Observadores nacionales e internacionales presentes en la zona en conflicto en Chiapas coinciden en señalar que con la ofensiva policiaco-militar desplegada en las dos últimas semanas en la zona de Los Altos, las garantías individuales y políticas en la región han sido prácticamente suprimidas.
Además, que pese a las instrucciones del presidente Ernesto Zedillo de mantener sus posiciones para evitar enfrentamientos con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), los tropas han seguido avanzando “agresivamente” hacia posiciones zapatistas, y que han incurrido en actos de tortura, secuestro, saqueos, allanamiento, persecuciones, hostigamiento y amenazas contra la población civil y presuntos zapatistas.
También señalan que la presencia militar provocó que comunidades enteras huyan o busquen refugio en otros lugares, temerosas de convertirse en víctimas de los soldados. Unas 20,000 personas, por lo menos, se encuentran en la selva, donde carecen de agua, alimentos y medicinas.
En su más reciente informe, organizaciones civiles mexicanas y estadunidenses que trabajan en Chiapas hablan de múltiples evidencias sobre violaciones de derechos humanos en que han incurrido los soldados y agentes de la Policía Judicial Federal.
Varios de esos casos fueron analizados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), sin encontrar elementos que pudieran incriminar el ejército o la Procuraduría General de la República (PGR), salvo en cuatro de los 34 casos hasta ahora investigados.
“Creo que quedan claras las tendencias en donde sí van a poder acreditarse violaciones de derechos humanos y dónde no”, dijo el presidente de la comisión, Jorge Madrazo Cuéllar, el lunes 20, luego de dar a conocer un informe preliminar de las acciones realizadas por la CNDH en Chiapas, entre el 9 y 19 de febrero, a partir de denuncias periodísticas y de organismos civiles.
Algunas denuncias sobre la actuación de los soldados fueron presentadas por distintos organismos de derechos humanos, entre ellos la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción y la Comisión Internacional de Observación. Esta última se integrada por la organización estadunidense Pastores por la Paz y las mexicanas “Fray Francisco de Vitoria OP”, Caravana Universitaria “Ricardo Pozas”, Centro Don Sergio, Red Universitaria por la Democracia, Espacio Civil por la Paz y los diputados federales Martín Longoria y Leticia Calzada.
El jueves 16, en un recorrido por el ejido Lázaro Cárdenas, los observadores detectaron que el ejército había allanado y saqueado algunas viviendas. Abrían puertas de las casas e intimidaban a sus moradores. “`¡Se los va a llevar la chingada!’, gritaban. También preguntaban por el paradero de un grupo de personas, cuyos nombres y fotografías llevaban consigo. Entre ellas se encontraban: Rigoberto García, Eliseo Gómez Gómez, Elmer Méndez Méndez, Jesús Méndez Lorenzo, Francisco Gómez Romero y los menores Oliverio Yáñez Moreno y René Cruz Pérez”.
Por temor a convertirse en víctimas de los soldados, habitantes de comunidades y rancherías de los municipios de Ocosingo, Las Margaritas y Altamirano huyeron a la montaña, lo que aprovecharon los ganaderos para recuperar su ganado y llevarse, de paso, el de los indígenas. José Luis Castellanos, Lino Pinto y Avelino López Cruz fueron señalados como los responsables de esa acción. López Cruz es síndico de Altamirano.
Difícil ha sido para los observadores independientes llegar a otras comunidades, debido a que el ejército les complica el acceso a ciertas regiones. En el ejido Sólo Dios, por ejemplo, los soldados cerraron el camino con troncos o, bien, abrieron zanjas.
En Buena Vista de Pachán, municipio de Las Margaritas, los representantes de organismos civiles recogieron el testimonio de Trinidad Pérez Pérez, de 27 años de edad, y de Octavio Santiz Burguete, de 24. Ambos fueron secuestrados y torturados por elementos del ejército mexicano, el lunes 13 de febrero.
Pérez Pérez fue detenido a las cinco de la mañana, cuando pretendía cruzar el retén militar conocido con el nombre de Chiapas. El motivo: su nombre aparecía en una de las listas de supuestos zapatistas que maneja la milicia.
De inmediato, le vendaron los ojos y lo arrastraron unos 200 metros. Tendido en el suelo, lo golpearon en la cabeza, en el estómago e intentaron estrangularlo con las manos. Luego, lo metieron en una bolsa dentro de la cual habían vaciado una sustancia que le produjo ardor en todo el cuerpo. Minutos después, lo sumergieron en el río una y otra vez, hasta el punto de la asfixia.
Mientras lo torturaban, unos diez, le exigían que se declarara zapatista y que dijera dónde ocultaba las armas.
Trinidad Pérez fue liberado a las nueve de la mañana del día siguiente. Al contar su experiencia, se quejó de fuertes dolores en la cabeza y el estómago.
Octavio Santiz corrió la misma suerte: fue detenido en el mismo retén, pero a las 18:30 horas. Había sido acusado por habitantes de su comunidad de pertenecer al EZLN. Aun cuando rechazó los cargos, los soldados lo detuvieron, le amarraron los pies y fue jalado por un vehículo unos 200 metros. Posteriormente, lo pusieron boca arriba y vaciaron en nariz y boca chorros de agua, al tiempo que un soldado saltaba sobre su estómago.
Santiz fue trasladado a un campamento militar donde le pusieron un uniforme del EZLN y amenazaron con matarlo. Luego, le colocaron una soga en el cuello para hacerle creer que iban a colgarlo. Fue liberado a las 11 de la noche del día siguiente, cerca del cuartel militar de Comitán.
Otro caso de tortura consignado en el informe de las organizaciones no gubernamentales es el de Víctor Hugo García Santiago, acusado de ser miembro del EZLN. Este hecho ocurrió en Orizaba, Veracruz, el viernes 10.
Según la denuncia de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, García Santiago fue detenido sin orden de aprehensión, en su casa, localizada en Poniente 7, número 471-2. En la acción, participaron agentes de las policías federal y municipal.
Al tratar de impedir que los agentes se llevaran a su hijo, Alejandro García Monterrosas fue golpeado con culatazos en la cara y el cuerpo. Por ese hecho, los padres de García Santiago levantaron el acta 155/95. Los agentes también arrestaron a Francisco Alejandro, hermano de Víctor Hugo; para evitar su detención, se dejó picar por una serpiente venenosa; fue trasladado por los policías al sanatorio Escudero, donde tuvieron que amputarle la mano a causa del veneno. Está bajo custodia policiaca.
Víctor Hugo fue visto por última vez el domingo 12 en un lugar conocido como Puente de la Quebradora, al pie de la autopista Córdoba-Orizaba. Sin embargo, las autoridades negaron que estuviera detenido.
Familiares de Víctor Hugo se entrevistaron con el procurador general de la República, Antonio Lozano Gracia, quien negó que la PGR hubiese participado en la acción. Atribuyó las detenciones a “fuerzas de seguridad del estado”.
La agresión organizada por el grupo de “auténticos coletos” contra la diócesis de San Cristóbal de las Casas, ocurrida el domingo 19, provocó un enfrentamiento entre la CNDH y el presidente municipal de esa población.
La CNDH cuestionó la actitud del alcalde, Jorge Mario Lescieur Talavera, y recordó que había pasado por alto la recomendación 127/94, en una actitud de franca rebeldía, pese a que ponía en riesgo la paz, pues habían intentado agredir al obispo Samuel Ruiz García.
Lescieur Talavera el martes 21 envió una carta a Madrazo Cuéllar, en la que lo llama mentiroso y lo acusa de abusar del cargo, por lo cual podría ser sometido a juicio político.
“Usa usted el prestigio de la comisión como escaparate para sus criterios subjetivos”, señaló.
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