Debido a que falseó la documentación que entregó al Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil, Carlos Slim Helú, presidente del consejo de administración de Teléfonos de México (Telmex), fue requerido para que presentara la verdadera información que le solicitó el juzgado.
El propósito de este nuevo llamado de la justicia para uno de los empresarios cuya fortuna creció aceleradamente el sexenio pasado es dar el debido seguimiento a la acusación que un exempleado de Slim, Antonio Hernández Otero, interpuso en el sentido de que éste le “pirateó” un sistema de comercialización de llamadas de larga distancia que le ha dejado beneficios por más de 2,400 millones de dólares.
El juez primero de Distrito, el 27 de febrero pasado, dictó la resolución mediante la que pidió a Carlos Slim exhibir la documentación solicitada; de lo contrario, no sólo se le multará con 50 días de salario mínimo sino que se le abrirá una averiguación por “delito de falsedad de declaración”, a través de un agente del Ministerio Público Federal.
El bufete Hamdan y Ochoa, representante de Hernández Otero, envió una “denuncia de hechos” al procurador general de la República, Antonio Lozano Gracia, en la cual, de acuerdo con el artículo segundo del Código Federal de Procedimientos Penales, le pide que “practique y ordene” una investigación a Carlos Slim, para que se le finque acción penal.
Fechada el pasado 9 de marzo, la denuncia reclama también la comparecencia del empresario, así como de su apoderado legal, Alejandro Mendoza Romero, con el afán de que se integre por completo la averiguación previa.
Desde el 6 de octubre del año pasado, Hernández Otero, con objeto de sustentar su acusación, solicitó a Telmex que presentara la documentación siguiente:
Todas las actas de asamblea del consejo de administración de Telmex, de 1989 y 1990; el documento denominado Red superpuesta de servicios digitales para grandes usuarios; el documento Recomendaciones para la implantación de la red superpuesta; los estados financieros de Teléfonos de México a partir de 1989; los prospectos de colocación accionaria, también a partir de esa fecha; los reportes de Telmex a la Bolsa Mexicana de Valores, a la bolsa de Nueva York y a la de Japón, y la memoria técnica elaborada por la Dirección de Desarrollo Telefónico de la empresa, enviada a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en julio de 1990.
Asimismo, enumerándolos por fechas e incisos, Hernández Otero pedía más documentos sobre autorizaciones, tarifas y programas de expansión de la red de telefonía digital, que presuntamente muestra el pirateo de Telmex, por lo que exige indemnización.
El 4 de noviembre del año pasado, el juez primero de Distrito pidió a Carlos Slim presentar dicha documentación. Debido a que se dilataba en cumplir la orden judicial, el 25 de enero, el juez multó al empresario con diez días de salario mínimo, y lo volvió a instar a que presentara los papeles.
Finalmente, el 21 de febrero último, el apoderado de Telmex, Mendoza Romero, entregó la documentación. Sin embargo, ésta resultó en unos casos incompleta y, en otros, falsa.
En el documento entregado al procurador, el bufete Hamdan y Ochoa asegura que Carlos Slim intenta “obstruir la justicia” al obstaculizar así el “desahogo de pruebas”.
AL COBIJO DE SALINAS
Por si fuera poco, el abogado Guillermo Hamdan, socio del bufete, asegura que la venta de Teléfonos de México al grupo empresarial de Carlos Slim fue similar a la venta de un taxi por debajo de la mitad de su precio y con derecho a explotarse sin ningún otro competidor.
Valiéndose de esta analogía, Hamdan enumera en un documento los privilegios que la administración de Carlos Salinas de Gortari otorgó al empresario: protección oficial a su monopolio durante seis años; derecho a explotarlo durante 50 años, más 15 de gracia, e impedimento a los socios mayoritarios de Slim para formar parte de la administración de la empresa.
Asegura que, al vender Telmex, el gobierno, comparativamente, vendió en 12,000 pesos un taxi cuyo costo era de 28,000. Aparte, otorgó a los compradores factura, placas, tarjeta de circulación, permisos de ruta, un lote de refacciones, las utilidades de todo el año en que se hizo la compra y un plazo de seis meses para terminar de pagar el vehículo.
Detalla:
“Por seis años se le daría protección oficial a su monopolio; sólo ellos darían servicio de taxi en México, y esto tiene ya un valor intrínseco, mismo que no fue tomado en consideración para la venta de la unidad. Igualmente, el permiso para circular se les entregó por 50 años, más 15 de gracia, más la posibilidad de refrendarlos por otros 50 años. Estos ciento quince años también representan un valor, que presumimos tampoco se incluyó en el precio.”
Y para garantizarle “jugosas ganancias” a Slim, se le vendió el taxi con una demanda cada día mayor, en perfectas condiciones y “con tarifas públicas establecidas con incrementos sustanciales”. Además, el gobierno aceptó que “los usuarios que requieran servicios programados paguen por anticipado al dueño del taxi y que si por alguna razón ya no requieren el servicio pagado, no se regrese el saldo”.
El documento, fechado el 24 de febrero, menciona además las ventajas otorgadas al grupo de Slim sobre sus otros socios compradores, ya que a éstos, pese a ser copropietarios mayoritarios, se les excluyó de la asamblea de accionistas, impidiéndoles así el “derecho a voto” en la administración del taxi, dice Hamdan.
“Tres grupos adquieren el taxi para trabajarlo: el primer grupo es extranjero y paga, de contado, 4,000; el segundo grupo –y el más favorecido– solicita adquirir y pagar 5,000 de la manera siguiente: `exhibiendo’ 20% y un pago diferido a seis meses de 80% restante, que saldrá de la propia ruleteada; el tercer grupo está formado por los inversionistas individuales que, en total de 16, se dividen la cantidad restante de esos 12,000.”
