SALTILLO, COAH.- Los resplandores salinistas y colosistas con que en diciembre de 1993 llegó a la gubernatura Rogelio Montemayor Seguy son hoy tonos grises, según advierten los coahuilenses, sobre todo por el desinterés y la incapacidad para enfrentar los graves problemas de la entidad: desempleo, inseguridad pública y auge del narcotráfico; en este último aspecto, llamaron la atención las buenas relaciones del gobierno estatal con el brazo saltillense del cártel del Golfo: el grupo Aztlán, concluidas abruptamente tras el arresto del jefe de esa organización criminal.
Desplazado del primer círculo del poder por intrigas de sus compañeros de la entonces Secretaría de Programación y Presupuesto, Montemayor Seguy tuvo que conformarse con un destino menor: hacer carrera política para obtener la gubernatura de su estado. Su ascenso fue meteórico: en 1988, diputado federal; al año siguiente, presidente de la Liga de Economistas Revolucionarios; en 1990, coordinador del Programa Nacional de Solidaridad en Coahuila; en 1991, senador, y, en febrero de 1993, candidato a gobernador, en una maniobra ruda a cargo del propio presidente Salinas: llamó a Los Pinos al contrincante priísta de su amigo Roger, Enrique Martínez y Martínez, mientras en el estado se apresuraba el “destape”.
Rogelio Montemayor Seguy tomó posesión el 1º de diciembre de 1993. Ese día fue su mayor momento de gloria. En la ceremonia, el presidente Salinas recordó que el entonces flamante gobernador fue quien le presentó a Luis Donaldo Colosio Murrieta, tres días antes nominado candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y auguró que cuando éste llegara al poder se abriría para Coahuila un ancho porvenir. El propio Salinas disfrutó ese día su apoteosis saltillense en el salón Candilejas –conocido popularmente como Narquilejas, luego que la Procuraduría General de la República lo situó como una de las propiedades del grupo Aztlán.
Un año y meses después, el gobierno de Montemayor Seguy no da color. Alberto González Domene, diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN), considera que “Rogelio es un buen hombre, desafortunadamente no es él quien lleva la iniciativa; creo que hasta el momento tiene mejor imagen que Eliseo Mendoza Berrueto, quien dejó una herencia de corrupción y desorden. Con todo, persiste en el gobierno estatal la inercia de administraciones priístas anteriores”. La sujeción de la prensa local, relata el legislador panista, provocó recientemente que un grupo de diputados de oposición formulara sus quejas en medios de información regiomontanos, dado que los coahuilenses ignoran o minimizan sus denuncias.
Distanciado de Coahuila durante 20 años, Montemayor Seguy llegó a la gubernatura atado a los compromisos con grupos que lo apoyaron en la campaña, manifiesta el monclovense Francisco Javier Ramos, dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Estos compromisos se reflejan en la composición del gabinete estatal, refiere, al que fueron incorporados, sobre todo, empresarios de las distintas regiones del estado, y ejemplifica: en Obras Públicas se colocó al empresario Antonio Karam, candidato perdedor a la alcaldía de Monclova en 1993; en Fomento Económico está José Antonio Murra Giacomán, industrial torreonense; en la Secretaría de Gobierno se puso a Carlos Juaristi, editor y hotelero de Piedras Negras. El gabinete de corte “oriental” incluye al tesorero Antonio Juan Marcos y a su secretario, Salomón Abedrop.
Por otro lado, prosigue el dirigente perredista, Oscar Pimentel, dirigente del PRI en 1993 durante la campaña a la gubernatura, fue designado secretario de Educación, quien ha tenido problemas graves con los maestros. Asimismo, la Procuraduría de Justicia de la entidad se puso en manos de Humberto Medina, a quien Ramos sitúa como antiguo empleado en los negocios particulares de Montemayor Seguy. El PRI estatal fue “concesionado” a Braulio Fernández Aguirre, representante de un viejo grupo político-empresarial de La Laguna.
El equipo de Montemayor Seguy, añade Ramos, ha sido incapaz de ofrecer salidas a los problemas que afronta el estado. En Monclova, por ejemplo, el gobierno no ha hecho nada para abatir el desempleo –que alcanzó una tasa de 7.6% en 1994, la más alta en el país, según reporte reciente del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, dentro de una lista en la que figura Torreón en el cuarto lugar– ni su secuela de inseguridad pública; los índices de criminalidad, asociados con hechos de sangre y con delitos patrimoniales, han crecido descomunalmente. En tanto, denuncia, el gobierno estatal se limita sólo a anunciar la instalación de maquiladoras como la gran solución a dichos problemas y a poner en marcha la llamada “Cruzada estatal para la seguridad pública”.
En Torreón también se quejan de lo que llaman el “desgobierno” de Montemayor Seguy. “Siento muy tibio a Rogelio –afirma Julio Rodríguez Sánchez, consejero del Centro Empresarial de La Laguna–, no toma decisiones”. Cita el caso de la semiautopista Torreón-Saltillo, proyecto iniciado por Mendoza Berrueto y “concluido” por Montemayor Seguy en medio de fuertes impugnaciones de todos los sectores por la defectuosa y, en algunos tramos, inacabada construcción de la carretera. “En vez de poner en su lugar a los constructores, Ingenieros Civiles Asociados y Tribasa, quiere que los coahuilenses paguemos los platos rotos, pues ya propone, por conducto de terceros, un sobreprecio a la gasolina que se destinaría supuestamente a corregir esa carretera y a realizar otras”.
Igualmente, denuncia Rodríguez Sánchez, el gobierno del estado manipula a su antojo los recursos del Fideicomiso sobre Nóminas, fondo aportado por empresarios y gobierno en igual monto para obra pública. En lo que va del año las autoridades estatales no han puesto la parte que les corresponde, además de resistirse a informar en detalle sobre los fondos disponibles. “Ese fideicomiso se formó mediante un contrato suscrito ante notario público, en presencia de representantes de la prensa, y no se cumple”.
Mientras crecía el desempleo en Torreón y en el resto de la región lagunera, señala el consejero empresarial, el gobierno planeaba. “Se tomaron un año en planear estrategias, mismas que ya no pueden funcionar por las condiciones que desencadenó la devaluación de diciembre. En el campo lagunero la gente está muriéndose de hambre, los que pueden emigran a otra parte. Por otro lado, los índices de criminalidad han crecido de manera alarmante, a pesar de lo que afirma el procurador. Ciertamente, Rogelio reconoce que hay problemas, pero no actúa seriamente para resolverlos”.
Lo que sí se ve es el auge de los negocios ilícitos al amparo del poder público, sostiene Adrián Puentes Adriano, consejero nacional del PRD y asesor de grupos campesinos de La Laguna. Allanado el camino para comprar tierras ejidales, se lanzaron sobre ellas empresarios y políticos laguneros, en particular los ligados al jefe del Poder Ejecutivo estatal. Es el caso del senador priísta Francisco Dávila Rodríguez, quien luego de hacerse de tierras del ejido Ignacio Allende se comprometió a vendérselas a un consorcio lagunero-regiomontano, y en cuanto apareció un mejor comprador deshizo el trato.Dávila Rodríguez fue uno de los recaudadores de fondos más importantes en la campaña de Montemayor, desde su posición de presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga Federal.
Llama también la atención, asegura Puentes, que en medio de la crisis de liquidez generalizada surjan negocios con financiamiento poco claro, como hoteles, restaurantes y bares. “Es un secreto a voces que Torreón prospera el lavado de dinero proveniente del narcotrafico y que en la misma presidencia municapal se encuentran algunas de las conexiones de este negocio. Ha trascendido también que opera en Torreón el capo Amado Carrillo, conocido con el Señor de los cielos, en disputa por la plaza con socios del Cártel de Golfo, organizacion delictiva que, por cierto, ha usado a Matamoros como “rastro”, ya que ahi han sido ejecutadas decenas de personas en los años recientes”.
Todos los problemas del país se reflejan, “en forma aguda”, en La Laguna, afirma el diputado federal panista Jaun Antonio Garcia Villa, quien preside la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda. “Hay un desempleo terrible, y la inseguridad pública es más generalizada y acentuada que4 en el resto del país. Se percibe una sensación de abandono, y parece que hay ausencia de autoridad”.
Con apenas un año en el cargo, comenta Garcia Villa, “con Montemayor parece como si si en Coahuila no hubiera gobierno. A veces uno piensa que es correcta aquella definición de San Agustín en el sentido de que lo más parecido a un gobierno es el bandidaje organizado; probablemente sea una exageración… pero tal como están las cosas, parece que en Coahuila el gobierno es únicamente una organización dedicada a atender intereses personales de quienes ejercen algún cargo público.
El ejemplo más claro del disimulo que caracteriza Rogelio Montemayor se dio en el caso del Grupo Aztlán, ramal saltillense de Cártel del Golfo que operó tranquilamente sin que el gobernador pareciera darse cuenta. Encabezado por un empresario que dijo llamerse José Garcia Treviño– quien luego resultó ser Juan Chapa Garza, presuntosocio de Juan Garcia Abrego–, ese grupo se instaló en la capital del estado durante el gobierno de Mendoza Berrueto y siguió sus operaciones en el de Montemayor, relacionándose con uno y otro vía la construcción de obra pública, pero también políticamente. Durante la campaña presidencial de Ernesto Zedillo el sector empresarial, “Garcia Treviño” encluido, le ofreció una comida en el salón Candilejas, administrado por el Grupo Aztlán.
Cuando en su edición del 24 de octubre Proceso denunció la presencia del Cártel del Golfo de Saltillo, el gobierno estatal no se dio por enterado, incluso el presunto narotraficante pudo ofrecer una rueda de prensa y luego salir de la entidad tranquilamente. El 28 de octubre fue detenido pro agente de la PGR en La Paz, Baja California, y entregado de inmediato a autoridades estadunidenses que lo reclamaban desde noviembre de 1993.
El 15 de octubre, apenas una semana antes de que se conociera su identidad, el director general del Grupo Aztlán publicó un desplegado en la prensa saltillense en el que felicitaba a Montemayor por su primer informe de gobierno. En la prte superior del escrito, aparecian algunas de las empresas del Grupo Aztlán: JLD de Saltillo, Fashion Model, JLD Constrcuctora, Celulares WTC, JLD Muebles y Forjas, Sistemas Internacionales de Saltillo y Lavado y Engrasado Lourdes. Las reiteradas siglas Jld fueron interpretadas popularmente como “juntos Lavamos Dinero”. La mayoria de esas empresas, además, fueron registradas entre noviembre de 1993 y enero de 1994 (Proceso 939).
Dos semanas antes de la publicación del desplegado, el sábado 1ro. de octubre, Montemayor fue puesto al tanto de la probable presencia de Garcia Abrego en Coahuila, por conducto del Grupo Aztla´n, cuando el empresario Ernesto González Madero, le entregó en propia mano una copia de la denuncia presentada ante el procurador general de la República, Humberto Benitez Treviño.
Por otro lado, durante su campaña, Montemayor usó frecuentemente el avión matricula XARGC, propiedad de Roberto Casimiro González,, director de la cadena de radio y televisión RGC -Cablevisión– y uno d elos socios de “Garcia Treviño”, en particular en la operación del llamado Contro Social Candilejas, En ese avión, precisamente, escapó Chapa Garza de Saltillo con rumbo a Guadalajara y luego hacia La Paz, donde fue aprehendido.
Para el senador rosendo villarreal, candidato del PAN a la gubernatura en 1993, “es obvio que el gobierno de mendoza Berrueto y el de Montemayor fueron muy permisivos con el Grupo Aztlán, como lo fue en general la sociedad saltillense, que se involucró con esa organización dilectiva ante el estimulo del dinero. Las relaciones políticas de ese grupo eran tan buenas que en su salón de fiestas le ofrecieron un banquete a Colosio y después a Zedillo. Cuando eldinero brota, gobierno y sociedad se dejan querer”, concluye.
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