Sin miramientos, el general Jesús Esquinca Gurusquiera arremetió contra el expresidente Carlos Salinas de Gortari, a quien culpó de la guerra en Chiapas porque “no supo utilizar los recursos de la política para evitar el levantamiento” del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
“El empleo de las fuerzas armadas es un error político”, sentenció el militar en defensa del presidente de la República, del Congreso de la Unión y del propio ejército mexicano… en esta administración.
Se discutía en el pleno de la Cámara de Diputados, el jueves 9, la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas. El debate reveló las profundas diferencias que debieron ser vencidas para llegar a un consenso y exhibió los “amarres” forzados de última hora. Pese a su aprobación, está en peligro la paz.
“Lamento decirles a ustedes que el empleo de las fuerzas armadas es un error político. Pero este actual presidente de la República (Ernesto Zedillo), este Congreso de la Unión, no son culpables de esos errores”, dijo el diputado militar, entre fuertes aplausos de los priístas.
–¿Está usted acusando al expresidente? –se le preguntó ya en su curul.
–Digo que la pasada administración no supo utilizar los recursos de la política para evitar el enfrentamiento. Interprételo como usted quiera –replicó.
Los diputados militares (tres generales, un almirante y un contraalmirante, representantes de las fuerzas armadas de tierra, mar y aire) se habían rebelado contra la iniciativa de ley y se opusieron con todo a que se llamara por su nombre a los zapatistas, que en su denominación contienen la palabra “ejército”.
En el extremo, indignados, los militares abandonaron una reunión en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con una amenaza: votar en contra, narró en entrevista el general y también diputado Luis Garfias.
Los diputados militares cedieron sólo cuando se les prometió (y cumplió) que en tribuna se aclararía que en México sólo hay un ejército: el ejército mexicano.
No bastó con eso. Al final de la sesión, los diputados civiles del PRI debieron hacer por escrito un “reconocimiento a las fuerzas armadas”.
Y es que el ejército mexicano fue centro del debate político nacional por su papel “anticonstitucional”, como coadyuvante de la Procuraduría General de la República, en la persecución judicial de los dirigentes zapatistas; por su “manipulación civil” en tiempos de paz, dado que el gobierno no reconoce la guerra; por las denuncias de violaciones, cometidas por sus efectivos, de los derechos humanos; por el sitio tendido contra los zapatistas mientras el Congreso de la Unión busca sentar las bases de un diálogo de paz…
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“¿Ves cómo no podíamos ir más allá? Si llamamos `ejército’ a los zapatistas, esto truena; si no lo hacemos, esto truena”, comentó en su curul el diputado perredista Juan N. Guerra, miembro de la Comisión Legislativa para el Diálogo y la Conciliación en Chiapas, responsable de una larga negociación que derivó en la ley que se discutía en la Cámara de Diputados. En el Senado de la República se había aprobado sin discusión.
Intercalada entre los discursos de diputados del PRI, PRD, PAN y PT que conminaban a aprobar el armisticio político, resaltó la acre discusión entre los “duros” de los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática.
–En sus paradigmas, los extremos se juntaron.
–Sí –aceptó Guerra, y como para justificar a la media docena de perredistas que se opuso a la iniciativa de ley, sentenció:
“La política es como el mundo: redonda. Si te cargas mucho a la izquierda, sales por la derecha.”
–Y si se carga mucho a la derecha, ¿se sale por la izquierda?
Guerra ya no contestó.
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La negociación sobre la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas salvó el último escollo para llegar a un forzado consenso.
–¿Le satisface esta ley? –se preguntó al general Garfias.
–No. Pero no hay de otra –ilustró el diputado militar.
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Desde el primer borrador de esta ley, fechado el 23 de febrero, se provocaron largas discusiones en la Secretaría de Gobernación, donde se negociaba.
La propuesta original del Ejecutivo circunscribía el conflicto a “diversos municipios” de Chiapas; consideraba aún como delincuentes a los zapatistas; pretendía su rendición incondicional; les reclamaba total sumisión ante el gobierno; implicaba la anulación de la Comisión Legislativa para el Diálogo y la Conciliación y de la Comisión Nacional de Intermediación; aseguraba la preeminencia del gobierno en todas las funciones de solución del conflicto…
En una palabra, “el proyecto simplemente ignoraba todos los planteamientos hechos por el EZLN”, cuestionó el diputado priísta Jaime Martínez Veloz, también integrante de la Comisión Legislativa para el Diálogo y la Conciliación en Chiapas. “La posición de todos los legisladores fue que así no le entrábamos”, dijo.
“¿Verdad que cambió?”, comentó ufano el perredista Juan N. Guerra, al pedírsele que confirmara la autenticidad del documento entregado al reportero, titulado Ley para el diálogo, la conciliación y la amnistía en Chiapas.
“Era un proyecto de ley mezquino”, dijo Martínez Veloz.
Y es que, entre otras cosas, el primer borrador propuesto por el Ejecutivo a los legisladores convertía en milicianos zapatistas a todos los indígenas y campesinos desplazados de sus comunidades, como costo de permitirles regresar a sus lugares de residencia. A todos ellos, dice el documento, “se les amnistía de manera inmediata e incondicional respecto de los delitos a que se refiere el artículo segundo”, es decir, “todos los del orden federal cometidos con motivo de los hechos de violencia, o que tengan relación directa con estos hechos, suscitados en diversos municipios del estado de Chiapas”.
El proyecto mostrado a los legisladores contenía “consideraciones absurdas”, señala Martínez Veloz, y ejemplifica con el artículo 9, que excluía de la amnistía a “dirigentes que oculten su identidad y no se acojan a ella de manera voluntaria y pacífica”.
Martínez Veloz replicó en aquella ocasión que, “para garantizar el reinicio del diálogo, debe garantizarse una salida real que considere la atención de sus demandas originales con la participación y el consenso de la población, la consideración de la autonomía étnica, el respeto a sus tradiciones y formas de gobierno, las reformas electorales, pero sobre todo el retiro del ejército federal de las comunidades para avalar y restablecer la legalidad constitucional en el estado”.
La Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas desechó casi todas las propuestas que el Ejecutivo hizo en su Ley para el diálogo, la conciliación y la amnistía en Chiapas, pero no incluyó ninguna de las demandas del priísta.
