Juntos, tres países jalan la punta de la maraña de negocios, operaciones financieras, empleados y socios de Amado Carrillo

Solamente la colaboración de tres países –Estados Unidos, Chile y México– empieza a desenredar la apretada maraña de relaciones económicas y financieras del Cártel de Juárez, al que se le calculan ganancias por 10,000 millones de dólares anuales por la introducción de drogas a Estados Unidos, y el lavado de unos 6,000 millones de dólares al año en el circuito financiero mexicano.
Por lo pronto, como punta de la madeja, se han congelado en Estados Unidos cuentas bancarias por decenas de millones de dólares, al mismo tiempo que la información cruzada de los tres países avanza en la identificación de empleados, socios y hasta gerentes de un verdadero narcoemporio que incluye inmobiliarias, centros comerciales, hoteles, casas de cambio, clínicas y restaurantes.
El viaje de Amado Carrillo Fuentes a Chile, su muerte en México y la detención en Nueva York de casi un centenar de miembros de lo que en Estados Unidos se llama la “Organización Fuentes”, arrojan también un poco de luz sobre la operación mediante “células” y las actividades de espionaje y falsificación de documentos de esta corporación trasnacional que, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, comienza a implicar a instituciones financieras, como Citibank.
Un mes después de haber desmontado, mediante dos enormes operativos policiacos, una red de distribución de cocaína dependiente del Cártel de Juárez en Nueva York, las autoridades estadunidenses se lanzaron tras de dos cuentas bancarias que habrían servido para lavar fondos de la organización de Amado.
El fiscal de distrito Zacary Carter pidió a la juez Alleyne Ross autorizar la confiscación de las cuentas del Citibank números 10386285 y 10187198, propiedad de los empresarios chilenos Alejandro y Jaime Ventura Cohen, por haber sido usadas violando las normas contra el lavado de dinero.
Según la denuncia civil 975299, presentada el viernes 12 de septiembre ante la Corte de Distrito del Este de Nueva York, el balance de esas cuentas fue afectado por tres transferencias electrónicas de dinero, en junio y agosto, cuyo fin era ayudar al Cártel de Juárez a lavar sus ganancias.
La primera operación tuvo lugar el 5 de junio, cuando se transfirieron 394,000 dólares a una cuenta controlada por Ricardo Reyes Rincón, “un miembro de alto rango de la Organización Fuentes”.
Ricardo Reyes Rincón, quien, según la denuncia, ha usado los alias Ricardo Rincón de la Peña y Arturo Hernández Cárdenas, ha sido mencionado, en notas periodísticas, como médico particular de Amado Carrillo. El expediente agrega que “(Carrillo) Fuentes estaba acompañado de Reyes Rincón… al momento de su muerte”.
De acuerdo con el relato que se hace en la denuncia de las autoridades, “a principios de junio” Rincón entregó 400,000 dólares, en cheques de viajero, a Cambios América, una casa de cambio establecida en Santiago de Chile, “controlada por los Ventura”.
Las otras dos transferencias se habrían realizado alrededor del 5 de agosto, y el total de estas operaciones, 120,000 dólares, fue depositado en una de las dos cuentas del Citibank de Nueva York. Según la denuncia, por esa misma fecha, en Santiago de Chile, Jaime Ventura Cohen “entregó personalmente una maleta que contenía (…) 116,118 dólares” a Edgardo Jiménez, identificado por las autoridades estadunidenses como chofer del empresario mexicano Manuel de Jesús Bitar Tafich.
Dice la denuncia: “Los agentes de procuración de justicia creen que la diferencia entre los 120,000 dólares que fueron transmitidos a la cuenta del Citibank… y los 116,118 dólares que fueron entregados a Jiménez representan una comisión que fue cobrada por los Ventura para realizar actividades ilegales de lavado de dinero a nombre de la Organización Fuentes”.
El fiscal de distrito Carter pidió a la juez Ross otorgar su anuencia para que el gobierno estadunidense confisque “todos los fondos depositados o que intenten depositarse (en esas cuentas) antes del 24 de septiembre de 1997… así como todos los fondos relacionados, incluyendo, sin limitación, todos los fondos y ganancias que puedan ser rastreados”.
El viernes 12, el diario The Wall Street Journal informó que dicho monto asciende a 26 millones de dólares, aunque un día antes La Jornada publicó que, según el procurador mexicano Jorge Madrazo Cuéllar, la PGR había logrado asegurar 60 millones de dólares que Amado Carrillo encubrió en el sistema financiero estadunidense, y, según funcionarios que lo acompañaban, ese dinero se acumuló en operaciones del Citibank.
En una relación de hechos que integra el expediente estadunidense, la fiscalía expone:
“Desde 1995, la Drug Enforcement Administration (DEA, agencia antinarcóticos de Estados Unidos) ha estado investigando el tráfico ilegal de narcóticos y las actividades de lavado de dinero de una importante organización colombiana-mexicana que incluye cárteles de la droga asentados en Medellín y Cali, Colombia. La investigación ha revelado que, hasta su muerte, en julio de 1997, el líder de esa organización era Amado Carrillo Fuentes, también conocido como ‘Juan Antonio Arriaga Rangel’…”
El tema del alias de Carrillo volvió a surgir el jueves 18. En declaraciones al Journal, Jaime Ventura Cohen contó que Reyes Rincón le había dicho que el dueño de los 400,000 dólares en cheques de viajero era un mexicano de nombre Juan Antonio Arriagada. Y dijo que había depositado el dinero en su cuenta, luego de que un empleado de Citibank en México, Fernando Maturana, describió a Arriagada como un conocido ganadero y algodonero de Gómez Palacio.
“Un funcionario mexicano dijo que se sabía que Carrillo Fuentes estaba usando un pasaporte falso, con el nombre de Juan Antonio Arriaga, y cree que Arriagada es una derivación del mismo alias.”
Sobre la forma de operar del Cártel, la fiscalía estadunidense señala: “Una investigación nacional, conducida conjuntamente por la DEA y el FBI, reveló que la Organización Fuentes realiza sus actividades ilegales de narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos mediante varias ‘células’ o grupos locales relacionados entre sí, cada una de las cuales es manejada por líderes dependientes de y supervisados por miembros de alto rango de la Organización Fuentes.
“Estas células de la Organización Fuentes coordinan el transporte y la recepción de embarques de cocaína y mariguana del suroeste de Estados Unidos después de su importación por la frontera mexicana, la distribución de drogas ilegales en el área de operación específica de la célula, una de las cuales es el Distrito Este de Nueva York, y el transporte de muchos millones de dólares en ganancias del narcotráfico de regreso a miembros de alto nivel de la Organización Fuentes.
“La investigación nacional de la Organización Fuentes ha incluido numerosos actos de espionaje telefónico y otras formas de vigilancia electrónica en jurisdicciones a lo largo de Estados Unidos… el aseguramiento de narcóticos y moneda estadunidense y la aprehensión de numerosos gerentes y empleados de la Organización Fuentes.”
Por lo que toca a la presunta participación de los hermanos Ventura Cohen en el esquema de lavado de dinero del Cártel de Juárez, el expediente precisa:
“Los oficiales de procuración de justicia supieron que la Organización Fuentes condujo parte de sus actividades ilegales de lavado de dinero a través de las cuentas de Citibank poseídas o controladas por Alejandro Ventura Cohen y su hermano Jaime Ventura Cohen, y a través de Cambio América, un negocio de cambio de moneda poseído y controlado por los Ventura.
“Por ejemplo, a principios de junio de 1997, Rincón entregó cheques de viajero de Citicorp por un total de 400,000 dólares a Cambios América. El 4 de junio de 1997, Alejandro Ventura Cohen dio instrucciones a Citibank para enviar 394,000 dólares de la cuenta de Citibank número 10386285 a una cuenta controlada por Rincón. Esta operación fue concluida el 5 de junio de 1997.
“Los oficiales de procuración de justicia también supieron que alrededor del 4 de agosto de 1997, Rincón o su agente llamaron a Jaime Ventura Cohen y le pidieron transferir 120,000 dólares a Edgardo Jiménez. Se cree que Jiménez es el chofer de Manuel de Jesús Bitar Tafich, un colaborador cercano de Fuentes, quien está actualmente detenido por las autoridades mexicanas, bajo cargos relacionados con el tráfico de narcóticos y las actividades de lavado de dinero de la Organización Fuentes…”

Un testigo clave

De acuerdo con las autoridades chilenas, Manuel de Jesús Bitar Tafich –cuyo nombre aparece entre varios “cientos de nombres” relacionados con el Cártel de Juárez, según las bases de datos de la DEA– es el tercero en jerarquía dentro de la organización criminal, y fue el hombre de confianza de El Señor de los Cielos para recomendarle, organizarle y operarle su estadía y su base de negocios en Chile, cuando México y Estados Unidos arreciaron la persecución contra Carrillo.
Bitar Tafich contrató como asesor financiero –siempre según los reportes chilenos– al exembajador de Chile en Londres, abogado Hernán Errázuriz Talavera –hermano de un candidato presidencial, Francisco Javier Errázuriz–, quien constituyó la sociedad inmobiliaria Hércules Ltda. –autorizada por el Comité de Inversiones Extranjeras del Ministerio de Economía–, con capital de 300 mil dólares, abrió cuentas bancarias en el Citibank, adquirió una flotilla de Mercedes Benz y BMW, alquiló una decena de residencias lujosas y asesoró al capo en los trámites de residencia.
Pero no solo eso: ahora se le acusa también de ser el “cerebro financiero” de algunas operaciones de lavado de dinero en Ciudad Juárez que, junto con El Paso, Texas, son el punto preferido para el blanqueo de fondos de la organización.
El 18 de agosto, Bitar Tafich fue arrestado en Santiago de Chile al lado de su esposa Martha Laura Rodríguez Arredondo y otros presuntos cómplices. Luego fue trasladado al Distrito Federal, donde se encuentra sometido a arraigo judicial, bajo custodia de la Fiscalía Especial para el Combate a Delitos contra la Salud. La PGR y la DEA lo consideran “testigo clave” para determinar la mecánica del lavado de dinero.
Informes de la PGR obtenidos por la agencia Apro establecen que Bitar Tafich trabó relación con Carrillo Fuentes en Torreón en 1989, donde éste tenía la empresa de aerotaxis Taxceno. Carrillo aparecía bajo el nombre falso de Juan Carlos Barrón, y la empresa le fue asegurada cuando se le abrió la causa penal 276/89, por delitos contra la salud y posesión de armas exclusivas para el uso del Ejército.
Tras su presunta oferta secreta al gobierno mexicano, en enero pasado, para poder traficar sin trabas en México, a cambio de erradicar al narco “desorganizado” (Proceso 1082), Amado intentó tramitar su residencia en Chile bajo el nombre de Juan Arriaga Rangel (solicitud A BJ 28361). El mismo trámite hicieron su lugarteniente Eduardo González Quirarte, bajo el seudónimo de Gregorio González López (96140045817); su hijo Vicente Carrillo Leyva, con el seudónimo Juan J. Vega Ortiz (P97380001937), y el médico Arturo Hernández Cárdenas (solicitud 97380033705).
Bitar Tafich –según el jefe de la policía antinarcóticos chilena, Mario Mella– se encontraba en Chile desde noviembre del 96 preparando el terreno para Carrillo. Así contactó al abogado Hernán Errázuriz, a quien le habría solicitado asesoría legal acerca de inversiones en bienes raíces.
Entre marzo y junio de 1997, Amado Carrillo estuvo en Chile, presuntamente viajó a La Habana y en julio voló a la Ciudad de México, donde falleció después de practicarse una cirugía plástica.
El 18 de agosto, una brigada antinarcóticos de la Policía de Investigaciones Chilena detuvo a Bitar Tafich, a su esposa, a Errázuriz Talavera, al corredor inmobiliario José Agustín Ramírez Zepeda, al chofer Edgardo Jiménez Cares y a Jaime Ventura Cohen. Errázuriz y Ventura Cohen salieron libres, pero el caso está en “estado de sumario”, que según la ley chilena significa que la investigación sigue abierta, informó Alejandro Pardo, funcionario de Comunicación Social de la policía de investigaciones de ese país.

Negocios y socios

Se estima que las ganancias del Cártel de Juárez podrían llegar a 10,000 millones de dólares anuales por introducir en Estados Unidos un promedio de 100 toneladas de cocaína y otras drogas, en tanto que, de acuerdo con el New York Times, en el circuito financiero mexicano esa organización lava anualmente unos 6,000 millones de dólares “atrás de un emporio empresarial que incluye compañías inmobiliarias, centros comerciales, hoteles, casas de cambio, clínicas, restaurantes”.
Por lo pronto, en Ciudad Juárez la PGR aseguró diez bienes de la Inmobiliaria Cobit, entre los que destacan los hospitales Guernika y San Rafael, bajo la acusación de que lavan dinero. Los hospitales  fueron asegurados precautoriamente dos semanas después del hallazgo de los cadáveres de cuatro médicos que laboraban allí.
La solicitud se desprendió de la averiguación previa 127/MPFEADS/97, emprendida por la Fiscalía Especial, pues la investigación sobre Inmobiliaria Cobit descubrió que fue constituida como empresa de capital variable con un capital mínimo de 100,000 pesos y que consta de un centenar de acciones individuales, de las cuales 51 pertenecen a Bitar Tafich, 20 a Silvano Corral, doce a María Teresa y a Jesús Alfredo Bitar Espada, respectivamente, y cinco a Osvaldo Martínez Fragoso.
Se constituyó en abril de 1996, y en apenas cuatro meses adquirió los diez bienes inmuebles que, en conjunto, tienen un valor estimado de seis millones 406,242. Todos los predios asegurados están inscritos en el libro 2397, sección primera del Registro Público de la Propiedad. Las inscripciones son la 25 (folio 25), 26 (folio 26), 28 (folio 28), 46 (folio 46), 47 (folio 47), 48 (folio 48), 49 (folio 49), 52 (folio 52), 58 (folio 58) e inscripción 83 (folio 83).
De acuerdo con documentos del Registro Público, utilizó la Administradora e Inmobiliaria Bilbao como intermediaria para la adquisición de varios predios y edificios, incluidos los hospitales. La sociedad mercantil del Guernika es encabezada por el médico Silvano Corral Alvarez, con 300 acciones; y participan, Osvaldo Martínez Fragoso, con 95; José María Urionabarenechea, 95; Graciela Guerrero Carrasco de Urionabarenechea, cinco, y José Luis Arredondo Domínguez, cinco, según consta en el libro 359, folio 8, de la sección Comercio del Registro.
Silvano Corral Alvarez –director médico– aparece como socio mayoritario de la sociedad mercantil del hospital, como representante y socio de la Administradora e Inmobiliaria Bilbao y como socio de Bitar Tafich en Cobit; además, es también compadre de Amado Carrillo y primo de Alfonso Corral Olaguez, ejecutado el 3 de agosto pasado en el restaurante Max Fim de Ciudad Juárez.
El Guernika dispone de una superficie de 1,089.79 metros cuadrados, en dos plantas, y tuvo un costo de 4 millones 588,255 pesos.
El procurador Arturo Chávez Chávez manifestó que, a juzgar por esta investigación de la Fiscalía, “probablemente la compraventa de esos bienes sirvió para lavar dinero sucio”, y, en su boletín 273/97, la Procuraduría General de la República señaló que el aseguramiento de los diez bienes inmuebles se debió a que “fueron adquiridos con dinero procedente del narcotráfico”.
Rafael Flores López, propietario del Hospital San Rafael, negó –en declaración a los periódicos Diario de Juárez y Norte de Ciudad Juárez– que los bienes de esa sociedad mercantil hubiesen sido asegurados, y contradijo la información del Registro Público de la Propiedad sobre los socios del hospital.
Por su parte, el vocero del Servicio de Aduanas de Estados Unidos, Roger Maier, recordó los problemas que en 1994 tuvieron con la justicia estadunidense Osvaldo Martínez Fregoso y su socio, el médico Silvano Corral Alvarez. Ambos fueron aprehendidos el 22 de agosto de ese año, cuando pretendían introducir de Estados Unidos a México, escondidos bajo la llanta de refacción, 350,311 dólares.
Se abrió un procedimiento civil y otro criminal, de acuerdo con el caso EP94CR323ALI, radicado en la Corte Federal en El Paso, Texas, en el que se especifica que ambos estuvieron detenidos hasta el 26 de agosto. Salieron luego de que Corral pagó una fianza de 500,000 dólares. Perdieron el juicio civil, pero finalmente, el 7 de marzo de 1995, los abogados de Corral llegaron a un acuerdo con la Corte, para poder salvar el juicio criminal en su contra, que era inminente, lo cual le costó 400,000 dólares.
En julio de este año, Corral Alvarez inauguró su centro de diversión Fiesta Charra, en el cual invirtió 568,372 pesos, según informes oficiales publicados por el Diario de Juárez el 12 de septiembre.