ELVA LACANDONA, CHIS.- En vísperas de que se discuta la nueva Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, organismos no gubernamentales de derechos humanos, nacionales y extranjeros, denuncian que el ejército mexicano sigue la vieja escuela de contrainsurgencia guatemalteca y peruana: deshace o quema pueblos; envenena el agua y los alimentos; prohíbe el libre tránsito; persigue, detiene y tortura a presuntos guerrilleros; fabrica delitos; catea domicilios, e intimida a la mayoría de los indígenas que pueblan esta región.
Han sido, acusan, más de 20 días de terror en las montañas, implantados por la presencia masiva de soldados –calculada en por lo menos 25,000 efectivos, sólo en la selva–, con el pretexto de perseguir y detener a un solo hombre: el subcomandante Marcos.
Casi un mes –según testimonios de los indígenas, denuncias de observadores y periodistas– “de hambre, miedo, frío, insalubridad y enfermedades”. Todo esto, denuncian, en aras de recuperar una soberanía que, constitucionalmente, radica en el pueblo.
“Y todavía lo que falta”, dicen Gerardo González y Miguel Angel de los Santos, de la Coordinadora de Organismos No Gubernamentales por la Paz (Conpaz).
Sus declaraciones están fundadas en hechos. Por ejemplo, en Nuevo Momón los soldados levantaron mantas con la leyenda: “El Ejército Mexicano Trabajando por la Paz”. La escena se repite en las principales comunidades indígenas de la selva. Pero la realidad es que los militares se han adueñado de centros de salud, escuelas, canchas deportivas, iglesias y, en algunos casos, de poblados enteros, como Guadalupe Tepeyac.
Lo peor –confirma la Comisión Internacional de Observación integrada por el organismo estadunidense Pastores por la Paz, la Conpaz, los centros de derechos humanos “Fray Bartolomé de Las Casas” y “Fray Francisco de Vitoria”, y la caravana universitaria “Ricardo Pozas”, entre otros– es que el ejército federal llegó para quedarse, “pese a que en la ciudad de México se discutirá la semana próxima su salida en la Cámara de Senadores, cuando se someta a consideración la iniciativa de Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas”.
Las pruebas de ello son que, en algunos lugares, a la larga fila de tanques, tanquetas y vehículos con tropa se ha sumado la presencia de trascabos, tractores, palas mecánicas y demás equipo para la construcción de carreteras rumbo al interior de la selva.
También se realiza en los medios electrónicos una campaña donde aparecen militares entregando despensas, dando consultas, construyendo obras y demás, mientras que, por otra parte, se multiplican las denuncias en su contra por violaciones de los derechos humanos.
Aunque se supone que se trata de un operativo judicial, en el que elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) aprehenderían delincuentes, con apoyo de las fuerzas armadas, en la práctica no se ven judiciales por ninguna parte, en tanto que los militares se han posesionado de la entidad, y a los supuestos zapatistas detenidos o entregados, ignorando en este caso la legislación, les han otorgado el perdón y la libertad.
LA CONTRAINSURGENCIA
Gerardo González Figueroa y Miguel Angel de Los Santos, de la Conpaz, dicen: “dentro de la política de contrainsurgencia que está implantando el gobierno federal, por conducto de su ejército, se están cometiendo muchas violaciones de los derechos humanos: la gente está en la montaña, la están hostigando.
“Parece que no pasa nada aquí, pero el problema es allá adentro, donde ha aumentado la militarización. Vean San Cristóbal, ¡cómo está! Además, los soldados continúan tomando posiciones y cavando trincheras, como en Cushuljá, donde el 1 de marzo colocaron un nuevo retén. No es exagerado pensar que hay entre 25,000 y 50,000 soldados acá.”
Los miembros de la Conpaz consideran que la realidad de Chiapas no tarda en parecerse a la de Centroamérica. Se refieren a la aparición de las Patrullas Civiles Armadas, a que está retornando población acompañada del ejército, el cual pretende reubicar a casi 27,000 habitantes.
A muchos de los desplazados, aseguran, se les condiciona su retorno a que denuncien guerrilleros, al grado de que los visten de militares para que los guíen al interior de la selva.
“Si quemaron El Prado, comunidad donde se encontraba el subcomandante Marcos, obviamente estarán pensando meter a esa gente en lugares estratégicos. Además, creemos que el ejército se quedará cuando menos uno o dos meses más con toda la fuerza que tiene en la región.
“Estamos viendo regiones militarizadas, y los casi 15,000 indígenas que huyeron a las montañas no van a regresar si no cuentan con el acompañamiento de la sociedad civil. Nosotros no sabemos mucho de guerrillas, pero creemos que éstas no pueden moverse con población civil, y que bajarla es una condición de sobrevivencia.
“Nosotros entendemos que es a través de las secretarías de Desarrollo Social, Educación, Salud y demás como el gobierno federal mantendrá la presencia institucional en la zona, pero con ello también va a crear un conflicto, porque son comunidades que tienen una dinámica propia y que, además, desde el punto de vista político, han declarado la autonomía.”
Según la Conpaz, las violaciones de los derechos humanos cometidas por el ejército en su más reciente operativo no se dan solamente en los enfrentamientos sino con la presencia militar masiva y su táctica contrainsurgente, copiada de las escuelas peruanas y guatemaltecas.
LAS VIOLACIONES
A su llegada a La Grandeza, el 20 de febrero, los soldados preguntaban a los ejidatarios: “¿hay zapatistas?”, “¿por qué están cerradas las casas?”, “¿dónde está Marcos?”. Entre ellos no arribaron agentes de la PGR, encargados de hacer cumplir órdenes de aprehensión, como lo había dispuesto el presidente Ernesto Zedillo. A todos los indios les fueron recogidos sus documentos de identificación y no se les han devuelto.
“Después de ser asesinado Gilberto Jiménez Hernández, los soldados continuaron pateando su cadáver sin permitir que la madre separara a la pequeña hija que tenía atada a su espalda. Tampoco permitieron que los deudos lloraran ante el cuerpo por ser eso señal de que era ‘su compañero zapatista’.”
Denuncias como ésta se multiplican por toda la selva, aseguran las ONG. Un recuento de las acciones emprendidas por los militares desde el 9 de febrero advierte que, a partir de ese día, la cabecera municipal de San Andrés Larráinzar había sido ocupada por el ejército federal y un numeroso contingente militar se dirigió a la ciudad de Simojovel.
“El 10 de febrero, la Policía Judicial cateó en la madrugada las oficinas de la Conpaz. Detuvieron a Jorge Santiago Santiago, supuesto enlace del EZLN con el obispo Samuel Ruiz. Tropas federales incursionaron en los municipios de Ocosingo y Las Margaritas.”
Ese mismo día fueron detenidos Alfredo Santiz Jiménez, de la comunidad Justo Sierra, y Mario Alvarez López, de Nuevo Santiago, en el retén que estableció el ejército cerca del ejido Chiapas, en Las Margaritas. Después de ser interrogados, fueron trasladados al cuartel militar de Comitán, donde “se les torturó con golpes, toques eléctricos, simulacros de ahogamiento con bolsas de plástico e inmersiones en el agua”. Según sus propios testimonios, se les intimidó para que se declararan zapatistas; se les obligó en varias ocasiones a firmar documentos cuyo contenido desconocen y se les liberó tres días después.
El 11 de febrero, Lucio Vidal Muñoz, de la comunidad Zapata, municipio de Ocosingo, salió hacia la cabecera. Al cierre de la edición, se desconocía su paradero. Igual sucedió con Arturo Gómez López, miembro de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo.
En las comunidades de San Miguel y Nuevo Morelia, municipio de Ocosingo, se produjeron allanamientos por parte de militares.
El 13 de febrero, como a las seis horas, Octavio Santiz Burguete y Trinidad Pérez Pérez fueron detenidos en el retén militar establecido cerca del ejido “Chiapas”. Al primero los soldados lo golpearon y se lo llevaron “metido en un costal”, y a unos 20 minutos de camino lo lanzaron de un vehículo militar y lo amenazaron diciéndole que jamás volviera a pasar por retenes. De Trinidad Pérez se desconocía su suerte.
El 15 de febrero se dio a conocer que cinco días antes el ejército mexicano entró en el ejido Morelia, municipio de Altamirano, y un testigo presencial informó que la gente huyó aterrorizada. Los pobladores comentaron que no querían que ocurriera lo mismo que el 7 de enero de 1994. El testigo fue intimidado por Maura Esther Bravo Hernández, quien dijo ser representante del Instituto Nacional de Migración. Al poblador se le interrogó sobre su trabajo, filiación política y si pertenece a la Conai, a la Conpaz o al EZLN.
Un día antes, la Caravana Mexicana por la Paz, una delegación de organizaciones no gubernamentales procedente de España, Médicos sin Frontera y Pastores por la Paz confirmaron que en Patihuitz, Ocosingo, algunas casas fueron cateadas por el ejército mexicano y que los pobladores acusaron a los militares de impedirles realizar sus labores cotidianas.
En La Estrella, Ocosingo, hubo allanamientos en viviendas, tiendas y en la iglesia. La población se encontraba abandonada. Testimonios posteriores dan cuenta de que el ejército federal abrió fuego contra un retén zapatista, causándole cinco bajas.
En Santa Elena, se repitieron los hechos, además de que una persona fue golpeada y amenazada cuando no respondió a un interrogatorio.
En Agua Azul, se dio cuenta de cinco personas civiles detenidas desde el 12 de febrero, entre ellos Lorenzo Hernández Velázquez, quien fue trasladado en helicóptero a un lugar desconocido. En esa localidad los militares abrieron caminos.
El 15 de febrero se cateó la casa parroquial de Ocosingo, buscando armas de fuego y equipo de radiocomunicación. La inspección fue realizada de manera minuciosa y se elaboró una acta de estos hechos con la presencia de un juez. No encontraron el armamento ni el equipo que buscaban.
El Archivo Diocesano, situado a un costado de la Catedral, sufrió un nuevo ataque por la mañana. Un sujeto no identificado intentó prender fuego a la puerta de entrada.
Cuatro personas de la comunidad de Sibaquil, detenidas por militares el 9 de febrero, fueron localizados. A Marcos López Hernández (70 años) y a Marcos Encín Méndez (65 años) los dejaron libres. Pero a Mariano Encín López (43 años) y a Julio Encín Hernández (29 años) se les trasladó al penal de Cerro Hueco, en Tuxtla Gutiérrez.
Leticia Calzada Gómez, diputada federal por la LVI Legislatura, denunció legalmente la violación de sus derechos al no permitírsele el libre tránsito en el retén de Ocosingo.
El ejército mexicano entró en la comunidad de Lázaro Cárdenas y allanó la casa de Alfonso García Jiménez, a quien habían detenido dos días antes.
El 18 de febrero, un grupo de prostitutas fue llevado desde el norte del estado hasta la comunidad de Taniperla, lo cual generó descontento entre sus habitantes.
El 19 de febrero, un grupo de “auténticos coletos” agredió a los fieles del obispo Samuel Ruiz, solicitando la renuncia del prelado a la Conai y a su ministerio. El 22 sucedió lo mismo, pero no se llegó a la violencia física.
En una carta dirigida al presidente Ernesto Zedillo, con fecha 20 de febrero, las autoridades del ejido Perla de Acapulco, municipio de Ocosingo, piden que no permanezca el ejército mexicano porque los acusan de ser zapatistas cuando en realidad militan en la Asociación Rural de Interés Colectivo. Denuncian que el miedo se ha apoderado de ellos por la presencia de los soldados, al grado de que las mujeres no lavan ropa ni cuidan animales y los niños no van a clases.
Aseguran que a las indígenas las presionan para que les hagan tortillas, y que un día antes los federales encontraron un arma de utilería, de madera, hecha en la escuela para una representación teatral infantil, y que los militares creyeron que era de zapatistas.
Denuncian que los soldados recorren todas las noches la comunidad con una relación de las personas que pertenecen a organizaciones sociales y que tienen temor de que varios sean detenidos.
El 23 de febrero fue baleado sin éxito el hijo de Sergio Sánchez Dávalos, miembro de la Organización de Barrios y Colonias de San Cristóbal y seguidor del obispo. La averiguación previa es la AL40/248/95.
El 2 de marzo, una delegación de observadores informó que en la comunidad de Nuevo Momón, municipio Las Margaritas, el ejército tiene como centro de operaciones una escuela primaria, un pequeño campo de futbol, el patio, la galera de la iglesia. En el centro de la comunidad se halla una manta que dice: “El Ejército Mexicano Prestando Labor Social en las Comunidades de Chiapas”. La población expresó temor porque los militares controlan sus salidas de las siete de la mañana a las seis de la tarde. Denunció además que los indígenas tienen que pagar por el agua que utilizan.
Se dio cuenta de torturas contra los indios choles Miguel Méndez Arcos y Juan Montejo Alvaro, en el local de la Asociación Ganadera del municipio Salto de Agua.
Mientras tanto, tanquetas y vehículos blindados avanzan hacia el corazón de la selva. “Incluso, tienen maquinaria como trascabos y tractores, con los que construyen la carretera Agua Azul-Perla de Acapulco y que, al parecer, continuará al Zapotal”.
La delegación de observadores confirmó el traslado de prostitutas a la zona de conflicto, y añadió que procedían del estado de Veracruz.
El 1 de marzo, la casa de la familia González Polito, situada en el barrio El Cerrillo (San Cristóbal de Las Casas), fue agredida por desconocidos. “El señor González Esponda defendió en una entrevista a don Samuel”. La entrevista fue publicada en Proceso.
NO, A LA IMPUNIDAD MILITAR
–Para ustedes, ¿qué fue lo que pasó en La Grandeza?
–Que los soldados estaban buscando zapatistas y vieron civiles en una zona que es del EZLN y, como Villa, no preguntaron. Iniciaron acciones, porque hasta donde sé, a los civiles los agarraron en la milpa… ¿Por qué los dejaron libres si eran zapatistas?… Nunca hablaron de uniformes ni nada de eso. Hablaron de un enfrentamiento con civiles.
–¿Entonces fue un asesinato?
–Para mí –dice Gerardo González–, fue un asesinato. Equivocación o lo que haya sido, fue un asesinato, porque si los soldados fueron los agredidos, ¿dónde están sus heridos o muertos?, ¿dónde están las armas de los presuntos zapatistas?
–¿Cuál es la opinión de ustedes respecto a la presunta rendición de 24 zapatistas que se entregaron en Guadalupe Tepeyac?
–Esas son preguntas para el ejército, porque si son zapatistas y están siendo perseguidos por delitos, ¿por qué se les está dejando libres?
“Para la Conpaz, es una campaña muy clara que quiere dar a conocer la supuesta entrega de guerrilleros para mostrar la ‘benevolencia del ejército’. Creo que la orden que los militares tienen es que, si ven a Rafael Sebastián Guillén Vicente, lo maten; no dejarlo vivo, no dejarlo ir. Porque tanta presencia militar es inaudita.
“Cuando nosotros entramos en la región, solamente vimos a un hombre que posiblemente sea de la Judicial Federal, pero junto a él había unos 600 militares. No estamos, en consecuencia, hablando de una acción judicial sino de una acción completamente militar. No hemos visto a la Judicial más que haciendo declaraciones. Ahí está la destrucción de Aguascalientes. Nos queda claro que quien está mandando en Chiapas es el ejército, no la PGR.”
–En todas estas denuncias por lo que consideran agresiones y violaciones de los derechos humanos, ¿van a presentar demandas judiciales contra los militares?
–Tendremos que estudiarlo –dice José Luis de los Santos–, porque se me hace un absurdo que hayan visto Aguascalientes como un espacio militar, cuando es claro que quienes participaron en su construcción fueron los civiles. La biblioteca fue hecha por civiles; es un esfuerzo no solamente cultural; va más allá de la simple lectura de libros; era un proyecto educativo que no debió ser destruido. No había razones; tiene dueño incluso; y ahorita por el miedo la gente no quiere decir nada, pero se construyó con donaciones de intelectuales, estudiantes, gente del pueblo. Los anaqueles, la computadora, son donaciones de gente con nombre y apellido.
“El problema ahora es: ¿ante quién pueden presentarse las denuncias, si el ejército actúa conjuntamente con la PGR, y ésta se encuentra avalando todo? Hay muchas contradicciones entre el supuesto marco legal y la acción que está ejecutando el ejército, entrando con paracaidistas a cavar trincheras. Esa no es una presencia que tenga un marco jurídico. Miren cómo están La Garrucha, Cushuljá, Patihuitz, Guadalupe Tepeyac… Una presencia militar que no se quita en mucho tiempo.
“Según la Conpaz, en Chiapas no se descarta la guerra sucia. Refiere las manifestaciones ‘fascistas’ que se han dado. Teme que, como en Guatemala, surjan los llamados `escuadrones de la muerte’, y denuncia que existe una lista de ganaderos para asesinar al obispo y a miembros de las ONG. Prueba de ello –asegura– es la vigilancia que les ha puesto la Procuraduría de Justicia estatal.”
Gerardo González y Miguel Angel de los Santos calculan que más de 50,000 indígenas corren el riesgo de sufrir otra vez violaciones de sus derechos como mexicanos, igual que las ONG, el movimiento campesino independiente y el gobierno de transición en rebeldía que encabeza Amado Avendaño.
Por eso, hacen un llamado urgente a Amnistía Internacional para que vigile muy de cerca la evolución de los acontecimientos. “Nosotros –agregan– estamos estudiando la posibilidad de recurrir a una campaña nacional de amparos masivos. Estamos viendo los aspectos legales y los de organización”.
Por último, advierten que puede generarse hambruna entre los miles de personas que huyeron a las montañas. Dicen que faltan muchas toneladas de alimentos y medicinas para esa gente. Opinan que deben ser más abiertas las condiciones para el diálogo. Y sobre la Ley de Amnistía, afirman que ésta no debe proteger el ejército mexicano por todos los atropellos que sus elementos siguen cometiendo. “Como dijo el presidente Zedillo: ‘debe terminarse con la impunidad'”.
