Plagada de insuficiencias y errores, suscitadora de sospechas y dudas, la actuación de la Procuraduría General de la República (PGR) sigue sin satisfacer la exigencia de que se resuelva el caso Colosio de manera justa, precisa y verosímil.
En poco más de 11 meses, tres procuradores generales y tres subprocuradores especiales, a las órdenes de dos presidentes, han presentado conclusiones contradictorias –en sí mismas y entre sí–, que terminan en la prisión de Almoloya con un asesino confeso y cuatro coacusados, uno de éstos ingresado en los últimos diez días. Una persona más fue dejada en libertad bajo fianza.
Del “asesino solitario” a la “acción concertada”, de nuevo al “asesino solitario” y ahora al “complot”, la averiguación no es dada por concluida ni acaba de convencer en cualquiera de sus modalidades.
Contaminada también –antes y ahora– de insinuaciones acerca de que hubo “mano sucia” en las actuaciones para que nunca se llegara al esclarecimiento, la parte política de la averiguación llegó a su clímax con el insólito anuncio de un ayuno del expresidente Carlos Salinas, para exigir al gobierno zedillista el reconocimiento de los “errores de diciembre” –en el manejo de la política económica– y su exculpación acerca de versiones que lo señalan como entorpecedor de las investigaciones del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta.
Entre las principales insinuaciones incriminatorias contra Salinas figura una declaración periodística, desmentida airadamente un día después, del exsubprocurador Miguel Montes, en el sentido de que el entonces presidente de la República ponía más énfasis en cuidar su imagen que en apoyar la investigación. Pese a la rectificación (diario Reforma), la especie cundió en seguida.
La sucesora de Montes, Olga Islas, emitió el martes 28 de febrero una declaración en la que subrayó:
“Durante mi trabajo como subprocuradora especial, el entonces presidente Salinas de Gortari nunca interfirió en mi investigación. Respetó íntegramente la autonomía de la Subprocuraduría Especial a mi cargo. No impidió directa o indirectamente que yo investigara personas o hechos que consideré necesarios. Siempre que se lo solicité, me proporcionó el tiempo, el apoyo y la atención que yo requería. Su propósito permanente fue que se conociera la verdad.”
El viernes 3 de marzo, en la ciudad de México, la PGR cumplió la mitad de lo que Carlos Salinas exigió:
“La Procuraduría General de la República no cuenta con elementos que permitan establecer la existencia de conducta alguna atribuible al licenciado Carlos Salinas de Gortari, encaminada a entorpecer o desviar las investigaciones sobre el homicidio del licenciado Luis Donaldo Colosio. Cualquier información diversa a esto carece de fundamento y sólo contribuye a distraer la marcha de las investigaciones. La representación social federal reitera su compromiso de informar puntualmente sobre el desarrollo de sus investigaciones a la opinión pública.”
EL FALSO NUEVO VIDEO
El “segundo” video que prometió el procurador general Antonio Lozano Gracia para demostrar que Othón Cortés Vázquez disparó también sobre Colosio Murrieta resultó ser exactamente la misma grabación que se conoció desde el viernes 25 de marzo de 1994.
La oferta de Lozano resultó una variante de lectura de la misma serie de imágenes con que Miguel Montes –primer subprocurador especial– no pudo comprobar “videocomplot” alguno.
Al señalar a Cortés Vázquez, el procurador general soslayó varios datos centrales, entre los que resaltan:
–El hecho de que el inculpado hubiera sido mensajero y chofer del encargado de seguridad de Luis Donaldo Colosio Murrieta, el general del Estado Mayor Presidencial Domiro García Reyes.
–La razón que tuvieron tres supuestos testigos oculares para haber guardado durante 11 meses la versión de que Othón Cortés Vázquez hizo el segundo disparo.
–El ocultamiento, contra lo usual, tanto de las declaraciones ministeriales como de la identidad de esos tres tardíos descubridores de un segundo presunto asesino.
Lozano Gracia sostuvo el viernes 24 de febrero “el hallazgo de un segundo video que muestra, de manera contundente, el acuerdo entre varios sujetos”.
La tarde del lunes 27 de febrero, la expectación por el nuevo documento gráfico aumentó cuando Televisa anunció que lo mostraría en su noticiario de mayor audiencia. Enterada de la exclusiva, Televisión Azteca acusó a la Procuraduría General de la República de haber entregado el nuevo video, “a otro medio” y a las diez y media por fin, en 24 horas, Jacobo Zabludovsky tuvo que reconocer que la primicia no era tal. Y dejó correr las escenas que se conocen desde el viernes 25 de marzo de 1994.
La nueva versión de la PGR se centraba ahora en un personaje prácticamente inédito hasta entonces: Othón Cortés Vázquez, a quien lo interpreta asintiendo, como si hubiera dado la instrucción precisa para que Mario Aburto hiciera el primero de los disparos, en la cabeza de Luis Donaldo Colosio.
Y, aun cuando en ningún momento se le ve armado, la PGR acusa a Cortés Vázquez de haber hecho un segundo disparo al abdomen del entonces candidato a la Presidencia de la República, tras lo cual, según esta interpretación, el presunto cohomicida se dio a la fuga.
MONTES DESISTIO DE LA VIDEOINTERPRETACION
Con seguridad parecida y con un único ejecutor material, el 4 de abril de 1994, el entonces primer subprocurador especial, Miguel Montes, afirmó que los movimientos de Tranquilino Sánchez Venegas, Rodolfo Mayoral Esquer y su padre, Vicente Mayoral, eran evidencia de complicidad para facilitar el asesinato de Luis Donaldo Colosio.
En la misma ocasión, la interpretación de Montes incluyó presuntas –y a la postre descartadas– complicidades de Rodolfo Rivapalacio Tinajero (jefe del llamado Grupo Tucán de Tijuana) y de dos individuos a la sazón sin identificar, señalados como “el clavadista”, que detuvo el paso de Colosio Murrieta, y “el de lentes”, quien habría realizado movimientos de bloqueo.
Pronto empezó a desvanecerse la elucubración: los desconocidos resultaron ser Héctor Javier Hernández Tomasini, “el de lentes”, y Mario Alberto Carrillo, “el clavadista”. Los dos pertenecían al grupo de 160 “vallistas” que trabajaban para Fernando de la Sota Rodalléguez, quien vendía sus servicios al jefe de seguridad de Luis Donaldo Colosio, Domiro García Reyes.
Los dos desconocidos rindieron sus declaraciones respectivas, no se les levantaron cargos y fueron puestos en libertad.
El jueves 2 de marzo, Notimex corrió la versión de que Carrillo había sido apresado en Tijuana. Sin embargo, al día siguiente, Juan Benítez, responsable de la subprocuraduría del caso Colosio en esa ciudad, afirmó que la única nueva detención fue la de Othón Cortés Vázquez.
Pero en abril de 1994, el “videocomplot” que presentó Montes fue desmantelado, punto por punto, por los peritos de la Policía Científica Española, llamados a México, debido a la ausencia de expertos nacionales en la interpretación de imágenes y movimientos corporales y de labios:
Suscrito el 29 de abril de 1994, el informe de los especialistas concluyó así respecto de los principales sospechosos, los tres que fueron consignados en Almoloya por su presunta complicidad con Aburto:
De Vicente Mayoral (el padre): “no se detecta ningún movimiento extraño”.
De Rodolfo Mayoral (el hijo): “no se puede concretar la intención de distracción por la simple observación del video”.
De Tranquilino: “sus movimientos parecen igualmente normales”.
Miguel Montes (después se retractó) creyó ver otra cosa:
De Vicente Mayoral: “su conducta consistió en abrir paso hacia la víctima” al `clavadista'”.
De Rodolfo Mayoral: “su conducta consistió en empujar y estorbar las acciones del coronel Federico Antonio Reynaldos del Pozo, logrando distraerlo y disminuyendo con ello las medidas de seguridad”.
De Tranquilino: “su conducta consistió es estorbar el desempeño del general Domiro García Reyes, facilitando el acceso de Mario Aburto Martínez a un punto cercano e inmediato” a Luis Donaldo Colosio.
Y de “el clavadista”, Montes interpretó:
“Su conducta consistió en llegar al frente del licenciado Colosio Murrieta y tirarse al suelo, con el evidente objeto (sic) de detener su trayecto, contribuyendo a que Mario Aburto Martínez quedase en posición de disparar a la víctima.”
Al retomar un supuesto segundo video como apoyo de la hipótesis de un segundo tirador, el procurador Lozano Gracia no requirió especialistas extranjeros para reafirmar “de manera contundente el acuerdo entre varios sujetos”, y aseguró que “la persona que disparó sobre el costado izquierdo del abdomen del candidato está plenamente identificada por tres testigos que presenciaron los hechos”.
Diversas fuentes oficiosas y algunos diarios manejan el nombre de Jorge Romero Romero como uno de los tres declarantes cuya identidad ha mantenido en reserva la procuraduría.
Se trata del dirigente de la Central Campesina Independiente en Rosarito, Baja California, quien en el video, en el momento justo del disparo a la cabeza, aparece con sombrero blanco y gafas oscuras, junto y exactamente al costado izquierdo de Luis Donaldo Colosio, y adelante de Othón Cortés Vázquez.
Jorge Romero Romero es, de acuerdo con quien puso a la Subprocuraduría Especial –a cargo de Pablo Chapa Bezanilla– en la ruta de buscar un cohomicida, el único otro posible segundo tirador.
NUEVO VIDEO, VIEJA LECTURA
Contador público, experito de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, Humberto López Mejía, familiarizado con los vericuetos policiacos y relacionado con agentes y comandantes de distintas corporaciones, consiguió un video excepcional: el de la autopsia que se practicó en el hospital general de Tijuana al cadáver de Luis Donaldo Colosio.
Las imágenes de la autopsia nunca fueron del conocimiento de Miguel Montes ni de Olga Islas.
Este video contiene íntegramente lo grabado por la subdelegación de la PGR en Tijuana. Comienza con escenas sin sonido de la llegada de Luis Donaldo Colosio al aeropuerto de Tijuana, sigue con otras –prácticamente desconocidas– de Lomas Taurinas, anteriores al arribo de Colosio Murrieta, recogen íntegramente el mitin, el descenso del templete, el momento del disparo y la detención de Mario Aburto –las más difundidas– y remata con imágenes inéditas de la disolución del acto.
Fue el 7 de febrero cuando Humberto López Mejía entregó formalmente a la PGR tanto los textos con su hipótesis de que hubo dos tiradores como el video de referencia.
Por su parte, el general Domiro García Reyes hizo entrega de una caja con varias cintas de video a los nuevos responsables de la PGR y la Subprocuraduría Especial.
A finales de enero y sin que le diera difusión pública, el subprocurador Pablo Chapa Bezanilla viajó a Los Angeles para recoger el video que el padre de Mario, Rubén Aburto, aseguró poseer, y en el que aparecería un segundo disparador, según su versión, Fernando de la Sota Rodalléguez.
En esa ocasión, Chapa Bezanilla dio seguridades a la familia del asesino confeso de que podría visitar a Mario en Almoloya sin riesgo judicial alguno. Desconfiado, Rubén Aburto rechazó la sugerencia. Los padres y las hermanas, gracias a la intervención del subprocurador, platicaron con Mario Aburto por teléfono, durante 40 minutos.
Pese a las atenciones, el padre alegó que sus abogados le recomendaron no entregar la cinta al gobierno mexicano y Chapa Bezanilla retornó sin él, convencido de que esa grabación no existe.
Aquel episodio, junto con las aportaciones de Humberto López Mejía y Domiro García Reyes, parece haber creado la confusión del procurador Lozano Gracia, al comprometer “un segundo video”. El subprocurador Pablo Chapa Bezanilla, encargado directo del caso Colosio, preparaba en ese momento la aprehensión de Raúl Salinas de Gortari como presunto autor intelectual del homicidio de José Francisco Ruiz Massieu.
La hipótesis que presentó López Mejía elimina a Cortés Vázquez como presunto segundo tirador, dado que, como explica en otro oficio el 28 de febrero, Othón estaba detrás de Luis Donaldo Colosio y le hubiera herido por la espalda:
“Es innegable que la norma valorativa de la conducta del hombre de blanco, lentes oscuros y sombrero blanco (Jorge Romero Romero) es sospechosa, misma que me permite conformar una hipótesis por el hecho de que huye de la escena del crimen caminando en reversa, circunstancia que se aprecia en cámara lenta en la segunda versión del video, más aún cuando él sí se encuentra en posición direccional” para provocar la herida en el abdomen.
El procurador Lozano Gracia, al afirmar que hubo un segundo coasesino, mencionó ocho declaraciones de testigos presenciales, levantadas el año pasado, para argumentar que Luis Donaldo Colosio, con el balazo en la cabeza, no pudo haber girado como para presentar el costado izquierdo al mismo Mario Aburto del primer tiro. Citó, entre otras, las afirmaciones que hicieron entonces el general Domiro García Reyes y Jorge Romero Romero. Ninguno de los dos, entre marzo y noviembre del año pasado, habló de un segundo tirador.
TESTIGO DE DESCARGO
El 13 de abril de 1994, la subprocuraduría levantó la declaración de un testigo presencial que aportó datos clave, con abundancia de detalles, en las investigaciones que se realizaron durante la gestión de las dos primeras fiscalías. Se trata del economista Mario Luis Fuentes Alcalá, actual director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
Fuentes Alcalá era uno de los subcoordinadores principales de la campaña de Luis Donaldo Colosio y acordaba con el coordinador general, Ernesto Zedillo. Fue él quien enteró por teléfono al actual presidente de lo que había ocurrido al candidato. La confianza que se ganó el actual director del DIF llegó al grado de servir como correo personal en la correspondencia que intercambiaron Zedillo y el subcomandante Marcos.
La importancia de su declaración en abril cobra hoy especial interés, debido a que en Lomas Taurinas estuvo siempre a unos pasos del candidato y, en el momento preciso del asesinato, estuvo exactamente detrás y junto al que Antonio Lozano Gracia encuentra presunto coautor del crimen.
Esto es lo que atestiguó:
“… Descendieron del templete, iniciaron el descenso, manteniéndose el declarante del lado izquierdo, una o dos personas atrás de él, estando pendiente de recibir los documentos que le entregaba (Luis Donaldo Colosio) para su resguardo, mismos que le entregaban los vecinos.
“Habiendo caminado entre a ocho a diez metros del templete, el declarante es empujado hacia el lado izquierdo, no reconociendo ningún sonido en particular. Percatándose que se encontraba tirado el candidato Colosio, levantando la mirada, pudo observar una pistola para posteriormente volver a dirigir la mirada al candidato, observando que era levantado, y asimismo observando que gente se avalanzaba sobre alguien (Mario Aburto Martínez), desatándose un caos general.
“… Percibe que oficiales del general Domiro corren en busca de la persona que se encuentra en posesión de la gente, a fin de bajarlo y trasladarlo hacia el puente de madera hacia algún lugar, procediendo de inmediato a comunicarse con el coordinador de campaña, licenciado (Guillermo) Hopkins, y al doctor Zedillo, a fin de informarles de los hechos.”
Mario Luis Fuentes no sólo no oyó los disparos. Ni siquiera se refirió en su declaración ministerial a la persona que tenía a unos centímetros de él, Othón Cortés Vázquez, uno de los sorpresivos nuevos huéspedes de Almoloya.
DOMIRO, A COREA
Al general Domiro García Reyes, a partir del 23 de marzo, se le oyó decir en repetidas ocasiones que había sido un militar con pasado brillante, con un presente arruinado y sin futuro.
Se le reinstaló en Los Pinos en una oficina del Estado Mayor Presidencial, de tres por tres metros y con sólo dos edecanes a su servicio.
En la Subprocuraduría Especial llegó a comentar que no se había suicidado para no dar lugar a especulaciones que confundieran aún más las investigaciones en torno del asesinato.
Con el cambio de gobierno, fue puesto a disposición de la Dirección General de Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y el 16 de febrero pasado, según los listados de la Sedena, se le dio de alta como agregado militar y aéreo de la embajada de México en Corea. En la Secretaría de Relaciones Exteriores informan que están en espera del beneplácito necesario.
LAS BARBARIDADES
El inventario de las confusiones, irregularidades y barbaridades del caso Colosio desde el 23 de marzo hasta la fecha comenzó el mismo día del crimen:
–No se preservó, para efectos de peritajes y reconstrucción de hechos, el área de Lomas Taurinas donde ocurrió el atentado.
–En Tijuana, el interrogatorio de Aburto fue tumultuario: participaron cuando menos 15 personas, entre delegados, agentes del Ministerio Público, abogados de derechos humanos y defensor de oficio, mecanógrafa y personal del Estado Mayor Presidencial. A éstas se sumaron, a partir de las diez de la noche, el entonces procurador Diego Valadés, dos subprocuradores, el director de Averiguaciones Previas de la PGR y unos minutos antes habían llegado el gobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones, y su director de Seguridad Pública.
–Con el pretexto de que Aburto no reconocía haber disparado, el subdelegado Raúl Loza Parra permitió esa misma noche que le pasaran al detenido el célebre video que él mismo había ordenado grabar.
–También la misma noche se sacaron 20 copias del video y una de ellas, con anuencia de Diego Valadés, fue dada a Televisa, donde se presentó como trabajo de “camarógrafos argentinos”.
–En algún momento después del interrogatorio y antes de su traslado a la ciudad de México, Mario Aburto “fue interrogado fuera de las oficinas de la delegación durante aproximadamente dos horas”, según el informe final de la doctora Olga Islas. Se lo llevaron a una playa el director de la Policía Judicial Federal, Adrián Carrera, y el jefe de Seguridad Pública de Sonora, Jaime López Ferreiro, a petición de Manlio Fabio Beltrones. A principios de la semana pasada el gobernador negó categóricamente haber participado en este ilegal interrogatorio.
–La autopsia del cadáver de Luis Donaldo Colosio se realizó, también, de manera tumultuaria y desorganizada. De acuerdo con el video grabado por la PGR y descubierto por Humberto López Mejía, no existió dirección y dos y tres médicos abrieron y manipularon, simultáneamente, diversas partes del cuerpo. En el dictamen final sobresalen, conforme a tres experimentados forenses consultados por el reportero, imprecisiones acerca de los elementos de metal, gases y trayecto de las balas, lo cual incrementó las dudas respecto a calibres y tipo de arma de cada uno de los disparos.
–Según informó el procurador Lozano Gracia, la única bala encontrada en el sitio fue “sembrada” intencionalmente y la que se tiene parece ser distinta de la entregada originalmente.
–El misterio de la bala es mayor debido a que entonces y ahora el director de Servicios Periciales de la PGR es el mismo: Miguel Oscar Aguilar.
–Aun con el públicamente reiterado (primero Montes y después Islas) convencimiento de que la muerte de Luis Donaldo Colosio fue obra de un “asesino solitario”, ambos exsubprocuradores no corrieron el riesgo político de retirar los cargos iniciales de “acción concertada” para que Rodolfo y Vicente Mayoral y Tranquilino Sánchez Venegas fueran puestos en libertad.
–No se practicó la prueba del radizonato a las 20 o 25 personas inmediatas a la víctima. A ninguno, por ejemplo, del Estado Mayor Presidencial.
–Para la interpretación que hace casi un año se realizó del video, se reconoció que en México no había especialistas y se buscó el apoyo de afamados peritos extranjeros. En aquella ocasión los experimentados españoles ni siquiera mencionaron el presunto asentimiento para el crimen que hoy se atribuye al también presunto cohomicida. Ahora no se les invitó.
–El detallado informe de irregularidades que dejó la doctora Islas no menciona una sola de las que enumeró el procurador Lozano Gracia, pero contiene una que con el giro que ha dado el caso se antoja inexplicable: entre las personas que enlista como cercanas a Luis Donaldo Colosio Murrieta en el momento del atentado no figuran Jorge Romero Romero ni Othón Cortés Vázquez.
