Extorsión institucionalizada, hacinamiento degradante, tortura sistemática, drogadicción, alcoholismo y prostitución, vicios y excesos que propiciaron la clausura en 1976 de la penitenciaría de Lecumberri, se reproducen actualmente en la mayoría de los centros penitenciarios del país, especialmente del Distrito Federal.
Agotado en los últimos seis años, el sistema nacional para rehabilitar a los infractores es hoy un fracaso y las prisiones recuperan la etiqueta pública de “universidades del crimen”, concluye un exhaustivo estudio del Comité de Exreos para la Defensa de los Derechos Humanos “José Revueltas”.
Sólo en el Distrito Federal –diagnostica–, la peor tradición carcelaria se impuso al sistema penitenciario iniciado en 1976, que hoy está hundido en una profunda crisis estructural, de credibilidad y legitimidad ante amplios sectores sociales:
El Reglamento de Reclusorios es “letra muerta”, la extorsión institucionalizada es el lubricante de la maquinaria penitenciaria, el terror se implanta desde las direcciones de los reclusorios y las penitenciarías, y las respuestas a quejas que por torturas formula la Comisión Nacional de Derechos Humanos –”organismo cosmético del gobierno”– son más bien de encubrimiento.
Además, hay una sobrepoblación propiciada por el abuso indiscriminado de la prisión preventiva, y un fuerte rezago de expedientes causado por el tortuguismo de los jueces y magistrados.
“Estando así las cosas, a nadie puede extrañarle que la doctrina de la readaptación social aparezca como un vulgar discurso demagógico”, apunta el Comité de Exreos para la Defensa de los Derechos Humanos “José Revueltas”, y expone: actualmente “las cárceles son instituciones generadoras de odios hacia las autoridades, de rencores sociales, y representan en sentido estricto un factor altamente criminógeno”.
Agrega: “no es técnicamente posible readaptar a ningún delincuente en lugares donde imperan la drogadicción, la violencia cotidiana, la sobrepoblación y las condiciones degradantes de vida, la extorsión institucionalizada, las golpizas sistemáticas, los precios elevadísimos de las mercancías, la ociosidad generalizada y la ausencia de programas de empleo remunerado”.
El estudio de la asociación civil que preside Agustín Enríquez de la Rosa, acusado de fraude y absuelto después de tres años tres meses de cárcel, detalla las causas que han colapsado el vigente sistema penitenciario, iniciado en 1976 por Sergio García Ramírez.
Las procuradurías de Justicia y los juzgados penales –critica– han convertido la pena de privación de la libertad en la panacea en la lucha contra la delincuencia. Se ha abusado de la prisión preventiva, y la cantidad de presos sin condena es mayor que la de los sentenciados.
“En México, incluyendo el Distrito Federal, se ha perpetuado la perversa tradición de castigar antes de comprobar la culpabilidad”, y en caso de que el acusado compruebe su inocencia, se le deja en libertad sin que el Estado jamás lo indemnice por los daños económicos, morales y profesionales causados.
El estudio, dedicado a la exasambleísta del Partido Acción Nacional María del Carmen Segura, señala que, pese a la sistemática negativa del Tribunal Superior de Justicia, cientos de expedientes tienen que esperar de 18 a 30 meses para recibir sentencia.
“Por si fuera poco, la fabricación de delincuentes es un recurso frecuente del gobierno mexicano para controlar la alarma pública por hechos delictivos abominables”. Muchos inocentes están en prisión, por incapacidad de las policías, corrupción de Ministerios Públicos y jueces, y para controlar a la disidencia y a la oposición, así como por venganzas personales de los funcionarios.
En los tres reclusorios preventivos, y en las penitenciarías masculina de Santa Martha Acatitla y femenil de Tepepan, los internos son sometidos a una extorsión permanente, económica y física: pago para evitar la “fajina” y dar paso a la visita familiar, así como para la renta de celdas.
Se golpea a los internos, se les introduce en el “apando” y en ocasiones se les somete al “comando”, grupo de reos golpeadores al servicio de la dirección del penal.
Todo esto, dice el estudio, genera respuestas violentas, al grado de que se ha documentado el asesinato de más de 90 internos en los últimos tres años, la mayoría en la penitenciaría de Santa Martha Acatitla.
Los lesionados con armas punzocortantes y garrotes rebasan 400 internos en el mismo período. Las causas inmediatas: control para la venta de drogas, venganzas personales, luchas por el espacio vital (el hacinamiento deriva en frecuentes riñas) y ejemplares ejercicios de poder.
En los últimos cuatro años han habido cuatro motines, todos ellos provocados por los excesos del personal de custodia, y 33 internos han escapado, nueve de quienes eran narcotraficantes que sobornaron a las propias autoridades penitenciarias.
De acuerdo con el estudio, se estima que 30% de los reos es adicto a alguna droga y 15%, alcohólico. Las adicciones se refuerzan por la venta abierta de estupefacientes en las cárceles, negocio en el cual participan tanto internos como custodios y personal directivo.
En las cárceles defeñas no todos los reos son iguales. Si bien resulta común observar que en algunos dormitorios para 150 reos habitan hasta 400, en otros sólo lo hacen 50. La “diferenciación social” es más evidente a la hora de comer. “Mientras los `padrinos’ pueden introducir las más sofisticadas viandas y licores, los `erizos’ padecen los rigores del hambre”.
Por último, el estudio del Comité de Exreos para la Defensa de los Derechos Humanos resalta la creación de organismos en defensa de la legalidad, los derechos universales de la población y la reforma penitenciaria. Las movilizaciones de los internos, refiere, han venido creciendo durante los últimos cuatro años.
Pese a ello, concluye, “en las prisiones capitalinas prevalece la diaria violación de los derechos humanos de los internos y, por consiguiente, es utópico llevar a cabo su readaptación social”.
Rubrica: “el fantasma de Lecumberri ronda sobre los penales de la ciudad de México”.
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