La dramática ruptura del presidente con el expresidente, materializada en la aprehensión del ingeniero Salinas, ha merecido aprobación generalizada. Muchos han visto en el gesto espectacular el anuncio del combate a la impunidad; algunos también lo han alabado como signo de un régimen en que prevalecerá la justicia. La última interpretación es, por lo menos, desproporcionada.
Las reiteradas afirmaciones “nadie está por encima de la ley” y “se llegará al fondo en las investigaciones pendientes” serán, si se cumplen, triunfos del derecho, pero no necesariamente de la justicia.
Justicia y derecho están relacionados, pero no son lo mismo. Se relacionan como alma y cuerpo: la justicia es espíritu que anima, valor humano fundacional que ordena la convivencia, virtud primaria de toda persona y sociedad; el derecho es conjunto de normas, leyes y procedimientos orientados a hacer efectiva la justicia aplicando racionalmente el poder del Estado. No siempre lo logra: en todas las épocas ha sido tragedia del derecho dar pie a manipulaciones, desvirtuar su sentido cayendo en el legalismo e inclusive convertirse en instrumento de la injusticia. Summum ius, summa iniuria: la aplicación extrema del derecho produce la injusticia también extrema.
En la tradición política mexicana, el derecho ha servido demasiadas veces a acciones autojustificativas del poder; particularmente en coyunturas sucesorias, aprehensiones y encarcelamientos legalmente sustentados (Díaz Serrano, Durazo, La Quina, Legorreta…) han obedecido a dictados políticos: venganzas, rupturas, afirmaciones del poder, búsqueda de símbolos y mensajes se han recubierto de legalidades convenientes; pero esas aplicaciones del derecho no han sido necesariamente avances de la justicia. Cabe preguntarse si ésos y otros desplantes presidenciales de legalidad (como el pedir perdón a los pobres o el proclamar campañas de renovación moral) modificaron en algo el autoritarismo o la impunidad de nuestro sistema político o si condujeron hacia una verdadera autonomía del Poder Judicial respecto del Ejecutivo. El recurso al derecho es más bien, en la práctica mexicana del poder, complemento conveniente y necesario de la autocracia legitimada.
En la presente coyuntura, los retos del derecho (castigo de los crímenes políticos, fin a los privilegios de los intocables y otras deudas pendientes con la ley), por importantes que sean, están rebasados por el reto mayor de la justicia. El problema de fondo no está en el Camino de Santa Teresa sino en Chiapas; y en la medida que Chiapas recapitula todos los agravios nacionales, está en todo México.
En la “solución” que este gobierno se empeña en dar al conflicto chiapaneco se sacraliza el derecho y se violenta la justicia. Se legitima la solución militar como “recuperación de la soberanía”, olvidando que la soberanía que hay que salvar es la que representan los rebeldes que buscan su patria perdida. Se invoca el establecimiento del “Estado de derecho” aplastando la demanda de un “Estado de justicia”, que es lo que proclaman los armados. Es fácil cubrir con el manto de la legalidad la injusticia máxima; los legalismos fariseos han acompañado siempre las perversiones de las “buenas conciencias”; es fácil ocultar, bajo la reverencia a la ley, la opresión inmisericorde del prójimo. Desde aquel “señor del sábado”, que quebrantaba la ley en busca de la justicia (Mt. 12,8), ha quedado claro que la libertad del hombre se construye sometiendo la ley a la justicia.
Quienes hoy invocan el Estado de derecho para justificar la represión militar en Chiapas (y pienso también en el PAN, con su admirable doctrina abstracta sobre la dignidad de la persona y el orden social basado en la justicia), ¿por qué no lo invocaron en tiempos de Absalón Castellanos y Patrocinio González? Su argumentación de hoy, en busca de la letra de la ley, permanece ciega a la injusticia del contexto y a sus causas profundas. Cada quien construye sus argumentos a partir de sus valores reales.
El rigor de la ley se ejerce casi siempre sólo contra los pobres. Así es hoy también en Chiapas: si hay orden de aprehensión contra Marcos, ¿por qué no la hay contra Absalón y Patrocinio? ¿No hay pruebas suficientes para que sean indiciados? Si se ha encarcelado a algunos indígenas por simpatizar con el zapatismo, ¿por qué no se ha procedido contra los instigadores de la intolerancia coleta? El derecho en Chiapas ha sido inveteradamente racista; en su aplicación, en todas partes, es clasista y selectivo. Ojalá, en estos días en que se debatirá en el Congreso el proyecto de Ley de Amnistía, los legisladores tengan presentes los riesgos del uso político del derecho, cuando se olvida que sobre éste debe prevalecer la justicia.
Los acontecimientos de estos días, densos de historia, se ensamblan como en un drama clásico y sus personajes encarnan delirios y pasiones: la enajenación de un expresidente que ordena a su escolta impedir la detención del hermano; el terror a los fantasmas que denotan los jefes militares al arrasar Aguascalientes; la traición de los priístas a su jefe de ayer; o el autoengaño de los nuevos gobernantes que consolidan su poder con fidelidades discutibles. En estos días de rupturas y traiciones, revanchas fallidas e intrigas sigilosas, conviene no perder de vista lo esencial: no confundir los juegos del poder que se legitiman en el derecho con la acción orgánica y generosa de gobernar para todos, transformando estructuras y comportamientos, reorientando la economía, protegiendo la veracidad en los medios de información y respetando la voluntad popular en las elecciones; es por esos caminos donde se construye la justicia.
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