México ha vivido muchas tragedias. Tendrá aún que vivir otras que aún no han empezado. Pero hay una que desde hace más de cuatro años nos lastima profundamente: la guerra en Chiapas. Mucha tinta, sangre y represión han corrido desde entonces, y los logros (el levantamiento zapatista del 1º de enero de 1994 y sus justas demandas han sido un bastión fundamental para el triunfo del pueblo en las elecciones del 6 de julio) han ido a la par de las desgracias: la militarización de Chiapas, la tolerancia por parte del gobierno de brigadas blancas, los asesinatos, los encarcelados, los desaparecidos, la traición al cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, firmados y avalados por todos los mexicanos, la ruptura del diálogo y la demagogia gubernamental, que se hacen evidentes ante el estado de convulsión, de represión y de intolerancia que existe no sólo en Chiapas, sino en zonas con una alta densidad indígena, como Guerrero, Oaxaca, Puebla… Esta realidad no sólo nos lastima, sino que se vuelve día con día más intolerable y kafkiana ¿Por qué, a pesar del reclamo nacional, de la apoteótica marcha de los 1,111 indígenas a la Ciudad de México durante el mes de la Patria, es decir, durante la celebración de nuestra independencia nacional, no se logra reanudar el diálogo, acabar con la militarización y cumplir con los acuerdos de San Andrés? Creo que el punto fundamental de esta intransigencia gubernamental es el concepto de Estado que el gobierno y el EZLN manejan.
Pese a las reiteradas afirmaciones del EZLN, no sólo sus discursos, sino en sus símbolos, de su condición nacional: “nunca más un México sin nosotros”, el gobierno y algunos partidos, como el PAN, ha pretendido tratarlos como desestabilizadores del Estado y de la vida republicana, al grado que su existencia se ha visto y se ha enfrentado como un problema de seguridad nacional. Hay que leer las últimas declaraciones del doctor Zedillo, del delegado gubernamental Pedro Joaquín Coldwell y del PAN para saberlo: “El gobierno de la República –dijo Zedillo durante la conmemoración de la defensa del Castillo de Chapultepec– está obligado a velar por los principios que dan forma a la nación sin ceder en los de la soberanía y unidad nacional, de integridad de nuestro territorio, de vigencia de las leyes e instituciones, y de garantía de que todo hombre y mujer disfrutarán de igualdad jurídica” (La Jornada, 14 de septiembre). Algo semejante dijo Coldwell: “El gobierno de Ernesto Zedillo” no pretende renegociar los acuerdos de San Andrés, sino dentro del espíritu de los mismos, “construir una reforma jurídica responsable” que preserve los principios rectores del Estado nacional y establezca una autonomía de los grupos étnicos, pero en armonía con el orden constitucional (La Jornada, 14 de septiembre). El PAN también dijo lo suyo en este sentido: “El (PAN) considera que no es sobre la base de crear autonomías indígenas superiores a los municipios y a los estados, incluso, como puede resolverse el conflicto. Eso va en contra del orden constitucional y el respeto a otras entidades de gobierno y de organización política” (Reforma, 12 de septiembre).
El EZLN y el pueblo de México no pretenden, en el orden del discurso, nada diferente. El problema es que el gobierno y el PAN leen la autonomía indígena, primero, como desgajamiento del Estado nacional (cuando en realidad la autonomía significa pluralidad, libertad bajo la protección del Estado, valores absolutamente democráticos); y, segundo, a que ellos mismos entienden el Estado (desde la perspectiva del neoliberalismo) como un sometimiento de la nación a las leyes del mercado global. El gobierno esgrime la Constitución y los valores republicanos para someter al pueblo de México al control totalitario de la economía neoliberal y excluir, mediante la marginación o el exterminio, a quienes no pueden ingresar en él.
Por el contrario, para el EZLN, y la mayor parte del pueblo de México, el Estado nacional debe ser fuerte hacia el exterior, es decir, capaz de limitar el embate del mercado global, de las imposiciones del FMI, del Banco Mundial y de los capitales trasnacionales, y defender la autonomía de las diversas manifestaciones culturales y económicas que hay dentro del territorio nacional. El Estado, para el EZLN, y para la mayoría del pueblo de México, debe ser un gran árbol bajo el cual, como las diversas especies de aves, la diversidad cultural y económica de México, encuentre cobijo. Cuando el EZLN mira a los indios y a las masas del pueblo ve personas, familias, comunidades y sus historias personales, económicas y culturales. Por el contrario, cuando el gobierno los mira ve variables económicas que, en nombre de la economía global y de sus prácticas, sólo pueden manejarse mediante un control totalitario.
El pensamiento político del EZLN busca la dignidad y la libertad, porque en el fondo de su defensa de las autonomías indias y de su concepción de la democracia dentro del Estado nacional se encuentran estos dos principios fundamentales; 1) el carácter cultural de las diversas formas de producción; 2) la defensa de los bienes nacionales por parte de los pueblos que se encuentran asentados en ellos.
En este sentido, algunas de las preguntas básicas que plantea el EZLN a quienes reflexionan sobre cómo vivir bien en este país son: ¿hay una unidad social fundamental? ¿Existe una organización social básica de la gente a partir de la cual el individuo actúa, y de la cual las unidades mayores están compuestas? Y si existe, ¿cuáles son sus características, su tamaño y su forma? No es difícil caer en la cuenta de que las grandes ciudades y sus producciones industriales y tecnológicas no son esa unidad; todo lo contrario, son un monstruo social que nos tritura, nos desplaza y destruye las sociedades vernáculas.
Por desgracia, el gobierno de México, de acuerdo en esto con los gobiernos de otras partes del mundo, acepta un viejo mito disfrazado ahora de atuendos modernos: la ciudad y la industrialización dura es el centro del progreso y de la cultura. El EZLN ha visto, en cambio, que ese concepto es absolutamente marginante y destructor del Estado como una pluralidad de autonomías.
Creo que para el EZLN, y ese es el punto fundamental del desacuerdo, la posibilidad de una forma agraciada de vivir en México una vida a la vez ética y estética se encarna en las comunidades rurales y en la diversidad de manifestaciones productivas blandas en las ciudades. Su visión, por lo tanto, tiene la forma de una economía contraria a la del mercado global. Ha visto, a partir de la vida de las comunidades indias, que las autonomías locales podrían ser la unidad social y económica de un México independiente y libre. El espíritu de esta unidad se define por la propia palabra autonomía. Esta no significa una independencia del Estado nacional, sino un fortalecimiento de las localidades que lo componen y lo hacen posible y, en consecuencia, un fortalecimiento de sus culturas, sus producciones y sus mercados. En una economía inspirada en este concepto, varias pequeñas industrias y comercios, todos a escala del pueblo, liberaría a los ciudadanos, que el modelo globalizador ha desplazado, del desempleo y les permitiría hacer la experiencia, bajo la protección del Estado, del dominio de sus propias vidas: el poder de escoger una buena vida, una vida pobre, no miserable, y digna, con profundas y fuertes raíces culturales.
Ese, creo, es el problema fundamental del desacuerdo y de la falta de voluntad del gobierno por resolver el conflicto, y el reto para escapar de un modelo económico que está destrozando al fundamento de la nación: los hombres, las mujeres y los niños que la conformamos. Aceptar la autonomía indígena es aceptar un cambio fundamental y necesario de la economía global y abrirnos a un modelo de vida inédito, pero ya expresado por Gandhi. ¿Seremos capaces, más allá de nuestras meras simpatías éticas por el EZLN, de entenderlo y de lograrlo? Ese es el reto que tiene la nación frente a un gobierno ciego y obstinado, y frente a los poderes destructores de la globalización y del sueño del desarrollo.
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