MONTERREY, NL.- En el escenario de la crisis mexicana, que va de la revuelta zapatista al protagonismo del expresidente Carlos Salinas de Gortari, pasando por el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta y el arresto de Mario Ruiz Massieu, se entrecruza una serie de personajes y situaciones en una historia cada vez más enredada; desde el comienzo de 1994, los acontecimientos mexicanos parecen servir menos como fuente para una crónica política que como trama para una novela policiaca, en particular por su origen enigmático.
Curiosamente, muchas de las piezas del rompecabezas que es hoy la realidad nacional coinciden en un caso aparentemente ajeno: el del abogado Enrique Fuentes León, a quien a finales del año pasado se enjuició en una corte federal de San Antonio Texas, acusado de cohecho por autoridades de México y Estados Unidos; en las audiencias realizadas en esa corte, ya reseñadas por este semanario en enero, salieron a relucir la mayoría de los personajes y hechos que han convulsionado México en los últimos meses.
El abultado expediente de Fuentes León (FL) –registrado bajo las claves SA94-CR377 y SA94-516M–, que abarca miles de páginas y decenas de audiocasetes y videos, aporta datos para armar el fichero siguiente:
Enrique Alvarez del Castillo. El extitular de la Procuraduría General de la República (PGR) fue mencionado por uno de los testigos, el abogado Jack Pytel, quien dijo que Alvarez influyó para que FL fuera involucrado en el caso del asesinato de la niña Merle Yuridia Mondaín Segura –ocurrido en Acapulco, en octubre de 1986–, bajo el cargo de sobornar a dos magistrados para que liberaran al presunto homicida, Alejandro Braun Díaz.
La investigación del crimen de Merle Yuridia, afirmó Pytel, se aceleró luego que el gobernador de Guerrero, José Francisco Ruiz Massieu, se quejó con su “amigo cercano”, el procurador Alvarez del Castillo; éste no puede entrar en Estados Unidos, recordó el testigo, “porque nuestro gobierno sospecha de él, ya que era el gobernador de Jalisco cuando ocurrió el asesinato de Camarena Salazar. Y hay algunos nexos entre él y el narcotraficante Quintero”.
Humberto Benítez Treviño. El exprocurador general de la República envió a la corte de San Antonio al abogado Xavier Olea Peláez, para que declarara contra FL, pagándole boletos y viáticos, según admitió el propio testigo. En su comparecencia, Olea Peláez nunca precisó el interés de Benítez en el asunto, pero según Roy Barrera Sr., abogado de FL, el funcionario mexicano simplemente creyó hacerle un favor al fiscal, Glenn MacTaggart.
Tras el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, su hermano Mario, subprocurador, acusó a su jefe Benítez Treviño de facilitar la huida de Manuel Muñoz Rocha, al avisarle al FBI del lugar en Brownsville donde se encontraba el presunto autor intelectual del crimen; en su libro Yo acuso, Mario dice que “es posible que las instrucciones del procurador (Benítez Treviño), consciente o inconscientemente, facilitaran la fuga” de Muñoz Rocha.
En los vuelcos de la historia reciente, Olea Peláez aparece como abogado de Mario Ruiz Massieu.
Jorge Carpizo McGregor. El exsecretario de Gobernación figura en un casete presentado por la defensa de FL, copia del cual tiene Proceso. Consiste en una conversación de Olea Peláez con su esposa, Alejandra Trueheart, en la que se refiere en términos despectivos a Carpizo McGregor cuando estaba al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Jorge Carrillo Olea. El excoordinador general para la Atención de los Delitos contra la Salud de la PGR es citado por Alejandra Trueheart, en el casete mencionado, como presunto colaborador de su esposo en la intervención de teléfonos; Olea Peláez afirma que Carrillo Olea, a quien identifica como primo, “no sabe nada” sobre ese asunto, pero admite que “me gastaba 20 millones de pesos mensuales en (…) la intervención de teléfonos”.
El ahora gobernador de Morelos volvió a ser noticia hace unos días, cuando se supo que en su equipo figuraba como asesor Sergio Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas y del presunto autor intelectual del crimen contra Ruiz Massieu. Según El Nacional, el día de la detención de su hermano Raúl, Sergio se encontraba en Los Limoneros, la casa del mandatario morelense, de donde salió a la capital del país “a una diligencia con las autoridades que investigan el caso”. La nota informó, además, que Sergio presentó su renuncia como asesor “por motivos personales”, y que Carrillo Olea “tiene una gran amistad con la familia Salinas de Gortari, al haber trabajado como director de Seguridad Nacional”.
Luis Donaldo Colosio Murrieta. La fiscalía presentó una grabación, realizada el 14 de julio de 1994 por un agente encubierto del Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN), en la que FL asegura que sabe “cómo mataron ellos a Luis Donaldo Colosio”, predice más asesinatos políticos y lanza graves cargos sobre Carlos Salinas de Gortari; el abogado Barrera declaró a The San Antonio Express-News que esa grabación no implicaba a su cliente en los asesinatos de Colosio Murrieta y de Ruiz Massieu, y consideró que los comentarios de FL eran “generalizaciones sobre la situación política en México” (Proceso 944).
Enrique Fuentes León. El abogado se estableció en San Antonio en abril de 1991, donde inició una serie de negocios inmobiliarios poco claros y de trámites ante diversas instancias para resolver su situación migratoria y sus problemas con la justicia mexicana; a finales de 1993, el SIN empezó a investigarlo con un doble propósito: determinar si estaba involucrado en lavado de dinero e intentar localizar y aprehender al fugitivo Braun Díaz. Un agente encubierto de la DEA logró que FL le contara que en México lavaba dinero a través de cuentas de su casa de bolsa, pero en la audiencia no se supo para quién. La defensa desestimó esta historia, alegando que se apoyaba en grabaciones deficientes.
Sin embargo, investigaciones policiacas referidas por el reportero Ignacio Ramírez establecen, por otra parte, que uno de los socios de FL es Eduardo Legorreta, expropietario de Operadora de Bolsa, una de las más acusadas de fraude en el crack bursátil de 1987, encarcelado en 1989 –salió libre un año después– y actualmente es propietario de una empresa distribuidora de videos. “Se jacta de haber sido su socio en la empresa Operadora de Bolsa”, sostuvo el fiscal MacTaggart (Proceso 950).
El testigo Pytel reveló los contactos políticos que utilizó para ayudar a su cliente FL, entre ellos el congresista Solomon Ortiz y Lloyd Bentsen, exsecretario del Tesoro. Igualmente, relató que en un viaje a la ciudad de México pudo comprobar que una residencia que ocupaba FL era propiedad de Carlos Hank González; el fiscal no indagó más sobre la naturaleza de las relaciones entre el acusado y el exsecretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Por otra parte, en las indagaciones de la PGR sobre el atentado contra Ruiz Massieu, los agentes interrogaban a los testigos sobre las relaciones entre Carlos Hank González y Raúl Salinas de Gortari (Proceso 942).
En la audiencia de San Antonio, además, la fiscalía estableció la presunta relación entre FL y Muñoz Rocha, quien supuestamente lo acompañaba el día que el primero fue arrestado en la ciudad texana –19 de octubre–, cuando el segundo ya era el hombre “más buscado” por la policía mexicana; dos agentes del SIN, Juan Martínez y Rodrigo Reyes, declararon que el hombre que acompañaba a FL cuando lo arrestaron era el diputado priísta Muñoz Rocha. La defensa intentó desacreditar esa versión, pero el juez John W. Primomo la consideró válida en su resolución emitida en diciembre.
Guillermo González Calderoni. El excomandante de la Policía Judicial Federal es señalado como relación de FL por Olea Peláez, quien aseguró que los había visto juntos en el hotel Sheraton de San Antonio, en noviembre de 1991, y a pregunta expresa del fiscal afirmó que González es un presunto narcotraficante.
El controversial expolicía reveló después a este semanario que huyó hacia Estados Unidos por temor a que lo mataran “por ser uno de los hombres mejor informados de México”. Aseguró que entre los trabajos que le encomendó el presidente Salinas de Gortari estuvo el relacionado con el arresto de La Quina, por el que dijo haber recibido 1,000 millones de pesos. Y agregó: “era yo quien me encargaba de investigar desde 1988 a los políticos. A uno de los que investigué fue a Lucas de la Garza; toda la información al respecto se la entregaba a Raúl Salinas de Gortari en 1988, cuando él era funcionario de la Conasupo y su hermano era el candidato del PRI a la Presidencia de la República”.
Xavier Olea Peláez. En la audiencia salió a relucir parte de su historial: hijo del exgobernador interino de Guerrero Xavier Olea Muñoz, llegó a ser subprocurador de Justicia en esa entidad en tiempos de Ruiz Massieu; antes de ocupar ese puesto, dijo, Ruiz Massieu le pidió que representara a la familia agraviada en el caso Braun Díaz. Entre sus amistades figuran el exprocurador Diego Valadés –primer encargado de la investigación del asesinato de Luis Donaldo Colosio, autor de la hipótesis “del giro”, para justificar que un solo tirador había disparado sobre el candidato priísta– y el también exprocurador Ignacio Morales Lechuga.
Olea Peláez, abogado penalista que ha tenido como cliente a Juan Rafael Moro Avila –presunto asesino material de Manuel Buendía–, acusó en San Antonio a FL de sobornar jueces y acabó acusado de lo mismo, cuando la defensa presentó una grabación en la que él se jacta que en México compra jueces “y a todo mundo”. Quizá por esa experiencia, Mario Ruiz Massieu –que de acusador pasó a ser acusado–lo contrató como su abogado defensor luego de ser arrestado la semana pasada en el aeropuerto de Newark.
José Francisco Ruiz Massieu. El extinto secretario general del PRI es citado en varias ocasiones durante la audiencia, en particular en la comparecencia de Olea Peláez y cuando los agentes del SIN declaran en relación con Muñoz Rocha.
Por otro lado, después de la detención de Raúl Salinas de Gortari han ido apareciendo testimonios documentales sobre las desavenencias con su excuñado Ruiz Massieu. Siendo éste gobernador de Guerrero, le escribió a Carlos Salinas de Gortari, entonces secretario de Programación y Presupuesto, para informarle que “el día de ayer (18 de junio de 1987) me reuní con tu padre y tu hermano Raúl, por lo que se refiere a éste, no te puedo decir que haya sido agradable…”.
En torno del origen de esas desavenencias, The New York Times citó otra carta de Ruiz Massieu a Carlos Salinas de Gortari, después que éste llegó a la Presidencia en 1988, en la cual se queja que un subordinado de Raúl Salinas de Gortari entabló una demanda contra el gobierno de Guerrero. En un anexo de la carta, Ruiz Massieu “parece sugerir que la demanda fue un intento de venganza de Raúl Salinas de Gortari –entonces director de la Conasupo– porque el gobernador le había negado previamente a él y a un hombre descrito como su socio, Roberto González Barrera, un lucrativo contrato para construir una planta de harina de maíz en el estado”.
Carlos Salinas de Gortari. El expresidente de México es involucrado en el caso FL por varios testigos. Por una parte, Olea Peláez se ufana de su amistad con él, dice incluso que “me mandó llamar” a Los Pinos, aunque no precisa para qué. En tanto, FL acusó a Salinas de Gortari, en la conversación que sostuvo con el agente encubierto del SIN, de robar “millones y millones del gobierno”.
En esa grabación presentada en la corte de San Antonio, Fuentes León dijo también sobre Salinas de Gortari: “creo que va a ser encarcelado”.
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