MONTERREY, NL.- Con tres años en la gubernatura, Sócrates Cuauhtémoc Rizzo García se ha caracterizado por ejercer en forma limitada el poder, acotado tanto por Carlos Salinas de Gortari, quien durante su mandato presidencial fue visto como el auténtico gobernador de Nuevo León, como por los magnates industriales-financieros; con todo, afirman los panistas, el gobierno de Rizzo García ha incurrido en dispendio, manejo discrecional de recursos públicos y promoción excesiva de su imagen.
El diputado local Felipe de Jesús Cantú, del Partido Acción Nacional (PAN), pone sello a la administración de Rizzo García: “es puro bluff”. Cantú y el también diputado panista Israel Hurtado facilitaron a Proceso una serie de documentos en torno de las denuncias que han presentado en tribuna en meses recientes, relativas a la proliferación de organismos públicos, los gastos abultados de la oficina del gobernador y el oscuro manejo de las finanzas públicas, entre otras anomalías.
A los diputados panistas les llama la atención, en primer lugar, la indefinición en el equipo de Rizzo García; durante su gestión se han dado constantes cambios en varias áreas, como la Secretaría Particular (tres titulares), la Coordinación de Comunicación Social (dos), la Secretaría General de Gobierno (tres), la Secretaría de Finanzas (dos) y la Secretaría de Desarrollo Social (tres). De las 16 secretarías, coordinaciones y representaciones que ha tenido el gobierno estatal en tres años, sólo cuatro conservan su titular “hasta el momento”.
Incluso amigos cercanos del gobernador, como Jorge Manjarrez, han mudado frecuentemente de posición: secretario de Desarrollo Social, dirigente estatal del PRI, candidato a la alcaldía y, a la fecha, director del Instituto de Vivienda, que se creó para darle acomodo luego de su derrota en agosto frente al panista Jesús Hinojosa.
La creación de organismos descentralizados y fideicomisos ha sido uno de los signos del gobierno de Rizzo García, los cuales, señala el diputado Cantú, “están en el limbo financiero; el Congreso no tiene acceso a las cuentas, que son revisadas supuestamente por auditores externos, quienes verifican la existencia de comprobantes, pero no la aplicación correcta de los fondos”.
Son precisamente esos organismos, especialmente Agua y Drenaje y Metrorrey, los más endeudados en el gobierno actual. En septiembre de 1991, cuando entró Rizzo García, la deuda de Metrorrey era de 479 millones de nuevos pesos, tres años después creció a 979 millones de nuevos pesos, sin considerar que parte de esa deuda, por estar contratada en dólares, se multiplicó tras la devaluación de diciembre.
La presa El Cuchillo dio lugar a la formación de un fideicomiso para desarrollar un proyecto turístico en los alrededores. En diciembre de 1993, el gobernador la recorrió en lancha y luego anunció que “el proyecto turístico ya está prácticamente en desarrollo, ya tenemos inversiones concretas por realizar, hay siete u ocho inversionistas locales y uno muy importante, que es el Seguro Social”. Poco se ha sabido desde entonces al respecto, fuera de versiones sobre acaparamiento de terrenos por parte de allegados a Rizzo García.
Para rehabilitar el antiguo canal de Santa Lucía se puso en marcha otro fideicomiso, encabezado por el propio gobernador y administrado por su amigo Jorge Chapa, empresario cercano también a Carlos Salinas. Meses antes de que se anunciara ese proyecto, por el que se pretende que esta ciudad tenga un paseo acuático al estilo San Antonio, Texas, otro empresario amigo de Rizzo García y de Chapa, Jesús de la Garza, empezó a presionar a los vecinos para que vendieran sus propiedades, según denunciaron en su momento algunos de ellos; varios colonos resistieron pero al final les expropiaron sus casas, en un litigio aún en curso. A la fecha, se ignora cuántos terrenos fueron acaparados en esa maniobra y a qué costo; Chapa sólo dijo que el dinero salió del gobierno estatal (Proceso 856).
El proyecto Santa Lucía fue en realidad la fachada para cumplir a Carlos Salinas el capricho de que se construyera sobre el canalón un Museo de Historia Mexicana, que con una inversión de 80 millones de nuevos pesos fue inaugurado el último día de su gobierno.
El Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Norte del Estado –Fidenor– también ha sido motivo de críticas y denuncias, tanto por su inutilidad como por el manejo dudoso de sus recursos. Creado en la administración anterior, el Fidenor sirvió para dar forma a otra iniciativa estrafalaria de Carlos Salinas: el puente Solidaridad, único punto fronterizo de Nuevo León que lo comunica… con ninguna parte; aislado en el desierto, con instalaciones y señalizaciones espectaculares, el puente tiene un aforo de apenas diez vehículos por hora y el proyecto para desarrollar negocios en los alrededores fue prácticamente abandonado.
El diputado federal Jorge Padilla Olvera, del PAN, demandó recientemente que se practique una auditoría al Fidenor, luego que su primer director, Antonio Fuentes Flores, denunció malos manejos. El exdirector habló de desvío de recursos por la venta de inmuebles y dijo que el organismo fue entregado “como botín”. En la gestión de Rizzo García han pasado por el Fidenor tres directores. Informes de la Contaduría Mayor de Hacienda revelaron que, en 1993, el Fidenor desvió personal y recursos para la feria estatal de Monterrey y su estado financiero registró documentos vencidos que no fueron pagados a los compradores de terrenos en el poblado Colombia, próximo al puesto fronterizo.
Otro organismo que ha despertado dudas es el llamado Fondo Financiero de Nuevo León, SA de CV. Se trata de una sociedad de inversión de capitales creada en mayo de 1993; en su escritura constitutiva figuran como accionistas el gobierno del estado e Interacciones Casa de Bolsa, SA, con 80% y 20% de las acciones, respectivamente. La escritura dice que el capital de la sociedad es de 50 millones de nuevos pesos y refiere que el consejo de administración lo integran el gobernador Rizzo García –como presidente–, Ismael Garza T. González, Luis Francisco González Parás y Carlos Hank Rohn –cabeza de Interacciones–, entre otros.
Los diputados panistas señalan, finalmente, que Rizzo García se ufanó mucho del apoyo de Salinas, lo colmó de elogios en cada visita, pero a la hora de hacer cuentas ese apoyo resulta relativo; una tabla comparativa de las participaciones federales para Nuevo León muestra que no aumentaron en el período 1991-94, en tanto que los apoyos financieros discrecionales no fueron cuantiosos.
Lo que sí ha crecido en esta zona metropolitana, en los años recientes, es la presencia de miembros destacados del cártel del Golfo; así lo demuestran los operativos de la Procuraduría General de la República, que han detectado numerosas residencias y negocios de integrantes de esa organización delictiva, como el seguimiento de llamadas que hace la DEA, en cuyas listas aparecen inclusive oficinas del gobierno estatal. En un artículo llamado “La banda de Los Pinos”, publicado en El Financiero el 5 de marzo, Eduardo Valle divulgó una carta dirigida al presidente Salinas –el 15 de octubre de 1994–, en la que le informa, entre otras cosas, de la probable relación con el cártel del Golfo de Othón Ruiz Montemayor, exejecutivo de la corporación VISA, quien ahora se desempeña como tesorero estatal.
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