Los abogados de Jesús Gutiérrez Rebollo dijeron que el general se jugaría “su libertad y su vida” al ampliar su declaración ministerial, pues contaría “todo lo que sabe”.
La sesión correspondiente duró 16 horas –de la mañana del jueves 18 a la madrugada del viernes–, y gran parte de ellas las dedicó el general preso a lanzar acusaciones contra el secretario de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes Aguirre, quien, dijo, se ha empeñado en tenerlo recluido en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez como un asunto personal.
Asimismo, volvió a involucrar a la familia –sanguínea y política– del presidente Ernesto Zedillo con el narcotráfico: reiteró su afirmación de que el padre y los hermanos de Nilda Patricia Velasco de Zedillo tenían tratos con los hermanos Amezcua, capos especializados en el tráfico de efedrina, y extendió sus señalamientos al padre y a un tío del propio presidente, sin aportar prueba alguna.
De Cervantes Aguirre dijo que tuvo tres “acercamientos” con Eduardo González Quirarte, socio de Amado Carrillo, el fallecido jefe del Cártel de Juárez. Pero matizó señalando que todos fueron por medio de terceras personas.
Explicó que uno de esos encuentros fue para detallar un acuerdo de protección al capo, y que en dos ocasiones González Quirarte visitó las oficinas de la Sedena, donde “fue recibido por el general Juan Salinas Altez, jefe del Estado Mayor”, y por otros seis generales.
La noche del mismo jueves, la Sedena aceptó que González Quirarte estuvo en sus instalaciones y que de ello fue informada posteriormente la Procuraduría General de la República, ya que en ese momento no tenían identificado a González Quirarte como socio de El Señor de los Cielos.
Antes de que los reporteros tuvieran acceso al tribunal, Gutiérrez Rebollo mencionó los nombres de algunas figuras públicas –a la mayoría ya las había señalado– que eran investigadas por presuntos nexos con el narcotráfico.
Entre los señalados por Gutiérrez Rebollo se encuentran el exsubprocurador Mario Ruiz Massieu y Guillermo Alvarez Nara, actual director de la Policía Judicial Federal.
El encono
Con el uniforme reglamentario de los internos de Almoloya, y una cachucha del mismo color, Gutiérrez Rebollo aprovechó la audiencia para reiterar sus acusaciones contra el secretario de la Defensa Nacional y dijo que en su proceso había “mucho de venganza personal”.
Sereno, sin alzar la voz, aseguró que Cervantes Aguirre tenía la última palabra para autorizar los operativos contra el narcotráfico, y que algunas de sus decisiones frustraron la aprehensión de Amado Carrillo.
Sostuvo que uno de los motivos de su enfrentamiento con Cervantes Aguirre se originó después de la detención de Héctor Luis El Güero Palma, cuyo proceso ha sido entorpecido por intervenciones directas del titular de la Sedena.
Explicó que el presunto narcotraficante fue detenido por elementos del Grupo de Inteligencia de la Quinta Región Militar, encabezada por él, en coordinación con agentes de Seguridad Pública de Jalisco, cuyo director era en ese entonces el capitán Horacio Montenegro Ortiz, acusado ahora junto con Gutiérrez Rebollo.
Aseguró haber recibido órdenes del titular de la Sedena para que en la consignación de Palma se presentaran dos elementos del grupo de Inteligencia y dos de la Policía Judicial Federal, “a lo cual me opuse, argumentando que podría tener consecuencias negativas durante el procedimiento”. Cervantes Aguirre, dijo, quedó de confirmar o rectificar la orden.
Pero antes de esa ratificación, se interceptó una llamada telefónica entre dos personas. Una de ellas era uno de los quince ministerios públicos de la PGR que habían sido enviados para la consignación y que se encontraban laborando en el cuartel general de la Quinta Región Militar. La otra, un funcionario del más alto nivel de dicha Procuraduría, quien desde la Ciudad de México le daba instrucciones sobre la forma en que debía hacerse el interrogatorio a Palma Salazar. Inclusive, le dictó las preguntas especiales que se le iban a hacer.
Cervantes Aguirre le ordenó que le enviara la grabación. Así lo hizo, y le insistió en que “la consignación la debía hacer el personal que realizó la operación”.
Pese a esto, en la consignación participaron los judiciales, quienes, “consecuentemente, durante el juicio cayeron en contradicciones, en falsedad, en incoherencias, con las consecuencias de dominio público”.
Según Gutiérrez Rebollo, ésas son “las verdaderas causas por las cuales Palma Salazar ha sido absuelto de casi todos los delitos de que se le acusaron”, y en ello “tiene especial intervención Enrique Cervantes Aguirre”.
Después se lanzó contra la familia presidencial.
Insistió nuevamente en que el padre y los hermanos de Nilda Patricia tienen relaciones con la familia Amezcua, cuyos integrantes son los principales traficantes de efedrina hacia Estados Unidos, información que fue desmentida en julio pasado por la Dirección de Comunicación Social de la Presidencia y por el propio Fernando Velasco Márquez. En entrevista con Proceso (1080), el suegro del presidente dijo: “El general Rebollo no sabe lo que dice… ni por el pensamiento me ha pasado ser narco”.
Y afirmó que también fueron investigados el padre y un tío del presidente, por sus supuestas relaciones con González Quirarte.
Hasta el cierre de esta edición, la oficina de Comunicación Social de la Presidencia no había emitido comentario alguno sobre los señalamientos de Gutiérrez Rebollo.
Contó que, cuando estuvo detenido en el Hospital Militar, sostuvo tres entrevistas con Cervantes Aguirre, quien, a su juicio, se mostró irritado por las investigaciones que realizó acerca de la familia del presidente.
Más generales
El siguiente tema tratado fue el que señalaba yo a militares de jerarquía de general que estuvieran involucrados en el narcotráfico, relató Gutiérrez Rebollo. Le indicó al secretario que toda la información que al respecto yo sabía, era de su conocimiento, porque no me había guardado nada, pero que si quería un nombre se lo iba yo a dar. Y le di el nombre del general Guillermo Alvarez Nara (actual director de la Policía Judicial Federal), indicándole que bastaba con que corroborara cuando el atentado contra Amado Carrillo, dos de los detenidos, guardaespaldas de éste, tenían antecedentes de la Procuraduría de Justicia Militar firmadas por este general.
También mencionó a otros militares:
A continuación la plática se transformó en discusión, saliéndose de los cursos, percatándome de que la irritación de este funcionario se debía, sin duda, a que le había ocultado la información referente a los familiares del señor presidente de la República y su esposa.
Que en cuanto a los militares, su intención era que mencionara yo a algunos generales, de los cuales existe amplia información, pero que gozan de amistad y (son) cercanos a Cervantes Aguirre, por lo cual no se atreve a proceder directamente, sino que yo apareciera como el iniciador y señalador de dichas personas.
En la comparecencia, tanto el Ministerio Público Federal como el representante de la justicia militar desestimaron los señalamientos de Gutiérrez Rebollo.
Alfonso Navarrete Prida, subprocurador de Procesos de la PGR, dijo que Gutiérrez Rebollo pretende darle un cariz político a la acusación que se le ha hecho. Recordó que es procesado por haber incumplido sus funciones públicas, por haber protegido a Amado Carrillo y por habitar un departamento propiedad del narcotraficante.
Marcial Macedo de la Concha, procurador de Justicia Militar, dijo que las revelaciones de Gutiérrez Rebollo fueron “subjetivas”.
Interrogado sobre si esas afirmaciones serían suficientes para iniciar las averiguaciones correspondientes, Macedo de la Concha señaló que primero Gutiérrez Rebollo tendría que presentar las pruebas que certificaran sus acusaciones, tanto contra la familia del presidente como en contra del jefe de la Judicial Federal.
En su comunicado sobre las visitas de González Quirarte a la Sedena, la dependencia indicó:
La Procuraduría General de Justicia Militar, con fecha 14 de enero de 1997, inició la averiguación previa SC/01/97-ESP, en virtud de que el jefe del Estado Mayor de la dependencia denunció que el 12 de enero de 1997, por conducto del médico Daniel Lozada León, los abogados Pedro García Palazuelos y José Benjamín Barrón Menéndez, que dicen pertenecer al Bufete Jurídico del licenciado Raúl Carrancá y Rivas, solicitaron, ‘de parte de un joven empresario’, una entrevista con militares de alto rango, para aportar informes relevantes sobre narcotráfico.
Se aceptó la entrevista, participando, por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, cinco funcionarios del Estado Mayor y del Fuero de Guerra, y ante ellos se presentó un individuo, quien aportó datos referentes a Amado Carrillo. Esa persona, posteriormente, fue identificada como Eduardo González Quirarte.
Con motivo de la denuncia, la Procuraduría General de Justicia Militar hizo comparecer a las personas que hasta ese momento les resultaba cita, entre ellos al médico y a los dos abogados primeramente citados e informó de lo actuado a la Procuraduría General de la República, solicitándole la localización y presentación del individuo Eduardo González Quirarte.
