Hace cuatro días, ante diputados y senadores, el secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz, volvió a afirmar que los acuerdos de Washington no vulneran la soberanía nacional porque no contienen compromisos políticos sino sólo cláusulas de carácter financiero.
Admitiendo sin conceder, queda todavía por verse si las cláusulas financieras no afectan, por sí mismas, esa soberanía. Todo indica que un gran número de mexicanos está seriamente preocupado por esa posibilidad.
Un buen indicio de la situación es el resultado del plebiscito organizado por Alianza Cívica, en el cual decenas de miles de ciudadanos pidieron que se rechacen las condiciones ligadas con el paquete crediticio. Este sondeo multitudinario confirma que para muchos mexicanos, el principio de soberanía nacional y derecho a la autodeterminación sigue ocupando un lugar central.
La soberanía se define como la calidad de un cuerpo de ser autoridad suprema e independiente dentro de un marco social definido. Según nuestra Constitución, en materia interna, la soberanía reside “esencial y originariamente en el pueblo”, y según la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de las Naciones Unidas, en asuntos internacionales, se identifica con el Estado.
“Todo Estado –afirma el documento citado– ejerce libremente soberanía plena y permanente, incluso posesión, uso y disposición, sobre toda riqueza, recursos naturales y actividades económicas. Cuando un Estado celebra tratados con otros, no pierde el derecho, en caso de cambio de régimen o de legislación, de reorientar el destino de sus recursos, mediante una compensación apropiada a los intereses extranjeros afectados.”
Aun cuando los vericuetos del derecho internacional son infinitos y su ambigüedad, tema para verdaderos especialistas, existen normas que fijan que un contrato internacional puede dejar de ser observado si las causas de mutuo beneficio que lo originaron dejan de existir.
Por tanto, la soberanía, como derecho inmanente y en términos jurídicos, no puede ser anulada por un tratado. Sin embargo, existen acuerdos que, en la medida en que se cumplen, pueden comprometer la soberanía. Es decir, vulneran la soberanía, considerada como práctica cotidiana.
El acuerdo firmado el día 21 de febrero contiene una serie de cláusulas que fijan en forma férrea la política financiera del país y otorgan al Tesoro de Estados Unidos la facultad de velar directamente por su cumplimiento. Como los préstamos y garantías serán entregados por etapas, cualquier infracción a los acuerdos por México cancela la operación.
El acuerdo marco entre Estados Unidos de América y México para la estabilización de la economía mexicana, cuyo contenido fue revelado en Proceso de la semana pasada, contiene, entre otras, las estipulaciones siguientes. Estados Unidos no desembolsará los recursos prometidos si:
1. México no cumple la Carta de Intenciones firmada con el FMI el 1 de febrero de 1995 y otras subsiguientes.
2. México incurre en algún incumplimiento sustancial de los acuerdos firmados el día 21 con Estados Unidos.
3. Pretende usar los fondos obtenidos para objetivos diferentes de los fijados.
4. Deja de cumplir sus pagos en los días fijados.
5. Deja de poner en práctica las correcciones a las políticas económicas exigidas por el Departamento del Tesoro.
6. Pemex instruirá al banco en el cual depositan sus pagos sus clientes extranjeros para que, de manera irrevocable, éstos sean depositados en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Si México cumple sus pagos, podrá usar esos fondos; si no, pasarán a cubrir los adeudos.
7. Para cualquier asunto litigioso, México se somete a las decisiones del juzgado de distrito de Estados Unidos localizado en el distrito de Manhattan en la ciudad de Nueva York y se compromete a abstenerse de recurrir a otros tribunales.
Estos términos no dejan lugar a dudas. Durante la duración del tratado, México compromete su soberanía financiera, es decir, el derecho de adoptar políticas y hacer uso de recursos en función de sus cambiantes necesidades, y esta vez no en favor de un organismo internacional, como el FMI, sino de su socio principal en el TLC. Puede, es verdad, rescindir el acuerdo, pero ateniéndose a las consecuencias. Así, una condición de soberanía limitada que existe ya desde 1982 se reproduce y prolonga en condiciones muy desfavorables, adquiriendo rasgos de permanencia.
El tratado tiene, además, graves efectos sobre las relaciones con Estados Unidos. La integración de México con ese país ha sido en los 20 últimos años un proceso dramático, impulsado por cambios económicos, financieros y tecnológicos globales sumamente acelerados. Esto comenzó mucho antes que el TLC y hubiera continuado aun sin la firma de éste. Las redes de las trasnacionales grandes y pequeñas cruzan la frontera que separa los dos países uniendo a trabajadores, consumidores y accionistas norteamericanos y mexicanos en proyectos binacionales o multinacionales cada vez más numerosos. Entre 1980 y 1993, el comercio entre ambos países se triplicó y las inversiones de Estados Unidos en México han crecido aún más aprisa. El proceso representa una reducción de la importancia de la frontera en los movimientos de capital, mercancías, tecnología, información, influencias culturales e incluso –desafiando todas las restricciones– de trabajadores.
Nos hemos visto violentamente arrojados al torbellino que Soedjatmoko, el expresidente de la Universidad de las Naciones Unidas, definió en los términos siguientes: “en el proceso de interdependencia, todos nos hemos vuelto vulnerables. Nuestras sociedades son permeables a decisiones tomadas en otras partes del mundo. La dinámica de la interdependencia puede ser mejor comprendida si pensamos en el globo no en términos de un mapa de naciones y países sino de un mapa meteorológico en el cual sistemas climáticos se mueven independientemente de cualquier frontera nacional…”. En estas condiciones, la soberanía ha adquirido nuevas dimensiones aún difíciles de aquilatar.
No es necesario recordar que las relaciones entre México y Estados Unidos son altamente “asimétricas”. Estados Unidos es la última de las grandes potencias; México, un país “emergente” o en desarrollo. El nuestro es un país peligrosamente endeudado; Estados Unidos, su principal acreedor. El país del norte es un exportador de capitales; México, un ávido importador de dólares. A pesar de ser su tercer socio comercial, México sólo representa 4% del comercio exterior de Estados Unidos; en cambio, éste acapara dos tercios del comercio exterior mexicano.
En estas condiciones, para internarse en las nuevas relaciones sin perder totalmente su soberanía, México debe insistir en tres factores: el estricto control de su política económica, la seguridad de que sólo adquiere los compromisos que puede cumplir, la capacidad de aumentar su ahorro interno y transformarlo en inversión productiva para basar fundamentalmente su desarrollo en sus propias fuerzas. Si no logra avances en esos tres aspectos, sus relaciones con Estados Unidos serán cada vea más “asimétricas”.
Por la misma naturaleza de las cosas, Estados Unidos irá reafirmando su actitud condescendiente, su pretensión de superioridad y dominio, y por el lado de México crecerán las sensaciones de vulnerabilidad, descomposición social e inferioridad. Estamos pasando de la actitud de desconfianza vigilante que caracterizó nuestra relación con Estados Unidos durante décadas, a una de asociación en condiciones de extrema debilidad. Es tiempo de marcar con claridad los límites que separan la “asimetría” de la pérdida de soberanía. Debemos estar listos a pagar el precio de la dignidad, porque sin ella no hay sociedad posible con el vecino del norte.
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