Con motivo de la presencia de los zapatistas en la capital, los funcionarios responsables de las relaciones con el EZLN hicieron declaraciones que falsean la realidad; pretenden reconstruir los hechos hacia atrás y desfiguran la posición del EZLN para descalificarla. El secretario de Gobernación afirmó que “no se trata de regresar al pasado precolonial o colonial”, acusó al zapatismo de “imponer visiones unilaterales de México” y advirtió que “la solución al conflicto no puede ir en contra de la unidad y de la cohesión de México”. Por otra parte, el delegado gubernamental para Chiapas, licenciado Pedro Joaquín Coldwell, manifestó que sólo reiniciando el diálogo se podrá “llegar a construir una reforma jurídica responsable”, señaló que la reforma constitucional tiene que respetar “la soberanía y la integridad territorial” y calificó las posiciones del EZLN de “irreductibles”. Sin asomo de vergüenza, ambos funcionarios afirmaron, olvidando muchas cosas, que el gobierno federal ha estado “en todo momento” abierto al diálogo.
Estas palabras no corresponden a los hechos. Pasan por alto cuál fue la posición de los delegados gubernamentales que firmaron los acuerdos de San Andrés y cuál el contenido de esos documentos; pasan en silencio la promesa no cumplida de la Secretaría de Gobernación a los legisladores de la Cocopa de aceptar su iniciativa y el veto unilateral del presidente a dicho texto. De esta manera se pretende distorsionar las causas del actual impasse y recriminar endurecimiento y radicalismo al EZLN.
Conviene aducir un testimonio irrecusable acerca de la visión que tenía el gobierno federal al firmar los acuerdos de San Andrés. Pocas semanas después de la firma, el 27 de marzo de 1996, el coordinador de la delegación gubernamental en San Andrés, licenciado Marco Antonio Bernal, pronunció un discurso ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en el 52 período de sesiones de ésta. Del texto de este discurso, difundido por la misión permanente de nuestro gobierno en Ginebra, tomo las cifras de los párrafos siguientes (las cursivas son mías).
Reconoce el licenciado Bernal que “los acuerdos contienen la disposición gubernamental para la modificación estructural de las relaciones entre el Estado y las comunidades indígenas” y que –específicamente el segundo de los cuatro documentos que integran estos acuerdos– “contiene el marco en el cual se desarrollará la nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas”; concretamente en él “se reconoce el derecho a la libre determinación y a la autonomía, y se establece el ejercicio de este atributo fundamental, en el marco de las instituciones jurídicas y políticas de la nación” (p. 12). Afirma también que los acuerdos establecen “los principios que deben normar la acción del Estado en su nueva relación con los pueblos indígenas. Estos son pluralismo, sustentabilidad, integralidad, participación, libre determinación. Con base en estos principios –prosigue– se reconoce a los pueblos indígenas derechos políticos, derechos de jurisdicción, derechos sociales, derechos económicos y derechos culturales. El conjunto, la nueva relación, deberá basarse en el respeto a la diferencia, en el reconocimiento de las identidades indígenas como componentes intrínsecos de la nacionalidad mexicana y en la aceptación de sus particularidades (…) Así, los pueblos indígenas pasan a ser sujetos y no objeto de las políticas de desarrollo, y como tales se incorporan al gran esfuerzo del desarrollo nacional” (p. 12).
Fue no sólo explícito sino enfático el licenciado Bernal al destacar los siguientes compromisos de reforma legislativa (en el cuarto documento, relativo a Chiapas): “El reconocimiento del derecho fundamental de los pueblos indígenas a la libre determinación, expresada mediante la autonomía, en el marco de las instituciones estatales; (…) la definición de los contenidos fundamentales de los derechos políticos, sociales, económicos, culturales y de las garantías de justicia que corresponden a los pueblos indígenas, que hacen efectiva la igualdad jurídica ante la ley; (…) (y) el reconocimiento de las prácticas y procedimientos de solución de conflictos y su incorporación al derecho positivo del Estado, determinando competencias específicas a sus autoridades” (p. 13).
Supo muy bien el gobierno lo que firmaba e inclusive parece que quiso hacer gala de ello ante ese organismo internacional; no encontró objetable hablar repetidamente de “pueblos indígenas”, expresión que, diez meses después, vetó el presidente en el texto de la Cocopa; no dudó en mencionar sin reservar la autonomía y las prácticas indígenas tradicionales de gobierno, impartición de justicia y solución de conflictos, que ahora le parecerán al licenciado Chuayfett “precoloniales”; tampoco advirtió en lo firmado peligro alguno de balcanización o amenaza “a la unidad y cohesión de México” ni a la “soberanía e integridad territorial” que ahora alegan los funcionarios mencionados.
El licenciado Bernal terminó su discurso recordando que los acuerdos expresaban una posición consensada por ambas partes (o sea no la posición del EZLN), “pues han sido construidos a lo largo de la negociación en un proceso de aproximación de posiciones, con el ánimo de privilegiar las soluciones por encima de las diferencias”. Viendo al futuro, afirmó que el paso siguiente sería “cumplir los acuerdos que se han logrado” y reiteró que “el Estado mexicano está dispuesto a cumplir su palabra y a llevar las soluciones que las comunidades indígenas están demandando” (p. 14).
He citado el discurso del licenciado Bernal con amplitud para que sean sus propias palabras las que transmitan la visión que tenía el gobierno federal a seis semanas de haber firmado los acuerdos; cambiar los hechos ahora es prepotencia; y además no funciona.
Tampoco se puede cambiar el texto del Convenio 169 de la OIT, ratificado por México y parte ya de nuestro derecho constitucional, convenio con el que concuerdan sustancialmente los acuerdos de San Andrés (Proceso, 2 de febrero de 1997). Recuérdense los enérgicos comentarios que hizo, en mayo pasado, el director de la oficina de la OIT en América Central y Panamá, Ian Chambers: “Los acuerdos de San Andrés corresponden, tanto en su sustancia como en su forma, con lo previsto en el Convenio 169, por ser asuntos negociados, discutidos entre gobierno y pueblos indígenas. Dice el Convenio: hay que consultar; hubo consulta; hay que negociar soluciones; hubo negociación de soluciones y aparentemente incumplimiento; si el cumplimiento no se realiza porque el gobierno de México no lo considera (sic) por motivos suyos, legítimos o ilegítimos, entonces habría que explicar por qué. Si no, la presunción de derecho internacional y de derecho nacional es que, como fundamento de todo derecho, está el pacta sunt servanda; si hay acuerdo, si hay acuerdo legítimo, tiene que ser respetado”. (Magdalena Gómez, coordinadora, Derecho Indígena: Seminario Internacional sobre Derecho Indígena, 16-30 de mayo de 1997, Instituto Nacional Indigenista y Asociación Mexicana para las Naciones Unidas, A.C:, p. 463).
No es el EZLN el que ha cercado al gobierno, éste se ha cercado a sí mismo, con sus inconsistencias, doble lenguaje y tergiversación intencionadas. Si ahora la Comisión de Derechos Humanos de la ONU está atenta al cumplimiento de los compromisos de San Andrés, se debe al propio gobierno, lo mismo sucede en la OIT, organización en cuya próxima conferencia general se pedirán explicaciones a nuestro gobierno; estrepitoso será su desprestigio, a no ser que modifique radicalmente su comportamiento. Es mal principio político suponer que todos somos amnésicos.
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