¿Diálogo de paz?

Cuando se efectuaron las primeras pláticas entre el EZLN y el gobierno federal fue común escuchar en los medios oficiales que el proceso que en México había tomado días en otros países latinoamericanos había tomado años. Esta afirmación sobrevaloraba algunos aspectos del naciente proceso del diálogo y olvidaba o subestimaba otros de naturaleza histórica y también política. Entre los aspectos que olvidaba uno fue esencial: la guerrilla en México no se había iniciado con el EZLN el 1º de enero de 1994, sino casi 30 años antes. Entre los aspectos que subestimaba otro fue relevante: durante esos casi 30 años las luchas guerrilleras habían sido prácticamente constantes, ininterrumpidas. El alzamiento posterior del EPR confirmó y reveló otros aspectos poco sabidos de los movimientos guerrilleros: la continuidad de combatientes, grupos y organizaciones desde 1967 y 1971 hasta el día de hoy.
En efecto, como afirmó recientemente el secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, en la ceremonia del reciente aniversario de la proclamación de la Independencia de México, “ningún hecho histórico puede verse como un acto en sí mismo”. En su discurso, dedicó algunos párrafos al proceso de diálogo con el EZLN que debieron haber estado en el mensaje presidencial del pasado 1º de septiembre. Ahora que fueron leídos, considero útil proponer algunos comentarios sucintos para no entender lo que está ocurriendo como “un acto en sí mismo”.
Por ejemplo, no fue cosa de días iniciar el proceso de diálogo. En realidad, tardamos 30 años: después de ese tiempo el gobierno reconoció la existencia de la guerrilla y se sentó a negociar con ella. Después de esos 30 años de lucha guerrillera los medios de comunicación nacionales e internacionales descubrieron la guerrilla mexicana y se propusieron conocerla. En el transcurso de esas tres décadas muchos grupos guerrilleros desaparecieron, pero otros no, y sus combatientes y organizaciones persisten hasta el día de hoy. Esto debemos destacarlo, porque la continuidad de ciertos núcleos guerrilleros a lo largo de tantos años no parece tener una contrapartida en el lado del gobierno: me temo que en la esfera oficial se interrumpió hace tiempo la continuidad de la lucha y las tareas de inteligencia antiguerrillera. Esta disparidad, aparentemente inocua, puede afectar la perspectiva oficial y convertir la falta de “memoria histórica” en una subestimación de los riesgos sociales a que se puede estar exponiendo el país por la cancelación del diálogo o por su insuficiente avance.
Pues bien, las dimensiones actuales del EZLN en territorio, población y contingentes armados favorece todavía la negociación con un frente unificado. Ya he advertido en otro momento que la desaparición de esta naturaleza y su transformación en numerosos pequeños comandos guerrilleros tornaría imposible una negociación general y única. El Ejército Mexicano demoró siete años en sofocar la insurrección de Lucio Cabañas en el estado de Guerrero, como lo he mostrado en la novela Guerra en el Paraíso; controlar a un EZLN ya atomizado en comandos, exigiría, en las condiciones actuales, más tiempo (sin tomar en cuenta, claro, al EPR). Sería una equivocación del gobierno mexicano provocar una conversión así. Y también de inteligencia militar.
El interlocutor del gobierno mexicano en este “diálogo” fue el primer movimiento guerrillero en el México moderno que conquistó desde el primer día un espacio permanente en los medios de comunicación. Marcó también una importante diferencia en la historia de los movimientos guerrilleros por su capacidad de convocatoria política en varios sectores sociales: caravanas estudiantiles, Convención Nacional Democrática, Consulta Nacional, foros especiales para los pueblos indígenas y para la reforma del Estado, reuniones internacionales como el Foro Continental Americano y el Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo, la reciente marcha zapatista al Distrito Federal y la formación del FZLN. Nada de esto ha representado la cancelación de su resistencia armada, aunque sí ha reiterado su capacidad de convocatoria social y su imaginación política.
Pero el gobierno federal no ha mostrado experiencia en este tipo de “diálogo”. Le ha afectado su análisis reduccionista de los alzamientos armados, su desconocimiento y subestimación del mundo indígena y su resistencia a reconocer la gravedad de las condiciones sociales que privan en las regiones donde brotan los movimientos armados. Daré un solo ejemplo de los riesgos que corre el país con esta falta de voluntad política en el diálogo.
La Encuesta Nacional de Alimentación y Nutrición en el Medio Rural 1996 (ENAL 1996), dada a conocer hace escasas semanas, muestra la violencia de México desde otra perspectiva: desde la miseria y desnutrición de millones de niños mexicanos que no desarrollarán a plenitud sus facultades físicas y mentales. Esta violencia se recrudece en los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Hidalgo y Veracruz, donde, paradójicamente, la ocupación militar parece el único indicador oficial de proyectos a corto y mediano plazos. Muy cercanos a la miseria de los pueblos rurales de Chiapas y Guerrero siguen los de Yucatán, San Luis Potosí, Puebla o Tlaxcala. ¿Pronto llegará también el ejército a ellos para resolver la inconformidad que generan los pobres y los desnutridos?
En las comunidades no indígenas la prevalencia de desnutrición en la población menor de cinco años es de 38.5%, en las comunidades con presencia indígena es de 45.2% y en las comunidades indígenas de 58.3%. De acuerdo con uno de los indicadores, la desnutrición afecta a 50.9% de los niños de las comunidades no indígenas, a 59.5% en las comunidades con presencia indígena y a 73.6% de los niños de las comunidades indígenas. Epidemiológicamente, el documento afirma que “la magnitud de la prevalencia de desnutrición observada en las comunidades indígenas constituye una situación de alarma que demanda su atención inmediata”.
Quizás por esto, en una declaración reciente, el secretario de Agricultura, Francisco Labastida Ochoa, fue exacto: la miseria en el campo mexicano no es un problema económico, sino de Seguridad Nacional. Ante la violencia institucionalizada del hambre y la desnutrición que revela ese documento, podemos plantear esta pregunta: ¿el Ejército Mexicano debe convertirse en la única solución oficial para los estados más violentados por la desnutrición como Guerrero, Oaxaca y Chiapas?
Creo que hay razones sociales muy poderosas para que el diálogo de paz se reanude. Sobre todo, porque no se trata solamente de “un acto en sí mismo”, sino de un proceso de evolución social más complejo y profundo. El gobierno federal necesita abrir los ojos ante realidades que no le gusta ver. Los argumentos con que se excusa de esta responsabilidad conducen a una sola idea: no hay voluntad política para resolver el proceso de diálogo en términos solamente políticos. En la próxima entrega comentaré tales argumentos.