Cualquiera puede comprobar en el sitio de internet de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) que al menos siete expresidentes de la FEG están incrustados en la nómina estatal, sobre todo desde que Raúl Padilla les retiró el subsidio de la UdeG.
Mayo Ramírez, Israel Olague, Oliverio Ramos Ramos, Horacio García Pérez, Jaime Navarro, Israel Mariscal Quesada y David Castorena tienen plazas como maestros de secundaria, prefectos, trabajadores administrativos y hasta un subdirector de educación secundaria.
Mayo Ramírez Gutiérrez, hijo de Álvaro Ramírez Ladewig, es regidor del Partido del Trabajo en Tonalá. Consultado por este semanario, rechaza que haya irregularidad alguna en la asignación de sus plazas en la SEJ, ya que el desarrollo académico de los exdirigentes respalda su calidad de maestros o funcionarios. También rechaza ser considerado líder moral de la FEG.
Sostiene que la FEG vela por los intereses del estudiantado y que el múltiple crimen descubierto el 14 de diciembre es un hecho fortuito, ajeno al trabajo desarrollado por la organización, pero que sus enemigos aprovechan para denostarla.
Después de pronunciarse por el esclarecimiento de los asesinatos y el castigo a los responsables, Ramírez Gutiérrez considera factible que sean llamados a declarar dirigentes de la FEG como David Castorena e Israel Mariscal, que la encabezaron recientemente.
Este semanario confirmó que Ramírez Gutiérrez ostenta una plaza como maestro, con sueldo de cerca de 800 pesos mensuales, y aunque es señalado como “aviador” de Educación Jalisco por empleados de la Secundaria 61, ubicada en Zapopan, él lo niega. Añade que presentó licencia en otra plaza de maestro para trabajar como regidor.
Sobre la intención de la UdeG de quedarse con el edificio de Carlos Pereyra 100, adelanta que cualquier intento por despojar a la FEG del inmueble terminará en los tribunales, ya que según él ese inmueble fue construido con recursos de la organización. Contrario a esta versión, el rector del Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas de esa casa de estudios y también expresidente de la FEG, Tonatiuh Bravo Padilla, aseguró hace dos semanas que la UdeG destinó fuertes sumas de dinero a esa construcción.
Otro exlíder fegista que tiene plaza en la SEJ es Horacio García Pérez, profesor de adiestramiento en educación secundaria. Él reapareció en la escena pública en septiembre de 2008, cuando el Grupo UdeG, que encabeza Raúl Padilla, pugnaba por destituir al sublevado Carlos Briseño de la rectoría.
En ese entonces García Pérez señaló al recto interino Marco Antonio Cortés Guardado como incondicional de Padilla:
“Siendo presidente de la FEG Raúl Padilla y yo el candidato oficial para sustituirlo, hubo elecciones en la Facultad de Filosofía. Competía por la FEG Roberto Castelán y por el Partido de los Comunistas, Marco Cortés”. Cortés ganó los comicios, pero Padilla llamó a los contendientes a una reunión y los persuadió de que convenía más reconocer el triunfo de Castelán. “Marco Cortés cedió ante Raúl Padilla. Así comenzó su relación. Yo estuve en esa reunión y lo puedo sostener delante de ellos”, aseguró García Pérez.
Cortés Guardado y Castelán fueron claves para debilitar a Briseño Torres días antes de que el Consejo General Universitario, controlado por el Grupo UdeG, lo destituyera en agosto de 2008. El 19 de noviembre de 2009 Briseño se suicidó tras un vano intento de recuperar la rectoría.
En nómina de la SEJ, como subdirector de una secundaria estatal se encuentra Oliverio Ramos Ramos, otro exdirigente de la federación. A él le tocó enfrentar a Raúl Padilla cuando le retiró las canonjías a la federación estudiantil. En aquel entonces Ramos y sus seguidores tomaron por varios días las instalaciones del Paraninfo Enrique Díaz de León en un frustrado intento de “tumbar” al rector surgido de sus propias filas.
En diciembre de 2011, tras el descubrimiento de cinco cadáveres enterrados en el edificio de la FEG –cuatro estudiantes de la Preparatoria 8 y un padre de familia– el gobierno de Jalisco no respondió a los señalamientos de la UdeG sobre la presunta protección a grupos “porriles” enquistados en la FEG.
El martes pasado, el gobernador Emilio González aseveró que el edificio no será entregado a la UdeG, sino que su administración y el ayuntamiento de Guadalajara decidirán su destino.
