A pesar de que en el penal de alta seguridad de Almoloya de Juárez se encuentran recluidos los delincuentes más peligrosos del país, casi nunca hay una vigilancia externa especial; sin embargo, el martes 28 de febrero, 18 soldados fuertemente armados fueron colocados en los alrededores. El motivo: el ingreso de Raúl Salinas de Gortari.
Quince minutos antes de las 17 horas, cuando el subprocurador Pablo Chapa Bezanilla anunciaba oficialmente la detención de Raúl Salinas de Gortari en la ciudad de México, éste llegó al penal. Aproximadamente una hora antes, los custodios fueron avisados del trasladado y alrededor de las 19 horas 18 soldados procedentes de la vigesimosegunda zona militar del Estado de México quedaron apostados en los accesos al centro penitenciario.
A los representantes de los medios de información se les ordenó que no cruzaran el primer retén y luego se les pidió que se retiraran todavía más.
Salinas de Gortari fue puesto a disposición del juez tercero de distrito del Estado de México, Diógenes Cruz Figueroa –quien giró la orden de aprehensión–, la madrugada del miércoles 1 de marzo, después de que había rendido su declaración ministerial.
Cruz Figueroa llegó alrededor de las 18 horas del martes a la sede del juzgado. Nadie ahí sabía de la detención de Salinas de Gortari, y el juez mismo confesó no saber nada al ser interrogado por los reporteros.
Por la tarde del miércoles empezó a tomarse la declaración preparatoria al acusado, a quien asistían sus abogados, Guillermo Molina Reyes, Guillermo Molina Carbajal y Mario López Mota. La diligencia terminó el jueves 2, después de que el juez decretó un receso. En total 17 horas de diligencia.
El abogado Molina Reyes solicitó la ampliación del término constitucional de 72 horas que tienen los jueces para dictar el auto de formal prisión o dejar en libertad a los acusados, a 144 horas, para poder presentar pruebas en favor de su defendido. El juez tendrá hasta la madrugada del martes 7 para decidir la situación jurídica de Raúl Salinas de Gortari.
Molina Reyes aseguró que el Ministerio Público no había podido demostrar la relación entre Raúl Salinas de Gortari y Manuel Muñoz Rocha, acusados de ser los autores intelectuales del homicidio de José Francisco Ruiz Massieu. Tampoco –aseguró–, que Salinas de Gortari haya recibido una llamada telefónica de Muñoz Rocha días después del homicidio, ni su relación con un supuesto depósito de 243,000 nuevos pesos en una caja de seguridad del Banco Nacional de México.
El viernes 3 se efectuó una audiencia, durante la cual Molina Reyes, para demostrar las buenas relaciones familiares entre Raúl Salinas de Gortari y José Francisco Ruiz Massieu, llevó a declarar –desde las 9:30 hasta las 14:30 horas– a Daniela y Claudia Ruiz Massieu Salinas, hijas de José Francisco y Adriana Salinas de Gortari.
Ellas explicaron al juez “las relaciones de cordialidad excelentes que existían entre ambos”, que no había “ningún problema, ningún rencor, discordia, al contrario”.
Al salir de la audiencia realizada en Almoloya, el abogado manifestó que tiene confianza plena en que el juez Tercero de distrito en materia penal, Diógenes Cruz Figueroa, dicte auto de libertad a Raúl Salinas de Gortari, porque las testimoniales en que basan la acusación son inconstitucionales.
“Quienes declararon lo hicieron fuera de todo procedimiento, pues Fernando Rodríguez González, su esposa, María Eugenia, y Jorge Rodríguez González, estando sujetos a proceso y a disposición de sus jueces, intempestivamente fueron sacados de sus celdas por el Ministerio Público, para ser interrogados nuevamente sin asistencia de ningún defensor y han declarado; esas declaraciones son inconstitucionales y por tanto creemos que en derecho son pruebas invalidadas.”
Molina Reyes agregó que para confirmar la buena relación entre Ruiz Massieu y Raúl Salinas, también se aportaron documentos y fotografías de reuniones familiares.
También fue presentado el arquitecto Enrique Alvarez, quien remozó una de las casas de Raúl Salinas. La PGR presentó una declaración de Fernando González y su hermano Jorge, en el sentido de que habían llevado a esa casa a Manuel Muñoz Rocha, y anexó las fotografías del inmueble.
De acuerdo con el arquitecto, esas fotos no “corresponden a la verdadera casa, domicilio del ingeniero”.
Molina Reyes señaló: “en tales condiciones, podemos informarles que el Ministerio Público no ofreció ninguna prueba más; es decir, se quedaron exclusivamente con las que sirvieron de base para la orden de aprehensión, por lo cual no hay pruebas fehacientes, determinantes para considerar responsable al ingeniero”.
Del estado de salud de Raúl Salinas, dijo que se encuentra “seguro de su absoluta falta de responsabilidad en el crimen, por lo que sus declaraciones preparatorias fueron hechas con gran conocimiento, con valentía, con desparpajo. Está físicamente bien, mentalmente perfecto. Confía en la justicia de nuestro país. Estamos confiados en la capacidad del juez, que ha sido imparcial y ha permitido hacer a cada parte su trabajo”.
El sábado 4, Molina Reyes presentó sus alegatos ante el juez para que antes que venza el plazo constitucional –la una y media de la mañana del martes 7–, el juez Diógenes Cruz resuelva la situación jurídica del acusado.
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El penal de alta seguridad de Almoloya de Juárez se terminó de construir en mayo de 1991, en pleno gobierno del hombre cuyo hermano mayor es ahora uno de sus huéspedes célebres. El primer preso fue llevado ahí el 25 de noviembre de ese mismo año. Entre los recluidos se encuentran Rafael Caro Quintero, Oliverio Chávez Araujo, Miguel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo “Don Neto”, Juan Esparragoza Moreno “El Azul”, Carlos Humberto Gómez Sueldozdorf (narcotraficante colombiano), Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, Mario Alberto González Treviño, Miguel Angel Rodríguez Rizo y Leonardo Montiel Ruiz (ambos pertenecientes a la banda de Ríos Galeana), Jorge Said Aparicio (psicoanalista acusado de asesinato), Evodio Olvera Calvillo (con 20 homicidios en su haber), Jorge Pelegrino Pusel (participante en un motín en la cárcel de Puebla), Mario Aburto Martínez, Vicente y Rodolfo Mayoral y Tranquilino Sánchez Venegas.
NUEVAS EVIDENCIAS EN EL CASO COLOSIO
Mientras la PGR presentaba a Othón Cortés Vázquez ante los medios de información para que se le tomaran fotografías, el juez primero de distrito, Alejandro Sosa Ortiz, firmaba el auto de formal prisión en su contra como coautor material del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta.
El martes 28, en el área de aduanas de Almoloya, 105 camarógrafos, fotógrafos y reporteros pudieron ver a Othón Cortés Vázquez demacrado, vestido con chamarra color beige. Al rendir su declaración preparatoria, que terminó la madrugada del lunes 27, se había desmayado varias veces y tuvieron que suspender la diligencia unas horas. Ante los reporteros sufrió otros tres desmayos.
El abogado de oficio que le fue asignado, Héctor Sergio Pérez Vargas –también defensor de Mario Aburto Martínez–, dijo que no le habían avisado que sería presentado ante los medios de información.
Othón Cortés fue consignado a partir de su declaración ministerial del 3 de junio de 1994, hecha en la ciudad de Tijuana, pero ni en ella ni en su declaración preparatoria reconoció haber disparado contra Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas.
El juez Sosa Ortiz también tomó la declaración preparatoria de Fernando de la Sota Rodalléguez, acusado de incurrir en falsedad de declaración. Salió libre bajo fianza –42,734 nuevos pesos– la madrugada del lunes 27.
Tras escuchar el auto de formal prisión, Cortés Vázquez presentó su apelación ante el actuario del juzgado, Carlos Díaz.
Cortés Vázquez dijo no conocer a Mario Aburto Martínez, Tranquilino Sánchez Venegas, Vicente y Rodolfo Mayoral, y negó las acusaciones que le imputa el Ministerio Público.
La PGR se basó para acusarlo en las declaraciones ministeriales de Jorge Romero Romero y Jorge Amaral Muñoz, dos de los tres testigos que afirman haberlo visto disparar. Asimismo, está lo declarado por Vicente Mayoral Valenzuela, quien afirma haber capturado a Mario Aburto inmediatamente después que se escuchó la primera detonación.
Ante estos nuevos hechos en la investigación, el abogado defensor de oficio de Aburto, José Clemente Navarro Márquez, informó que revisará cuidadosamente cada una de las constancias del expediente antes de elaborar un amparo directo en favor de su defendido.
