Amenazas de moratoria y de boicot contra los impuestos. Agobiados por las deudas y la falta de liquidez, empresarios de los estados rechazan el plan Zedillo

Encolerizados por las medidas económicas del gobierno federal, inversionistas del país anunciaron las consecuencias de “la imposición”: moratoria de pagos a la banca y de impuestos al sector público, manifestaciones callejeras, cierre de fábricas y comercios, despidos de personal.
El aumento de impuestos, con que el gobierno de Ernesto Zedillo pretende frenar la drástica crisis económica y que anticipó un día antes el embajador de Estados Unidos en México, James Jones, sólo recrudeció la ira de un sector privado que “ya no puede más” con las deudas y los embargos y que, en varias manifestaciones, expresaron que nada de esto acarrea bienestar a la familia.
Lo que irritó en extremo a los inversionistas nacionales Jones ya lo sabía. El miércoles, en una entrevista desde México con el noticiario estadunidense MacNeil/Lether Newhour, adelantó:
“Será un programa muy duro, difícil de tragar para los mexicanos, porque pedirá tremendos sacrificios, y casi seguramente implicará nada de crecimiento económico y una caída en el poder adquisitivo de los mexicanos.”
Dirigentes estatales de los organismos de la industria, el comercio y los servicios reprobaron los “ajustes” anunciados por el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Guillermo Ortiz Martínez, y reprocharon al gobierno haber puesto “oídos sordos” a las propuestas del sector.
Al borde del colapso, en varios estados de la república los empresarios comenzaron a dejar de pagar los “criminales” réditos que cobra la banca, otros optaron por liquidar a su personal o de plano por cerrar sus establecimientos.

CHIHUAHUA

En Chihuahua, la Coordinadora Estatal de Usuarios de la Banca declaró el viernes una moratoria generalizada de pagos a las instituciones crediticias, y resolvió no cubrir tarifas de agua y energía eléctrica; tampoco cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ni del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Ahogados por la cartera vencida, agricultores, empresarios, comerciantes y prestadores de servicios se pronunciaron el viernes por una tregua judicial para los deudores, luego de culminar en la Plaza de Armas de Ciudad Juárez una marcha que partió de Ciudad Cuauhtémoc.
Encabezados por el empresario radiofónico y exalcalde Humberto Ramos, el párroco Camilo Daniel y el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Ciudad Juárez, productores manzaneros y de los campos menonitas anunciaron que no pagarán impuestos al gobierno ni servicios contratados con la banca.
La abogada Luz Esthela Castro, coordinadora de los usuarios de la banca, dijo que la decisión de suspender los pagos a las instituciones crediticias, así como de las cuotas de energía, agua, IMSS e ISSSTE, es consecuencia de la dramática situación que padecen los deudores, y aseguró que crece el número de empresarios que se suman al movimiento.
“Los mismos abogados recomiendan a los empresarios que acudan con nosotros cuando el caso ya no tiene ninguna salida legal. Es creciente el número de empresarios que han dejados sus respectivas cámaras para defender sus casos, por la pasividad de éstas”, dijo.
Este fenómeno ha ido aumentando pese a un acuerdo que suscribió la Federación de Cámaras de Comercio del estado con el Centro Bancario de Chihuahua, por medio del cual el directivo Ramón Humberto Loya se comprometió a “promover la cordura” de sus agremiados, “evitando que se sumen a grupos anárquicos” que provoquen “inestabilidad”.
Al respecto, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en Chihuahua, Alberto Salomón, aseguró que, frente al nuevo plan emergente, de nuevo surgen “líderes charros.
“Así como entre los obreros hay líderes charros, también entre los empresarios tenemos líderes charros. Puedo señalar a Luis Germán Cárcoba García, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y a Fernando Cortina Legarreta, de la Confederación de Cámaras Industriales.”

YUCATAN

En Yucatán, el Congreso aprobó un inusitado punto de acuerdo mediante el cual se pronunció porque el gobierno zedillista declare la moratoria de pagos a sus acreedores extranjeros, y demandó desenmascarar a los funcionarios que implantaron medidas que condujeron el país al despeñadero.
En la sesión del viernes, el análisis del Congreso se centró en las medidas económicas anunciadas por el titular de la SHCP. Los legisladores acordaron declarar que “hubiera sido conveniente profundizar más en otras medidas de corrección de las crisis que fueran menos lesivas para el pueblo”.
Los diputados priístas y panistas del estado solicitan al Congreso de la Unión que “interponga su capacidad decisoria y su influencia política” para evitar el alza del impuesto al valor agregado (IVA) y para determinar las causas reales de las crisis. “Que se identifique a los responsables”, clamaron.
En tribuna, el priísta Rodolfo Menéndez aseveró que el paquete oficial agrava el problema económico. “Antes de esas medidas, se debió pensar en la moratoria de pagos de la deuda externa”, dijo quien en el gobierno anterior, como secretario de Planeación, propuso y logró que se aprobara una deuda local por más de 250 millones de nuevos pesos.

JALISCO

Con oscilaciones del desconcierto al enojo, los empresarios jaliscienses recibieron el anuncio del paquete emergente del gobierno zedillista. El sector privado no lo avala, es una imposición del gobierno, dijeron los presidentes de la Cámara Nacional de Artes Gráficas y de la Canaco de Guadalajara, Juan Antonio Alducín y Horacio Hernández, respectivamente.
Leopoldo Montelongo, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, se unió a ellos y manifestó que el sector privado no se siente escuchado.
El miércoles 8 afirmó que los industriales no admitirán el incremento de impuestos o de tarifas de los productos o servicios del sector público, y exigió incautar fortunas mal habidas para aliviar la carga de la deuda del país.
Arturo Márquez, presidente de los zapateros del estado, comentó que con el aumento al porcentaje del IVA se propiciará un mercado recesivo, pues no habrá crecimiento del mercado y con él se frenará todo.

TABASCO

Para los inversionistas de Tabasco, el paquete de ajuste fue considerado como “la puntilla”, pues no sólo se encuentran ahogados por la cartera vencida sino también por los adeudos a la SHCP, el IMSS y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
La mayoría de las empresas, destacó el líder local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Carlos Madrazo, está al borde de la quiebra, mientras que el dirigente de la Canacintra, Alejandro Bojórquez, anunció que su sector dio marcha atrás en la realización de un plan de desarrollo fabril para el sureste, ante la emergencia económica que atraviesa el sector.
De no superarse esta situación, agregó, en el corto plazo muchas empresas “corren el riesgo de declararse en quiebra”.
El líder de la Coparmex apuntó que la planta productiva estatal se halla en una situación sumamente precaria y que existen 7,000 deudores en cartera litigiosa, mientras que los bancos están a punto de convertirse en dueños de muchas empresas y viviendas.
La cartera vencida en el estado es de alrededor de 630 millones de nuevos pesos, más de la mitad de la cual corresponde a empresarios, según la Junta Coordinadora Empresarial de Tabasco, que agrupa a 8,500 socios.
El Frente para la Defensa del Patrimonio Familiar informó que 25,000 tabasqueños tienen cartera vencida, de los quienes 7,000 enfrentan juicios de embargo.

OAXACA

La crisis económica podría orillar a los empresarios “no sólo a ganar la calle, hacer paros o declararse en moratoria sino al suicidio”, advirtió el presidente de la Canacintra en Oaxaca, Francisco Alvarez Figueroa.
Por ello, 199 de los 398 afiliados a esa organización se hallan en moratoria de pagos desde finales de diciembre. Simplemente, no hay dinero para pagar impuestos, carteras vencidas y otros requerimientos a los bancos, la SHCP y el IMSS. Su deuda supera 30 millones de nuevos pesos.
En Oaxaca, las “criminales tasas de interés, la falta de liquidez y las bajas ventas” provocaron también que 1,500 negocios de los 3,000 afiliados a Canaco dejaran de pagar sus financiamientos.
Si no se logra ninguna concertación, amagó el líder estatal de los comerciantes, Rafael García, “nosotros también ganaremos la calle para manifestarnos”. Y es que, detalló, si en 1994 desaparecieron 6,700 negocios, en este año se prevé que esa cifra será superada.
El Centro Bancario de Oaxaca reconoce que una tercera parte de las 4,000 medianas, pequeñas y microempresas tiene cartera vencida, y dijo que la cifra aumentó de 9.8 millones de nuevos pesos en 1993 a 32 millones el año pasado.

VERACRUZ

En Veracruz, la falta de liquidez y las altas tasas de interés obligaron al cierre de empresas, y las que quedan están al borde del colapso.
Luis Requejo, presidente de la Canacintra, estimó urgente “apoyar a nuestros amigos los regiomontanos”, ya que la planta productiva se halla en crisis.
“Ya estamos al tope, a punto de tocar fondo. Pedir que nos apretemos más el cinturón es deprimente”, sostuvo, y demandó un esfuerzo conjunto. “Ahora le toca al gobierno cumplir su parte: adelgazar la burocracia a nivel federal, estatal y municipal.
“Si pasamos marzo sin un programa emergente que garantice el repunte de la economía, nos veremos obligados no sólo a las protestas sino a los paros escalonados de la industria en el estado. De momento, cabe aún en nosotros la prudencia.”
En el estado, sólo trabaja 15% de las 920 compañías constructoras, porque ya tenían contrato para este año. Pero según Aquiles Rodríguez, presidente de los constructores en Veracruz, nadie tiene nuevos proyectos de obra para 1995.

DURANGO

En Durango, la situación de los empresarios no es distinta.
La cartera vencida y el cierre de empresas acumulados en los últimos cuatro años fueron superados en sólo unos días del presente año: 221 empresas cayeron en cartera vencida –por 1,200 millones de nuevos pesos–, mientras que otras 208 cerraron por falta de liquidez.
Como último recurso para detener la crisis de sus negocios, los empresarios aseguran que si el gobierno incrementa los impuestos, ellos declararán la moratoria.
Francisco Monárrez Rincón, expresidente de la Cámara de Comercio local, considera que la situación es más dramática de lo que revelan las cifras.
Asegura que el reporte de 221 negocios con déficit sólo es el “reconocido”, porque la mayor parte de los 5,400 empresarios registrados no lo admiten por temor a verse más afectados.
El país se encuentra sin rumbo, dice el empresario: “si Zedillo decide aumentar los impuestos, los empresarios de Durango haremos lo mismo que los regiomontanos: declararemos una moratoria”.

NUEVO LEON

Para el empresario regiomontano Ignacio Santos de Hoyos, los errores de Ernesto Zedillo en tres meses son mayores que los de Salinas en un sexenio, y acusó al gobierno actual de subordinarse a los dictados del Fondo Monetario Internacional (FMI) en perjuicio de las empresas mexicanas.
Hermano del senador priísta y empresario Alberto Santos de Hoyos, acusó: el FMI “ha aplicado a México medidas tan drásticas, que no le interesa si el país está en ruinas o no; ellos quieren seguir sangrando el país, sin importarles cómo está la casa, y el gobierno no nos defiende. El gobierno está defendiendo a los ladrones y no a los dueños de la casa. Así de sencillo”.
Ejemplifica: “es como si yo tengo un perro muy bravo, pero no muerde a los ladrones, a los ladrones los deja pasar, a los que muerde son a los de casa. Ese es el ejemplo que veo en el gobierno de México”.
Entrevistado el miércoles, cuando junto con cientos de industriales salió a la calle a expresar su inconformidad por el manejo de la crisis, Santos de Hoyos advirtió: “ahí vienen los aumentos. ¿A quién? Al pueblo. ¿Para qué? Para poder pagar a los acreedores internacionales”.
–¿Se llegó a la situación actual por los “errores de diciembre”?
–Bueno, Salinas también cometió errores, que para mí fueron básicamente tres: permitir capitales golondrinos, que son los que nos están arruinando; no aumentar el deslizamiento de la moneda frente al dólar, y vender los bancos a un costo tremendo para la población.
No obstante, puntualizó: “los errores de Salinas son menores que los errores que ha cometido Zedillo en tres meses. Salinas se equivocó en tres puntos, pero no era para tanto. La gran falla del gabinete de Zedillo es no saber renegociar la deuda que dejó Salinas. No se trata de no pagar, se trata de renegociar”.

BAJA CALIFORNIA

En contraste, la cúpula empresarial de Tijuana rechazó declarar una moratoria de pagos.
Según Roberto Quijano, vicepresidente del Centro Empresarial de Tijuana, la amenaza de paro expuesta por los industriales de Monterrey y de otros estados no es la mejor forma de actuar.
Por el contrario, propuso la unión de todos los sectores para poder salir adelante como país.

TAMAULIPAS

En tanto, los empresarios de la frontera de Tamaulipas con Estados Unidos reprobaron las medidas unilaterales del gobierno.
Guillermo Rico y Yadala Charur, dirigentes de la Canacintra y de la Canaco, rechazaron el incremento de los impuestos y tarifas.
“No es posible sacrificar el desarrollo del país para cumplir los compromisos financieros del exterior. Primero está el interés nacional y luego el de los deudores”, clamó Rico.
Y sugirió: “antes de hipotecar el país, es preferible vender una tercera parte de Petróleos Mexicanos”.
Charur, a su vez, dijo que el paquete emergente del gobierno zedillista tomó “desprevenidos” a los comerciantes, y expuso que se reunirá con la dirigencia nacional de su sector para establecer la estrategia por seguir.

MICHOACAN

En Michoacán, Ramón Ramírez López, presidente de los industriales, mostró su molestia por la acción del gobierno federal y dijo que si no hay atención a sus propuestas, tomarán “medidas radicales. Ya no puede más el sector privado”, manifestó.
“Es una medida unilateral demasiado drástica, que causará un grave daño a las empresas. Consideramos que las acciones que se están tomando van a tener como consecuencia una espiral inflacionaria muy grave.”
Por su parte, José Luis Gil Arroyo, presidente de la Coordinadora Empresarial, declaró que los incrementos anunciados son una expresión de impotencia.