NOGALES, SON.- El monte fronterizo de cañones desolados y arroyos secos se ha convertido en un escenario de cacería de “pollos” mexicanos por agentes de migración, mas no estadunidenses sino mexicanos.
En un cerro situado a las afueras de la ciudad, cerca de uno de los boquetes abiertos por indocumentados en la malla divisoria, agentes del grupo Beta avisan por radio portátil a la Patrulla Fronteriza estadunidense que va entrando “un grupo de alrededor de 100”. Abajo, en la garita fronteriza número tres, uniformados del Instituto Nacional de Migración (INM), dependiente de la Secretaría de Gobernación, corretean a connacionales que pretenden cruzar “al otro lado”.
Mientras tanto, kilómetros al sur de la frontera, la Procuraduría General de la República monta retenes con el INM a la altura de Benjamin Hill. El propósito, evitar que los migrantes con intenciones de cruzar la frontera ilegalmente lleguen siquiera a Nogales, Sonora. Y en Hermosillo, la Policía Judicial Federal detiene entre los transeúntes a muchos de los que se dirigen rumbo al norte.
Tradicionalmente, las autoridades de México se habían opuesto enérgicamente a los deseos de Estados Unidos en el sentido de que detuviera a los mexicanos que pretenden internarse en su territorio. Para las autoridades mexicanas, eso equivalía a impedir el libre tránsito y, en consecuencia, sería violar la Constitución de la República.
México fue incluso muy insistente en que el tema de la migración fuera excluido de las negociaciones en torno del Tratado de Libre Comercio. Pero desde febrero, cuando se discutía el paquete financiero de rescate que Estados Unidos concedió a México, todo ha cambiado.
Pese a que aun el miércoles 22 de febrero el presidente Ernesto Zedillo insistió en que el apoyo crediticio de Estados Unidos a México no contiene condiciones políticas, The New York Times del jueves 23 confirmó que, a cambio del financiamiento, México sí aceptó tomar medidas para controlar la migración de indocumentados a territorio estadunidense. No obstante, matizó, dada la sensibilidad de México en el tema, funcionarios de Estados Unidos remontaron el acuerdo a pláticas iniciadas antes de que se negociara el paquete crediticio.
De acuerdo con declaraciones de la subdelegada regional del INM, Carolina Gómez Hurtado, la orden partió del secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma Barragán, quien durante una reunión en la ciudad de México, realizada entre los días 25 y el 28 de enero, señaló que se trataba de “dignificar la imagen migratoria dentro del país”.
Así, semanas antes de que México firmara el paquete de apoyo financiero por 20,000 millones de dólares con Estados Unidos, el gobierno de Ernesto Zedillo abandonaba una tradición.
De la orden se desprende, dice Carolina Gómez Hurtado, que “es nuestro trabajo, nuestra responsabilidad (…) hacer acciones conjuntas con funcionarios de Estados Unidos con el objetivo, obviamente, de evitar la migración del indocumentado a Estados Unidos. Ese es el objetivo principal”.
Y añade: “tenemos la situación de que la delegación (del INM en Sonora) está implantando operativos con los grupos Beta y de Operaciones Especiales de Sonora (GOES) con el objetivo de reforzar toda la línea fronteriza”. Para esto, el GOES monta retenes en diversos barrios de Nogales y otras ciudades sonorenses, donde piden identificación personal y documentos vehiculares a la gente.
En la reunión de la Comisión Binacional México-Estados Unidos, realizada los días 13 y 14 de febrero en Zacatecas, la voluntad de los mexicanos por cooperar en los propósitos estadunidenses de aminorar la inmigración fue tanta, que dejó sorprendida a la comisionada de inmigración de Estados Unidos, Doris Meisner.
“Estoy extremadamente animada tanto por el tono como por la amplitud de las pláticas. El trabajo que logramos (…) acrecienta la cooperación mutua… en asuntos críticos para ambas naciones.”
Entre otras cosas, los estadunidenses pidieron que fuera cerrado el túnel transfronterizo entre los dos Nogales. Una semana después del encuentro, corporaciones mexicanas de diversos niveles unieron esfuerzos para cumplir ese deseo.
A principios de febrero, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público había insistido en que durante la concertación del paquete de apoyo financiero de Estados Unidos a México “no ha habido ni habrá cláusula secreta alguna; tampoco ninguna condicionalidad de carácter político”.
Pero la percepción es otra.
Defensores de migrantes, por ejemplo, declararon a Los Angeles Times que la crisis económica por la que atraviesa el país parece haber inducido a México a suavizar su postura migratoria a cambio del rescate multimillonario. Antonio García Sánchez, ombudsman del estado de Baja California, dijo al Times que la repatriación interna significa la interferencia directa del gobierno de México de la libertad de tránsito.
García Sánchez se refería a un programa, aprobado por México, mediante el cual Estados Unidos le daría la opción al migrante indocumentado de enfrentar un juicio o ser repatriado a su región de procedencia en el país.
Benito Barrón Valdez, encargado en Nogales de Mi Nueva Casa, el recién abierto refugio para adolescentes del túnel transfronterizo, comparte la opinión: “como que está muy duro el precio del préstamo”.
El cambio de la política migratoria de México se produce precisamente cuando, al acercarse la época de reelección, el presidente Clinton necesita urgentemente asumir el control del debate sobre migración, que hasta la fecha ha sido exitosamente manejado por el Partido Republicano.
Para ello, el 6 de febrero Clinton incluyó en su proyecto de presupuesto el “programa más agresivo y global que haya formulado gobierno alguno para luchar contra la migración ilegal”.
Aumentaría el presupuesto del Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) en 27% para la contratación de 1,500 patrulleros fronterizos, así como para aumentar la capacidad de deportación de indocumentados.
El cierre de la frontera en El Paso, Texas, con la Operación Bloqueo, y luego en San Diego, ha infundido renovadas esperanzas al SIN, que en los últimos años había llegado a ser visto como inepto. Con el lema de “Sí se puede”, la corporación pretende ahora cerrar herméticamente la frontera con Arizona.
Hace unos días, el SIN anunció que, con este fin, tiene destinados 58 vehículos, 100 radios, tres visores nocturnos de luz infrarroja y 60 sensores de movimiento.
Casi al mismo tiempo, el titular del grupo Beta en Tijuana, Alejandro Olea García, anunció que duplicará el número de agentes. Ahora serán 100 elementos.
Además, la Secretaría de Gobernación dio a conocer que integrará dos grupos Beta más, probablemente en Ciudad Juárez y Matamoros.
La nueva política se resiente en esta ciudad.
El alcalde de Nogales, Sonora, Abraham Zaied, se lamenta: “nos están cacheteando de los dos lados. Tenemos el flujo de los del interior y de los que regresa Estados Unidos. Es un problema muy fuerte, porque mientras no pueden pasar, tienen que comer, y si se les acaba el dinero, pues no les queda otra, tienen que robar, asaltar. Crean poblaciones flotantes, y al rato vienen de la colonia tal o cual pidiéndonos servicio de agua, de electricidad. Y, por supuesto, lo que hacemos inmediatamente, al menos, es llevarles la tubería de agua”.
Desde que fueron reforzadas las barreras fronterizas de Ciudad Juárez y Tijuana, Nogales se está convirtiendo en una de las principales puertas de entrada a Estados Unidos.
Esto, al punto de que el vocero del grupo Beta en Nogales, el sociólogo Manuel González, manifiesta: “Nogales va a ser otro Tijuana dentro de cinco o seis años; va a ser la Tijuana que no tenía previstos programas de empleo ni vivienda. Puede ser el Tijuana de las aguas negras. Los indicadores dicen que para allá va, especialmente si se sigue dando una afluencia de migrantes a la región”.
Con mayor razón, si las autoridades siguen aplicando la nueva política de detenerlos.
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