Después de ocho meses de investigaciones dirigidas por dos procuradores y dos subprocuradores de extracción priísta –Diego Valadés, Humberto Benítez Treviño, Miguel Montes García y Olga Islas de González Mariscal–, quienes defendieron la hipótesis del homicida solitario en el caso Colosio, la Procuraduría General de la República (PGR) encabezada por el panista Antonio Lozano Gracia destruyó esa hipótesis y detuvo a Othón Cortés Vázquez como presunto coautor material del asesinato.
Bastión priísta durante muchos años, ahora en manos panistas, el estado de Baja California, escenario del crimen y de la investigación del homicidio, fue motivo desde un principio de pugnas y discrepancias. Por un lado, las autoridades federales se apresuraron en las investigaciones, dejando hilos sueltos. Por otro, el gobernador Ernesto Ruffo Appel intentó profundizar las indagaciones por su cuenta. En condiciones no esclarecidas hasta hoy, el jefe de la policía de Tijuana, el también panista Federico Benítez López, fue acribillado en abril del año pasado, supuestamente por seguir pistas del caso Colosio.
El viernes 24, el procurador Lozano Gracia declaró que después de haber revisado el dictamen pericial en materia de criminalística, del 9 de mayo de 1994, se concluyó que “es insostenible la hipótesis del homicida solitario e indudable que la escena de los hechos fue manipulada”.
De acuerdo con la argumentación del procurador Lozano Gracia, basada en las investigaciones del subprocurador especial, Pablo Chapa Bezanilla, el cuerpo de Luis Donaldo Colosio Murrieta no dio un giro de 90 grados a la izquierda después de recibir el primer disparo en la cabeza, y su victimario no se desplazó por detrás, en el mismo sentido, para hacer el segundo disparo; después de recibir el primer impacto, la víctima cayó inmediatamente, sin dar tiempo a que Mario Aburto Martínez volviera a disparar.
Por otro lado, la bala encontrada a flor de tierra en el lugar de los hechos, según dicho de cuatro testigos presenciales, y que se presumía fue la disparada en el abdomen del candidato, no es la misma que aparece en actuaciones –de color cobre–, pues el proyectil verdadero era de color plomo. Además, la bala anexada al expediente no está deformada, como queda cualquiera que ha sido utilizada en circunstancias similares.
La PGR informó que Othón Cortés Vázquez fue plenamente identificado por tres testigos del crimen como la persona que efectuó el segundo disparo, versión que, además, se apoya en un dictamen pericial fotográfico, en una ampliación de la inspección ocular, en pruebas de criminalística y balística de campo, y en diez declaraciones de testigos que vieron a Mario Aburto Martínez realizar solamente un disparo. El procurador mencionó también un video que no ha sido hecho público.
Cortés Vázquez, de 35 años, es originario de Salina Cruz, Oaxaca. Fue detenido el viernes 24 de febrero, a las siete de la mañana, en la ciudad de Tijuana, cuando se dirigía a la escuela de sus hijos, Johnatan y Leslie.
Priísta desde hace diez años, trabajaba en el Departamento de Información de la delegación estatal de la PGR en Baja California. Hasta donde se sabe, fue chofer de Hugo Abel Castro Bojórquez, exdirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional y actual delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en esa entidad, según datos obtenidos por el corresponsal Miguel Cabildo.
Con domicilio en el Fraccionamiento Capistrano de Tijuana, siempre se distinguió por ser un hombre “servicial y diligente en su trabajo”.
Se sabe que el 3 de junio de 1994 rindió una declaración ministerial ante la Subprocuraduría Especial, en Tijuana. Su declaración está en el tomo VII de la averiguación. Sin embargo, en los resúmenes de los expedientes del caso Colosio entregados a los medios de comunicación no aparece lo que declaró. Fue el declarante número 294. En total hubo 506.
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La investigación inicial del homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta estuvo a cargo directamente del procurador general de la República, Diego Valadés, quien saltó a ese puesto en sustitución de Jorge Carpizo McGregor, nombrado secretario de Gobernación.
Valadés coordinó los primeros interrogatorios y el traslado de Mario Aburto Martínez al penal de alta seguridad de Almoloya de Juárez, Estado de México.
Desde sus primeras declaraciones, Valadés habló del homicida solitario, hipótesis que sostuvo durante los cinco días que estuvo al frente de la investigación.
Apenas cumplidas las 24 horas del asesinato, declaró que, “de acuerdo con las investigaciones realizadas hasta el momento, de los múltiples datos aportados por los testigos oculares y de los elementos periciales obtenidos, quedó confirmado que Mario Aburto Martínez fue quien privó de la vida al licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, el día de ayer”.
El mismo día de los hechos, el 23 de marzo de 1994, en los separos de la delegación de la PGR en Tijuana, le fue tomada su primera declaración ministerial a Mario Aburto Martínez, mientras que policías judiciales volvían al lugar de los hechos a cumplimentar las primeras indagatorias.
Rigoberto Flores González, miembro del grupo Tucán –encargado de la custodia de Luis Donaldo Colosio Murrieta–, dirigido por Rodolfo Rivapalacio Tinajero, detenido posteriormente pero dejado en libertad por falta de elementos para procesarlo –según el juez primero de Distrito del Estado de México, Alejandro Sosa Ortiz–, y otro elemento del Estado Mayor Presidencial encontraron el mismo día del crimen la bala que supuestamente perforó el abdomen de Colosio Murrieta.
Esa bala, que según el procurador Lozano Gracia no es la misma que hirió a Luis Donaldo Colosio, fue entregada directamente al general brigadier Domiro García Reyes, encargado de la seguridad del político sonorense y miembro del Estado Mayor Presidencial.
Flores González, policía municipal de Tijuana, declaró, en su momento, que acudió al mitin de Lomas Taurinas como miembro del grupo Tucán por una invitación y aprovechando su día de descanso. Sin embargo, nunca elaboró el parte informativo de su hallazgo.
Días después, Federico Benítez López, jefe de la Policía Municipal de Tijuana –militante panista, asesinado con ráfagas de metralleta el 28 de abril, sin que hasta ahora haya sido aclarado el crimen–, exigió a Flores González, su subordinado, dicho informe.
El 18 de abril, Flores González manifestó que, luego del atentado contra Colosio Murrieta, se dirigió a las oficinas locales de la PGR, donde recibió instrucciones del general Domiro García Reyes para regresar a Lomas Taurinas “a buscar evidencias”.
En el lugar encontró a varias personas congregadas en el sitio en que cayó Colosio Murrieta. En medio de manchas de sangre, recogió ahí “una ojiva”, que fue guardada en una bolsa de plástico y entregada a García Reyes.
Ahora se sabe, de acuerdo con el procurador Lozano Gracia, que fue encontrada entre dos charcos de sangre y a flor de tierra, según cuatro testigos presenciales, “presumiendo que fue la disparada en el abdomen del candidato, en razón de que la que penetró en la cabeza con orificio de entrada en el lado derecho y salida en el izquierdo, discretamente de abajo hacia arriba, por el impulso y trayectoria debió perderse en el espacio”.
No puede explicarse, añadió el procurador, “técnica ni pericialmente, la causa de que la bala que perforó el abdomen de Luis Donaldo Colosio Murrieta se encontrara a flor de tierra, máxime si ésta tocó partes blandas y conservaba aún gran impulso”. En pruebas realizadas, se llegó a la conclusión de que una bala disparada en esa forma y en circunstancias parecidas debía hundirse en la tierra.
Días después del crimen, el gobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, pidió a Benítez López que le hiciera un croquis del sitio en que fue encontrado el proyectil. El y otros funcionarios del gobierno estatal habían ya expresado sus dudas sobre las versiones oficiales del asesinato de Colosio Murrieta, e incluso se hablaba ya de dos armas utilizadas en el crimen.
Tanto Ruffo Appel como el alcalde de Tijuana, Héctor Osuna Jaime, y Benítez López, habían expresado a mediados del año pasado la posibilidad de que otra arma automática hubiera sido empleada en el homicidio. Así lo hicieron saber en una reunión privada que sostuvieron con los integrantes de la Comisión Especial del Congreso de la Unión. Se refirieron a un arma y a un “casquillo de bala” localizados por la policía municipal 45 minutos después de los hechos.
La cardióloga Patricia Aubanel, la primera en explorar clínicamente a la víctima, en el hospital general de Tijuana, declaró minutos después de la muerte de Luis Donaldo Colosio que el cuerpo presentaba dos orificios de distintos calibres.
Posteriormente, en declaración ministerial, la doctora tuvo que reconocer que no era especialista en criminalística y no abundó más respecto a sus primeras afirmaciones ante los medios de comunicación.
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El 28 de marzo, a cinco días del crimen, Miguel Montes García fue nombrado subprocurador especial para la investigación del caso Colosio, después de haber obtenido licencia como ministro de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Tomó en sus manos el caso cuando ya estaba consignado Tranquilino Sánchez Venegas, con lo que se vislumbraba la hipótesis de la acción concertada, la cual apoyó Montes García a principios de mayo, cuando además de Sánchez Venegas habían sido acusados de participar en el crimen Vicente Mayoral Valenzuela y Rodolfo Mayoral Esquer, así como Rodolfo Rivapalacio Tinajero; Sánchez Venegas y los Mayoral fueron declarados formalmente presos.
Sin embargo, en junio se volvió al planteamiento de que Mario Aburto Martínez había actuado solo y realizado los dos disparos. Se dijo que el cuerpo de Colosio Murrieta había girado a la izquierda después del primer impacto, y el victimario también había cambiado de posición, por lo que las trayectorias de las dos balas eran distintas.
En julio de 1994, Montes García afirmó: “(Mario) Aburto Martínez es el autor material e intelectual del homicidio del señor Luis Donaldo Colosio Murrieta, actuó solo, premeditó su crimen por motivaciones reivindicatorias, según su parecer, sin que haya datos por ahora que hagan pensar en la autoría intelectual de terceros”.
Contra lo expuesto anteriormente, el procurador Lozano Gracia sostiene ahora que Mario Aburto Martínez no caminó a la izquierda, según “una declaración ministerial”.
Se basa también el procurador en las declaraciones ministeriales de Vicente Mayoral Valenzuela, Tranquilino Sánchez Venegas y Fernando de la Sota Rodalléguez, cuando afirman que después del primer disparo se abalanzaron sobre Aburto Martínez derribándolo y sometiéndolo inmediatamente.
Hay “ocho declaraciones de testigos presenciales –sostiene además el procurador– que afirman categóricamente que el licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, desde el momento de recibir los disparos y hasta el punto de su caída, no giró”. Estas son de Germán González Castillo, Domiro Roberto García Reyes, María Belén Maclick, Sara Ruth Martínez Meraz, Jorge Romero Romero, César Moreno Martínez, Mario Alberto Carrillo Cuevas y Jorge Amaral Muñoz.
Contrariamente a lo expuesto por el procurador Lozano Gracia, Sara Ruth Martínez Meraz declaró el 28 de abril ante el Ministerio Público Federal adscrito a la Subprocuraduría Especial de la PGR, Diego León Rábago, que un sujeto puso su brazo por encima de su hombro derecho, para en seguida empujarla y recargar el brazo en su cabeza, tapándole la visibilidad.
Dice textualmente la declaración ministerial:
“Al mismo tiempo, ese sujeto avanza haciendo que la gente retroceda. Y en ese momento, a un lado de él aparece el homicida y dispara, aunque la declarante no logra ver al homicida en el momento en que hace el disparo, porque la tapa el brazo del mencionado sujeto. Agrega que el brazo está cubierto con una chamarra negra y que no apreció mayores características. Aclara que el sujeto empuja a la gente y a ella con su cuerpo y con el brazo. Manifiesta que al escuchar el disparo, la declarante levanta la cara y ve al sujeto homicida portando el arma en la mano derecha y hace un movimiento hacia enfrente y ve cómo con el arma, empuñándola el sujeto homicida, hace un movimiento hacia adelante y efectúa un segundo disparo.”
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Ante las críticas que recibió la actuación de Montes García, éste renunció y fue relevado por Olga Islas de González Mariscal, el 14 de julio, quien ocupaba la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
De julio a noviembre, Olga Islas de González Mariscal amplió el expediente del caso y retomó los hilos de la investigación que habían quedado pendientes.
Durante la gestión de Islas de González Mariscal, Mario Aburto Martínez fue sentenciado por el delito de homicidio calificado, con alevosía y premeditación, a 42 años de prisión. Posteriormente, como resultado de la apelación formulada por el Ministerio Público Federal contra los resolutivos de la sentencia, el Primer Tribunal Unitario de Circuito del Estado de México la modificó, incrementando la penalidad a 45 años.
Al momento de la sentencia de Aburto Martínez, los otros coacusados –Sánchez Venegas y los Mayoral (padre e hijo)– parecían escapar a la responsabilidad penal del homicidio, dado el cúmulo de pruebas aportadas por sus abogados.
Sin embargo, ahora su situación jurídica podría complicarse en caso de que se les encuentren nexos con Cortés Vázquez.
Al rendir su último informe –días antes de que terminara el sexenio de Carlos Salinas de Gortari–, Olga Islas de González Mariscal reconoció que la investigación policial efectuada inicialmente fue defectuosa e incompleta.
“No se llevó a cabo con subordinación estricta a la orientación y a la supervisión del Ministerio Público. Algunos informes policiales son insuficientes o contradictorios. Varios posibles elementos de prueba no fueron oportunamente recabados y ya no es factible allegarlos.”
En coincidencia, al reconstruir la escena del crimen, la nueva Subprocuraduría Especial concluyó que ésta no solamente no fue preservada sino que fue “arreglada”.
Mario Aburto Martínez, estando ya en Almoloya de Juárez, cambió sus declaraciones iniciales y ha sostenido que él únicamente hizo un disparo. En conclusión, si él disparó una sola vez, el segundo balazo fue hecho por Othón Cortés Vázquez, según la Procuraduría General de la República.
“La investigación no está concluida; sólo la primera etapa; continuaremos la investigación hasta el total esclarecimiento de los hechos”, concluyó el procurador Lozano Gracia.
El mismo viernes 24, pocos minutos después de las declaraciones del procurador, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional emitió un comunicado de prensa en el que manifestó su reconocimiento a Lozano Gracia, “así como al personal de la PGR, por los avances dados a conocer el día de hoy en torno del homicidio del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta. La actitud observada por el procurador en este caso muestra un compromiso por el esclarecimiento” del hecho y por “una aplicación indistinta de la justicia”. Y concluye: “esperamos que estos nuevos datos obtenidos por esa dependencia, no obstante haber transcurrido casi un año de los hechos, permitan avanzar hacia el total esclarecimiento de este crimen”.
