciones representan 27% del presupuesto total autorizado a la Junta, que este año fue de 35 millones de pesos:
“En virtud de que no hemos recibido de los meses de diciembre de 1998 y enero de 1999 las cuotas de seis al millar, destinadas a cubrir los gastos de operación de la Junta, me permito solicitar tenga a bien ese H. Patronato llevar a cabo dichos depósitos, más los intereses sobre saldos insolutos.”
Como no se obtuvo respuesta a la petición anterior, el presidente de la JAP, Alejandro Ainslie, envió el 18 de febrero un oficio a la mayor parte de las instituciones de asistencia, en el que informa sobre la “franca rebeldía” del NMP al no pagar sus cuotas, pese a que a finales de diciembre de 1998 contaba con inversiones financieras (Cetes, bonos y pagarés) por 2 mil 244 millones, que le dejan rendimientos mensuales de entre 150 millones y 200 millones de pesos.
En el oficio PJPA/07/99, Ainslie recuerda que el Monte durante dos meses no ha pagado sus cuotas y advierte: “Independientemente de que nos reservamos el derecho de actuar conforme a la ley, instamos al Patronato del Nacional Monte de Piedad a no castigar a la población necesitada y a entregar los donativos, en cumplimiento del artículo 7, inciso A, de sus estatutos, que no son más que una pequeña parte de sus cuantiosos remanentes”.
Dicho artículo señala que los remanentes que resulten en cada ejercicio se deberán emplear, entre otras cosas, para el sostenimiento, fomento y ampliación de los servicios asistenciales.
En la anterior y en la nueva legislación se establece, además, que las instituciones asociadas entregarán a la JAP una cuota mensual de seis al millar de sus ingresos brutos, destinada a cubrir sus gastos de operación. Quien no lo haga deberá pagar intereses, cuyo porcentaje se calculará sobre los rendimientos que por mes paguen los bancos en los depósitos a 90 días, según señala el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada (LIAP).
En entrevista con los reporteros, Ainslie informa que la suspensión de pagos del NMP y de las instituciones que lo secundan, tiene la contabilidad de la JAP en “números rojos”. Cuenta que para completar el gasto correspondiente a enero tuvo que recurrir a las inversiones a plazo fijo que se tienen en varios bancos.
El 4 de febrero, el juez primero de Distrito en Materia Administrativa, Manuel de Jesús Rosales Suárez, negó la suspensión provisional del amparo interpuesto por el NMP contra la LIAP (54/99), pero el Primer Tribunal Colegiado revocó el fallo y otorgó la suspensión, pero sólo para el pago de cuotas y contra la sustracción del expediente del Monte –actualmente en revisión– por la JAP.
De la Torre sostiene que la suspensión lo ampara contra la LIAP en todos sus términos. El director jurídico de la JAP, Fausto Enrique Vallado Miguel, aclara:
“Es importante dejar en claro que fuera de esos dos casos, no se ha otorgado suspensión alguna respecto de la aplicación de otras partes de la ley, por lo que el NMP tendrá que sujetarse a su imperio.”
Por ello Ainslie subraya que el NMP está obligado a acatar el resto de sus obligaciones consagradas en la LIAP
Sin embargo, el 25 de febrero, al celebrarse el 224 aniversario del NMP, De la Torre repartió, sin autorización de la JAP, 31 millones 500 mil pesos en donativos a 350 instituciones, en contravención del artículo 66 de la LIAP.
De la Torre sostiene que la entrega fue legal. Ese mismo día manifestó que Ainslie le reclamó porque no se le pidió autorización para entregar los donativos, y explicó que esa autorización era innecesaria, y que, además, “el Monte de Piedad no estaba obligado a pedirla, ni la hubiera pedido, pues en virtud del juicio de amparo promovido no se tiene que acatar la nueva ley ni se tiene que acudir a autoridades inconstitucionales, ilegales e ilegítimas”.
Recordó que el Monte no siempre ha sido institución de asistencia privada, por lo que “puede seguir operando, en estricto apego a sus estatutos, a la voluntad de su fundador y a las leyes fiscales, civiles o de otra índole, siempre y cuando éstas sean constitucionales y aplicables”.
El artículo primero de los estatutos del NMP señala que “es una institución de asistencia privada, con personalidad jurídica propia, que se rige por las leyes de la materia y los estatutos propios”, y el décimo tercero que, con excepción del lugar reservado al descendiente del fundador, la JAP designará al resto de los integrantes del Patronato.
Según el decimosexto, los patronos designados dejarán el cargo por defunción, renuncia, retiro, haber cumplido 70 años de edad o por remoción (incapacidad física o mental y ausencia injustificada por más de dos meses).
Como entidad altruista, el NMP goza de exenciones fiscales de los gobiernos federal y local.
Amparos y maniobras
Asesoradas por De la Torre y por José Ignacio Avalos, más de un centenar de agrupaciones interpusieron juicios de amparo contra la LIAP, aprobada por la mayoría perredista en la Asamblea Legislativa del DF el 14 de diciembre.
Adujeron, entonces, que en lugar de alentar la asistencia privada, propicia mayor intervencionismo gubernamental y “contiene una serie de artículos inconstitucionales o ilegales”.
Y a mediados de febrero, la AMIAP informó que de un total de 450 IAP, 154 habían interpuesto recursos de amparo para dejar sin efecto la ley; a la fecha, 60 obtuvieron ya la suspensión definitiva, 43 la provisional y a 27 se les negó la definitiva, pero está pendiente el recurso de revisión; 16 más no consiguieron la provisional.
Según De la Torre, los despachos de Ramón Sánchez Medal y de Francisco Manzanero (socio del diputado panista Fauzi Hamdan) se encargaron de promover los amparos. El despacho de Hamdan es el mismo que logró la protección de la justicia en favor de Araceli Pitman, para evitar que fuera removida de la Contaduría Mayor de Hacienda de la ALDF, como pretendía el grupo parlamentario del PRD.
La directora de Asociados de la AMIAP, Marta Abraham, recomendó a las instituciones afiliadas que “no acaten la LIAP 98, en ninguna de sus partes”, las alertó en el sentido de que “no pueden ser objeto de ningún acto de autoridad” y recomendó que “se abstengan de hacer promociones ante la JAP, a menos que resulten absolutamente indispensables, casos en los cuales deberán hacerlas ad cautelam, manifestando que con la promoción no se está consintiendo la ley impugnada”.
Sugirió reservar el equivalente a la cuota del seis al millar, “manteniendo su importe invertido en seguros, cuyo rendimiento sea igual o superior al que paguen las instituciones de crédito en los depósitos a 90 días”, pues con base en la nueva o vieja legislación, según el sentido en que la autoridad judicial resuelva la demanda de amparo, las instituciones deberán cubrir sus aportaciones obligatorias y los recargos correspondientes.
Conspiración de la derecha
Expatrono presidente y vocal del NMP, Ainslie replica:
“La nueva ley no interviene en la vida de las instituciones de asistencia privada, salvo en lo que se refiere a certificar que sus recursos se destinen exclusivamente a funciones filantrópicas y a supervisar que los gastos administrativos no excedan de 25%.”
Así lo hace notar incluso en el documento que envió, el 24 de febrero, al ministro instructor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo Ortiz Mayagoitia, en relación con la acción de inconstitucionalidad 1/99, promovida por diputados priístas y panistas de la ALDF contra la LIAP.
En nueve hojas tamaño oficio, expone una serie de argumentos legales que, en su opinión, dan sustento a la legislación aprobada por el grupo parlamentario del PRD.
Con un mes en el cargo y con el respaldo de la Iglesia católica –el cardenal Norberto Rivera Carrera aprobó su nombramiento y las IAP ligadas al clero se marginaron del conflicto–, Ainslie acusa:
“Esto es una conspiración, de eso no tengo la menor duda. El NMP tiene los recursos suficientes para comprar voluntades, voces y conciencias.”
Molesto por lo que considera una embestida de la “extrema derecha” contra el gobierno de la ciudad, expresa que detrás de la actitud del NMP subsisten razones de fondo: el control de los recursos que genera, producto de las 12 millones de operaciones anuales y de los préstamos prendarios que, en 1998, redituaron remanentes por casi 224 millones de dólares.
La disputa entre la administración cardenista y la mancuerna NMP-AMIAP ha repercutido, en otros sentidos, en el mundo del altruismo que, en 1997, canalizó donativos por 3 mil 200 millones de pesos en diversas actividades humanitarias.
A mediados de febrero, por ejemplo, las presidentas de la fundación “El Manantial” y de la Escuela de Entrenamiento de Perros Guía notificaron a la JAP que, de no recibir financiamiento, se verían obligadas a cerrar sus instalaciones.
Frente a esta disyuntiva, el presidente de la JAP, en nombre de Teresa Aznar Echenique y Silvia Lozada Badillo, pidió ayuda a De la Torre, según consta en el oficio PJA/09/99:
“Ambas instituciones ya recibieron en el pasado la valiosa ayuda del Nacional Monte de Piedad. Sin embargo, requieren de más apoyo y como el NMP tiene suficientes remanentes, te agradeceré que des (sic) instrucciones para que se estudie a estas dos instituciones y, si cumplen con todos los requisitos, se atienda su petición con la mayor rapidez, ya que de lo contrario tendrán que cerrar sus puertas.
“Hablándote con toda sinceridad, ojalá y se logre que el patronato del NMP haga a un lado sus discrepancias y piense primero en beneficiar a los pobres de este país…”
El día del aniversario del NMP, De la Torre entregó 90 mil pesos a la Escuela de Entrenamiento, pero explicó que lo hacía no porque lo hubiera solicitado la JAP, sino porque figuraba en su calendario de donativos de este año.
Con días de diferencia, además, la Fundación Mexicana de Lucha contra la Corrupción dio a conocer su decisión de cerrar sus puertas en el Distrito Federal y mudarse a otro punto del país, “debido a que la Junta de Asistencia Privada, que antes era una institución de gran respeto y honorabilidad, en fecha reciente se ha convertido en un coto de intereses políticos y económicos, máxime ante la imposición del nuevo presidente de la Junta, Alejandro Ainslie”.
Al frente de la fundación se encuentra Víctor González Torres, hermano del rector de la Universidad Iberoamericana y de la agrupación católica Cáritas México, Enrique, y cuyos familiares tienen presencia en por lo menos 27 agrupaciones altruistas.
El lunes 8 de marzo, Gabriel Flores Hernández, de la Fundación “Un Granito de Arena”, envió una carta a De la Torre, en la que manifiesta su sorpresa porque la institución no fue incluida en la lista de asociaciones favorecidas con donativos el 25 de febrero:
“No queremos siquiera suponer que tal decisión se deba a la libre determinación que tomó nuestro patronato de no solicitar el amparo constitucional contra la nueva Ley…”
Días antes, en sesión ordinaria, el Consejo de la JAP había designado a Rubén Aguilar Valenzuela como patrono vocal del NMP, con fundamento en la LIAP. De la Torre desconoció el nombramiento “por no tener validez legal”.
Desde que Ainslie llegó a la JAP, los consejeros privados dejaron de asistir a las juntas y se ampararon para no ser removidos de sus puestos. La Junta tiene 10 consejeros, cinco de los cuales pertenecen al sector oficial y el resto al privado.
El martes 9, Cuauhtémoc Cárdenas recibió un amplio informe de la situación que prevalece en el sector, y tanto el titular de la JAP como la secretaria de Desarrollo Social, Clara Jusidman, acusaron a De la Torre y a García Lizama de ser los promotores de la rebelión de las IAP.
Cárdenas pidió serenidad a sus colaboradores hasta en tanto la Corte resuelva la constitucionalidad o no de la LIAP.
