Que el sistema político mexicano agoniza es una verdad de Perogrullo: a estas alturas nadie puede argumentar que los acontecimientos de los últimos días sean algo más que los coletazos de una mecánica para dirimir conflictos y reproducir hegemonías que dejó de funcionar. Y el hecho de que Ernesto Zedillo se haya visto obligado a tomar las medidas extremas que hoy conocemos no obsta para felicitarnos de ellas. Cualesquiera que hayan sido las razones que llevaron al presidente mexicano a recurrir a actos de fuerza y a rupturas irreparables, el resultado es digno de elogios que no deben regateársele al mandatario arrinconado por su herencia, por sus errores, y por la inmensa complejidad que encierra la gobernación de este país. Pero las soluciones aportadas a los problemas planteados no carecen de contradicciones propias: en situaciones de emergencia como la que vive México, ya no hay salidas fáciles o desprovistas de inconvenientes. Una de ellas podría ser el bagaje que arrastra Raúl Salinas de Gortari, y que tendría que formar parte del expediente político, si no es que penal, de su enjuiciamiento por la sociedad, si no es que por la justicia mexicana. No era sólo, como bien lo dijo el semanario Proceso en su momento, un hermano incómodo del presidente Carlos Salinas de Gortari. Era el encargado, en todo caso esporádico, de misiones delicadas y cruciales del gobierno anterior, y cuyos resultados –éxitos o fracasos– no deben quedar al margen de la retrospección nacional que México emprende hoy a tropezones y a regañadientes. Quisiera comentar rápidamente una de esas misiones, que si bien no fue publicitada en su momento ni puede ser comprobada hoy, ha sido lo suficientemente comentada en privado para ser investigada en público. Desde 1988, y quizá desde noviembre de 1987, se sabía en determinados círculos que existía entre George Bush –en aquel momento vicepresidente de Estados Unidos y candidato a suceder a Ronald Reagan en la Casa Blanca– y Carlos Salinas de Gortari un llamado back channel o canal de comunicación informal y eficaz. Un instrumento para construir ese canal fue el contacto que estableció a finales de 1987 José María Córdoba Montoya, brazo derecho de Carlos Salinas desde 1981, con Donald Gregg, entonces asesor de seguridad nacional del vicepresidente norteamericano; otro fue una relación estrecha que se tejió entre Carlos Salinas y un abogado mexicano de cierta edad, cercano amigo de Bush desde sus años petroleros en México a finales de la década de los cincuenta, y que Gregg le sugirió a Córdoba como enlace. Otro conducto fue, por una razón u otra, la relación entre Raúl Salinas de Gortari y Jeb Bush, el hijo de quien sería luego presidente de Estados Unidos, y que estaba casado con una mexicana. Mucho antes de que Carlos Salinas fuera presidente, se forjó una amistad estrecha, que después se traduciría en repetidas estancias de Raúl Salinas en las casas de Jeb Bush en distintas localidades de Florida, y del fracasado candidato a la gubernatura de Florida en los ranchos del hermano mayor del presidente mexicano. La relevancia, la intensidad y las consecuencias de este back channel son desconocidas hasta el momento, por más que Proceso se propuso, en vano, investigarlas. Resultaría de la máxima importancia que tanto las autoridades mexicanas como el Congreso norteamericano elucidaran el enigma: ¿se discutieron, se convinieron, se negociaron allí asuntos de Estado de ambos países? No se puede juzgar sólo penalmente al régimen anterior; la impunidad que debe ser erradicada de este país es también aquélla que impide la rendición de cuentas: no sólo quién murió y quién robó sino quién contrajo y por qué se asumieron los compromisos y se pusieron en práctica las políticas que llevaron a México al despeñadero. Una segunda contradicción tiene que ver con la dinámica que sin duda va a desatar la decisión del presidente Zedillo de encarcelar a Raúl Salinas y de romper pública y acrimoniosamente con Carlos Salinas. No es concebible que este último haya dejado crecer su soberbia al punto de pensar que no requería de varias pólizas de seguro de vida: los expedientes, los amigos y cómplices, la información y las bombas de tiempo minuciosamente colocadas para protegerse en caso de que su sucesor decidiera consolidarse a expensas suyas. Si a este presentimiento –compartido por todos aquellos que conocen bien al expresidente– sobre el maquiavelismo y la astucia perversa del antiguo mandatario se suma una situación insólita en la política mexicana, se verá que el conflicto actual tendrá repercusiones que rebasan ampliamente lo penal y lo personal. En efecto, si acusar a familiares de un expresidente constituye una ruptura encomiable con las tradiciones mexicanas, el que el acusado o sus allegados se defiendan también lo es. La costumbre era otra: aguantar en silencio la penitencia impuesta, a sabiendas de que las consecuencias del enfrentamiento eran peores que las de la resignación. La omertá se aplicaba a los entrantes y los salientes, a víctimas y a victimarios, acusados y acusadores. Hoy ya no: Carlos Salinas anunció con toda claridad que piensa pelear para defender a su hermano, y a sí mismo. Nadie sabe –o sólo el presidente Zedillo está en condiciones de hacerlo– cuáles son las herramientas con que cuenta Salinas para desplegar dicha defensa, y si son utilizables. El ayuno de Carlos Salinas y sus posibles secuelas endemoniadas son sólo una de estas herramientas. Pero la conjunción de la voluntad de resistir y la posibilidad de disponer de armas para hacerlo obligan a exigir un cuidado particular de las autoridades mexicanas. El caso contra Raúl Salinas tiene que ser perfecto; la coyuntura no permite descuidos, errores, olvidos o improvisaciones. Esto lleva a una tercera contradicción en potencia. Como muchos dijimos a tiempo –no ahora sino, en el caso de Raúl Salinas, desde septiembre de 1992, en un par de artículos publicados, el día 24 en El País y el 16 en Los Angeles Times–, el problema con el hermano incómodo no era sólo de impunidad política y penal sino de sospechas generalizadas, aunque nunca probadas, de corrupción y enriquecimiento. Por otra parte, no parece mayor duda de que la declaración ante el Ministerio Público en octubre de 1994 por Raúl Salinas de que llevaba 20 años sin ver a Manuel Muñoz Rocha, el diputado priísta desaparecido e inicialmente acusado de ser el autor intelectual del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, era falsa, falsedad que implica un delito punible penalmente. Pero si a Raúl Salinas se le juzga por la autoría intelectual de dicho asesinato, es esta acusación la que hay que probar y ese delito, el que hay que castigar. No se vale acusarlo de asesinato, pero juzgarlo y condenarlo por sus abusos o mentiras durante el sexenio de su hermano menor. A Al Capone se le encarceló por un delito menor –evasión de impuestos– cuando todo Estados Unidos sabía que sus fechorías eran mayores. La inversa –acusar a alguien de un delito mayor, cuando lo socialmente reconocido son delitos de menor gravedad– es inaceptable, sobre todo en un país y en un momento donde y cuando el imperio de la ley no es una realidad. De lo contrario, se estaría buscando poner fin a la impunidad mediante un acto de autoridad sin fundamento legal, aunque plenamente apoyado por la opinión pública y sin duda justificada desde el punto de vista de la ética o la moral. Pero esto ya se intentó en México: hace casi exactamente seis años con La Quina, el exdirigente sindical cuyo encarcelamiento espectacular permitió el despegue del régimen de Carlos Salinas. Ya sabemos cómo fue el aterrizaje. Esto lleva a una cuarta y última consideración. Para que todo se haga bien, incluso en un sistema de impartición de justicia por sentencia y sin jurado como el mexicano, la “adversialidad” propia del sistema anglosajón es imperativa. La pugna entre defensores y Ministerio Público, entre la autoridad y los acusados, es sana e indispensable para hacer justicia. Pero para ello, los acusados requieren defensores, no sólo ante el juez sino ante la opinión pública. Y aquí volvemos al problema de las lealtades y traiciones, de la lamentable ausencia de constancia y convicción de la clase política, intelectual y empresarial mexicana, cuando se trata de sostener posiciones ante la adversidad. Carlos Salinas se ha defendido solo, en parte porque su carácter lo lleva a ello, en parte porque le quedan pocos amigos de tantos que tuvo. No es posible que un país prospere y se supere cuando permite que a escasos tres meses de perder el poder un mandatario que concitó apoyos, complicidades y entusiasmo como pocos en la historia contemporánea, dentro y fuera de México, hoy se vea privado de cualquier aliado o amigo. Pocos, muy pocos, de los que hace meses o años aplaudían enardecidamente la audacia y el rumbo del “Hombre del Año” no sabían lo que hoy se ventila en público. En aquel entonces, Salinas cosechaba alabanzas y aplausos a pesar de sus bien conocidos y extensamente denunciados defectos, excesos y abusos. Sobre advertencia no había engaño. Sería saludable –más aún, indispensable para la salud del país– que los partidarios de Carlos Salinas presidente lo sigan siendo de un Salinas acorralado, desacreditado y abandonado. Quienes nunca lo aplaudimos hoy insistimos: no hay justicia sin defensa ni ajuste de cuentas con el pasado sin fidelidad al pasado. Es la hora de la lealtad: al país, a las convicciones y a la verdad. Es una sola.
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