La propuesta de compra federal del terreno de La Ventilla por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), donde quedó detenida la construcción de Plaza Jaguares en la zona arqueológica de Teotihuacán, es bienvenida por el propietario, Isaac Hilú, sólo “si es para beneficio de Pueblos Unidos de Teotihuacán”.
De esta manera parece iniciarse la búsqueda de tiempo perdido del megaproyecto especial de arqueología Teotihuacán 1992-94, en un momento decisivo, con demandas en contra de altos funcionarios del INAH y el propio Hilú por presunta “destrucción de patrimonio teotihuacano”, voces disidentes de arqueólogos y vendedores que han considerado ilegal la construcción de las plazas Jaguares, Gamio y El Corzo, llevando fragoroso debate a la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados el 31 de enero (Proceso 954).
María Teresa Franco, directora del INAH, y Eduardo Matos Moctezuma, coordinador del proyecto Teotihuacán, desglosan casi como ejercicio mnemotécnico para Proceso lo que han venido expresando este año en apariciones públicas y ante la Cámara de Diputados sobre el “Caso Teotihuacán”, luego de ser acusados judicialmente por Rogelio Pérez y otros tres habitantes de la zona (Proceso 952).
Bebiendo té y fumando cigarrillos “100”, María Teresa Franco habla sobre la discusión surgida a raíz de la denuncia sobre supuesta destrucción patrimonial en las plazas:
“El Ministerio Público Federal tendrá que aclararlo en términos de la denuncia; pero en términos institucionales, debo informar que no se me ha presentado argumento, mucho menos prueba alguna de que haya existido destrucción. Si tal cosa existiera, estaría obligada tanto desde el punto de vista institucional como académico a tomar esto con la mayor seriedad, y no tengo ningún elemento que me permita dejar de afirmar que desde el punto de vista del instituto no existe destrucción del patrimonio.”
Los proyectos no fueron decisión unilateral del INAH:
“En el caso del proyecto Teotihuacán se aprobó primero en la Coordinación Nacional de Arqueología a propuesta directa del responsable del proyecto, Eduardo Matos Moctezuma, y acto seguido en el Consejo de Arqueología, el cual está constituido por representantes de los trabajadores y las autoridades. Desde que estoy a cargo del INAH, nunca he tomado una decisión contraria a la opinión del Consejo de Arqueología en las materias que le corresponden.”
A la inquietud de si el INAH piensa dar a particulares el usufructo de ruinas, niega rotunda:
“No hay ningún proyecto para privatizar zonas arqueológicas. En todo caso, hay apertura para que la iniciativa privada o la comunidad presente proyectos que puedan ser de beneficio para la puesta en valor de una zona arqueológica, siempre y cuando esto no afecte el propio patrimonio y se apegue a la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas vigentes.”
Respecto del dictamen de Icomos mexicano entregado al INAH, con “consideraciones dignas de ser tomadas en cuenta”, entre otras, enfatiza la necesidad de un plan de reordenamiento total del valle de Teotihuacán y de una visión integral de la zona arqueológica “lo cual compartimos”, y de un punto relevante:
“Conmina a evaluar, sobre todo, la situación del desarrollo que se hace en El Corzo, por considerar que podría afectar la visual. Es una recomendación para que se analice bien.”
Matos secunda que hay una comisión creada recientemente por la directora para estudiar el punto de El Corzo, concretamente, toda vez que se ha criticado los dos pisos de esta gran construcción. El dinero ahí erogado era parte de los 111 millones de nuevos pesos originales del Fondo Nacional Arqueológico. Asimismo, se espera el dictamen de los investigadores del INAH.
TRES NIVELES
Para María Teresa Franco, la discusión de Teotihuacán se ha dado en tres niveles: la provocada por la denuncia; otra “con muchos interlocutores”, respecto de la pertinencia o no de haber situado las unidades comerciales en donde actualmente están, y una tercera sobre el proyecto que se pretendía desarrollar mediante el convenio con Isaac Hilú, con la añeja problemática de reubicación.
Teotihuacán 1992-94 abarcó varias facetas, que incluyen investigación arqueológica, trabajos de excavación, restauración, la puesta en valor del conjunto de la zona, que incorporó reforestación, museos, limpieza del río San Juan, el trenecito y alternativas de solución al comercio fijo y ambulante instalado en cuatro lugares de la zona “A” junto a los magnos monumentos. Matos despliega el mapa de la zona y explica con claridad las tres entradas propuestas con plazas de reubicación.
“El trabajo arqueológico y de rescate de zonas de monumentos y aledañas fueron una parte sustancial del proyecto junto con el mantenimiento.”
Los principios para los 14 proyectos son los mismos que han regido el trabajo arqueológico del INAH, establece Franco:
“En primer término la conservación, después la investigación a fondo. La selección se hizo de acuerdo con varios criterios, uno fue cumplir el compromiso que México quiso asumir de las zonas declaradas patrimonio cultural de la humanidad.”
–¿Qué se debe conservar y qué no en la relación arquitectura y conservación?
–Cualquier intervención en una zona de tipo arqueológico debe incorporar un diálogo muy intenso entre especialistas, arquitectos, arqueólogos, antropólogos, especialistas en paisaje. La experiencia del INAH ha planteado que se haga de manera indispensable para tener las mejores soluciones en términos de incorporar en los alrededores de las zonas arqueológicas construcciones contemporáneas.
En tal sentido, prosigue, el problema de Teotihuacán es bastante complicado porque muchas construcciones están asentadas dentro de la zona donde están los vendedores ambulantes, y las poblaciones están sobre vestigios importantes:
“El decreto de agosto de 1988 en el que se declara zona de monumentos a Teotihuacán es precisamente el instrumento que pretende regular este crecimiento, pero el decreto por sí mismo no basta. Tiene que ser un plan parcial de desarrollo con un consenso importante de todas las dependencias federales que se tienen en el desarrollo urbano, de instancias municipales y de la estatal para que se ejerza un control. Este diálogo interdisciplinario y de gobierno con la participación de la sociedad es indispensable para preservar el patrimonio arqueológico, monumental, histórico e urbano. El proceso de reubicación no puede llevarse a cabo sin la participación de la comunidad, sin los municipios y el gobierno del estado.”
Ahora que hay litigio con el empresario, Franco sólo ve una salida para el “viejo e importante problema” de la reubicación: que Hilú venda su terreno al INAH porque “el instituto no tiene ya ningún interés en continuar el proyecto con él”.
El convenio de colaboración celebrado entre el INAH y Cedillo e Isaac Hilú (proporcionado por Joaquín Alvarez a Proceso) se firmó el 21 de diciembre de 1993. El Instituto Nacional de Antropología e Historia envió una carta a Hilú el 25 de mayo de 1994, citándolo el 27 de mayo. En ella se menciona que Hilú había realizado obras sin contar con licencias ni autorizaciones respectivas, si bien contaba con la licencia de construcción (la número 158 otorgada por el ayuntamiento de Teotihuacán el 15 de noviembre de 1993), igual que un dictamen de impacto ambiental y el acta de garantía de audiencias de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
El 30 de mayo, el jurídico del INAH resolvió declarar la rescisión del convenio, ordenando suspender obras en el terreno propiedad de Cedillo e Hilú. Franco ofrece la compra del terreno y de la construcción que hasta el momento lleva desarrollada “a los precios únicos en que el gobierno federal puede adquirir, que es a los precios de la Comisión Nacional de Avalúos de Bienes Inmuebles”.
A contrapelo de lo aparecido en diversos medios de difusión, Hilú mostró a Proceso, en charla por separado, el amparo del 18 de noviembre de 1993 (436/94) que resuelve a su favor el 6 de febrero el secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, Jean Claude Tron Petit. Indica Hilú:
“No pueden rescindirme el contrato, es la segunda vez que se los gano. El primer amparo fue la resolución 232-94 de fecha 23 de agosto de 1994. En septiembre fue la última vez que vi a Franco, dijo que iba a estudiar una nueva proposición económica y hasta la fecha la estoy esperando. Lo importante era poseer el permiso de construcción, ya que los demás no se darían en los 120 días que estipula el convenio. Teníamos el proyecto del hotel. Al momento en que se vencieron los cuatro meses del convenio, la obra ya estaba clausurada por el INAH. Nunca actué con dolo, por ello creo que todo el problema se resolverá bien. Siempre recalqué que la obra es para Pueblos Unidos, y si vendo, así quiero que sea, para ellos.”
Tras esclarecer que no hubo construcciones mientras se llevó a cabo el salvamento, Franco declara:
“El INAH nunca autorizó un proyecto de hotel. Hilú no presentó su proposición al Consejo de Arqueología, que estaba abierto a sus propuestas. Ni el hotel, ni los planos mismos para el desarrollo de la plaza para los artesanos. La plaza está descrita en el convenio, jamás el hotel.”
–¿No consideró el INAH que los grupos de la mexicanidad reaccionarían en contra de las plazas comerciales?
Matos niega que los grupos de la mexicanidad estuvieran descontentos. Para ambos, sólo el diálogo es viable ahora:
–Desde la dirección general, nos parece que es absolutamente evidente que todo proceso de reubicación tiene que realizarse con la participación, el acuerdo y los consensos de la gente de la localidad. Estaba planteado así, y la responsabilidad del proyecto de Teotihuacán implica eso.
