ACAPULCO, GRO.- El asunto que llevó a su máxima tensión las relaciones entre José Francisco Ruiz Massieu y Raúl Salinas de Gortari fue la disputa por las ganancias del negocio que significó la adjudicación del proyecto turístico Tres Vidas en la Playa de Acapulco, integrado al megaproyecto de Punta Diamante.
“Esto fue lo que enconó a Raúl”, relató, a principios de este año, el padre de José Francisco, Armando Ruiz Quintanilla, a un grupo selecto de amigos.
Proceso siguió el caso, una de las líneas abiertas en la investigación que sobre la muerte del exgobernador lleva a cabo la Procuraduría General de la República.
Antes que Ruiz Massieu llegara a la gubernatura del estado, Troy V. Post, dueño de la Inmobiliaria Tropo, SA de CV, empezó a desarrollar turísticamente cuatro hectáreas colindantes al mar, en la zona que va del hotel Princess al aeropuerto internacional de Acapulco.
Mil problemas y obstáculos tuvo el empresario estadunidense para lograr su objetivo, por concepto de licencias y autorizaciones, además de las huelgas sindicales que a cada rato promovía el viejo líder Filiberto Vigueras. Fastidiado, abandonó todo.
Pasaron los años sin que nadie se hiciera cargo del asunto. Y hasta la llegada de Ruiz Massieu a la gubernatura el proyecto pasó a manos del gobierno de la entidad. Fue entonces, también, cuando Raúl Salinas de Gortari quiso meter las manos en el negocio.
No era la primera vez que José Francisco había entrado primero en tratos y luego en pugnas con Raúl. Viejos políticos recuerdan que hace 14 años, cuando Ruiz Massieu llegó a Guerrero para continuar su carrera política, comentó que no había ni dónde comer en el camino que va de Acapulco a Chilpancingo. Quería un Sanborn’s; encargó el terreno y se hacían los planes, que se frenaron por la oposición de Raúl Salinas.
Luego de lo dicho por el doctor Ruiz Quintanilla a sus amigos, se habló que las tensiones se dieron porque José Francisco dejó “fuera de la jugada” a Raúl en el proyecto Tres Vidas en la Playa.
El caso es que ahora se investiga todo lo referente a esos terrenos. Por este motivo, la documentación del proyecto Tres Vidas en la Playa ha sido ocultada en el Registro Público de la Propiedad de esta ciudad.
Copias de los registros, sin embargo, fueron obtenidas por este semanario. En ellos aparecen Ignacio Santos de Hoyos y Alberto Santos Hoyos –éste último expresidente del grupo Gamesa, promotor del fallido proyecto de Vaquerías y actual senador por el PRI–, como presidente del consejo de administración y apoderado, respectivamente, del proyecto turístico Tres Vidas en la Playa.
En otras palabras, los beneficiarios finalmente fueron los Santos de Monterrey, amigos y paisanos de los Salinas.
De acuerdo con los folios mercantiles 3270, 3271 y 3274, de fechas que van del 30 de marzo de 1993 al 1 de marzo de 1995, correspondientes al distrito Tabares del municipio de Acapulco, aparecen constituidas tres denominaciones o razones sociales –Residencial Tres Vidas, SA de CV; Hotel Tres Vidas, SA de CV, y Tres Vidas en la Playa de Acapulco, SA de CV–, constituidas con un capital de 50 mil nuevos pesos cada una.
Las tres tienen como único socio a Impulsora de Acapulco, SA de CV, representada primero por Carlos García Villarreal, después por Mario Alberto Campos Aguilar y luego por Carlos Javier Belden Elizondo.
Con escrituras públicas en Monterrey y Acapulco, las sociedades tienen como objeto, entre muchos otros, la administración, promoción, el diseño, la operación, el desarrollo, la compraventa, construcción y comercialización en general, así como la planeación y lotificación de todo tipo de inmuebles, hoteles, moteles, clubes deportivos, campos de golf, villas, condominios, condo-hoteles, copropiedades con la modalidad de tiempo compartido, centros comerciales, industriales, turísticos y unidades habitacionales.
Además del proyecto Tres Vidas en la Playa, la Procuraduría General de la República (PGR) investiga el caso de Punta Diamante, en la bahía de Puerto Marqués que, en opinión del entonces gobernador José Francisco Ruiz Massieu, redimiría de la miseria a los acapulqueños.
La investigación parte de las disputas que tuvieron Raúl Salinas de Gortari y José Francisco Ruiz Massieu por el traspaso de algunas propiedades en ese desarrollo turístico, que hubieran alimentado las “rencillas familiares”, una de las dos facetas señaladas por el fiscal Pablo Chapa Bezanilla como el móvil del crimen del secretario general del PRI.
Con una superficie inicial de 2 millones 653,788 metros cuadrados, el gobernador Ruiz Massieu puso en marcha el megaproyecto turístico mediante la expedición de la Ley de Fomento del Turismo, del 15 de agosto de 1987, publicada dos días después en el Periódico Oficial del estado de Guerrero. Casi dos semanas después, el 27 de agosto, el presidente Miguel de la Madrid Hurtado emitió el decreto que declaró como “causa de utilidad pública” el desarrollo turístico de Punta Diamante. (Proceso 703.)
Desde un principio se cometieron toda clase de irregularidades con los terrenos, mediante despojos, ventas ilícitas y enajenaciones fraudulentas. De un viejo peso por metro cuadrado en que se vendieron algunas propiedades, hoy rebasan 2,000 dólares. Aunque a unos se les pagó, otros antiguos pobladores sólo recibieron promesas, incumplidas, de reubicación.
LA “LIGA” TAMAULIPECA
Las pesquisas de la PGR, empero, se han concentrado en el fraude cometido con algunos de los mejores terrenos con vista a la bahía y que no pertenecen al proyecto de Punta Diamante, motivo por el cual está preso, desde el 31 de mayo de 1992, Abraham David Rubio Canales, exdirector general del fideicomiso Acapulco (Fidaca).
Acusado de vender irregularmente 479,000 metros cuadrados a la empresa Crescent, LTD, SA de CV, en 21,085 millones de pesos, en perjuicio del patrimonio del Fidaca, enajenó los terrenos que se sitúan en Cumbres de Llano Largo, en la carretera escénica Acapulco-Puerto Marqués, colindantes con el fraccionamiento Las Brisas. (Proceso 814.)
Rubio Canales –de 51 años de edad, casado, originario de Ciudad Mante, Tamaulipas– ocupó el cargo de director del Fidaca del 4 de mayo de 1987 al 2 de febrero de 1992, cuando fue suspendido en sus funciones. A finales de 1989 ocupaba también la dirección general de la Promotora Turística de Guerrero, empresa inmobiliaria del gobierno estatal encargada de promover y comercializar el proyecto turístico Punta Diamante.
La línea de investigación de la PGR partió de la declaración ministerial de Jorge Rodríguez González, originario de Ciudad Victoria, Tamaulipas, encargado de contratar a Daniel Aguilar Treviño y Carlos Angel Cantú Narváez, para dar muerte a Ruiz Massieu, siendo el primero quien le disparó.
Rodríguez González señaló que supo por su hermano Fernando que, durante la preparación del atentado, Manuel Muñoz Rocha estaba en contacto con Abraham Rubio Canales, “íntimo amigo del propio diputado”, quien manifestó su interés por “eliminar” a Ruiz Massieu, toda vez que lo consideraba culpable de su encarcelamiento. Fue el primer indicio para involucrar el cártel del Golfo, que encabeza Juan García Abrego, ya que Rubio Canales es consuegro del narcotraficante Raúl Valladares del Angel, miembro de esa organización criminal.
En días recientes, el abogado defensor de Rubio Canales, Juan César Rubio, declaró que el exdirector del Fidaca podría salir de prisión de un momento a otro, dado que uno de los principales testigos que declaró en su contra, Filiberto Chabelas Cortés, dijo que fue obligado a firmar una declaración ministerial preparada en la Secretaría Particular de la Subprocuraduría General de la República, a cargo entonces de Mario Ruiz Massieu. (El viernes 10, la PGR anunció que la acusación contra Rubio, relacionada con el crimen, fue sobreseída.)
Ahora la investigación apunta contra Salvador Giordano Gómez, subsecretario de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación durante el pasado gobierno y persona de confianza de Raúl Salinas, señalado como el hombre utilizado por éste para llevar a la cárcel a Rubio Canales y que sería llamado a declarar sobre las divergencias entre José Francisco y Raúl.
