Abrir varios frentes es, por lo general, mala táctica; lo anterior vale lo mismo para la guerra que para la política y, desde luego, para el amor. Vista la vorágine de acontecimientos acaecidos en las últimas semanas, en particular en los últimos días, me atrevo a sugerir que lo más sensato y útil para el país es que el presidente de la República asuma a plenitud que las acciones de la PGR relativas a los casos Colosio y Ruiz Massieu, cargadas de un inevitable contenido político, son, paradójicamente, el principio de la despolitización de la justicia en México.
Es cierto que Ernesto Zedillo ha roto no con una sino con varias de las mal llamadas “reglas no escritas” –suma de usos y costumbres que pasando por encima de las leyes terminaron por adquirir carta de naturalidad y ser hasta motivo de orgullo en un sistema sin contrapesos ni controles–; pero es también cierto que otros personajes se encargarán de romper otras “reglas” al calor de la hoguera encendida con la aprehensión de Raúl Salinas de Gortari; mas el presidente de México no debe asumir las decisiones de la justicia como un asunto en el cual él es uno de los extremos del conflicto político que aquéllas han desatado.
Si la opinión pública interpreta el curso de la justicia como el acto que simboliza la ruptura política entre Zedillo y su antecesor, visión inevitable en un régimen que ha tenido en la impunidad y el silencio cómplice dos de sus pilares, no conviene que sea ésa también la visión del titular del Poder Ejecutivo de la Unión, por bien de la propia justicia y del ansiado Estado de derecho.
Esa politización de la justicia tiene otro potencial riesgo: que la tarea del procurador Antonio Lozano Gracia, exdirigente y excoordinador parlamentario del PAN, se identifique como el prolegómeno de una cacería de “peces gordos” del priísmo, cuyo eslabón más espectacular sería el propio expresidente Salinas; como un ajuste de cuentas contra el grupo salinista en el cual la alianza es entre el PAN y el presidente Zedillo; que en lugar de apreciar las acciones de la PGR como el cumplimiento del elemental deber de procurar justicia sin distingo de personas, la visión de grupos y bandas enfrentadas por el poder e instrumentando acciones disfrazadas de aplicación de justicia, sea la que prive.
A esa visión contribuyen en buena medida múltiples editoriales y no pocas notas especulativas sin más base que la imaginación de reporteros en búsqueda de primeras planas.
Flaco favor hacen a la tarea de Lozano Gracia expresiones como la siguiente: “por algún lugar y en algún momento tenemos que retomar el rumbo. Hoy, ese lugar es la Procuraduría General de la República, que merece –como lo declaró Felipe Calderón Hinojosa en nombre del PAN– un apoyo decidido, magnánimo y esperanzado de todos los mexicanos. Tenemos que ponernos en orden” (Carlos Castillo Peraza, Reforma, 2/03/95, p. 8A).
Resulta, por lo menos, excesivo atribuir a la PGR, cuya limpieza interna apenas comienza –plagada de enormes riesgos, como lo comprueba el atentado contra el doctor Juan Pablo de Tavira–, esa responsabilidad, que sólo puede ser del conjunto de instituciones, de hombres y mujeres que se desempeñan tanto en el Poder Ejecutivo como en los otros dos poderes de la Unión y en los partidos políticos. Convertir la PGR en la paloma capaz de cruzar el pantano sin mancharse, en cruzado impoluto que arrasará con los establos priístas, es tanto como apostar fama y figura del procurador Lozano a las expectativas de su partido.
Dejemos que la procuraduría prosiga su tarea sin verse envuelta en la confrontación política, sin tener que cumplir por ella misma los objetivos que son responsabilidad de todas las fuerzas interesadas en el avance democrático y la construcción de un verdadero Estado de derecho. Insisto en lo expresado en otros foros: la PGR ha puesto a disposición de juez competente a un ciudadano acusado de un grave delito, pero no lo ha declarado culpable. Mantengámonos alejados –vigilantes de que no ocurra– de la tentación de proteger la imagen del gobierno, o del presidente, torciendo el camino de la justicia, haciéndola rehén de la razón de Estado o, peor aún, de una opinión pública hoy tan proclive a los linchamientos, presa de un estado de ánimo propiciado por el enésimo agravio, por la ausencia de responsabilidad y carencia de justicia.
Leo y escucho editoriales y declaraciones que hacen del encarcelamiento de Raúl Salinas y de las declaraciones del expresidente Salinas el “parteaguas” de esta semana. ¿Cuántos parteaguas llevamos en la última década? Sin duda, la decisión presidencial de dar curso a la acción de la justicia tiene una enorme trascendencia política; suscribo los análisis que ven en esa acción el posible inicio del fin de la impunidad, como también me parece sano que si el expresidente Salinas desea defender la obra e imagen de su gobierno –desde luego, también la de su hermano encarcelado– tenga el derecho de hacerlo, sin que la intolerancia que alimenta la irracionalidad se lo niegue.
Por consideraciones como las antes expresadas cabe insistir en que los problemas de fondo siguen ahí, no se evaporaron, ni las posibilidades de resolverlos mejoraron sustancialmente con la (¿efímera?) “nueva imagen” del presidente Zedillo. Ahora estamos ante riesgos mayores: una sociedad y una prensa –acostumbradas a las prácticas autoritarias, personalistas, que hacen del presidente de la República el factótum todopoderoso que debe resolverlo todo– que esperan nuevas acciones espectaculares; a falta de pan, circo. Ese es el riesgo mayor que debemos atajar para permitir que la verdadera justicia siga su curso, y entonces poder atender los retos políticos y económicos que el país tiene en su agenda inmediata.
El debate económico puede encontrar un rumbo con alternativas de salida si lo descargamos de la presión emocional, revanchista, a la que ha estado sometido en las últimas semanas. Antes de preguntar ¿quién tuvo la culpa?, convendría establecer con meridiana claridad cuáles son esas culpas, en dónde estamos ante problemas fuera del control de las autoridades económicas, en dónde, ante decisiones económicas erradas, y finalmente, llegado el caso, si hubo mala fe, dolo o beneficios personales ilegales en las decisiones tomadas.
Los dos primeros asuntos corresponden al campo de la economía; el último, al de la justicia.
Argumentar que las críticas a las decisiones y acciones del gobierno son a “toro pasado”, buscando descalificarlas, es –siguiendo con el lenguaje de la tauromaquia– intentar salirse por peteneras, como lo han hecho en recientes declaraciones Guillermo Ortiz y Miguel Mancera. El segundo debe aún una explicación de por qué no actuó ante la salida de capitales y baja acelerada de las reservas que, según su dicho, fue provocada por los acontecimientos políticos del año pasado. Aceptando, sin conceder del todo, que la explicación de Mancera sea la buena, lo que no sabemos todavía es por qué no hizo uso de las facultades que le otorgan la Constitución y la Ley Orgánica del Banco de México para, en 11 meses de 1994, adoptar medidas que impidieran la sangría y evitaran la macrodevaluación. ¿O es que acaso el señor Mancera consideró un problema menor perder más de 10,000 millones de dólares de la reserva?
Mancera tampoco ha explicado las razones que tuvo para autorizar la emisión de Tesobonos por la estratosférica suma de más de 30,000 millones de dólares. El apostó a que no habría devaluación, contra 30,000 millones de apuestas a que sí la habría. El apostó a que el buen negocio era endeudarse internamente en dólares para pagar menores intereses. El declaró, en los primeros días de diciembre de 1994, que el tamaño del déficit externo de México era la medida del éxito de la estrategia económica, y ahora quiere que nos olvidemos del asunto, porque recordar esos hechos es a “toro pasado”, sólo que el toro sigue suelto y ha dejado a su paso una estela de desolación.
Por su parte, Guillermo Ortiz, émulo en las metáforas taurinas del gobernador del banco central, niega con singular énfasis lo que todo México sabe: el paquete de ayuda norteamericano implica condicionamientos evidentes, creo que inaceptables, a la política económica del gobierno mexicano a través de un candado de doble llave, una en manos de la Reserva Federal y otra en poder del FMI.
Es el colmo que mientras Ortiz negaba enfático ante el Congreso mexicano que existieran esos condicionamientos, el Congreso estadunidense votaba, por mayoría apabullante, una moción que obliga al presidente Clinton a informarle con detalle de los condicionamientos impuestos a México como garantía del paquete de ayuda.
No hay duda de que la administración Salinas, de la que formaron parte muchos de los que hoy pretenden lavarse las manos, tomó un camino equivocado al considerar que las turbulencias políticas cesarían después de la elección de agosto, y que ello haría innecesaria la devaluación. Cabe también la justificada sospecha de que esa conducta obedeció a la campaña del propio Salinas en pos de la jefatura de la Organización Mundial de Comercio; como también, sin lugar a dudas vistas las consecuencias, haber emitido Tesobonos en los montos que llegaron a alcanzar terminó por convertirse en una camisa de fuerza para un manejo adecuado de la política monetaria, de tasas de interés y tipo de cambio.
Cometidos esos errores, los que marcaron el inicio de la administración del presidente Zedillo terminaron por hundir la nave. Quienes informaron en diciembre, o antes, al presidente Zedillo del estado de la economía, de las reservas internacionales, del comportamiento de los mercados financieros nacionales y extranjeros, así como de la situación de nuestra balanza de pagos, lo indujeron a declarar enfático que no habría devaluación. Días después, la realidad se impuso y nuevos errores se cometieron, el más grave: abrir la banda de flotación sin una estrategia sustentada en la disponibilidad de reservas para hacer frente a la corrida en contra del peso y sin haber evaluado el impacto de los Tesobonos en la reacción que la medida provocaría. Después, el primer paquete de emergencia, que evocaba los múltiples paquetes de la crisis de los setenta, la negativa reacción internacional y la pérdida de certidumbre de los inversionistas nacionales y extranjeros, hicieron inevitable la retirada del Banco de México de los mercados cambiarios; como en 1982, en lugar de apasionada entrega, lo que tuvimos fue la graciosa huida.
Jaime Serra debió renunciar, no sin antes reconocer algunos de los errores cometidos; la larga marcha para superar la nueva crisis dio inicio. Los errores tienen la misma matriz, casi los mismos actores, provienen de la incapacidad de asimilar la crítica para reconocer que el modelo de política económica, implantado desde 1985 y desarrollado contra viento y marea a lo largo de toda una década, encontró sus límites. Ahí está la raíz de los nuevos errores. No reconocer la necesidad de cambios profundos en la política económica –no hablo de cerrar la economía, ni de nacionalizar nada, ni de volver a esquemas tan agotados como el que periclitó en diciembre– los lleva a aceptar un paquete internacional de “ayuda” cuyo primer objetivo es hacer frente al pago de los Tesobonos para así, según la ortodoxia, dar confianza a los mercados, estabilizar el peso y recobrar condiciones para el crecimiento, todo ello sin alterar los objetivos, la estrategia ni los instrumentos que nos condujeron a la crisis.
La evidencia en contra de las pretensiones de Mancera y Ortiz es contundente, la economía sigue a pique, el cierre parcial o total de empresas se generaliza, la insolvencia afecta empresas de todo tamaño y actividad, el desempleo crece a niveles que pueden convertirse en detonante de descomposición social, el PIB podría alcanzar, en este año, un decremento a niveles sólo vistos en las colapsadas economías de la extinta Unión Soviética. Por ese camino, la estabilización se hará a costa de dañar en forma irreversible las potencialidades del crecimiento, de colapsar buena parte del aparato productivo dejando sin empleo, es decir sin alimento, techo, vestido, educación y salud, a millones de mexicanos. Sí hay otros caminos, sí existen otras estrategias que, sin demoler lo edificado en la última década, permitirían hacer frente a la situación.
De ello me ocuparé en las próximas entregas a Proceso, pero por lo pronto lo que cabe reivindicar es el valor de la crítica, la pertinencia de la búsqueda de alternativas, y exigir a los altos funcionarios económicos del gobierno dos cosas: la verdad y un poco de humildad; visto el desastre, lo único que hoy pueden afirmar con certeza es que ellos sí saben cómo hacerlo.
Por lo demás, volviendo al inicio, que la justicia –sin adjetivos– haga su trabajo, mientras los mexicanos nos ocupamos de salir avante de esta dura etapa.
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