XALAPA, VER.- Ausente del Palacio de Gobierno, enfrentado a la clase política veracruzana de dentro y de fuera, convirtió el edén priísta en zona de descalabros electorales e inestabilidad.
Cerca de Los Pinos, lejos de Xalapa, los bienes de sus principales colaboradores se incrementaron, mientras los alcaldes entregaban deudas y desfalcos a sus sucesores y se iban, casi todos, acusados de fraude.
Fiel a la política salinista, reprimió y contuvo el perredismo, mientras el antes inexistente panismo local se convertía en fuerza política gobernante en las principales ciudades de la entidad.
Sensible a las críticas, se enemistó con diarios locales; retiró publicidad oficial y presionó a los anunciantes comerciales; ordenó auditorías a los medios críticos, y promovió órdenes de aprehensión contra periodistas insumisos.
Así, al haber cumplido una tercera parte de su período gubernamental, desde la ciudad de México y en Veracruz mismo ya se promueve su retiro. Políticos interesados en su salida filtran versiones y aseguran que se va.
Esta es la historia del gobierno de Patricio Chirinos Calero, el amanuense de Carlos Salinas de Gortari.
EL DESGOBIERNO
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) gobierna aún en 148 de los 207 municipios de la entidad, pero perdió ante el Partido Acción Nacional (PAN) el estratégico puerto de Veracruz y otras 18 alcaldías, y frente al Partido de la Revolución Democrática (PRD) aceptó su derrota en 27 ayuntamientos.
En el “desgobierno” de Chirinos Calero –como se habla ya de su gestión–, hasta los partidos prácticamente en extinción ganaron municipios.
Una de las razones es el encono de Chirinos Calero con Gutiérrez Barrios y Dante Delgado. Todo posible aspirante a alcalde que tuviera relación con cualquiera de los dos era marginado. Muchos de los excluidos fueron postulados por la oposición.
Además de la debacle priísta, no pudo evitarse el conflicto poselectoral. El PRD sostuvo que había ganado en otros 20 municipios e inició movilizaciones, y después de presiones y negociaciones con Miguel Angel Yunes Linares, secretario de Gobierno y para algunos vicegobernador veracruzano, las impugnaciones perredistas quedaron en dos. En el resto, los inconformes declinaron las protestas.
Sin embargo, en San Andrés Tuxtla estalló la violencia el último día de 1994. La Policía Judicial del Estado y la Dirección de Seguridad Pública desalojaron a perredistas apostados a las afueras del Palacio Municipal. En el operativo, comandado por José Antonio Vázquez González –conocido como El Diablo, exchofer del actual dirigente del PRI, Amadeo Flores Espinoza–, Marcelino Seba Catemaxca, agente municipal de la comunidad de Buenos Aires Texalpam, cayó asesinado de un balazo, convirtiéndose así en el primer “muerto político” del sexenio zedillista. El número de heridos, golpeados y gaseados ascendió a 122.
Por el lado del PAN, los resultados sorprendieron. Peleó el segundo lugar al PRD y de los no más de 50,000 votos que había obtenido anteriormente, pasó a casi 300,000. Veracruz tuvo así una nueva correlación de fuerzas políticas, lejos ya de la “aplanadora” priísta.
LAS PROPIEDADES
En el Club de Golf Villa Rica, a la orilla del río Jamapa, en el municipio de Boca del Río, la residencia de Miguel Angel Yunes Linares resplandece. Blanca, circular, con rasgos de estilo mudéjar, sobresalen dos torres y en la punta parecen asomarse cuatro bocas de cañón.
Con 800 metros cuadrados y un costo aproximado de 3 millones de nuevos pesos, cuenta, además, con un amplio bar, alberca, dos palapas con vista al río y un amplio muelle.
La información anterior fue publicada por el diario Sur a principios de 1994. Otro periódico, Política, informaba el 8 de febrero pasado de la última adquisición de Yunes Linares: un miniyate, el Atlantis I, atracado en el muelle de la residencia, donde a un lado, bajo techo, hay, además, tres lanchas y tres automóviles.
Con el supuesto objetivo de dragar el río Jamapa para apoyar la captura de peces, se constituyó un patronato integrado por 48 prominentes empresarios del puerto de Veracruz –entre quienes figuran Enrique Cházaro Mabarak, Rafael Messeguer Lima, Manuel Ruiz Ortiz y el propio Yunes Linares como artífice del proyecto–, todos ellos propietarios de inmuebles en el Club de Golf Villa Rica. Sin embargo, Pedro López Rosado, dirigente de Pescadores Libres del Municipio de Boca del Río, afirma que la profundidad del afluente es suficiente para la pesca, por lo que el motivo real para tal obra es la de permitir que yates de mayor calado puedan atracar en los muelles de las residencias.
Yunes Linares tiene otra casa en el exclusivo Fraccionamiento Briones, en las inmediaciones de la antigua carretera Xalapa-Coatepec, que es su residencia habitual. También compró, al cafetalero Miguel Angel Vázquez, un terreno de 5,000 metros cuadrados, en Xalapa. La compraventa se realizó en aproximadamente un millón de nuevos pesos.
Miguel López Azuara, director de Comunicación Social, segundo hombre en las confianzas del gobernador, vive en Las Animas, la zona más exclusiva de Xalapa. Adquirió esta propiedad semanas después del “destape” de Chirinos Calero, en la primavera de 1992, y además compró una casa a la orilla del afluente Tuxpan, en el municipio del mismo nombre.
EL NEPOTISMO
Yunes Linares y López Azuara también han colocado a familiares en diferentes esferas del gobierno estatal.
José Yunes, primo hermano del secretario de Gobierno, es subdirector administrativo del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) y su cuñado, Miguel Reubolen Uribe, funge como director del penal “Ignacio Allende” del puerto de Veracruz.
Asimismo, en Comisa, empresa responsable de la construcción de la carretera Cosamaloapan-Veracruz –propiedad de Agustín Acosta Croda, hijo del exgobernador Agustín Acosta Lagunes–, participan sus hermanos Jesús y Antonio. Hasta diciembre pasado, Comisa tenía asignadas obras en Cosamaloapan y tuvo a su cargo la ampliación del bulevar de Coatzacoalcos.
Por su parte, el que fuera director de Información de la Presidencia de la República al inicio del sexenio salinista, Miguel López Azuara, de acuerdo con el periodista Carlos Jesús Rodríguez, tiene a sus hijos –Enrique, Miguel y Horacio– trabajando en el canal oficial de televisión Cuatro Más. Otro de sus hijos, éste adoptivo, de nombre León López, es jefe de Comunicación Social en la representación gubernamental de Veracruz en la ciudad de México.
A su vez, su nuera María Eugenia, esposa de Enrique, era secretaria particular del subdirector del IPE, Mariano Hernández Trejo, al menos hasta finales de 1994.
LA CORRUPCION
De acuerdo con Mariana Aguilar López, diputada local del PRD, hay en las cuentas del gobierno de Chirinos Calero alrededor de 80 millones de nuevos pesos sin justificar.
La Legislatura veracruzana realizó al menos 35 auditorías en los municipios. En la mayoría de los casos se descubrieron irregularidades, pero nunca se fincaron responsabilidades.
El puerto de Veracruz resultó el caso más escandaloso, toda vez que el faltante ahí fue de un millón 434,696 nuevos pesos.
El nuevo alcalde, Roberto Bueno, recibió la alcaldía con una deuda de 18 millones 363,680 nuevos pesos. A dos meses de su toma de posesión, no recibía aún partidas estatales y sobrevivía gracias a lo recaudado por ingresos del impuesto predial y del carnaval. Además, afirma que encontró graves carencias. “No sé si hubo saqueo o no, pero hallamos las instalaciones eléctricas por fuera y hubo que comprar muebles de oficina y equipos”.
Situaciones similares tuvieron que afrontar la mayoría de los presidentes municipales al tomar posesión. Los de oposición, en especial, se quejan de la falta de recursos.
Otros ayuntamientos en que no hubo transparencia en el manejo de los dineros públicos fueron los de Xalapa, Boca del Río, Poza Rica, Acayucan, Pánuco, Vega de Alatorre y San Juan Evangelista. Juntos sumaron faltantes por 5 millones 756,199 nuevos pesos.
En los casos de Orizaba y Xalapa, el gobierno estatal aplicó rigurosas auditorías. Sobre los exalcaldes Armando Ruiz Ochoa y Armando Méndez de la Luz se intentó fincar responsabilidad penal. Ambos, hombres ligados a Gutiérrez Barrios y Dante Delgado, respondieron públicamente a la amenaza y a las acusaciones de desfalco.
Por separado, denunciaron que los faltantes en sus arcas se debían al cumplimiento de una orden de Yunes Linares –entonces coordinador de la campaña priísta a la gubernatura– en el sentido de destinar fondos públicos a la gira proselitista de Chirinos Calero.
Otro punto de controversia fue el resultado del concurso para construir la carretera Veracruz-Cardel. Se asignó en el primer semestre de 1994 a la constructora ACCSA, de Valentín Ruiz Ortiz, que tasó los 45 kilómetros de la vía en 143 millones de nuevos pesos, contra 110 y 120 millones de nuevos pesos que ofrecían los otros concursantes.
Ruiz Ortiz, el agraciado, es el segundo en el organigrama del Comité de Financiamiento del PRI estatal. Asimismo, es el principal distribuidor de la Compañía Cervecera Moctezuma en la entidad y propietario de por lo menos 50 bares.
Cabe anotar que la autopista Veracruz-Cardel es la única obra que puede acreditarse a la administración chirinista.
LA PRENSA
Diario del Istmo, identificado con Fernando Gutiérrez Barrios, entró en conflicto con el gobierno de Chirinos Calero. El rechazo a intromisiones en la línea editorial, desacuerdos en cuanto a convenios de publicidad y la cobertura de la campaña del candidato del PRD a la gubernatura fueron las causas del diferendo.
Hace aproximadamente dos años se ordenó una auditoría al periódico y se acusó a su propietario, José Robles Martínez, de evasión fiscal. En octubre de 1994 se giraron órdenes de aprehensión contra él y su contador, Rafael Vega. Robles Martínez había decidido, tiempo atrás, autoexiliarse.
El gobierno amenazaba, pero ofrecía comprar el diario. Robles Martínez rechazó la oferta y, coincidentemente, denunció haber recibido anónimas amenazas de muerte.
En octubre de 1993, en la ciudad de México, cerca del Ajusco, apareció asesinado el abogado de Robles Martínez, Ricardo Ramírez. Después de cinco días de haber sido reportado como desaparecido, fue encontrado muerto de un balazo y con señales evidentes de tortura.
El problema llegó a las campañas presidenciales. A los candidatos del PRI, PRD y PAN Robles Martínez entregó sendas cartas con la denuncia de los hechos.
El conflicto continúa. Diario del Istmo y Sur (de la misma casa editorial) no tienen publicidad oficial, “hay bloqueo informativo” y siguen ocurriendo “cosas raras”, como el robo en sus oficinas de Xalapa. Se llevaron cheques y documentos, como la lista de anunciantes particulares. A pocos días del hurto, algunos clientes de los espacios publicitarios recibieron la “sugerencia” del gobierno para que los cancelaran.
Política, periódico que se edita en Xalapa y cuyo director es Angel Leodegario Gutiérrez Castellanos, exlíder del PRI estatal y exjefe de prensa del gobierno de Agustín Acosta Lagunes, también tiene “mala relación comercial con el gobierno”. La causa, “el tono crítico de las publicaciones”. Los espacios dedicados a la campaña de Heberto Castillo, candidato perredista a la gubernatura, fueron el motivo directo.
Otro ejemplo del manejo de medios de información que hacen Yunes Linares y López Azuara fue la visita que a finales de septiembre de 1993 hizo a la entidad el entonces candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.
El secretario de Gobierno contrató a porros de la Universidad Veracruzana, a travestis, empleados del gobierno y vagabundos para que aparecieran en diversos actos proselitistas del candidato perredista.
El Diario de Xalapa, El Sol de Veracruz, La Opinión y El Dictamen, así como las estaciones radiofónicas y televisivas locales, difundieron los incidentes. Copias del video que filmó el canal oficial Cuatro Más se distribuyeron en las oficinas gubernamentales.
Al día siguiente, los diarios Unomásuno y Excélsior publicaron, sin crédito, la misma fotografía que ya había aparecido en los periódicos veracruzanos.
LA REPRESION
Amarrados de pies y manos, desdentados, mutilados de ojos, testículos y lengua, con el cuero cabelludo arrancado y ejecutados con tiro de gracia, se hallaron los cuerpos de los hermanos Rolando y Anastasio Hernández Hernández en las inmediaciones del río El Chiflón, el 12 de septiembre pasado.
El hallazgo se dio cuatro días después de que indígenas nahuas y otomíes fueron desalojados del predio Las Tejas –comunidad de Plan El Encinal en Ixhuatlán de Madero– por elementos de la Dirección General de Seguridad Pública del estado, comandados por Juan Herrera Marín.
En denuncias enviadas a las comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos, al Departamento de Derechos Humanos Para Asuntos Indígenas de la Arquidiócesis de México, a Americas Watch y Amnistía Internacional, así como a las organizaciones indígenas Frente Democrático Oriental de México “Emiliano Zapata”, Consejo Supremo Indígena de Autoridades Regionales de las Huastecas y Sierra Oriental y Organización de Pueblos Etnicos “José María Morelos y Pavón”, señalan como responsables de la matanza al gobernador, al jefe policiaco José A. Domínguez Martínez Riveroll y a Tranquilino Hernández Reyna, cacique y exalcalde de Ixhuatlán.
El documento narra que los policías comandados por Herrera Marín y Domínguez Martínez Riveroll no mostraron orden de cateo, y con prepotencia y lujo de violencia irrumpieron en las chozas, saqueando y golpeando a los habitantes, lo que irritó a la comunidad, que se enfrentó a los uniformados.
En el enfrentamiento resultaron heridos de bala los campesinos Rolando y Anastasio Hernández Hernández, de 17 y 28 años de edad, respectivamente, y según comprobó el Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental (CDHHSO), los campesinos también fueron detenidos y amarrados durante su traslado a la finca Las Tejas, propiedad de Tranquilino Hernández, donde fueron torturados hasta perder la vida.
Durante el enfrentamiento con la comunidad murieron los policías Ramón Hernández Maldonado, del destacamento en Chicontepec, y Julián Hernández Valdez, adscrito al área de Pánuco. Se habla de otros dos policías muertos cuyos nombres se desconocen y que habrían sido trasladados al hospital de Pemex en la comunidad de Naranjos.
En un segundo comunicado emitido por el CDHHSO se informa que dos niñas fallecieron. Una aún no bautizada, de 24 días de nacida, y otra de seis años, de nombre Reina Tolentino.
Yunes Linares fue entrevistado días después de los hechos. “Avalo la rectitud de los cuerpos policiacos que actuaron con apego a la ley”, fue su comentario.
En tanto, el gobernador Chirinos Calero afirmó una semana después: “los resultados se harán públicos en su momento”.
Sin embargo, a la fecha no se ha rendido ningún informe. La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ha urgido en cinco ocasiones a la Procuraduría estatal para que apresure las investigaciones.
Habría que señalar que el gobierno de Veracruz ha recibido 119 recomendaciones de la CEDH y 12 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Veracruz fue la entidad que más visitó el expresidente Salinas de Gortari; lo hizo en 50 ocasiones. Ahora, son otros los tiempos, sin el respaldo de Los Pinos, confrontados Salinas y Zedillo, Chirinos Calero se ve en el desamparo.
En tanto, sus enemigos políticos se mueven. Miguel Alemán Velasco, el más fuerte aspirante a la gubernatura que perdió frente a Chirinos Calero, toma distancia; Fernando Gutiérrez Barrios concedió una inusual entrevista que El Sol de México destacó a ocho columnas, y Dante Delgado reaparece, triunfante, en una comisión presidencial en el conflictivo estado de Chiapas.
El senador Gustavo Carvajal Moreno, en visita realizada el año pasado a Veracruz, decía que no desechaba la posibilidad de gobernar Veracruz, “aunque fuese por un trienio”.
