En sus cincuenta años de existencia, la ONU ha impulsado de muchas maneras la formación de una conciencia ética universal; sus esfuerzos por ordenar las relaciones internacionales y salvaguardar la paz han ido acompañados de la preocupación por lograr consensos, compromisos y responsabilidades, lo cual toca necesariamente la esfera de la conciencia moral. Desafortunadamente, constatamos que el ideal de que el mundo se rija por principios morales comúnmente aceptados es aún utópico; una prueba más fue Copenhague.
El gran implícito en la Cumbre de Copenhague era precisamente de índole moral. Las demandas de los países en desarrollo, hoy en trágica espiral de miseria y desempleo, descansan en imperativos éticos supuestamente compartidos: la igualdad fundamental de todas las personas, su dignidad y derechos inalienables, y su solidaridad necesaria por pertenecer a una misma especie y tener un destino común. Sin estas referencias éticas, ni las aspiraciones a un desarrollo social justo ni los compromisos firmados tienen sentido.
Es discutible hasta dónde los seres humanos hemos avanzado en elaborar teóricamente una ética universal, compatible con la pluralidad de concepciones del hombre y credos religiosos que coexisten hoy en el planeta; mucho más discutible hasta dónde esa ética tiene validez práctica y norma eficazmente las relaciones internacionales. El conjunto de instrumentos del derecho internacional (declaraciones de principios y derechos, pactos, convenciones, recomendaciones, comisiones especializadas y aun instituciones como las cortes internacionales) suponen algo más que acuerdos pragmáticos; de alguna manera invocan un cuerpo mínimo de principios filosóficos y éticos de pretendida obligatoriedad universal. Pero Copenhague patentizó la ineficacia de esa incipiente ética mundial, incapaz de revertir el escándalo de mil trescientos millones de personas que viven en extrema pobreza. Sin minimizar los avances logrados en la reunión (sobre todo en la identificación de los problemas y en la toma de conciencia de su gravedad), es claro que el desarrollo de la humanidad en los años próximos no se ajustará a los postulados de esa naciente ética planetaria.
La razón es doble. Hay una brecha entre los principios abstractos y sus aplicaciones a las complejas realidades económicas y hay también otra brecha, más profunda, entre la aceptación de los enunciados y las dinámicas del poder. Por esto, aunque la Declaración Final de esta Cumbre expresa “valores y objetivos comunes para las políticas de desarrollo social”, sus logros inmediatos serán bastante limitados; inclusive algunos opinan que la reunión resultará contraproducente al legitimar el modelo económico neoliberal, apoyado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, cuyos efectos son éticamente inaceptables.
El mundo está, pues, lejos de guiarse por principios éticos. Pero antes de que rasguemos las vestiduras como país víctima de las grandes potencias, conviene reflexionar en que tampoco dentro de nuestras fronteras los principios éticos están normando el desarrollo nacional. Los mismos fenómenos que obstaculizan la eficacia de una ética universal –las mediaciones entre teoría y práctica y los intereses del poder– frustran entre nosotros las aspiraciones a un desarrollo justo y humano.
Cuando se señala la importancia de debatir los problemas de nuestra ética pública, la gente piensa sólo en los comportamientos de los políticos, en la corrupción, los fraudes bancarios o las manipulaciones de Televisa; pero hay otras cuestiones más profundas y elementales que condicionan la salud moral de una sociedad; me refiero, en concreto, a la aceptación, en la llamada cultura nacional, de principios éticos básicos como el de la igualdad fundamental de todos los seres humanos.
En nuestra sociedad, segmentada y conflictiva, el principio de la igualdad de todos tiene sólo existencia retórica; abundan los sentimientos racistas, los prejuicios, los estereotipos descalificadores y las prácticas intolerantes; particularmente las clases adineradas manifiestan un sentido de superioridad que destruye de raíz la posibilidad de una sociedad integrada y de una convivencia inspirada en el respeto a todos; los ricos se sienten casta aparte, predestinados a mandar. La ética pública empieza por la aceptación del otro como fundamentalmente igual, lo cual implica que no puede programarse la propia vida con indiferencia hacia la suerte de los demás, que hay una obligada comunidad de intereses y una necesidad de inclusión; la igualdad fundamental es ya incipientemente solidaridad.
Cabe entonces preguntarnos qué procesos están reforzando nuestra cultura de exclusión. Entre otros, habría que examinar la educación de las autollamadas “élites”, que las aísla de la realidad total y las conduce a la autocomplacencia y arrogancia; hay escuelas y universidades en el país (algunas grotescamente cristianas) cuyo proyecto educativo explícito se orienta a agudizar las distancias sociales y mantener los privilegios indebidos; justifican su propósito con las pretendidas teorías de la “excelencia” neoliberal.
Las desviaciones morales del desarrollo nacional empiezan en éstas y otras perversiones valorativas que promueven la exclusión. La pobreza extrema, la polarización del ingreso y la segmentación encuentran correspondencias y reforzamientos en estas deformaciones de la cultura ética de las clases directivas.
Copenhague, con las aspiraciones fallidas de una ética universal, puede dejarnos esta lección: la justicia de los grandes procesos del desarrollo nace y crece desde la base, en las relaciones humanas inmediatas, en las representaciones sociales que forman las escuelas y la publicidad, en los juicios de valor de ricos y pobres y en el funcionamiento honesto de las instituciones; es ahí donde se construye día a día una sociedad moralmente sana.
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