Soberanía enajenada

Desde hace tiempo los mexicanos estamos reclamando a los políticos que dejen de manipular la prensa e informen con claridad y verdad acerca de sus acciones. Ciertamente, esto es pedir peras al olmo: el político por profesión miente, oculta o calla. Pero en todo esto hay gradaciones y situaciones en que el imperativo de verdad se vuelve realmente perentorio.
En el momento que se escribe este artículo acaba de firmarse un acuerdo entre los secretarios del Tesoro estadunidense, Robert Rubin, y de Hacienda de México, Guillermo Ortiz Martínez. Este acuerdo se refiere a una línea de crédito por una cantidad inimaginable, o sea 20,000 millones de dólares.
El secretario de Hacienda y los demás políticos, incluido el presidente, se apresuran a aclarar que semejante préstamo no enajena la soberanía mexicana, pero basta examinar algunas de las condiciones del préstamo para que lo anterior se vuelva una mera frase hueca.
Nuestras autoridades, hasta el momento, no han sido nada explícitas en relación con las condiciones del préstamo, pero algunas de ellas no han tenido más remedio que mencionarlas; por ejemplo, que Estados Unidos podrá cobrarse con las ventas del petróleo si México no cumple su compromiso en los plazos establecidos, dando apenas un lapso de gracia de una semana. Y no habrá manera de negar ese dinero, porque se encontrará depositado en un banco de la Reserva Federal estadunidense.
Dicho de otra manera, es como si un sujeto me presta dinero y para que le pague deposito mi salario en su casa, a la cual tengo acceso, pero si no pago, él recoge el dinero, porque además estará controlando mis recibos, de modo que sabe cuánto hay y además lo tiene en sus manos. Esto sí es enajenación de la soberanía.
Como ya he dicho en otros artículos, nosotros estamos pidiendo dinero prestado desde que nacimos a la vida independiente. A lo largo del siglo XIX, Inglaterra, Estados Unidos y Francia nos prestaron mucho dinero, cobrándose a lo chino. En aquella época no teníamos cuenta en ningún banco extranjero, pero entonces enajenábamos las aduanas y los acreedores se posesionaban de ellas hasta que quedaba satisfecho el pago, según su propio criterio. También con frecuencia el préstamo no era recibido en su totalidad sino que el acreedor se quedaba ya con una parte para garantizar el pago.
Que ahora el acreedor disponga y controle nuestro dinero proveniente de la industria más grande del país resulta lo mismo, sólo que agravado por el monto extraordinario de la deuda. De hecho, el cobro es más efectivo que si ocuparan la aduana de Tampico o se quedaran con un pedacito de nuestro territorio.
Decía en mi artículo anterior que en este sistema económico implantado por el gobierno del presidente Salinas se privatiza la ganancia y se socializa la deuda. Ello muestra hasta qué punto es urgente la democracia, porque la deuda la contrajeron unos cuantos políticos, pero la tenemos que pagar todos, con bienes de la nación.
Por eso los partidos de oposición han exigido la presencia del secretario de Hacienda en el Congreso, para que explique al detalle la estructura de los convenios. Por ahora, el Congreso es la voz de la nación. Allí están representadas, de acuerdo con la ley y de manera institucional, las principales facciones políticas del país. No se trata de un reclamo tumultuario sino de una exigencia que se formula por las vías establecidas en la ley.
Pero no sólo el secretario de Hacienda tiene que aclarar algo, también el Congreso debe decir de una manera clara y con verdad si le compete o no aprobar esta operación. Que así debiera ser si queremos que el destino del país no se comprometa por la decisión de unos cuantos políticos.
El Partido de la Revolución Democrática dice que tal operación no debe aceptarse, pero no dice de manera concreta y práctica cómo podemos hacer para salir del atolladero en que ya estamos. Sus voceros se limitan a declarar generalidades, como que todos debemos trabajar mucho y portarnos bien. Pero en este momento no estamos al principio de la historia, hay una situación de hecho que reclama urgente solución compatible con nuestra dignidad. Nuestros técnicos y nuestros políticos deben proponer mejores caminos que los tomados por los tecnócratas neoliberales.
También debemos tener presente que estas condiciones leoninas para el pago del préstamo son usuales en las transacciones bancarias. Estados Unidos protege su dinero con los mismos procedimientos que un banco. Y la culpa no es de sus políticos sino de los nuestros. De hecho, el presidente Clinton arriesgó fuertes críticas por su intervención en este asunto. Y que no se nos diga que no lo hizo por propósitos filantrópicos, eso ya lo sabemos, pero sí es comprensible que los estadunidenses defiendan su dinero; si no lo hicieran, entonces sí serían una institución filantrópica y de caridad.
Según los antecedentes históricos que he mencionado, los mexicanos estamos ya curtidos en eso de enajenar la soberanía, pero no porque lo hayamos hecho muchas veces resulta menos censurable.
Hay otro aspecto que vale la pena considerar. Tal exorbitante línea de crédito, se dice, es para atender problemas de pagos. Con el crédito mencionado se paga una deuda cuyo plazo se vence ahora y se contrae otra a más largo plazo. Ya en otra ocasión me preguntaba yo dónde está el dinero que debemos, porque sí resulta muy grave que los créditos obtenidos no se inviertan directamente en el sector productivo sino que se trate sólo de atender un problema de deuda bancaria. Por eso insistimos en la pregunta, si estos 20,000 millones de dólares y otros 20,000 más que obtendremos, garantizándolos sin duda con la perdición de nuestra alma, están invertidos en alguna parte, en alguna parte de México desde luego, pues sí sería bueno que lo supiéramos para documentar nuestro optimismo, como dice Carlos Monsiváis.
Esta es una pregunta que deben hacer los congresistas al secretario de Hacienda, pese a que éste no sea directamente responsable del problema.
Aquí se ha planteado una cuestión que ya es vieja en el mundo capitalista, la de la rivalidad entre el capital productivo y el capital especulativo. México tiene un sector productivo magro, dudo que esta operación lo beneficie. Supuestamente la finalidad última consiste en que los inversionistas nos sigan teniendo confianza. Pero nosotros no se la tenemos a ellos, porque en vez de invertir directamente en la productividad compran Tesobonos o Cetes y se benefician con las altas tasas de interés.
Si este procedimiento no se remedia, no podremos repetir las famosas palabras del expresidente López Portillo: “no nos volverán a saquear”, porque siempre estaremos esperando el resultado del saqueo cada cinco o seis años. Ya de antemano estamos temblando por lo que va a ocurrir al final del sexenio del presidente Zedillo.
Que estas tragedias no se repitan no sólo está en manos de los políticos sino en las nuestras también. Debemos censurar con el voto a quienes no se han portado bien, y también debemos exigirles responsabilidades, porque la impunidad es una de las causas de este asunto que todos los mexicanos, o casi todos, lamentamos profundamente.