Es el gobierno federal, no el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el que se ha colocado fuera de la legalidad, el que ha atentado contra la soberanía, el que ha roto el orden constitucional y el que ha quebrantado el Estado de derecho.
Lo dicen dos abogados.
Perseguidos, amenazados, hostigados, los hermanos Benito y Manuel Mirón Lince ofrecen sus argumentos.
Encargados de los asuntos jurídicos del EZLN hasta el nacimiento de la Convención Nacional Democrática, explican que el Ejército Zapatista se levantó en armas no para atentar contra la Constitución sino para hacer que se respetara, ante los embates de un sexenio, el de Carlos Salinas, que no solamente la desfiguró sino que, con las reformas del artículo 27 constitucional, le arrebató su espíritu agrario.
Son contundentes: en lugar de las comunidades indígenas declaradas autónomas, quienes rompen la soberanía son aquellos que, sin el consentimiento popular, corren a Washington a firmar el TLC y el reciente “apoyo” crediticio, medidas que han entregado el país al extranjero. Se trata de “un neoliberalismo que, en lo interno, por lo que se refiere a Chiapas, aplica la fuerza mientras habla de diálogo; de un gobierno que no quiere la paz sino acabar el conflicto de la forma que sea, cuanto antes, y que para ello manipula los conceptos de soberanía y Estado de derecho”.
Con la ley en la mano, precisan, el gobierno justifica la fuerza y la elusión de la justicia. Comete, sin embargo, notables errores en materia jurídica.
Uno: el gobierno federal arguye que la movilización del ejército a partir del 9 de febrero fue en calidad de “coadyuvante”, con el propósito de restablecer el Estado de derecho y preservar la soberanía. Pero, intimidados por las armas, los pueblos ocupados prefieren el éxodo, y, así el “coadyuvante” ejército mexicano “no puede defender ninguna soberanía, porque no hay soberanía sin pueblo, ya que, como bien lo establece el artículo 39 de la Constitución, la soberanía reside en el pueblo”.
Benito Mirón Lince, quien en 1994 abandonó la presidencia de una Junta Especial del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para asumir la representación legal del EZLN con su hermano Manuel y con Ricardo Barco López, es ahora consejero de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Sociales Independientes en la Convención Nacional Democrática. Manuel, en cambio, se dedica a la atención de un rancho que su familia tiene en Veracruz.
Ambos con antecedentes en el movimiento estudiantil de 1968 –Manuel fue miembro del Consejo Nacional de Huelga y Benito, integrante del Comité de Lucha de la Facultad de Derecho–, denuncian que resienten ahora una nueva campaña de persecución y represión por sus actividades.
Manuel Mirón: “a partir del 9 de febrero, fecha en que el gobierno adoptó la salida militar en Chiapas, hemos resentido con mayor fuerza la presión y el hostigamiento de las autoridades, dentro de la cacería de brujas que se inició con la declaración de un fantasma: un tal Salvador Morales Garibay, quien nos implica en actividades ilegales al señalar que nosotros éramos el contacto para que el sindicato de Ruta 100 financiara económicamente el EZLN”.
Esto, aclara, “es totalmente falso. Pero las autoridades mismas realizan acciones antijurídicas a partir de la declaración de un fantasma. Con base en las versiones de Salvador Morales Garibay –a quien nadie conoce, a quien la Procuraduría General de la República (PGR) dejó en libertad y se esfumó, sin que exista siquiera el dato de su domicilio, lo cual es ilegal–, fueron decididas acciones policiacas y militares que recrudecieron en el país la cacería de brujas”.
Refiere Manuel: “después de recibir durante largo tiempo amenazas telefónicas –`ya se los cargó la chingada’, `se van a morir’, `esto se acabó para ustedes’–, el 16 de febrero se presentaron varias personas en mi oficina del estado de Veracruz –yo vivo allá– a realizar una supuesta auditoría.
“Claro está que no iban a eso. Se metieron en las recámaras, en la cocina, voltearon cajones y sustrajeron papeles, entre ellos mi cuenta de cheques, una tarjeta de crédito y los recibos telefónicos, donde se enlistan los números telefónicos a que me comunico.
“Mientras tanto, el mismo día y aproximadamente a la misma hora, montaron operativos de vigilancia en la casa de mis padres –en donde pretendieron ingresar–, aquí, en el Distrito Federal; en la casa de mi hermano Benito, y persiguieron a mi hija en su auto, hasta que condiscípulos suyos y maestros del colegio la llevaron a casa de mis padres, donde ella reside.”
Ricardo Barco López, y Manuel y Benito Mirón realizaron giras en el país y en el extranjero proponiendo que se reconociera el EZLN como fuerza beligerante, explicaron los fundamentos legales del movimiento y, por instrucciones del subcomandante Marcos, realizaron consultas populares (recabaron 150,000 cuestionarios) para que el Ejército Zapatista decidiera si aceptaba o no las 34 propuestas del gobierno federal entregadas por Camacho.
“Tanto en las comunidades indígenas de Chiapas como en las mesas de consulta urbana, la respuesta fue `no’, en porcentajes curiosamente similares: alrededor de 96% se declaró en contra porque, en resumen, las propuestas no iban a fondo.”
En sus viajes –varios de ellos a Estados Unidos– sostuvieron, por ejemplo, “que el Ejército Zapatista encabezaba un movimiento legítimo, pues, a diferencia de lo ocurrido en otros países, el EZLN no se levantó en armas para atentar contra la Constitución, para cambiarla o desconocerla; por el contrario, se levantó en armas para hacerla respetar”.
Presentaron denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos; documentaron e impugnaron los abusos y los cercos del ejército, y demandaron al entonces presidente Carlos Salinas de Gortari por utilizar las fuerzas castrenses en forma ilegal.
Benito Mirón enfatiza: “el gobierno federal debe entender que el 1 de enero nació un nuevo México, una nueva nación, con una gran participación social: la gente quiere intervenir en la transformación del país. El que se opone a la paz es quien se opone a la transformación del país. Es el gobierno federal el que se opone a la transformación y a la paz. Pero la transformación ya es inevitable. México ya no puede ser igual”.
Y aunque la PGR “ya tiene una orden de localización y presentación” en contra de ambos, Benito concluye: “reafirmo mi posición política e ideológica. Ni amenazas ni intimidaciones ni nada podrán detener nuestra acción, interrumpir nuestro camino, pues en la búsqueda de la paz, la democracia, la justicia y el Estado de derecho que han roto las autoridades sólo desarrollamos una actividad pacífica, pública, civil y legal”.
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