En menos de una década, el robo de vehículos dejó de ser un delito secundario en las estadísticas criminales y se convirtió en la segunda actividad ilegal más rentable en México, después del narcotráfico: las bandas organizadas obtienen entre 1.5 millones y 3 millones de dólares al año, según cálculos conservadores de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
Con un campo propicio para operar a sus anchas –no se tiene un control real sobre la planta vehicular nacional, los marcos legales estatales valoran en diferente forma el delito y autoridades federales y locales están coludidas con la delincuencia en algunas regiones–, las organizaciones criminales se han perfeccionado y en la actualidad son capaces de desmantelar un auto en cuestión de minutos y de vender sus partes en deshuesaderos, de “doblar” facturas, de falsificar y obtener documentación oficial y, más aún, de sacar unidades en contenedores y venderlas en el extranjero sin ningún problema.
Ni la modernización de los equipos de rastreo policiacos ni los sofisticados sistemas antirrobo han podido frenar hasta ahora esa actividad.
Según informes internos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), en junio último tenía registradas 95,341 unidades robadas en el país durante 1997 –aseguradas y no aseguradas–, siendo la Ciudad de México la más golpeada, con 150 coches al día en promedio.
Lo más alarmante es que en 40% de estos casos, los delincuentes recurren a la violencia y la comisión del delito se ejecuta en un horario –de nueve de la mañana a seis de la tarde– en que se supone que la metrópoli tiene mayor presencia policiaca.
Hace nueve años, cuando el volumen de autos robados en el país era mucho menor que ahora, las aseguradoras reportaban por ese concepto pérdidas a nivel nacional por 700,000 millones de viejos pesos (700 millones de los actuales). A la fecha, AMIS estima que el pago de seguros a particulares asciende a 3,116 millones de pesos.
Aparte del DF, los estados de Jalisco y de México se han convertido en verdaderas fuentes de riqueza para las organizaciones criminales por el elevado número de autos robados reportados. Sólo en Jalisco, ese delito registra un crecimiento sin precedentes de 186.3% en un año.
De acuerdo con datos oficiales, en Jalisco “desaparecen” entre 70 y 80 carros diarios y sólo se recuperan de ocho a diez, mientras que en el Estado de México de 90 vehículos robados, aparecen 30 o 40 a lo mucho.
Mario Crosswell Arenas, coordinador general de Investigación de Robo de Vehículos de la PGJDF, admite, en entrevista, que por el creciente número de autos robados en el país “estamos en presencia de un negocio de carácter nacional e internacional, tan grave como el narcotráfico”.
A partir de su experiencia profesional, primero en la Procuraduría General de la República y, ahora, en la de Justicia del DF, no tiene ninguna duda tampoco de que en el comercio ilegal de vehículos en México están coludidas autoridades, policías federales, estatales y municipales; policías fiscales y de la federal de caminos; expolicías; empleados de agencias automotrices, y bandas organizadas.
“Este delito tiene mucha semejanza con el narcotráfico. Por eso, ocupa el tercer lugar a nivel mundial en cuanto a ingresos. Aquí, en México, el robo de autos es la actividad ilegal más productiva después del narcotráfico; en muchas ocasiones está asociada con otros delitos no menos redituables, como tráfico de estupefacientes, secuestros y asaltos.”
Advierte que de no darle rango federal al delito de robo de autos, de no reformar y uniformar las legislaciones estatales y de no crear el Registro Nacional de Vehículos (Renave) cuanto antes, esta actividad seguirá en ascenso.
Las “exportaciones”
Por lo pronto, el crimen organizado ya logró expandir el comercio ilegal de vehículos con la “exportación” de unidades robadas.
Crosswell informa que en 1996 las autoridades mexicanas detectaron en territorio guatemalteco 72 vehículos, en particular camionetas Suburban y Cherokee, y automóviles Volkswagen y Nissan.
El reportero se trasladó a ese país en busca de mayores datos y, pese a la cerrazón oficial que encontró en la Policía Nacional, comprobó por otras fuentes el ingreso ilegal de autos de manufactura mexicana.
En la oficina de la Interpol-Guatemala se informó que en lo que va de 1997 se han detectado 15 unidades, la mayoría de ellas marca Volkswagen.
A su vez, la agregaduría legal de la PGR en Guatemala, a cargo del exasambleísta Salvador Muñúzuri Hernández, tiene conocimiento de cuatro coches (dos Jettas y dos Golf), que se encuentran asegurados por las autoridades chapinas.
Con apenas un par de meses en el cargo, Muñúzuri confirma, en entrevista, que el tráfico de autos robados de México hacia Centroamérica es una realidad, y concuerda con Crosswell en que servidores públicos de uno y otro país están involucrados.
Recuerda que, incluso, los presidentes de México, Ernesto Zedillo, y de Guatemala, Alvaro Arzú, firmaron, en marzo último, un tratado sobre recuperación de vehículos y aeronaves robados o ingresados ilícitamente. Falta, sin embargo, que el Congreso Nacional guatemalteco lo apruebe para que entre en vigor.
Como representantes de la PGR en Guatemala y el área de Centroamérica han desfilado en lo que va del sexenio cinco funcionarios, dos de ellos con carrera policiaca, presuntamente vinculados al narcotráfico: los exdirectores de la Policía Judicial Federal (PJF), Rodolfo León Aragón y Américo Flores Nava.
El primero sustituyó en el cargo a Jaime González Carreras, quien ha ocupado dos veces el mismo puesto, en lapsos distintos. León Aragón fue acusado por la exdelegada de la PGR en Ciudad Juárez, Teresa Jardi, de pertenecer al Cártel de Juárez.
Director de la PJF en la etapa de Antonio Lozano y en cuya gestión como delegado de la PGR en Guatemala cruzaron más unidades robadas, de acuerdo con los datos disponibles, Flores Nava, a su vez, fue señalado en enero de 1996 por Eduardo Valle Espinosa, entonces “asesor” del procurador Jorge Carpizo, como integrante del Cártel del Golfo.
En declaraciones a este semanario, El Búho reveló que dentro de las investigaciones que realizó sobre esa organización descubrió que el nombre propio de Flores Nava aparecía en todos los directorios de Juan García Abrego. “Es gente de García Abrego. En todos los directorios de García Abrego aparece Américo” (Proceso 1003).
A partir de investigaciones propias, la PGR y la representación nacional de las aseguradoras descubrieron que el traslado de los vehículos robados hacia Guatemala y Centroamérica se realiza por tierra, preferentemente por Tapachula y Ciudad Hidalgo, Chiapas, y hacia Estados Unidos, por Tijuana. Y los envíos hacia Medio Oriente, por los puertos de Tampico y Veracruz.
Según datos de la PGJDF y de la PGR, los autos que más demanda tienen en el extranjero son: Mercedes Benz (de 19 robados en la capital, sólo se han recuperado cuatro, entre ellos un camión), BMW, ZX, Suburban, Jeep Cherokee, Silverado, Ram Charger, Jetta y Golf.
Para burlar la vigilancia aduanal y federal, los delincuentes emplean documentación falsificada o alterada, placas sobrepuestas y permisos falsos de importación. Cuando estos procedimientos no funcionan, recurren al soborno.
Fuera del territorio nacional, el “blanqueo” de las unidades resulta más fácil, puesto que tanto en Guatemala como en Bélice existe un mercado negro de falsificación de documentos, revela la oficina de la Interpol-Guatemala.
En tanto que el delegado de la PGR afirma que los países centroamericanos son campo fértil para el contrabando de vehículos, toda vez que está permitida la libre importación, carecen de controles reales sobre el parque automotriz y existen vacíos legales para intercambiar información y recuperar los coches robados.
En particular, Guatemala registra un aumento importante en la importación de vehículos usados, que ingresan por la frontera de El Carmen. Según la Dirección General de Aduanas de ese país, de enero a abril de este año entraron por ese punto un total de 4,231 unidades, mientras que por la frontera de Tecún Umán ingresaron 2,964. En su mayoría, precisó, se trata de automóviles de manufactura estadunidense.
Sin embargo, en los anuncios clasificados de los diarios guatemaltecos cada vez es más común ver anuncios de venta de autos fabricados en México… o simplemente circulando en las calles.
El reportero se trasladó posteriormente a Chetumal, Quintana Roo, otro de los puntos que las autoridades tienen identificado como plataforma de salida de autos robados en México. De Chetumal, se hizo el viaje en carretera hacia la frontera con Bélice. En compañía del corresponsal de Proceso en la península de Yucatán, Martín Morita, y en un auto sin placas, con copia de permiso provisional para circular casi desprendiéndose del medallón trasero, el reportero pudo cruzar, sin problemas, la aduana fronteriza de uno y otro lado.
Con sólo mostrar una copia fotostática de la factura de la unidad y escribir su número de registro en un formulario especial –un trámite que no se lleva más de dos minutos–, se logró adentrarse a territorio beliceño, en Santa Elena.
En el trayecto hacia la población más próxima, Corozal, no se advirtió la presencia de autos de manufactura mexicana. Predominan, más bien, los norteamericanos.
De regreso a Chetumal, no hubo más que documentar la salida. La policía fiscal mexicana se ocupa más en revisar pasaportes y documentos migratorios que los medios de transporte.
Las autoridades de la aduana de Chetumal, localizada en el poblado Subteniente López, se negaron a hablar sobre el tráfico de vehículos en esa región. Remitieron a los reporteros a la Ciudad de México.
En esta región sureña, ninguna autoridad da crédito a los informes policiacos procedentes de la Ciudad de México que hablan de que Chetumal es uno de los puentes de salida hacia Centroamérica de autos robados.
Miguel Siveira, comandante de la Policía Federal de Caminos, dice, en entrevista, que en lo que va del año sólo han detectado en las carreteras bajo su jurisdicción no más de seis vehículos robados, tres de ellos con placas de Yucatán, Tabasco y Chiapas.
Se le hace ver, sin embargo, que no fue difícil cruzar la frontera en un vehículo sin placas, con sólo un permiso provisional.
Sorprendido, exclama: “Dichoso. Yo la única vez que quise pasar, ¡ah!, qué enredado es”.
A su vez, el director de Tránsito de Chetumal, Luis Rivero León, dice que en lo que va del año se han detectado en esa ciudad entre 20 y 25 autos robados, la mayoría con placas de Veracruz, Tabasco y DF.
“Siento que en Quintana Roo sí hay mucho auto robado. En Cancún se ha descubierto una gran cantidad con placas sobrepuestas o con documentos falsos. Hay evidencias de irregularidades.”
El puerto turístico más importante del país es, ciertamente, un “paraíso” para el blanqueo de unidades robadas, puesto que por lo menos 15% del parque vehicular, de 40,000 autos, porta placas de diferentes regiones del país, en particular del DF.
Además, son robados 30 vehículos al día en promedio –Nissan y Volkswagen, sobre todo– y sólo se recupera 20%.
En una inspección no oficial que realizó la PGJDF a Cancún, se detectó la existencia de no menos de 150 automóviles con placas del DF o sin placas en estacionamientos y corralones de las policías de tránsito, judicial estatal, federal y de caminos.
A pesar de que existe una disposición en el reglamento de tránsito para que los propietarios de coches con placas foráneas hagan el cambio correspondiente en un plazo no mayor de 60 días, el director de Tránsito del ayuntamiento de Benito Juárez confiesa que nadie respeta esa norma, lo que dificulta el control.
Recientemente, la policía judicial descubrió tres vehículos robados en un lote de autos: Un Taurus, con placas del DF; un Volkswagen y un Topaz, con placas de Quintana Roo. La documentación había sido alterada.
Los orígenes
Crosswell Arenas deja ver la dimensión del problema cuando expone al reportero que hace unos días la coordinación general de Investigación de Robo de Vehículos de la PGJDF cruzó la información del sistema de Control de Autos Robados (Conauro) con la del sistema de placa permanente que coordina la Dirección General de Servicios al Transporte del Departamento del Distrito Federal. Y se encontró lo siguiente:
De un millón 350,000 automotores analizados, 60,000 presentaron irregularidades de diversa índole, desde números de motor remarcados o sin correspondencia con la factura original, hasta registros del propietario incompletos o sin relación alguna con el padrón vehicular.
Ante la impotencia de las autoridades estatales para abatir el robo de vehículos, la Secretaría de Gobernación, a través del Programa Nacional de Seguridad, solicitó a las entidades que registran el mayor índice de robos de vehículos (DF, Estado de México, Jalisco) informes diarios sobre las denuncias relacionadas con ese delito, con la idea de llevar un control paralelo.
En opinión del funcionario de la PGJDF, el robo de autos comenzó a despuntar en las estadísticas en 1989, a raíz de la desaparición del Registro Federal de Vehículos.
Recuerda que antes de que el entonces secretario de Hacienda, Pedro Aspe, decidiera desaparecer al organismo encargado de controlar la flota vehicular en todo el país, en la Ciudad de México eran hurtados 40 vehículos al día en promedio. En menos de un año, ese número creció casi ocho veces, al dispararse a 300.
Desde entonces, la PGJDF daba visos de la “gravedad” del problema:
“El delito de robo de vehículos es el de mayor incidencia social y efectos económicos, porque está entrelazado con el incremento de la violencia y está asociado con narcotráfico, secuestro y asaltos bancarios.
“En razón de lo anterior, es necesario tomar acciones inmediatas para la puesta en marcha de un sistema integral de combate al delito de robo de vehículos, ilícito que por su cuantía en hechos (32,000 en el DF y 65,000 en el resto de la República) y pérdida patrimonial de 700,000 millones de pesos (viejos) al año a sus propietarios o compañías aseguradoras, es prioridad para esta Procuraduría.
“En la actualidad, existen numerosos esfuerzos aislados que realizan las diferentes instituciones interesadas en este ilícito, pero estos esfuerzos han ido encaminados hacia la recuperación de vehículos dejando de lado el control, la persecución y combate al robo.”
Con el paso del tiempo, sin embargo, la situación hizo crisis y la comisión de ese delito terminó desbordándose; el Distrito Federal fue la región del país más golpeada: En 1994, fueron robados 29,242 vehículos, con un promedio de 80 al día, de los cuales sólo se recuperó 24%. En 30% de los casos, el robo fue cometido con violencia. La incidencia delictiva era, entonces, de 350 delitos de todo tipo al día en promedio.
Con un índice de 650 delitos al día, en 1995 el número de vehículos robados rompió todos los récords al crecer 97% en relación con el año anterior. Se reportaron 57,000; esto es, de cada dos delitos cometidos en la capital, uno estaba relacionado con robo de vehículo. La violencia estuvo presente en casi la mitad, mientras que la recuperación promedio fue de 35%.
Preocupado por esa situación, el entonces procurador José Antonio Fernández creó la Coordinación de Investigación de Robo de Vehículos; y desde el 13 de mayo de 1996, como resultado de diversas modificaciones a los códigos Penal y de Procedimientos Penales del Distrito Federal, el robo de autos es considerado delito grave, lo que impide que los delincuentes recuperen la libertad mediante el pago de fianza.
En 16 meses de trabajo al frente de la coordinación, Crosswell Arenas establece que si bien no se ha logrado disminuir la tendencia creciente de los robos, si se elevó el índice de recuperación.
Informa que en 1996 el robo de vehículos creció sólo en 1%, mientras que el promedio de recuperación llegó a 63%: “Recuperamos 37,500 automóviles, casi el doble de lo que se consiguió en 1995”.
En el primer semestre de 1997, la recuperación subió a 65%, pero el promedio de robos sigue sin descender.
Aberraciones jurídicas
Por la sencillez con que se pueden obtener la placas para un vehículo, y ante la ausencia de una red nacional de información, Crosswell Arenas considera que muchos de los autos robados ya fueron “activados” (limpiados) y circulan sin problemas.
Hace unos días, por ejemplo, se descubrió en Saltillo, Coahuila, que un sitio de taxis “pirata” operaba con autos robados. Las 45 unidades eran de la marca Nissan.
Sin ser propiamente una tarea de su competencia por tratarse de un delito del fuero común, la PGR recuperó, entre junio y agosto últimos, 22 autos en las carreteras que convergen a la Ciudad de México.
En los corralones de Cabeza de Juárez y Santa Marta Acatitla, la PGJDF tiene en custodia aproximadamente 1,800 vehículos. La PGR tiene 774, de los cuales 334 están relacionados con delitos contra la salud.
El vacío legal que existe en la mayoría de las entidades para regular el uso de autos en resguardo se ha convertido en un verdadero problema para la recuperación de las unidades.
Según Crosswell, es común que funcionarios, ministerios públicos, jueces y agentes policiacos circulen en coches robados.
“Cuando eso sucede, todo el esfuerzo que se puede hacer por limpiar una casa sale sobrando. Sólo hay que darse una vuelta por las instalaciones de la PGR para ver la cantidad de autos sin placas estacionados en las inmediaciones.”
Admite también que suele suceder que los policías, estatales o federales, no consignan el vehículo al Ministerio Público o al juez.
Crosswell señala una “aberración jurídica”: En la Ley contra el Crimen Organizado se tipifica solamente el delito de robo de vehículo estacionado.
“A quienes elaboraron y aprobaron la ley se les olvidó que también se roban los coches con violencia. Ni hablar, se les fueron las patas.”
En lo inmediato, la única salida que visualiza es convertir en delito federal el robo de automóviles y revivir el Registro Nacional de Vehículos (Renave).
Sobre este último punto, existe ya un proyecto formal elaborado en forma conjunta por un equipo de trabajo de las secretarías de Gobernación, Hacienda, Comercio, Comunicaciones y Transportes, Contraloría y Turismo, así como por la PGR, el DDF y la Procuraduría del estado de Chihuahua.
Según el proyecto, con ese organismo sería posible tener un control más estricto de la planta vehicular del país –que consta de 13 millones 700,000 automotores–, así como homologar normatividades y sanciones.
Por lo pronto, los automóviles modelo 1998 deberán cumplir con la norma internacional de identificación: una calcomanía con un código de barras, que registra 17 dígitos.
Crosswell comenta que resulta absurdo que una cajetilla de cigarros tenga impreso un código de barras y no un auto que vale más de 400,000 pesos.
También recomienda el funcionario que las armadoras coloquen una identificación en cada una de las partes del auto.
“Pero mientras las autoridades y los policías no rompan con el hampa, todos los esfuerzos por frenar el robo de autos serán inoperantes e imprácticos. O jalamos todos parejos o al rato van a estar robando en la capital 1,000 coches al día”, concluye.
