A partir de septiembre de 1994 y durante varias semanas, en la Oficina de Representación Pemex –Petróleos Mexicanos– en Houston (ORPH), una grabadora contestaba las llamadas telefónicas de proveedores o clientes, a quienes se debían millones de dólares:
“No se preocupen –decía el mensaje–, ya no existimos en Houston, pero todas las obligaciones que tenemos con nuestros proveedores serán respetadas.”
Si alguno de los sorprendidos acreedores acudía a la calle de 3600 South Gewssner, suite 100 en Houston, Texas, domicilio de la ORPH, por instrucciones del director, Ramón Guerrero, no se les abría ni la ventana.
Fue el camino que siguió Pemex para evitar responsabilidades laborales, que dejó un saldo de 33 empleados –estadunidenses, centroamericanos y mexicanos– en la calle.
Los afectados reclaman pagos indemnizatorios por cerca de 4.5 millones de dólares, de septiembre del año pasado y hasta el 1 de marzo último.
Según documento de Pemex, fechado el 19 de septiembre, la ORPH se cerró por las razones siguientes:
“En consideración de la vulnerabilidad que ésta tiene ante demandas judiciales, que eventualmente fueran presentadas en contra de Pemex, sus organismos subsidiarios o filiales…”, así como por “el riesgo potencial de que dichas entidades pudieran ser calificadas eventualmente como sujetos de derecho, sobre las cuales tuvieran jurisdicción las cortes y aplicación las leyes norteamericanas; trasciende también a acciones fiscales, laborales y mercantiles emanadas de las autoridades gubernamentales de Estados Unidos de Norteamérica”.
Según argumentan los despedidos –por conducto de su abogado Francisco Echeagaray–, “se trata de una maniobra evasiva de Pemex”.
Ahora, dice Echeagaray, esa representación sigue funcionando con el mismo equipo, los mismos negocios y hasta algunos miembros del antiguo personal, sólo que constituida en Estados Unidos como Integrated Trade Systems, Inc. (ITS), y formalmente, aunque las acciones son de Pemex, se convirtió en una empresa “estadunidense”.
Para Echeagaray, Pemex aplicó una estrategia “oscura y con engaños” con el propósito de eludir la ley mexicana, ya que “en materia laboral, la ley estadunidense es más flexible. Por ejemplo, allá basta una notificación con 15 días de antelación a un empleado para que éste pueda ser despedido, siempre y cuando no haya ciertos agravantes”.
En cambio, continúa Echeagaray, 33 empleados recibieron el año pasado un finiquito llamado “plan de indemnización de la Oficina de Petróleos Mexicanos en Houston”, el cual les dejaba muy pocas opciones: o aceptaban renunciar a los derechos que marca el reglamento de Pemex y la Ley Federal del Trabajo, perdiendo su antigüedad, o llamaban a un abogado y se las arreglaban como pudieran.
Una de las víctimas laborales, Gloria Robinson, exsupervisora del departamento de inspección y expedición de la ORPH, después de 15 años de ser reconocida empleada modelo –”fui nombrada empleada del mes dos meses antes de que nos despidieran”–, se queja:
“Queremos que nos liquiden de la misma manera que lo hicieron con las otras subsidiarias de Pemex, las de París, Tokio, Nueva York, Laredo. Recibía cartas de recomendación, aumentos salariales… No tienen excusa para hacer esto.”
Robinson, indignada por el proceso irregular que ha seguido la Secretaría del Trabajo y Previsión Social mediante la Junta de Conciliación y Arbitraje (JCA), señala la importancia de la empresa:
“Teníamos a nuestro cargo las compras –desde tornillos hasta plataformas–, la logística y el tráfico de todo material de importación que pudiera necesitar Pemex. Nuestra subsidiaria era realmente importante. En la de Laredo trataron de hacer lo mismo, pero el personal se rebeló. Aquí, algunos aceptaron el trato y se quedaron, en condiciones injustas, en la nueva ITS.”
Pasadas dos reuniones con la JCA desde que inició su defensa, al abogado Echeagaray le sorprende que siempre se pierdan las demandas “porque la parte representante de los trabajadores vota en favor de Pemex, cuando debería velar por el bien de sus agremiados”.
Considera, de acuerdo con lo manifestado en la notificación enviada por José Muñoz de Cote –encargado, según Robinson, del “trabajo sucio” de Pemex hacia los empleados–, que el despido injustificado “obedece a la presunta incosteabilidad de operaciones”, lo cual refuta porque “esa oficina operó durante más de 20 años”.
Según Echeagaray, “el cambio de razón social de una oficina que sigue perteneciendo y es sostenida económicamente por Pemex sólo es un pretexto para ocultar la verdad”.
Dice de la reunión celebrada el 22 de noviembre, en la Junta de Conciliación y Arbitraje:
“Nos dijeron que debido al cambio de gobierno, ya no podían sostener el acuerdo a que se había llegado, de promover el pago de las indemnizaciones hasta que llegaran los del nuevo sexenio.”
El abogado considera esto como “una burla para los trabajadores y sus familias, quienes llevan más de cinco meses desempleados”.
En México, debido a que el 28 de marzo tenían cita en la Junta especial número siete de la Federal de Conciliación, Pemex les dijo que ya no podía recontratarlos. Robinson y otros empleados lamentan:
“No puede ser que no me puedan recontratar sólo porque estoy peleando por mis derechos. Se aseguraron de que ninguno de los que estaban en esta demanda fuéramos recontratados. A esto le llamo discriminación.”
Roni Brod, ciudadana estadunidense y auxiliar en el departamento de sistemas de la ORPH, viajó a México sólo con la esperanza de que se cumpliera la ley. Estupefacta, ilustró:
“Nos forzaron a firmar documentos en español, sin traducción alguna y, de no signarlos, nos amenazaron con ser despedidos. Así nos trataron.”
 |
 |
 |
 |
 |
