XICHU, GUANAJUATO.- Marginación, violencia, asesinatos, hostigamiento, divisiones comunitarias y participación de sacerdotes en favor de los poderosos son parte del escenario de la Sierra Gorda, donde persisten cacicazgos políticos priístas.
En Xichú están los Landaverde; en Tierra Blanca, los Gallegos y, recientemente, Ciro Duarte; en Santa Catarina persiste la influencia de Justino López y los simpatizantes de los Barrera; en San Luis de la Paz, Odón León Patiño, padrino político de los Landaverde, y en San José Iturbide, los Torres Landa, por sólo citar algunos de los cacicazgos que han controlado la región durante los 30 últimos años.
La lejanía, la incomunicación respecto del resto de la entidad y las pugnas entre los grupos han frenado el desarrollo de la región, al extremo de que su rezago es equivalente al de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, y provoca la emigración anual de 70% de la población masculina a otras entidades o a Estados Unidos, según datos del Consejo Estatal de Población y del Fideicomiso para el Desarrollo Rural.
Sin la influencia de partidos de oposición, los cacicazgos tienen características diferentes en cada municipio, al punto de que algunos recurrieron a la alternancia en el poder como una forma de evitar confrontaciones mayores.
En Santa Catarina, son dos los grupos que han mantenido el control desde hace más de 30 años: el que encabezó José Barrera –como alcalde y como funcionario municipal en seis ocasiones– y la dinastía de Justino López, quien se mantuvo en el poder con su familia en cuatro períodos antes de que Guadalupe López asumiera el mando.
El exalcalde Ciro Rodríguez Sara manifestó que las dos facciones que controlan políticamente el municipio “siempre se han respetado y no han obstaculizado el trabajo de uno u otro”.
Sólo recuerda que en una ocasión, en los años setenta, intervino el gobernador Luis H. Ducoing para imponer un candidato neutral ante las luchas internas.
En Tierra Blanca, la lucha se combina con problemas étnicos, debido a que en el municipio sobrevive una comunidad otomí que impulsó en la última administración a Ciro Duarte, luego de que por lo menos en 11 administraciones estuvo al frente la familia Gallegos. Uno de los mecanismos para mantener el control es dividir a las comunidades, lo cual ha ocasionado enfrentamientos.
El poder de los Gallegos, ligados al exdiputado federal Juan Ignacio Torres Landa –el último alcalde de este grupo, Martha Estela Tello, fue su suplente–, llegó hasta la educación y la religión, aunque esta influencia se contuvo con la llegada de Ciro Duarte.
Doroteo Valdez Robles, exregidor de la administración de Duarte y habitante de Cieneguillas, dice que los Gallegos lograron que se instalara una preparatoria en un edificio construido con recursos federales y que contaba con un subsidio municipal de 5 millones de viejos pesos.
“Todos aplaudimos la iniciativa de los Gallegos, pero nos preguntábamos por qué si el plantel era supuestamente oficial, cobraban 120,000 viejos pesos al mes. Cuando Ciro Duarte llegó a la presidencia, se empezó a investigar y se descubrió que la preparatoria era negocio de los Gallegos, porque nada más estaba incorporada, y además utilizaban a los maestros de la secundaria para que dieran clases en la prepa en la tarde, por lo que procedimos a retirarle el subsidio.”
Se perdió un semestre, fue instalada otra escuela oficial y la de los Gallegos sigue funcionando, pero ahora en el atrio del templo y con “el apoyo del párroco Fernando Rubio”.
Los Gallegos “son dueños de las mejores huertas de Tierra Blanca, tienen los comercios más grandes en la cabecera y, curiosamente, han construido casas de millones de pesos después de pasar por la presidencia municipal. Cuando gobernaban, sólo favorecían a unas cinco comunidades, donde tenían posesiones, y las otras 37 estaban prácticamente abandonadas”.
El exregidor reconoce que, pese al apoyo que recibió de Cieneguillas, Ciro Duarte al final se “volteó” contra la comunidad indígena, y fue quien impuso al actual presidente, Salvador Romero.
En San José Iturbide, el cacicazgo es impulsado desde 1960 por los Torres Landa y responde más a intereses económicos que políticos, de tal forma que en dos ocasiones sus integrantes se han impuesto sin utilizar el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Arnulfo Montes, excandidato del PRI a la presidencia municipal y nieto del primer cacique apoyado por el exgobernador Juan José Torres Landa, relata que, en 1982, el exdiputado Juan Ignacio Torres Landa se lanzó como candidato independiente a la presidencia municipal, ya que no fue favorecido por su propio partido, y en 1994 Honorio Sinecio se registró por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, apoyado por Torres Landa y por la dirigencia estatal del Revolucionario Institucional.
“No sé si el priísmo estatal quería que San José Iturbide se perdiera, si tienen miedo a Juan Ignacio Torres Landa o tienen compromisos tremendos con él. No recibimos el más mínimo apoyo, ni un solo centavo para mi campaña”, acusa Montes.
Su poder económico se inició durante la gubernatura del padre, de 1961 a 1967. Durante ese tiempo, se adueñaron de gran parte de los terrenos de San José Iturbide y hasta de la Casa Diezmo, que pertenecía a la Iglesia; “después fue escuela y ahora quieren hacerla hotel”.
Como nieto de caciques, Montes considera que “el cacicazgo no es malo” mientras se conserve la figura del “jefe del clan”, que se preocupa por los habitantes del municipio.
“Cuando el cacique se preocupa por su beneficio personal, ya no funciona; es el caso de Juan Ignacio Torres Landa; ellos son dueños de la mitad de los terrenos cultivables y que ahora pueden ser comercializables como terrenos industriales; tienen cercanía con los dueños de las empresas y son los únicos que pueden ser socios, por lo que les interesa tener el control político.”
LA REBELION DE XICHU
De forma inédita, en el municipio más pobre de la región, el más abandonado y donde se ha suscitado el mayor número de hechos violentos, se gestó una rebelión contra los caciques, primero dentro de las estructuras del PRI y luego fue perdiendo su carácter partidista, para hacerse popular.
Incomunicados hasta hace algunos años, sin luz ni agua entubada en la mayor parte de las comunidades, sin servicios médicos ni educativos suficientes, los xichulenses pelearon en las últimas elecciones por un candidato, Amado Rivera, para enfrentar a la familia Landaverde, que ha controlado este municipio durante diez años.
El primer contacto con el poder lo tuvieron en los años setenta, cuando una hermana de los Landaverde, Tulia, sirvió en la casa del gobernador Luis H. Ducoing.
En oposición al grupo de José Prado y Julio González, Antero Landaverde consiguió el padrinazgo del cacique de San Luis de la Paz, Odón León Patiño, para ser presidente municipal de Xichú. A él le siguió su hermano Efraín, quien ha intervenido en tres administraciones y pretende tener el mando de la actual.
Una vez en la cúspide, los Landaverde recurrieron al hostigamiento y la violencia contra los inconformes. En La Laja se recuerdan tres asesinatos provocados por los caciques: contra Primo Romero, Remedios González y Manuel Alfaro.
Martina Sánchez García, viuda de Remedios González, dijo que su esposo fue asesinado el 9 de marzo de 1983, por órdenes del padre de los caciques, Trinidad Landaverde, quien pretendía despojar a los campesinos de sus tierras cuando iniciaron la perforación de un pozo. Según ella, Trinidad Landaverde amenazó en dos ocasiones a González para que entregara su propiedad y, al negarse, lo mandó matar.
De inmediato, Martina denunció el asesinato ante Cleofas Martínez, agente del Ministerio Público, quien –según dice– le pidió dinero si quería que el caso se agilizara.
LA RESISTENCIA CIVIL
Antes de octubre del año pasado, Amado Rivera Ocampo era conocido por sembrar jitomate en la comunidad de Llano Grande y por tocar los platillos en la banda de música.
Su mundo cambió cuando una mañana leyó en el periódico que era candidato del PRI a la alcaldía de Xichú, producto de la oposición de su pueblo al cacicazgo de la familia Landaverde.
Sin oposición, Amado Rivera ganó la presidencia municipal el 4 de diciembre… Pero la pelea contra los Landaverde apenas empezaba.
Un día después de la toma de posesión, Efraín Landaverde, regidor, expresidente municipal, exsecretario del ayuntamiento y exdiputado local suplente, obligó al candidato electo a pedir licencia por tiempo indefinido.
Según el documento redactado a mano, la causa para pedir la licencia fue “la desaprobación (de los regidores) de los cargos de secretario y tesorero”.
Ese día, los Landaverde impusieron a Víctor Alvarado, quien era el proveedor de antenas parabólicas en la Sierra Gorda.
Pese a la determinación de Rivera Ocampo de retirarse para evitar confrontaciones, los ciudadanos de Xichú se opusieron y le exigieron regresar a la alcaldía.
En el Congreso del estado le dijeron que el documento de licencia no tenía validez. Empezó el ir y venir, de oficina en oficina, del PRI al Palacio de Gobierno, y viceversa.
El gobierno de Carlos Medina Plascencia consideró que se trataba como un problema entre grupos del PRI, y el dirigente estatal de este partido, Armando Sandoval Pierres, lo redujo a un “pleito entre familias”.
El problema fue creciendo hasta convertirse en una movilización ciudadana contra el abandono y la indiferencia de las instancias gubernamentales y partidistas para resolverlo.
Al movimiento se sumaron Guillermo Velázquez Benavides y su grupo huapanguero Los Leones de la Sierra de Xichú, que durante 15 años ha llevado mensajes populares a través de la música.
Rivera Ocampo presentó entonces su revocación de la licencia solicitada el 2 de enero, pero la postura de Landaverde fue no permitir que regresara. Se pondrá a votación del ayuntamiento.
–¿Eso significa que si los regidores votan en contra, no dejarán entrar al candidato elegido el 4 de diciembre por ustedes mismos? –se preguntó a Landaverde y a sus seguidores.
Después de reflexionar unos instantes, Landaverde señaló:
–Ni en la Ley Orgánica del Ayuntamiento ni en la Constitución se dice nada sobre permitir el regreso de quienes tienen cargos de elección popular.
Antes había dicho que, políticamente, una licencia por tiempo indefinido “era una renuncia”.
–Constitucionalmente, un puesto de elección popular es irrenunciable, y todo aquel que pide licencia puede regresar a su cargo –se le indicó al regidor.
–Lo que pasa es que el ayuntamiento es autónomo, y éste ya no es un problema de partido, ni el Congreso o el gobierno deben arreglarlo. Nosotros hemos propuesto un plebiscito para que el pueblo elija si se queda Amado o se va, porque nosotros consideramos que no es capaz.
–¿No ha considerado que legalmente no se puede volver a votar un cargo de elección popular y que la capacidad de Amado se votó el 4 de diciembre?
Nervioso, Landaverde señaló:
–Tengo que pensarlo.
Desde la noche anterior, seguidores de Rivera Ocampo se reunieron frente al Palacio Municipal para celebrar el Festival por la Dignidad Serrana, organizado por Los Leones de la Sierra, y el día siguiente continuaban ahí, bajo la vigilancia de 50 elementos de las Fuerzas Públicas de Seguridad.
El lunes 20 por la noche, llegó a la plaza gente de Landaverde a agredir verbalmente a los seguidores de Rivera Ocampo, con la indiferencia de los elementos de las Fuerzas de Seguridad, dependientes de la Secretaría General de Gobierno.
Pese a las provocaciones, la tranquilidad se mantuvo y los amadistas se retiraron para resguardar el edificio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, donde despacha el presidente electo.
