TEPOZTLAN, MOR.- La historia de un pueblo indígena condenado a pagar con sangre la defensa de su tierra, herencia del zapatismo, es la de este municipio de más de 27,000 habitantes que hoy, una vez más, hace frente a las pretensiones de inversionistas nacionales y extranjeros –con la complicidad de autoridades locales– de convertir cerca de 200 hectáreas en un lujoso fraccionamiento residencial, cuya oferta principal es el diseño de un campo de golf, supervisado por el legendario golfista estadunidense Jack Niclaus.
Como hace cuatro años, cuando la comunidad impidió al gobierno de Salinas de Gortari tender, sobre 20 hectáreas de zonas boscosas, una nueva vía férrea que comunicaría la ciudad de México con Cuernavaca, nuevamente los tepoztecos se alistan para hacer frente a este intento de “despojo” y “depredación” de terrenos pertenecientes a zonas ecológicas y comunales, protegidas por dos decretos presidenciales.
También, igual que hace cuatro años –esta vez teniendo como adversario el grupo constructor KS–, los tepoztecos luchan contra una avanzada maquinaria de publicidad, por medio de la cual funcionarios del gobierno estatal y la prensa local actúan como promotores alternos del proyecto.
“Morelos, como todo el país, necesita recursos que en lugar de salir al extranjero se queden y hagan crecer sus comunidades. Las oportunidades que el proyecto puede traer a Tepoztlán difícilmente podrían obtenerse de otra manera”, dice la propaganda elaborada en los talleres del periódico gubernamental El Regional del Sur, en la cual se magnifican los alcances del “megaproyecto”:
“El Club de Golf el Tepozteco dará 13,620 empleos en su etapa de construcción y 2,900 empleos permanentes en su etapa de operación. La aportación que hará en impuestos es igual a lo que el municipio recabaría en 20 años. Eso es beneficio inmediato para el pueblo.”
El proyecto, para el cual se dispone de una inversión de 311 millones de dólares durante los próximos seis años, consiste en la construcción de un campo de golf profesional de 18 hoyos, par 72, con reconocimiento para integrarse a la Asociación Profesional de Golf, representada por Jack Niclaus, y la autorización para constituirse en la primera Academia Internacional de Golf en México.
Inspirado en la “exigencia de golfistas nacionales e internacionales”, el campo estaría rodeado de exclusivas zonas residenciales y hoteleras “modelo en la preservación ecológica”, cuyo escenario serían las zonas boscosas del parque nacional El Tepozteco, constituido por decreto de 1937, y el corredor ecológico Ajusco Chichinautzin, de 1988.
La obra incluiría “una casa club con estilo típico de hacienda morelense en 8,000 metros cuadrados de construcción. Un desarrollo residencial y condominio de extraordinaria calidad, con servicios 100% ocultos y estilo de construcción rústico colonial mexicano. Un hotel y SPA de gran lujo con 60 suites, centro cultural, social, educativo y ecológico, para apoyo de la comunidad”.
Todo, sobre una superficie de un millón 849,370 metros cuadrados que el grupo empresarial reclama como suyo por medio de un convenio de cesión de derechos de propiedad, otorgado en 1962 por el entonces Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, hoy Secretaría de la Reforma Agraria.
En la lista de inversionistas que participarán en el proyecto aparecen funcionarios públicos retirados, entre otros David Ibarra Muñoz, exsecretario de Hacienda y Crédito Público, y empresarios como Ricardo Salinas Pliego, propietario de la cadena mueblera Elektra y de Televisión Azteca.
El grupo empresarial es encabezado por los hermanos Francisco y Juan Kladt Sobrino (de ahí las siglas KS), como presidente y vicepresidente, respectivamente. El primero es además yerno de Ibarra Muñoz, razón por la cual en la lista de 72 inversionistas aparecen otros familiares suyos, como David Ibarra Carmona, hijo del exfuncionario.
También aparece Hugo Salgado Castañeda, notario público número dos de Cuernavaca, a quien durante más de 15 años se ha identificado como prestanombre del expresidente Luis Echeverría Alvarez; aparte, recientemente se le involucró en los negocios que en esta ciudad realizó el matrimonio formado por la condesa de nacionalidad italiana Francesca Vacca viuda de Augusto y Maurizio Raggio, implicados en el lavado de por lo menos 20 millones de dólares, en el cual presuntamente habría intervenido el exprimer ministro italiano Bettino Craxi.
A finales de 1994, la justicia italiana encontró que parte de los 89 millones de dólares que Craxi, en sociedad con otros particulares, había adquirido ilegalmente en la disolución de la empresa Enimont en Roma llegaron a Cuernavaca vía el Centro de Inversiones Internacionales de Bancomer.
Con ese dinero, la pareja italiana constituyó negocios en esta ciudad, entre los cuales se hallan las empresas Omnia Trade y Givepovimaco, Sociedad Anónima. Entre sus socios figuró Salgado Castañeda, quien hasta el 30 de abril de 1991 ocupó la administración de Givepovimaco, según consta en escritura de la notaría número ocho, firmada por el titular de la misma, Alfredo Gutiérrez Quintanilla.
En círculos políticos de la entidad se habla de la posibilidad de que el proyecto del club de golf sea financiado también con ese dinero.
El grupo KS es una asociación de empresas, entre las cuales figuran: Piscis Internacional, de Pedro Enrique Reyes Castellanos; Constructora Tzematzin, de David Porter Garín; Servicios Integrales de Comercialización Inmobiliaria, de José de los Ríos Hernández; Pirámide y Convento, de José Antonio Zorrilla Ducloux.
EL LITIGIO POR LA TIERRA
Las casi 200 hectáreas en disputa están dentro del parque nacional El Tepozteco y la zona de amortiguamiento del corredor ecológico Ajusco Chichinautzin. Esto es reconocido por el propio grupo KS en la Manifestación de impacto ambiental que recientemente presentó ante el Instituto Nacional de Ecología.
“No está a discusión la propiedad de la tierra. Pertenece al grupo KS”, insiste su presidente.
“Los terrenos son parte del área comunal constituida por decreto presidencial del 14 de noviembre de 1929”, responde la comunidad tepozteca.
Esta lucha se ha librado desde hace más de 25 años. “El presente proyecto se concibió en la década de los sesenta como un club de golf campestre; sin embargo, no se llevó a cabo por falta de capital. Actualmente, el proyecto se ha diseñado como una opción que permite vivir con las condiciones de una zona urbana, pero en un marco de respeto y armonía con el medio natural que lo rodea”, explica el grupo constructor.
No obstante, los comuneros no claudican, y a cambio de que acepten el proyecto, el grupo KS reparte promesas de beneficios.
En un reciente estudio efectuado por la empresa en torno de la situación económica del municipio –al que la Secretaría de Desarrollo Social sitúa dentro del rango de extrema pobreza–, se destaca que los recursos anuales captados por el ayuntamiento vía impuestos ascienden a un millón 800,000 nuevos pesos, de los cuales un millón 500,000 se destinan al gasto corriente y el resto –300,000 nuevos pesos–, a obras públicas.
El compromiso de KS –de aprobarse el proyecto– será elevar esta cifra, según cálculos propios, a 11 millones de nuevos pesos, además de garantizar la creación de 18 empleos por cada hectárea ocupada.
La secretaria de Desarrollo Ambiental del gobierno estatal, Ursula Oswald Spring, promueve el proyecto y el pasado 28 de enero, durante la presentación del libro Ecoturismo en el estado de Morelos, fue duramente cuestionada por ecologistas de la entidad y pobladores de Tepoztlán, a quienes la funcionaria dijo que el club de golf reúne las características de un proyecto de “desarrollo sustentable. Ya es tiempo que los mexicanos se quiten el síndrome del no. A los intereses de la minoría deben sobreponerse los de la mayoría”, respondió.
Abraham López Cruz, presidente de Bienes Comunales, denuncia que el grupo KS se ha dedicado a realizar cabildeos y encuestas entre la población, a la cual ofrecen “empleo seguro. “Incluso ya instalaron una oficina en donde los solicitantes pueden acudir para apartar su lugar. Esto es denigrante, porque lo único que provocan es la división del pueblo”.
En 1991, la comunidad indígena de Tepoztlán logró ganar el juicio penal que originó el proyecto de construcción de la nueva línea de ferrocarril México-Cuernavaca, pese al avance que ya tenían los trabajos y el derribo de cientos de árboles a cargo de la empresa Ingenieros Civiles y Asociados.
De la misma manera, a mediados de la década de los setenta, la comunidad tepozteca impidió que el entonces gobernador, Armando León Bejarano, llevara a cabo su sueño de instalar un teleférico turístico que conectaría los cerros del parque nacional El Tepozteco.
Otra lucha la sostienen contra Guillermo de Jesús Occelli González, cuñado de Carlos Salinas de Gortari. En 1993 inició la construcción del fraccionamiento la Quinta Piedra –24 condominios horizontales– sobre 98,000 metros cuadrados de terrenos ejidales, que en 1983 había obtenido de manera ilegal, según denuncia Refugio Marquina Ríos, comisario ejidal.
A mediados de 1994, cuando la obra ya se había concluido, las autoridades ejidales descubrieron que en el catastro municipal no había expedientes sobre la compra de los terrenos ni constancias del pago del impuesto predial. Las autoridades del ayuntamiento ignoraron las denuncias de los campesinos. Ahora, sobre 64,935 metros cuadrados, Occelli González construye el fraccionamiento la Sexta Piedra.
Finalmente, por lo que hace al club de golf, los ejidatarios esperan que el Tribunal Unitario Agrario de Morelos les otorgue razón en el juicio iniciado el 23 de enero contra el grupo KS. La única versión oficial hasta el momento conocida es la del Instituto Nacional de Ecología, que en escrito fechado el 14 de febrero último negó haber autorizado la construcción del club.
