Las agrupaciones de la iniciativa privada, que se habían manifestado en las últimas semanas en contra de un programa económico de gobierno que diera prioridad al combate de la inflación sobre la actividad productiva, que incluyera aumento de impuestos y una reducción en el nivel de vida de la población, aceptaron, finalmente, un programa de shock que hundirá la economía hasta tener -2% de crecimiento y que elevará la inflación hasta 42%, en 1995.
Unicamente la Confederación Patronal de la República Mexicana se abstuvo de dar su “apoyo completo” al programa de shock económico que anunció el secretario de Hacienda y Crédito Público, Guillermo Ortiz Martínez, el jueves 9. No sólo porque el programa contrarió las expectativas del sector privado sino porque el gobierno –dijeron empresarios en la asamblea a puerta cerrada que realizó la Coparmex ese día– no tuvo el valor para encontrar una salida que no perjudicara a la población, como la renegociación de la deuda externa.
La resignación apareció en el rostro de los dirigentes empresariales. Luis Germán Cárcoba García, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que, efectivamente, se trataba de un programa de shock. “Le podemos llamar casi como quisiéramos, porque es obvio que es un programa fuerte que conlleva enormes esfuerzos de la sociedad y el aparato productivo”.
No hubo ceremonia de firma del programa, pero “quisimos simplemente evidenciar con nuestra presencia –dijo en el acto en que Guillermo Ortiz Martínez anunció reducción del gasto público de casi 10%, incremento del impuesto al valor agregado de 10% a 15%, aumento inmediato de 35% al precio de las gasolinas, de 20% a las tarifas eléctricas y el gas, y de 2.5% mensual a las carreteras y tarifas de ferrocarriles, incremento salarial de 10% a los mínimos y profesionales, limitación a la expansión del crédito doméstico y el mantenimiento de la flotación del tipo de cambio– que apoyamos al presidente Zedillo y que, pues, bueno, debemos entender las circunstancias y comprender que este tipo de medidas nos darán la posibilidad de crecer”.
Apuntó que la opción, después de revisar y revisar posibilidades con analistas y expertos, era la suspensión de pagos, “que nos hubiera llevado a algo que nadie puede saber en qué va a terminar, por cuánto tiempo sería el daño y cuántas empresas cerrarían. Se tenía que evitar esta circunstancia, y pues otra fue la salida”.
El dirigente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Fernando Cortina Legarreta, aseguró el 15 de febrero que la única posibilidad de recuperar la confianza del capital “reside en la definición de un programa económico creíble en su aplicación y capaz de generar las divisas para financiarlo, un programa económico fincado en el crecimiento económico como objetivo, y no en el combate absurdo de la inflación”.
Contempló dos escenarios para la industria; uno optimista, en que habría un crecimiento de 1.6%, y otro pesimista, en que se produciría una caída de 4%, con un ajuste interno y una mayor disciplina externa.
Ahora dijo, el jueves 9, que “nos encontramos en un entorno muy diferente, en que los mercados han sufrido un cambio importante y han tenido variaciones considerables. En este momento consideramos que la medicina es amarga y la debemos tomar. De no tomarla, caeríamos en una hiperinflación y nos llevaría a consecuencias desastrosas”.
A la asamblea de la Coparmex fue invitado, sorpresivamente, el presidente del Partido de la Revolución Democrática, Porfirio Muñoz Ledo, así como el obispo Genaro Alamilla.
El presidente saliente de la Coparmex, Antonio Sánchez Díaz de Rivera, expresó: “el gobierno está en su derecho de imponer la política económica que considere adecuada para superar la crisis. La Confederación Patronal de la República Mexicana tiene, a su vez, el derecho de abstenerse del apoyo completo y de pedir al gobierno que gestione ante los acreedores internacionales y ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) mejores condiciones para esta etapa de México.
“En el viejo sistema político mexicano, corporativista y controlador, había siempre unanimidad de los sectores con las decisiones del gobierno. En el nuevo sistema político democrático habrá desacuerdos y apoyos. Nosotros creemos en la unidad con diversidad de opiniones y en la democracia participativa, y no sólo electoral.”
A su vez, el presidente entrante de la Coparmex, Carlos Abascal Carranza, precisó que el gobierno debe renegociar la deuda externa y pedir mejores términos al FMI y a los bancos internacionales. “Se deben pedir quitas de capital, mejores plazos y menos intereses, porque a quien debemos defender es a la población”.
Guillermo Velasco Arzac, director de proyectos especiales de la Coparmex, dijo que “no es posible sacar adelante la economía si los empresarios no están entusiasmados… Hay líderes que se quejan de que ésta no es una verdadera concertación sino una imposición, porque no se está atendiendo lo que se pide. Si en el sector privado queda la sensación de no haber sido escuchado en varios puntos razonables, sólidos, en los cuales hay consensos, será mucho más difícil activar la economía. Si algunas personas del gobierno piensan que la detención de Raúl Salinas de Gortari, que causó buena impresión en la sociedad, es un cheque en blanco para medidas impositivas, pueden llevarse la sorpresa de un gran descontento social”.
Porfirio Muñoz Ledo consideró que el presidente Ernesto Zedillo “nos dijo, con su programa: `la economía soy yo'”, al referirse a la falta de consensos para adoptar las nuevas medidas económicas.
Por su parte, el obispo Genaro Alamilla señaló que los sacrificios que se piden a una población de por sí castigada son “un pecado”. En la asamblea de la Coparmex fue notable la ausencia de los dirigentes de la Concamin, Concanaco, Canacintra, pero sobre todo del Consejo Coordinador Empresarial, que sí apoyaron el gobierno.
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